Editorial
Medios públicos y concertados
25/11/2015
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El subdesarrollo intelectual de buena parte de los políticos españoles se ha apreciado, y todavía se aprecia, en muchos aspectos de la vida pública: políticos que niegan la realidad sin pestañear; que manipulan datos y hechos a conveniencia; que son incapaces de argumentar su postura sin recurrir a tópicos tan elementales que avergonzarían a un niño; políticos que desprecian tanto a sus propios electores que están convencidos de que les pueden llevar de acá para allá con simples señuelos y cortinas de humo, y que se ríen de ellos mientras defienden sus intereses particulares y los de sus amigos.
No todos son así, por supuesto, y no sería justo extender el manto de la sospecha sobre aquellos que, se coincida o no con sus ideas, tratan a los ciudadanos con respeto e intentan mantener un razonable equilibrio entre su ideología, o falta de ella, y los datos de la realidad. Pero esos mismos datos permiten asegurar que el grado de subdesarrollo intelectual de un sector de los políticos españoles es notablemente superior al de la media de los países que nos rodean. Y dado que es el PP el partido que se encuentra en el poder, es en el PP donde esa deficiencia intelectual se aprecia con más nitidez.
Subdesarrollo intelectual, lleno de mala intención, es el que explica la situación en la que se encuentran hoy los medios de comunicación públicos (Radio Televisión Española, TV3 y buena parte de las televisiones autonómicas). Sólo unos políticos que desprecien la inteligencia de sus conciudadanos y que adolecen de baja calidad intelectual y ética pueden justificar la ruda manipulación a la que someten, en plena temporada electoral, a los medios públicos, que son, por definición, los garantes del derecho a la información, una institución básica de la democracia, y por tanto propiedad del conjunto de los electores.
Es verdad que la independencia de los medios privados es hoy también una quimera. Tras años de inyectar crédito a mansalva, la élite financiera nacional e internacional y los fondos buitre han convertido aquellas deudas impagables en acciones, y han formado un comando de asalto con las corporaciones concertadas del IBEX35 para colonizar el espacio informativo, imponer técnicas de marketing engañosas y cerrar intercambios opacos. Esta situación berlusconiana, mitigada solo en parte por la aparición de pequeños medios digitales realmente independientes, ha venido a confirmar aquella cínica frase de un veterano político catalán: "En Cataluña tenemos dos clases de prensa: la prensa pública y la concertada".
Cuando el ecosistema privado de la pluralidad se resiente es cuando más falta hace que los medios públicos sean un referente de calidad, libertad e independencia. Y no se trata de un problema económico. Garantizar la independencia de las televisiones públicas no es una tarea extremadamente cara o dificultosa. Para nada. Bastaría con traducir al español las normas de funcionamiento de la mayoría de las televisiones públicas de Europa occidental. Bastaría con abrir, por ejemplo, la página web de la BBC y sacar una copia.
La presión política sobre RTVE y sus profesionales ha derivado en esta temporada previa a la pura campaña electoral del 20-D en una manipulación digna de un régimen autoritario. Aunque los espectadores pueden apagar La 1 o elegir otras cadenas --en los últimos tres años los telediarios de TVE han perdido más de un 30% de audiencia -- el análisis directo de la información proporcionada por RTVE, sumado a la aprobación de la bochornosa Ley Mordaza, nos retrotrae de lleno a los tiempos de la dictadura y a los días en que Aznar convirtió los medios afines en un arma de mentiras y propaganda masiva.
En los países de nuestro entorno, se produce a menudo un debate sobre la calidad de la televisión pública, sobre su papel cultural y educativo, pero nunca sobre si miente o no. En España esa es exactamente la crítica: los informativos de RTVE mienten, censuran y manipulan. Somos un caso único: eso sucede casi exclusivamente en España, por más que nos hayamos convencido a nosotros mismos de que es algo normal. No lo es, los gobiernos democráticos no manipulan hasta esos extremos a los medios públicos, porque en los países democráticos existen mecanismos que garantizan la independencia de los profesionales que trabajan en las radios y televisiones de titularidad pública.
Por algún extraño motivo parece que los españoles hemos renunciado ya a exigir el respeto de las normas profesionales a los responsables de la información en los medios públicos. A veces se utiliza la excusa de que también los medios privados manipulan, mienten a sabiendas y censuran. Pero ni al más tonto de los alemanes se le ocurriría pensar que porque exista el diario sensacionalista Bild está justificado que la ADR o la ZDF puedan manipular los hechos en beneficio del canciller de turno.
Urdaci y Gundín
En España, un tribunal condenó en su día al director de los informativos de la televisión pública, Alfredo Urdaci, por vulnerar los derechos fundamentales de los espectadores, y el afectado ni dimitió ni fue obligado a dimitir. El precedente debe dar mucha seguridad al actual jefe de informativos, José Antonio Álvarez Gundín: tranquilidad, aquí no pasa nada. El señor Álvarez Gundín recibe con toda calma las repetidas quejas de los Consejos de Informativos, integrados por representantes de los periodistas de RTVE, que hacen una labor magnifica y valiente de denuncia y que acaban de lanzar la campaña “Defiende RTVE”.
Gundín mira con indiferencia el informe del Consejo de Europa que, en 2013, ya expresó su preocupación por la falta de independencia profesional de los medios públicos en España, Hungría, Rumania, Serbia, Ucrania e Italia. Y no mueve una ceja ni cuando un diario tan prestigioso como The Financial Times publica, hace pocas semanas, publica un largo artículo recogiendo las denuncias de “manifiesto sesgo político de RTVE”. Con toda cachaza, su portavoz aseguró que los informativos de RTVE se basan en criterios profesionales y siempre abren con la gran noticia del día.
La mejor noticia es que el día 20-D se celebrarán unas elecciones generales y que es muy probable que ningún partido obtenga la mayoría necesaria para gobernar. Quiere decirse que quizás en este nuevo Parlamento se pueda producir el milagro y se consiga recuperar la ley que se aprobó durante el mandato del anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que permitía, al menos, romper la relación directa entre el director de RTVE y el gobierno de turno, al exigir un voto parlamentario con mayoría de dos tercios. Rajoy abolió sin más explicaciones ese requisito y dejó claro algo: el subdesarrollo intelectual que impera en el actual PP exige que una nueva ley no pueda ser abolida tan fácilmente en el futuro. En esta ocasión, los requisitos de independencia deben ser mayores, más claros y tajantes, y su blindaje más fuerte.
Quizá así, si los gobernantes, los editores, los bancos, el IBEX35 y los profesionales entienden por fin que una democracia sin una prensa realmente libre no es una democracia plena, lograremos abandonar la compañía de Hungría y Ucrania.
El subdesarrollo intelectual de buena parte de los políticos españoles se ha apreciado, y todavía se aprecia, en muchos aspectos de la vida pública: políticos que niegan la realidad sin pestañear; que manipulan datos y hechos a conveniencia; que son incapaces de argumentar su postura sin recurrir a...
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