Pedro Santisteve Roche, de 57 años, líder de Zaragoza en Común, va a ser el primer alcalde zaragozano de la ciudad; ninguno de sus antecesores en la etapa democrática nació en la capital aragonesa: Juan Alberto Belloch, Mora de Rubielos (Teruel); José Atarés (El Vallecillo, Teruel, 1960-Zaragoza 2013), Luisa Fernanda Rudi (Sevilla), Antonio González Triviño (Tetuán, Marruecos) y Ramón Sáinz de Varanda (Guadalajara 1925-Zaragoza 1986).

El primer edil de la capital aragonesa reside en el Gancho, un barrio humilde del Casco Viejo, donde convive con la inmigración magrebí y africana, junto a los comerciantes y la clase baja de la ciudad. Se suele refugiar en algún bar de la calle San Pablo para tomar un vermú, después de asistir, como abogado penalista, a los juicios en la cercana Audiencia o en los juzgados, antes cercanos y que desde 2013 se encuentran en la Ciudad de la Justicia, en la zona de la Expo Internacional.

Como letrado ha cosechado un currículum de defensor de presos comunes en los juzgados, desde el Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP) del Colegio de Abogados y a través de la Asociación de Apoyo a los Presos de Aragón (ASAPA). Pero el 12 de junio dejó la toga por el bastón de mando sustituirá a un juez y ex ministro (Interior y Justicia), Juan Alberto Belloch (PSOE), que ha sido el primer edil que dura doce años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza.

El magistrado, que ya ha pedido reintegrarse en una sección de la Audiencia cuando expire su tiempo de senador este año, se lleva en el zurrón haber conseguido la Expo en 2008 (una idea de su antecesor José Atarés, del PP) que modificó la ciudad, entre las riberas, los nuevos cinturones y la movilidad con las bicicletas y el tranvía.

El paso de un magistrado a un abogado es un símbolo para Zaragoza, una ciudad de leyes con una Facultad de Derecho de prestigio en la que el nuevo alcalde que se estrena ha sido profesor de Filosofía del Derecho. El fondo de esa asignatura, por la que han pasado todos los licenciados bajo la tutela del catedrático Juan José Gil Cremades, puede ayudarle para asumir la gestión de la ciudad.

Dos compañeros suyos de esa cátedra, Manuel Calvo y José Ignacio Lacasta, salieron recientemente en su defensa cuando la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, le acusó en un mitin de defender a los asesinos. El cabeza de lista de Zaragoza en Común sostiene que siempre ha condenado el terrorismo. El 5 de junio ninguno de los dos compareció al acto de conciliación en los juzgados, el acto previo a interponer una querella por injurias que de momento no se ha presentado (y parece que quedará así). 

Aunque en su página de Facebook (1.228 seguidores), Santisteve detalla que asesora a la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, el letrado se enganchó a esta nueva etapa de la política hace cuatro años, cuando se sumó a las asambleas que generaron el movimiento ciudadano del 15-M después de levantar el campamento de la plaza del Pilar, donde acudía a menudo. El abogado frecuentaba las reuniones del barrio del Gancho, un símbolo en el Casco Viejo de Zaragoza, para asesorar los jóvenes, que ahora lo han aupado al sillón de la alcaldía.

Durante la campaña, Santisteve reconocía que la marca no era reconocida por los votantes --Podemos no se integró en la plataforma con Equo, Izquierda Unida, Puyalón (una escisión de la Chunta), Piratas de Aragón y Demos+ y #Somos --. El escrutinio estuvo buen parte de la noche en un empate técnico con el PP, que se impuso al final por 10 a 9 concejales. El apoyo de los socialistas y los nacionalistas de la Chunta le concede la investidura, si bien las negociaciones no han llegado a un acuerdo programático aunque la sintonía es de un 90%, según admitieron todos los implicados.

Santisteve lleva dos décadas en los juzgados, aunque el estrado del Ayuntamiento es muy distinto de la Audiencia, en la que ha defendido a muchos presos comunes, a quienes has sacado de más de un problema dentro de los centros penitenciarios de Torrero, Zuera, Huesca o Daroca. Alguno de esos casos, como el de dos internos que fueron enviados a otras prisiones por un altercado con los funcionarios en las pasadas Navidades en Zuera, aún está pendiente de resolver.

Un comerciante vecino del barrio del Gancho San Pablo cuenta que allí todos conocen a Santisteve de la calle, del vermú en la calle de San Pablo o mediando en los problemas del vecindario. Ahora esperan que se note esa manera de entender la ciudad y por fin le toque algo al Gancho con su Plan Integral. Las reformas de la Expo cayeron solo en algunos barrios de Zaragoza, y uno de los que no ganó premio fue El Gancho.

Un arquitecto que lo conoce recuerda que Santisteve estaba convencido de que iba a llegar a ser alcalde en la campaña electoral, aunque haya confesado que es “nuevo” en la política y no sabe “cómo va esto”. 

Ayuda del inspector Burillo

Entre sus asesores en las negociaciones ha destacado el inspector de Hacienda zaragozano Raúl Burillo, quien no ha salido elegido como concejal pero aporta el bagaje de haber destapado los escándalos de corrupción en Baleares, como Palma Arena o el caso Nóos, porque allí fue delegado y sigue pendiente de las investigaciones abiertas allí. Burillo explica que una de las primeras medidas que se adopte será una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento.

El alcalde saliente, Juan Alberto Belloch, colocó esta semana el crucifijo que presidía los plenos municipales en una vitrina, casi como un icono del final de un tiempo que acaba con la llegada de Zaragoza en Común: la imagen fue portada del Heraldo de Aragón. El magistrado le deseó suerte a su sucesor y le recomendó que tuviera "paciencia". El abogado anunció que ha firmado un principio de laicidad aunque considera que, en un estado constitucional, la presencia del crucifijo no debería ni debatirse.

Santisteve participó en un mitin en Madrid con Manuel Carmena y Ada Colau, y se sentía reconocido junto a las mujeres que van a gobernar los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. El abogado tiene claro que su deseo es cambiar la forma de ver la política una vez que han recibido el apoyo de 80.000 vecinos, aunque hubo algunos días después de las elecciones, en los que no parecía desear ser el alcalde --hasta dijo que él no tenia que llamar a los partidos para que lo apoyaran en la investidura--.

Como en otras ciudades gobernadas por las plataformas ciudadanas, los concejales de la capital aragonesa evitarán utilizar los coches oficiales, y los salarios de los miembros del partido se quedarán en tres salarios mínimos, 1.800 euros, como un gesto ante la situación de crisis, que el nuevo alcalde califica de “emergencia social”. Su objetivo es generar una “riqueza social compartida”. Enseguida, su agenda estará llena de temas pendientes: el penalista deberá decidir si impulsa proyectos como el tranvía este-oeste, las viviendas de Arcosur o el outlet Torre Village, bajo la torre de Pikolín, con 90 tiendas.