Hay muchas Europas. A menos de cien kilómetros de la costa británica existe un país, o para ser exactos, una provincia autónoma del Reino Unido, donde abortar aún es un delito fechado en 1861. En Irlanda del Norte sigue vigente la Ley de Ofensas contra la Persona que impone, desde hace más de un siglo, cadena perpetua a toda mujer que decida abortar, incluso a las que han sido víctimas de una violación o de un incesto. El médico o cualquier ‘cómplice’ que le ayude a conseguirlo también recibe la misma pena. El delito es punible ante cualquier supuesto, excepto en el caso del llamado aborto terapéutico, cuando el embarazo supone un serio riesgo para la salud de la madre (entre 2013 y 2014 sólo entraron en ese supuesto 23 casos). Pero si el feto tiene algún tipo de malformación que no le permitirá sobrevivir tras el parto, el aborto tampoco es posible. La madre tendrá que llevarlo dentro nueve meses incluso sabiendo que ese niño jamás llegará a vivir fuera de su vientre. ¿Es posible que una ley así vulnere los derechos humanos de la mujer?

Rotundamente sí. Así lo afirma una sentencia histórica emitida el lunes por el Tribunal Supremo de Belfast, donde se asegura que las mujeres en esas circunstancias deberían ser eximidas de esa ley y donde además se aconseja convocar un referéndum para revisar la actual legislación y adaptarla a esos supuestos.

¿Qué significa esta sentencia para las mujeres de este territorio autónomo que fue durante décadas escenario de la violencia terrorista entre unionistas y separatistas y que aún hoy es una espesa madeja de contradicciones entre católicos y protestantes para los que la religión es un arma tejida dentro de la política e imposible de separar? “Al aceptar este caso la NIHRC (Comisión por los derechos humanos de Irlanda del Norte) -–una de las organizaciones que interpuso la demanda-- buscaba que las mujeres y las jóvenes de Irlanda del Norte tengan la posibilidad de interrumpir su embarazo localmente cuando el feto presente anormalidades fatales, o cuando hayan sido víctimas de violación e incesto sin que por ello tengan que ser criminalizadas. Estamos muy contentos de que hoy el Alto Tribunal considere que la actual ley es incompatible con los derechos humanos y nos haya dado la razón”. Así se expresaba tras conocer el veredicto Les Allamby, el portavoz de la NIHRC.

Pero la polémica ante una legislación que obliga, según datos oficiales, a un millar de mujeres (se calcula que la cifra real es más alta porque muchas mujeres no dan su verdadero domicilio cuando acuden a las clínicas británicas) a viajar anualmente al Reino Unido y costearse todos los gastos de un aborto más el viaje obligatorio --entre 500 y 2000 libras, según lo avanzado que esté el embarazo-- estalló en 2013, cuando Sarah Ewart, una norirlandesa común, decidió contar públicamente el vía crucis por el que se vio obligada a atravesar tras descubrir, embarazada de cuatro meses, que su hijo padecía anencefalia.  Los servicios médicos de Irlanda del Norte (con casi dos millones de habitantes) se negaron a practicarle un aborto, por lo que se vio obligada a viajar a Reino Unido con un embarazo de veinte semanas a cuestas. Igual que las españolas con Franco, pero cuarenta años más tarde.

Ella fue una de las muchas mujeres que decidieron denunciar su caso junto al NIHRC y el lunes recibían entre lágrimas el veredicto: “A mí, como a muchas mujeres, me han fallado los políticos. Primero no me dejaron más opción que acudir al Reino Unido a pedir asistencia médica. Y después, ante su negativa a cambiar la ley, no me dejaron otra opción que acudir a los tribunales y hablar en nombre de otras mujeres. Yo soy una mujer normal que ha sufrido una fuerte tragedia personal que la ley de Irlanda del Norte transformó en una pesadilla”.

Habrá quien se consuele pensando que hay sitios peores que Irlanda del Norte. Existen seis países en el mundo donde el aborto está prohibido sin excepciones: en la Nicaragua del exlíder sandinista y hoy evangelista Daniel Ortega, en El Salvador, en Chile, Malta, República Dominicana y el Vaticano. En todos ellos abortar, incluso ante peligro extremo para la madre, está estrictamente prohibido y penado. Pero de esos países solo dos están en Europa, un continente que aspiraba, o al menos aspiró, a cohesionar políticas sociales. 

Según los datos que maneja Amnistía Internacional, una de las ONG más activas en relación a los derechos de las mujeres, al menos 60.000 norirlandesas habrían viajado desde el Ulster a abortar al Reino Unido desde los años ochenta, 160.000 si se añade a las irlandesas puesto que en Irlanda también está prohibido el aborto, aunque en su caso se trata de otro país y además las penas ‘solo’ llegan a los 14 años. En Reino Unido en cambio el aborto es legal en todos los supuestos desde 1967 y en todos sus territorios excepto Irlanda del Norte.

Para desgracia de las mujeres norirlandesas, en lo único en lo que están de acuerdo el Sinn Fein y el partido Unionista Democrático es en su oposición a las leyes que liberalizan el aborto. Así que aunque la sentencia sea histórica, el camino hacia el cambio se presenta lento. De momento, el fiscal general de la provincia, John Larkin, se ha declarado “decepcionado” ante la sentencia del Tribunal Supremo y ha dicho que quizás decida recurrirla. Mientras, las mujeres con dinero para abortar lo seguirán haciendo en Liverpool o en Londres y muchas pondrán en peligro su vida apurando hasta la última semana posible para conseguir ese dinero. “Menos del 1,4% de los abortos que se practican en Inglaterra, Escocia y Gales ocurren antes de las veinte semanas. Nuestras clientas pasan la mayor parte de ese tiempo intentando conseguir el dinero” declaraba al diario The Guardian Mara Clarke, del Abortion Support Network, que asesora a irlandesas y norirlandesas para abortar en Reino Unido. Pero habrá muchas, la inmensa mayoría, que no conseguirán ese dinero y tendrán que seguir adelante con embarazos no deseados. En Irlanda del Norte. Reino Unido. Europa. Tan cerca, tan lejos.