La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados presentó el 16 de Octubre de 2010 una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en tan sólo tres días fue admitida por la Mesa del Congreso para su tramitación por la vía de urgencia. Los autores de la modificación legislativa fueron: PSOE; PP; CiU y PNV. Alfonso Guerra presidía la citada comisión parlamentaria, José Bono ostentaba la presidencia del Parlamento y Zapatero la del Gobierno. El 21 de diciembre se había aprobado en el pleno del Congreso y el 24 de Enero de 2011 en el Senado (hubo de habilitarse una sesión extraordinaria para ello); cuatro días después estaba en el BOE.

Se vivían los momentos más duros del primer período de esta Gran Recesión cuyas consecuencias seguimos padeciendo. La congelación de pensiones, salarios y empleos públicos deterioraban de forma alarmante servicios esenciales al tiempo que aumentaban la pobreza y la desigualdad. El primer paquete de recortes, aceptado sin rechistar por el Gobierno en la reunión del ECOFIN en la madrugada del 9 de Mayo y sancionado a pies juntillas 15 días después en el Parlamento, no habían servido para atemperar los ataques especulativos contra la deuda ya que de los 140 puntos básicos que apenas rozaba la  prima de riesgo a finales de abril se llegó a sobrepasar los 350 a finales de año. Y la destrucción de empleo superaba los 2.000 diarios tras seis meses de aplicación de la Reforma Laboral aprobada de hoz y coz, por decreto, rompiendo el diálogo social.

Un entramado de retrocesos en derechos laborales individuales y en democracia industrial pergeñado en despachos tan extraparlamentarios como próximos a las organizaciones patronales a quienes asesoran, sirvió de inestimable precedente en métodos de elaboración (ajenos al legislativo) y en contenidos a la más devastadora reforma laboral impuesta por el gobierno del PP en febrero de 2012.

Ninguno de estos desaguisados se rectificó como cabría haber esperado de un gobierno socialista, sobre todo a la luz de la evidencia empírica de sus contraproducentes efectos. Ni siquiera se cumplió con el compromiso de reequilibrar la reforma laboral mediante enmiendas durante su tramitación como ley adquirido por el presidente del Gobierno con quien esto suscribe unas horas antes de votarse en el parlamento el real decreto y tras haber reconocido: "Me la han colado... Tienes razón en lo fundamental” (yo le había hecho notar de palabra en una conversación en la Moncloa y por escrito, tanto en un informe jurídico que le entregué en mano como en un artículo publicado aquellos días en el diario El País, que la reforma facilitaba más el despido barato como primera medida que la reorganización del trabajo en las empresas para afrontar eventuales crisis y que debilitada la negociación colectiva).

Pero incomprensiblemente, las prisas y el consenso, ausente a lo largo de dos legislaturas incluso para cuestiones de Estado como la lucha antiterrorista, no se conjugaron para revertir o al menos paliar algunos de los problemas más acuciantes provocados por la crisis, sino que cristalizaron en una reforma legislativa que vino a complicar con procesos kafkianos el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el exterior. 

De las muchas modificaciones de la LOREG, la más enjundiosa es la del artículo 75 que establece el llamado “voto rogado”. Con la normativa vigente desde 1985 todos los españoles en el exterior recibían las papeletas de votación en sus domicilios si estaban registrados en el consulado correspondiente, pero a partir de la reforma de 28/01/2011 todo se complicó con el requisito de inscribirse en el censo de residentes ausentes (CERA) o en el de españoles residentes temporales en el extranjero (ERTA).

El procedimiento se dificulta con las limitaciones materiales de los consulados (horarios de atención al público, lejanía de los lugares de residencia, etc.); trabas burocráticas para que se les reconozca a los emigrados una condición u otra (permanentes o temporales); incorporación de un enjambre de documentos para solicitar el voto y apuros añadidos finalmente para poder votar por correo o personalmente en las oficinas consulares.

Todo ello, en plazos tan estrictos que hasta las propias administraciones concernidas o las juntas electorales los han incumplido remitiendo tarde la documentación que debían aportar para que los electores pudiesen votar.

Basta comprobar que la participación de los residentes en el extranjero en las elecciones habidas desde la reforma ha caído del 30%-35% en 2008 a menos del 5% para verificar su regresividad. Porque efectivamente estamos ante una limitación del fundamental derecho al voto que no puede calificarse más que de involución democrática. Peor aun cuando simultáneamente aumenta la ciudadanía que emigra forzada por la falta de trabajo. No es una coincidencia fortuita. Generalmente la injusticia social se impone mejor con menos libertad. Y ese funesto maridaje suele ser perpetrado por la más letal de las coaliciones que puede soportar un país, la que se fragua entre malvados y necios.

Para evitar lo que se conocía como el “voto de los muertos” (unos cinco mil residentes en el exterior fallecidos pero milagrosamente resucitados en sucesivas elecciones) y que presumiblemente beneficiaban mayoritariamente a la derecha, el gobierno socialista, en lugar de arbitrar una solución técnica como habría sido una rigurosa depuración de los censos, se enredó en una reforma legislativa que terminaría por perjudicarle a él y dañando el sistema democrático, que es mucho peor.

Persistiendo en la impericia política, la reforma de la LOREG fue tramitada casi al mismo tiempo que los últimos Presupuestos Generales del Estado que presentaría el gobierno Zapatero, lo que facilitó que los diversos grupos políticos autores de la proposición de ley y algún otro que se involucró sobre la marcha, como el Bloque Nacionalista Gallego, la utilizasen como toma y daca para sacar, a cambio de sus apoyos, distintas tajadas presupuestarias que pudieran exhibir antes sus electores.

No tardaría mucho el PSOE en sufrir en sus carnes electorales las consecuencias de su estulticia, puesto que en las generales de 2011 los que se quedaron sin poder votar no fueron en su mayoría electores conservadores, precisamente. Su derrotado candidato en aquéllos comicios empezó la nueva legislatura reclamado la reforma de la reforma de la LOREG…. Desde la oposición.

Pero la toma de conciencia por parte de este y otros partidos sobre el desmán que supuso esta reforma es mérito sobre todo de grupos de ciudadanos de la sociedad civil que tantas veces canalizan el malestar y las inquietudes de amplios colectivos con la inteligencia y el coraje que estarían obligados a poner quienes aspiran a representar a la ciudadanía y a gobernar en su nombre.

En este caso ha sido Marea Granate, un amplio grupo de personas residentes en el extranjero que por encima de adscripciones partidistas vienen desplegando una valiente labor de denuncia de los perversos efectos que sobre el derecho al voto está comportando la vigente LOREG. Todos debemos apoyar su encomiable capacidad de propuesta para remediarlos en lo posible antes de las elecciones del 20 de diciembre con medios materiales de urgencia e información suficiente, y exigir su reforma en las Cortes en la próxima legislatura adoptando las sustantivas sugerencias de la plataforma Dos millones de votos, integrada por eminentes juristas de acreditada solvencia profesional y decidido compromiso democrático.

Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CC.OO entre 1987 y 2000, y votó a favor de la reforma de la LOREG en 2011.