No puede ser --o mejor, no debería ocurrir-- que el mismo poder central que invoca la democracia de la ley contra la vigorosa movilización de Cataluña frente a la citación judicial a Artur Mas utilice el Parlamento para violar la democracia mediante una ley que permitirá que solo los fiscales tengan la llave para dar carpetazo a los procesos penales, incluidos los de corrupción, vulnerando el precepto constitucional que impone la tutela judicial“sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --ya aprobada, solo con los votos del PP-- y que tiene prevista su entrada en vigor el próximo 5 de diciembre (buena fecha, en la víspera del 37º aniversario de la Constitución), establece para la investigación judicial de cada caso plazos de seis o de dieciocho meses, según que el asunto sea “sencillo o complejo”. Esos plazos solamente serán prorrogables a petición del Ministerio Fiscal, no de las demás partes ni por decisión propia del juez que asume la instrucción del caso.

Todas las asociaciones de jueces y de fiscales se han levantado contra esta medida, que permitirá al PP, dentro de unos meses, invocar la sacrosanta ley para archivar con la ayuda de los fiscales, demasiadas veces sumisos, los casos penales que les disgusten.

Curiosamente, ha sido la más conservadora, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --que ha elogiado otros aspectos de la ley--, la única que ha pedido la “revisión y cambio” de esa norma, mientras que Jueces para la Democracia, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales se conforman con “la suspensión de la entrada en vigor de la reforma”.

Eso es lo que piden estas seis asociaciones, tras calificar la nueva norma como “una auténtica ley de punto final, de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que deberían ser castigados”.

Tras calificar tan duramente a la nueva ley, las seis asociaciones citadas solicitan conjuntamente “la suspensión de la entrada en vigor de la reforma, hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma”. Con esa solicitud, los jueces y fiscales de esas seis asociaciones piden medios que les permitan cumplir una ley prevista para aplicarse a todos los procedimientos penales vigentes a partir de su entrada en vigor, ya que “habrá que revisar --dicen-- todas las causas penales que se encuentren en fase de instrucción en todos los juzgados penales de España, teniendo estos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello, como dice la propia ley, sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna”. 

¿Retrasar la ley o cambiarla?

Lleva razón la APM, no firmante del comunicado de las otras seis asociaciones, cuando, aunque reconoce que “las infraestructuras personales, materiales e informáticas de la Justicia” no permitirán acometer esa revisión de los procesos penales, manifiesta que su objeción a la reforma legal “es esencial y profunda”, por lo que “no se solventa -explica la APM- con la entrada en vigor retrasada que algunos peticionan --señala a sus colegas--, sino con su revisión y cambio”. Pero ninguna de las siete asociaciones objeta la aplicación retroactiva de esta ley, detrás de la cual se esconde, sin duda, no solo el deseo plausible de agilizar y acortar los procesos penales futuros --como se pretende con la gran mayoría de las leyes-- y los que están tramitándose, sino la voluntad de facilitar que los casos abiertos sobre la corrupción del PP sean cerrados. Bastará con que el fiscal no pida la prórroga.

¡Y ojo! Cuando alguien se atreva a acusar al PP de la irregularidad del archivo de los procesos penales que les atañen, la respuesta será inevitablemente que la democracia se basa en el Estado de Derecho y este en la aplicación de la ley aprobada en el Parlamento. ¿Quién da más?

Todo es empeorable. El 17-8-2013 publiqué en El País un artículo titulado "Ruiz-Gallardón liquida el poder judicial". Entre otras aventuras letales emprendidas por el entonces ministro de Justicia --“atrocidades” las llamaba yo--, como las injustas tasas judiciales y la reforma de la ley del Aborto, “se ha embarcado --se decía-- en una misión mucho más grave: liquidar el poder judicial, ya maltrecho por el juego político de PSOE y PP, pero con posibilidades de ser revitalizado, en lugar de dinamitado, como parece defender el ministro”.

El artículo describía el proceso de apoderamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los dos grandes partidos, que se lo repartían. Y preguntaba: “¿Era posible alcanzar más ignominia para apropiarse del CGPJ?”. La respuesta era esta: “Sí, lo ha conseguido el ministro Ruiz-Gallardón, con un paso al frente: ya no hay que repartirse el CGPJ; se lo queda el partido mayoritario, cuyos votos aseguran la mayoría de vocales necesarios para, por ejemplo, designar --sin tener que negociar con nadie-- los nuevos magistrados del Tribunal Supremo, a los que a lo mejor termina cayéndoles (¿quién lo puede saber?, recuérdese el caso Naseiro [corrupción en el PP, que archivó el Supremo], todo este lío de Gürtel o de Bárcenas)”.

Estrategias para la impunidad

Pero hay más estrategias para la impunidad. Frente a la corrupción, la falta de ética política ha llevado a los dos grandes partidos, sobre todo cuando están en el poder, a no resolver por sí mismos los problemas de corrupción de sus políticos. Yo añadía en el libro Democracia de papel: “Es frecuente apelar a la justicia, tras haber sido incapaz de --¿querer?-- limpiar la propia casa. Si, además, el fenómeno de apoderamiento del poder judicial ha terminado configurando unos tribunales a la carta [el paso de unos meses ha colocado en el tribunal del caso Bárcenas a Enrique López y Concepción Espejel], será más cómodo que sea en ellos donde se sustancie la corrupción. Porque es fácil, y bonito, predicar de los jueces, si nos conviene, que son independientes”.

Ahora avanzamos un paso más. El PP ya no se fía de los jueces, ni de los de la APM ni de los del Supremo. Tienen que ser suyos de verdad. Criados en FAES y amamantados en puestos de confianza. La gran mayoría no son de fiar. Pues bien, ¡¡imaginación!! Se aprovecha una ley procesal con la que Ruiz-Gallardón pretendía que la instrucción penal la asumieran los fiscales. El nuevo ministro, Rafael Catalá, no llega a tanto, porque eso podría acarrear muchas complicaciones con la corporación judicial. Aunque eso sí, se recoge para los fiscales otra función menos complicada, pero útil. Los procesos penales solo se prorrogan si lo pide el fiscal. El juez, ¿qué sabe?

Y a los que protesten se les señala al Parlamento democrático y se les recuerda que el Estado de derecho se fundamenta en la ley, en esa nueva también. Igual que se ha hecho en Cataluña: invocar como democracia la ley y proteger a esos pobres magistrados, de independencia muy frágil, asustados y preocupados por una panda de independentistas vitoreando al imputado --pronto, solo “investigado”- Artur Mas, por lo que ha tenido que defenderlos con velocidad de crucero el CGPJ, la fiscal general y hasta Mariano Rajoy, que ha considerado ignominiosas las hordas catalanas. Mientras tanto, las causas penales contra el PP, “¡muy bien, gracias!”, caminan hacia el archivo, con la esperada colaboración de los fiscales..., como en Barcelona la querella contra Mas y compañía, que está viva gracias a la fiscalía. Y eso: la democracia no en la calle, solo en la ley bien hecha.