En el debate del lunes en El País, un debate interesantísimo, por cierto, por el tono y porque se vieron cosas, y por la “cátedra vacante” que, sinceramente, maldita la falta que hacía que hubiera estado, no se mencionó la palabra cultura. No sé si es un tema que sólo preocupa a la gente de los sectores llamados culturales, pero si es así, y ni los candidatos ni los que organizaron el debate pensaron en ello, es bastante mala cosa. Sí. Bastante mala cosa. Ya veréis como dentro de unos días, cuando falte poquito para la jornada electoral, organizarán deprisa y corriendo los manifiestos necesarios y las peticiones de voto público. Que sólo nos llaman cinco minutos antes.

Dicho esto, me gustaría plantear algunas preguntas a los que aspiran a gestionar la cultura de este país. En primer lugar, si ministerio sí, o ministerio no. La cuestión no es fútil: la recuperación del Ministerio de Cultura, suprimido en las legislaturas del PP, supone el darle su importancia a un sector que mueve una parte importante del PIB, pero que sobre todo significa todo eso intangible que hace el alma del país.

La cultura es un derecho, no sólo a la creación libre sino al disfrute de lo creado. Un derecho que, como todos los demás derechos, cruza los ámbitos privados y los públicos, y que se ejerce —y se disfruta— atravesando una serie de mediaciones. Con un fuerte componente individual, necesita ejercerse en lo colectivo. Y lo colectivo es el conjunto de infraestructuras públicas —las redes de museos, teatros, bibliotecas y foros— y, también, la dotación económica de estas redes y las por crear. ¿Que muchas son privadas? Claro. Pero el sostén público es fundamental, porque es el que garantiza la libertad inherente al derecho a la cultura.

Jack Lang acuñó hace un par de décadas el concepto de “excepcionalidad cultural”, por el que el Estado tenía la potestad de proteger y promover tanto la creación nueva como el patrimonio cultural del país. Esa excepcionalidad cultural es la que justifica las llamadas “ayudas” a la creación y a la producción de cultura. Los temas impositivos —el célebre IVA cultural, pero también las daciones patrimoniales o las exenciones a determinadas fundaciones— forman parte de esas ayudas. Y dependen de las políticas culturales. Y a mí me gustaría saber, también, las propuestas de los compañeros candidatos en ese sentido.

Los productos culturales no son hereditarios: pasan a dominio público en un plazo que va de los cincuenta a los ochenta años de la muerte del autor

Porque la cultura es un bien público, por poco tangible que sea. De hecho, los productos culturales, las obras literarias, cinematográficas y musicales, por ejemplo, no son hereditarios: pasan a dominio público en todo Occidente en un plazo que va de los cincuenta a los ochenta años de la muerte del autor. Quiere decir que los derechos de autor pasan al dominio común, lo que es bastante excepcional también.

El tema de derechos, y la controvertidísima y reciente ley de propiedad intelectual, es otra de las cuestiones que deberían abordar los candidatos. Máxime, cuando las nuevas tecnologías permiten el disfrute masivo y gratuito de las obras reproducibles. Los organismos de gestión de esa parte de los derechos, así como las asociaciones profesionales y artísticas, consideradas por la Administración actual como enemigos públicos, son los interlocutores fundamentales, porque son nuestras formas de articulación. Variadas y diversas, nos relacionan y articulan, defienden y protegen.

La falta de políticas es una política

La cultura es algo más que la educación, aunque la educación sea fundamental para la comprensión y disfrute de la creación y el patrimonio cultural. Es un ámbito de libertad, que tiene que estar garantizada. Las tentaciones de dirigismo y sectarismo, y de censura —o sutil autocensura—, que se pueden ejercer muy bien desde la administración de las “ayudas” y las oportunidades, también dependen de las políticas culturales. Y por si Rivera no lo sabe, la supresión de las políticas culturales expresas también es una política cultural. Claro que la peor. El tema de la libertad de creación también debería ser abordado por los candidatos.

Yendo a lo concreto, y arrimando el ascua a mi sardina, tengo particular interés en conocer su posición respecto a las redes de bibliotecas públicas, un mundo que, según las últimas estadísticas de usos lectores, está creciendo sutilmente, pese a la política restrictiva de la última legislatura. Sabemos que los tres niveles administrativos —el Estado, las autonomías y los municipios— tienen sus propias redes bibliotecarias. Y que han sido víctimas propiciatorias de los recortes económicos y de los cambios legislativos en materia de ayudas a la edición.

El sector del libro no quiere ser subvencionado, aunque sí quiere ayuda a la extensión y traducción a otras lenguas, lo que hacen los países de nuestro entorno

Como contaba en otra columna, y sin ponerme particularmente Dostoievski, han conseguido un pescado que se muerde la cola: el paso a subvención directa de las compras de ejemplares a las editoriales de libros y revistas priva a las bibliotecas de esos libros y revistas que deberán comprar con su propia dotación económica, que tiende a cero. El sector del libro no quiere ser subvencionado, aunque sí quiere ayuda a la extensión y traducción a otras lenguas. Vamos, lo que hacen los países de nuestro entorno. La venta de un número de ejemplares, por variable que sea, garantiza muchas veces la edición de obras de difícil comercialización, pero necesarias para el avance cultural del país. Y su presencia en las bibliotecas facilita el acceso a ellas de numerosos lectores. Con el nuevo sistema del PP perdemos todos. ¿Qué piensan los candidatos de este tema?

Y conste que no es sólo un tema de dinero, aunque también sea un tema de dinero. Por ejemplo, el hecho de que puedan estar presentes en todas las bibliotecas estatales del país libros publicados en todas las lenguas del Estado no me parece mala manera de contribuir al mutuo conocimiento de esta España diversa. A esa articulación de la diversidad, tan necesaria en estos momentos de crispación y crisis institucional. Que la cultura también está para eso: para civilizar, para iluminar y, por supuesto, para hacernos más felices.

A ver qué pasa en el próximo debate. Ojalá que la cultura entre de pleno derecho en las preocupaciones de los partidos, como ya está en la de muchos, muchos votantes. Porque este pequeño catálogo de preguntas no agota el tema, ni muchísimo menos.