Las elecciones del 24 de mayo han establecido un antes y un después en la vida política española. Se acabó el turno bipartidista que ha marcado los cuarenta últimos años y al que se aferraban hasta ayer las élites mediático-financieras. En solo cuatro años un movimiento espontáneo como el 15-M ha sido capaz de transformarse en una fuerza política capaz de disputar la hegemonía de los actores consagrados y quitarles el bastón de la alcaldía en ciudades como Barcelona y Madrid. Hace muchos años que no se acumulaba tanta ilusión colectiva en torno al escrutinio de las urnas. No hay mejor antídoto que la decencia para sanar la desafección política.

Los votantes han castigado por encima de todo al Partido Popular, que ha perdido un tercio de los votos y una parte sustantiva del extraordinario poder institucional que logró acumular en 2011 sobre las cenizas de un partido socialista humillado por el desastroso final de la etapa Zapatero. El hedor de la corrupción ha sido esta vez insoportable para dos millones y medio de anteriores votantes que no han comprado la supuesta ignorancia de Rajoy acerca de los manejos de dinero negro. La caída de Esperanza Aguirre y Rita Barberá, entre otros, es apenas un síntoma de este malestar. Pero los ciudadanos han pasado también factura por una política que ha descargado sobre la mayoría ciudadana los costes de esta crisis de nunca acabar.

Ada Colau y Manuela Carmena, en Barcelona y Madrid, simbolizan el ascenso de las fuerzas emergentes que no proceden de la política profesional sino de mareas ciudadanas que exigen combatir la desigualdad que castiga sin piedad a los más débiles. El PSOE, que ha perdido 700.000 votos adicionales a los estragos sufridos en 2011, se equivocaría gravemente si se refugia tras el argumento de que es la fuerza hegemónica de la izquierda, una posición que Podemos va a disputarle en las próximas elecciones generales.

Ambos van a competir en los mismos caladeros electorales, pero nadie entendería que, por encima de cualquier tacticismo electoral, no sean capaces de alcanzar acuerdos allí donde suman mayorías de gobierno. El ayuntamiento de Madrid puede ser la primera prueba de fuego, pero le seguirán los de Sevilla, Valencia, Cádiz, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Valladolid, etcétera. En todas ellas la izquierda tiene la posibilidad de desplazar del poder al PP, en algunos casos después de periodos que se miden por decenios. Lo ocurrido durante los dos últimos meses en Andalucía, donde Susana Díaz no ha podido ser investida a pesar de su considerable ventaja en las urnas, no es el mejor augurio para el nuevo tiempo de pactos que se avecina.

Los otros damnificados de esta jornada electoral han sido UPyD, que desaparece en el altar de Ciudadanos, e Izquierda Unida, a la que sólo la resistencia de Gaspar Llamazares en Asturias salva de un fracaso histórico después de 30 años de supervivencia. El partido que dirige Albert Rivera, al que esta vez sobrevaloraron las encuestas, tendrá que definirse acerca de si es realmente una marca blanca del PP, como le acusa Podemos, o si tiene un programa propio capaz de otorgarle un espacio en la zona central del nuevo tablero. 

Las próximas semanas habrá que seguir muy de cerca las múltiples negociaciones cruzadas que exige el resultado de las urnas. Puesto que la transparencia es una de las banderas que todos invocan, hay que pedir que se acaben los pactos secretos. Recuperar la decencia en la vida política exige no solo dar publicidad a los contratos públicos, sino también a los acuerdos entre partidos que hagan posible la gobernanza de las instituciones.