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La estafa de las eléctricas

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pide que se reabra el caso de las eléctricas, que cobraron 3.000 millones de euros de más en el recibo de la luz y que ha transitado tres Gobiernos: los de Aznar, Zapatero y Rajoy

Jorge Morales de Labra 13/01/2015

<p>Central eléctrica. </p>

Central eléctrica. 

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Igual por ello parece un caso más la reciente publicación en el diario El País de la noticia de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha estado investigando las razones que han llevado al Gobierno a dejar pasar la posibilidad de exigir a las eléctricas más de 3.000 millones de euros que nos habrían cobrado de más en el recibo de la luz.

Pero no es un caso más: su importe económico es más del doble que la suma de todos los casos citados anteriormente.

La investigación deriva de una denuncia de un colectivo ciudadano, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en el que me honra participar. En realidad, se trata de una ampliación de una primera denuncia, apoyada por más de 90.000 firmas recogidas en menos de 48 horas, en la que evidenciábamos el caso de las llamadas “puertas giratorias”, esto es, la enorme afinidad que tienen nuestros políticos a, una vez abandonada su responsabilidad pública, pertenecer a los consejos de administración u órganos asesores de las empresas energéticas cobrando importantes emolumentos. En nuestra denuncia original sencillamente poníamos en conocimiento de la Fiscalía, por una parte, un listado de conocidos exresponsables políticos afectados por el fenómeno y, por otra, una relación detallada de importantes prebendas recibidas por las mismas empresas durante el tiempo en el que aquéllos tenían responsabilidad pública. Naturalmente, solicitábamos a la Fiscalía que investigara si existe relación entre ambos hechos, toda vez que no alcanzamos a comprender qué interés –dentro de la legalidad– puede tener una empresa energética en pagar centenares de miles de euros anuales a expolíticos que distan mucho de ser expertos en sus complejas actividades mercantiles.

Pues bien, la casualidad hizo que, unos días después de presentada la denuncia, nos enteráramos de que la Secretaría de Estado de Energía, envuelta por entonces en la enésima reforma energética, había consultado a la Abogacía del Estado si podía reclamar a las eléctricas unos miles de millones que las eléctricas habían cobrado en exceso. Al parecer, esta última le había contestado negativamente, toda vez que consideraba que los hechos estaban prescritos. Nos faltó tiempo para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

A las pocas semanas ésta nos informó del archivo de la denuncia original, dado que no apreciaba conductas punibles en el ámbito penal; pero no citó el escrito de ampliación. De hecho, nos hemos enterado por los medios de comunicación de que éste, a diferencia de su predecesor, sí había merecido la atención de Anticorrupción, que incluso ha llamado a declarar a relevantes funcionarios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

La devolución –o, mejor dicho, la no devolución– se debe a un concepto, los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), pactado por las eléctricas y el Gobierno de José María Aznar en 1997. Impulsado por una directiva europea del año anterior, el Gobierno decidió “liberalizar” de golpe el sector eléctrico español, históricamente sometido a una fuerte intervención estatal. Las eléctricas, que hasta aquel entonces habían construido y operado sus centrales siguiendo la planificación vinculante del Gobierno, vieron peligrar sus inversiones y, apelando a la seguridad jurídica, exigieron una compensación por los costes hundidos que les había supuesto el régimen anterior y que previsiblemente no podrían ver recuperados en un sistema en competencia.

De esta forma se calcularon los CTC como diferencia entre las expectativas de ingresos de las eléctricas y lo que se suponía que iban a cobrar en el nuevo sistema bajo la hipótesis de que el mercado arrojaría un precio medio de 36 €/MWh durante lo que restaba de vida útil a las centrales afectadas. El importe, tras varias negociaciones que incluyeron quitas y compensaciones en forma de garantías de cobro que permitieran su cesión a los bancos (o, lo que es lo mismo, su cobro anticipado por parte de las eléctricas), finalmente quedó fijado en cerca de 8.700 millones de euros más un incentivo adicional al consumo de carbón nacional de cerca de 2.000 millones a cobrar en un plazo de 13 años (desde 1998 hasta 2010).

Pues bien, resulta que, si bien durante los primeros años de funcionamiento del sistema, el precio del mercado fue bastante –me atrevería a decir sospechosamente– próximo a los 36 €/MWh prefijados, en el año 2005 los precios del mercado eléctrico, esos que las mismas eléctricas tienen suficiente cuota como para poder fijar, prácticamente se duplicaron y desde entonces no han vuelto a los niveles del pasado. Es decir, además de recibir las compensaciones, resultó que los ingresos obtenidos han sido muy superiores a los previstos bajo el régimen anterior.

El hecho podría ser interpretado como un avatar propio del mercado; que no estaba previsto por la regulación y que, en consecuencia, no daría lugar a ninguna reclamación. No es así: la propia ley establecía que lo cobrado de más por encima de los 36 €/MWh se detraería del importe de los CTC. Las eléctricas, por tanto, debían devolver lo que habrían cobrado durante años por ese concepto.

Así se lo hicieron saber al Gobierno hasta ¡¡cinco!! informes de la Comisión Nacional de Energía, que recurrentemente recordaba que era un asunto que hubiera permitido aliviar las maltrechas cuentas del sector que, ¡qué coincidencia!, comenzaron a deteriorarse sustancialmente desde el propio año 2005.

Ahora sabemos –lamentablemente ha tenido que ser la prensa la que nos lo haya permitido– que el propio abogado jefe de la Abogacía del Estado remitió en marzo de 2008 al entonces secretario general de Energía un demoledor informe en el que dejaba claro que 1/ había derecho a exigir la devolución, 2/ había que practicarla antes de junio de 2010, fecha en que prescribiría y 3/ incluso determinaba cómo había que hacer el cálculo. Es más, hemos conocido que el secretario general llegó a elaborar un borrador de orden ministerial para desarrollar el procedimiento.

Comenzaba por entonces la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero que, con Miguel Sebastián como ministro de Industria y Pedro Marín como nuevo secretario general (posteriormente, secretario de Estado) de Energía aparcaron “la patata caliente” y dejaron el borrador de sus predecesores en un cajón. Bajo su mandato, por tanto, se alcanzó la fecha en la que la Abogacía del Estado consideraba prescrita la posibilidad de exigir la devolución.

El importe de la devolución, según nuevamente la prensa, alcanzaría los 3.400 millones de euros, esto es, 73 € por español, que, sumando los impuestos aplicables (especial de electricidad e IVA), nos llevarían a nada menos que 93 € por cabeza que el Gobierno “se olvidó” de reclamar a pesar de contar con sólidos informes técnicos y jurídicos para hacerlo.

A mí, a veces, también se me olvida comprar el pan.

La mala noticia: al poco tiempo de hacerse público que la investigación estaba en marcha, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia por no apreciar conductas delictivas. Desde la Plataforma, no obstante, hemos lanzado una segunda recogida de firmas para instar a que se reabra la investigación ampliando el ámbito dado que, según reiterada jurisprudencia de la Audiencia Nacional, los hechos podrían no haber prescrito en 2010 sino en 2014, lo que implicaría de lleno al actual Gobierno del Partido Popular.

Jorge Morales de Labra (@jorpow ),  ingeniero industrial, es director general de GeoAtlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

http://jorgemoralesdelabra.wordpress.com/

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Jorge Morales de Labra

Ingeniero industrial, es director general de GeoAtlanter, vicepresidente de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

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