La presidenta de la comunidad navarra, Uxue Barcos, ya lo incluía en el programa de gobierno de su partido Geroa Bai cuando aún era candidata en las elecciones de mayo pasado. Si gobernaba, las Sociedades de Inversión de  Capital Variable (Sicav) pasarían de tributar un 1% de sus beneficios al 28%. El mismo de las sociedades mercantiles. Nada  de privilegios, vino a decir. 

Y lo acaba de cumplir. Con el respaldo de sus socios: Podemos, EH-Bildu e Izquierda-Ezkerra. Es cierto que aún falta la ratificación parlamentaria pero la propuesta saldrá  adelante con toda seguridad  y entonces Navarra seguirá los pasos del País Vasco –son las dos únicas comunidades con autonomía fiscal a través del Convenio Económico y del Concierto Económico, respectivamente–,  que ya en 2009 modificó el Impuesto de Sociedades en esos mismos términos. Y, con ello, propició que unas 90 operativas, de un total de doscientas, buscaran refugio fuera de Euskadi al amparo de la legislación del Gobierno central. Y nunca volvieron.

“Entonces, las Juntas Generales de cada territorio y el Gobierno vasco decidieron la reforma fiscal en base a lo que se consideró justo. No parecía razonable que estas sociedades tributaran al 1%  mientras que otras pagaban un 24%”, aduce un portavoz del Departamento de Hacienda y de la Diputación de Bizkaia.

A los pocos meses de adoptarse la medida, las Sicav vascas comenzaron la fuga y en 2010 ya no quedaba ninguna. Hasta ahora. Así lo confirman en la Diputación de Bizkaia. 

A pesar de ello, a modo de curiosidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluye en su web, en el listado de las más de 3.000 Sicav existentes en España, una con sede en la Gran Vía de Bilbao. Se trata de Catafim, con fecha de constitución el 4 de febrero de 2003, casi cuatro años más tarde de que todas las demás echaran la persiana en Euskadi, y registrada el 20 de mayo de ese mismo año. Y, más insólito aún es que su último informe esté fechado en septiembre pasado. Sin embargo, parece que “no tiene actividad”, aclaran en la Diputación de Bizkaia.

En Navarra, de momento y ante lo que se sospecha será una clonación del caso vasco, existen ocho Sicav, de las que siete tienen su domicilio en Pamplona y una en Tudela. Algunas estimaciones calculan que atesoran un patrimonio de unos noventa millones.

Para identificarlas, solo hay que buscarlas entre dos listados de las más de 3.000 Sicav registradas, que suman un patrimonio superior a los 34.000 millones de euros. Entre lugares que se deslizan vertiginosos en el ordenador, y entre los que numéricamente se repite Madrid seguido de Barcelona, aparecen como por ensalmo, las Sicav navarras. En Tudela está Fin Valor y, en Pamplona, Romero Inversiones Mobiliarios; Índico Inversiones; Arizcun; Buscola 99; Ibida; Lonchivar y Quinto Real Management. Esta última es la de mayor patrimonio. Con un capital social inicial de 3.305.500 y un máximo estatutario de 33.050.000, según consta en el CNMV, encargada de controlar estas sociedades.

La probable marcha de estas Sicav de territorio navarro no ha sido obstáculo para la decisión de su Gobierno. Si Euskadi buscó hacer justicia, similar argumento ha llevado a aquel a cerrar las puertas a este tipo de sociedades. La reforma navarra, como antes la vasca, pondría fin a los privilegios fiscales de las Sicav que en muchos casos son  utilizadas por las grandes fortunas para evitar el pago de  impuestos.

El consejero navarro de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha explicado que la reforma tiene como objetivo “aumentar la progresividad” e incrementar “moderadamente” las rentas más altas con el fin de favorecer la equidad  y  aproximar la fiscalidad de las empresas a sus resultados. Se refiere a las nuevas medidas fiscales de su Gobierno entre las que se incluye el cambio de tributación de las Sicav.

El Ejecutivo navarro tiene previsto recaudar 2,8 millones más el próximo año y 23,2 al siguiente en concepto de Impuesto de Sociedades. En total, espera incrementar sus ingresos en 27,17 millones de euros en los dos próximos años a través de esta reforma.

La decisión del Gobierno de Navarra ha colocado el foco en un campo que suele generar polémica. La idea de que los ricos usan las Sicav para pagar solo un 1% irrita mucho. 

“La idea era incentivar colectivamente la inversión pero en la práctica es una forma de que las grandes fortunas eviten el pago de impuestos. Una manera de que la gente rica no tribute. Un privilegio para los millonarios a los que se concede un régimen especial”, explica un inspector de Hacienda vasco que prefiere permanecer en el anonimato.

Y recuerda la picaresca que se creó en torno a las Sicav. Como para constituir una sociedad de inversión se requiere un mínimo de cien personas (y un mínimo de 2,4 millones de euros) y eso no siempre es factible, se creó eso que se llaman “los mariachis”: personas de relleno que poco o nada tienen que ver con la sociedad que, de hecho, pertenece a un número pequeño de individuos o a una familia. 

“Además de la tributación habría que controlar que se cumpla legalmente ese mínimo de cien inversores que a menudo es inexistente o que se logra a través del trampeo. Es necesario un mayor control para que no sea solo una película que se monta una gente para presumiblemente invertir cuando solo buscan un beneficio, porque entonces no son un vehículo de inversión, son otra cosa”, sostiene este inspector de Hacienda.

El camino emprendido por Navarra ya lo ha recorrido Euskadi y parece que no tiene retorno. Las haciendas vascas tienen tan claro que hicieron lo que debían que ni siquiera han cuantificado cuánto han dejado de ingresar por la fuga de las Sicav en un tiempo en su territorio. “No hemos realizado ningún informe”.  

Por si fuera poco, recuerdan que al tributo perdido hay que añadir el de gestores y despachos de abogados que dejaron de intervenir en las sociedades y, por lo tanto, sus ingresos también disminuyeron y tributaron menos en sus respectivas declaraciones fiscales. “Hicimos lo que creímos justo”. Y, Navarra, secunda.