"No somos ingenuos. Y el hecho de que cooperemos en el marco de los proceso de Jartum y Rabat con regímenes dictatoriales [no significa] que los legalicemos… Pero tenemos que cooperar en el terreno donde hemos decidido para combatir el tráfico y la trata de personas". Con estas palabras del comisario de migraciones de la Comisión Europea, Dimitris Avramopoulos, pronunciadas en marzo de este año, comienza el informe Cerrar los ojos: cómo Europa ignora las consecuencias de la gestión externalizada de la migración, de Médicos sin Fronteras (MSF). En él, la ONG denuncia las trágicas consecuencias de la política europea de “subcontratación” de los controles fronterizo en terceros países como Marruecos o Libia “a cambio de apoyo económico y de otro tipo”. Entre estas herramientas de ‘cooperación’ se incluyen, según MSF, los acuerdos de retorno y readmisión, y la financiación y la remodelación de los centros de detención de los países de origen o tránsito.

“Queríamos dar una señal de alarma ante lo que está pasando”, explica por teléfono Mónica Castellarnau, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF en España, quien inmediatamente aclara que ellos no están especializados en este tema como otras organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. A lo largo de estos años, sin embargo, han ido recogiendo múltiples testimonios de inmigrantes o refugiados en los países de transito en los que trabajan o en sus barcos de salvamento en el Mediterráneo que atestiguan el uso de la violencia o las detenciones arbitrarias como armas de control fronterizo. “Hemos ido viendo que lo que nos cuentan estas personas no es anecdótico. Es algo que viene pasando de manera sistemática”.

En el informe se documentan los abusos, violencia e incluso torturas que sufren los migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa en estos países gendarmes  a los que se contrata para que hagan el “trabajo sucio”. Los testimonios recogidos hablan de altos niveles de violencia  --incluida violencia sexual--, de detenciones prolongadas, de expulsiones y negación sistemática del derecho de refugio y asilo.

El 92% de las personas rescatadas por el Dignity I, uno de los barcos de MSF que realiza operaciones de salvamento en el Mediterráneo central, aseguran haber sido víctima o testigo de episodios de violencia en Libia. Antes de que se produjese en 2014 el colapso del gobierno central libio y el actual enfrentamiento entre dos centros de poder, Tobruk y Tripoli, la Unión Europea financió, como parte de su programa de apoyo a la transición libia, una serie de proyectos destinados a fortalecer el control de fronteras y la lucha contra la migración “ilegal". Entre ellos, la renovación de centros de detención, como el de Sabah (Libia). 

En el caso de Marruecos, país en el que esta ONG trabajó con poblaciones migrantes entre 2003  y 2013, MSF registró numerosos abusos en las áreas cercanas a las fronteras de Ceuta y Melilla, en los que –afirman—han estado implicadas tantos las fuerzas de seguridad marroquí como las españolas.

Así, por ejemplo, de acuerdo al documento, el 23,5% de las 9.350 asistencias médicas a migrantes que realizó MSF entre abril de 2003 y mayo de 2005 estuvieron relacionadas con la violencia empleada en su arresto o en la frontera. En el 65% de estas las personas atendidas aseguraron que los responsables habían sido agentes marroquíes o españoles.

En 2012, MSF atendió a más de 600 personas agredidas en las zonas fronterizas con Melilla de la región de Nador y a más de 500 en Oujda, ciudad cercana a la frontera con Argelia. Una cuarta parte de estas necesitó asistencia de emergencia. El 64% de las victimas acusó a los servicios de seguridad marroquíes.

“No hemos centrado en estos dos países como casos ilustrativos, pero [estas violaciones de los derechos humanos] no se limitan a ellos “, señala Castellarnau, para quien lo que ocurrre en Marruecos es paradigmático ya que la cooperación con este país suele ponerse como “ejemplo” de éxito. “Fue aquí donde empezamos a detectar las consecuencias de este tipo de políticas en las que se ejerce presión para que otros países controlen los flujos migratorios”. 

Además de alertar sobre el impacto negativo de estas medidas, la otra gran preocupación de MSF a la que responde este informe es la instrumentalización de la ayuda humanitaria, cuenta Castellarnau.  “Queremos que las personas reciban asistencia porque la necesitan. No como una herramienta para una política migratoria”. 

El 11 y 12 de noviembre, se reunieron en la capital de Malta, La Valeta, 63 líderes europeos y africanos para abordar la cuestión migratoria. Europa ofreció más dinero para cooperación y ayuda humanitaria –unos 1.800 millones— a África, y una política menos restrictiva de visados para estudiantes, investigadores y emprendedores, a cambio de un mayor control del tránsito de personas hacia Europa.

El telón de fondo del acuerdo son los 3.500 muertos y desaparecidos en el mar –solo en 2015–, y la deriva de Europa hacia un territorio cada vez más proteccionista con los inmigrantes y trabajadores extranjeros, que se niega a cumplir las leyes internacionales y a acoger a los miles de refugiados y migrantes. La Fortaleza Europa, según anunció Amnistía Internacional, ha construido ya 235 kilómetros de vallas para blindar las fronteras exteriores.