Acoso laboral, escuchas telefónicas, Catar, corrupción, periodistas en nómina, guerra interna, administración desleal. Son términos que hasta hace poco nadie osaría utilizar en referencia al primer gran gigante de la distribución española. Sin embargo, desde la muerte en julio de 2014 de su mítico y silencioso presidente, Isidoro Álvarez, en El Corte Inglés se libra una auténtica guerra de todos contra todos: las familias Álvarez y Areces y la cúpula directiva de la empresa.

Los años de la Gran Recesión no han sido buenos para El Corte Inglés, que pese a todo sigue siendo el buque insignia de la distribución española, con 90.000 empleados y 30.000 proveedores. A pesar de que cerró 2014 con un incremento del 2,6% de su facturación --14.592 millones--, el beneficio neto cayó un 32,3% respecto al año anterior y se situó en 118 millones. Además, la deuda ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar los 5.668 millones en 2013. La venta del 51% de su financiera al Banco de Santander; la emisión de bonos por valor de 600 millones y la firma de un préstamo sindicado de 4.409 millones ayudaron a disminuir un poco la deuda y a situarla en 4.529 millones en 2015.

La entrada del socio catarí

Los problemas financieros llevaron a El Corte Inglés a intentar captar recursos con la venta de participaciones. La búsqueda, iniciada bajo la presidencia de Isidoro Álvarez, culminó en julio de 2015 con la entrada en la sociedad del Jeque de Qatar Hamad Bin Jassim. La operación desató la apertura de hostilidades en el consejo. El multimillonario se comprometió a desembolsar 1.000 millones de euros (a través de la sociedad Primefin) a cambio del 10% de las acciones procedentes de autocartera y unos intereses anuales (cupón) del 5,25%, cuyo pago se efectuará también mediante acciones, con un porcentaje del 2,25%.

En 2018, su participación llegará al 12,25% y podrá ser incluso superior (hasta el 15%) si El Corte Inglés no logra cumplir con las previsiones de crecimiento --un 12% anual del beneficio bruto--  establecidas por Dimas Gimeno para los próximos cinco años. Mientras tanto, ocupa un silla en el Consejo.

Para entender la magnitud de la crisis abierta es preciso saber que las lealtades construidas a lo largo de los años han empezado a desmoronarse con la entrada de nuevos protagonistas en los juegos de poder que se iniciaron tras la muerte de Álvarez.

La Fundación Ramón Areces, presidida por el veterano Florencio Lasaga, mantiene alrededor del 37% de las acciones de la empresa. Ninguna operación ni decisión estratégica puede llevarse a cabo sin el beneplácito de este consejero -que entró a formar parte del máximo órgano en 1969-, un histórico que ha trabajado con los cuatro presidentes de la entidad: César Rodríguez González, Ramón Areces Rodríguez, Isidoro Álvarez Álvarez y Dimas Gimeno Álvarez.

Tras la muerte de Isidoro Álvarez, Lasaga se convirtió en el tutor de las dos herederas, Marta y Cristina Álvarez Guil, hijas de la mujer de Álvarez, que fueron adoptadas por éste. Cada una de ellas posee un 7,5% de las acciones y juntas controlan IASA (Isidoro Álvarez SA), que posee un 22,5% de la empresa.

Según una fuente cercana al consejo, las hermanas “no pintaban nada antes de la muerte de Isidoro, que era un gran misógino y prefirió aupar al poder a su sobrino Dimas Gimeno”, a pesar de que, según la misma fuente, “no estaba capacitado para gobernar la empresa”.

La participación en el capital de Gimeno es “muy minoritaria”, asegura esa fuente, que cree que Álvarez eligió a sus hijas adoptivas como herederas en vez de a Gimeno “por motivos tributarios”.  

Desde entonces, Marta y Cristina Álvarez intentan hacer valer sus acciones --Marta entró en el Consejo en diciembre de 2014-- y no renuncian incluso a hacerse con la presidencia de la empresa, según informa Hispanidad.com, el medio que más ha informado sobre la crisis. Las dos saben que Lasaga y el también consejero Carlos Martínez-Echevarría torpedearon el nombramiento de Dimas Gimeno como presidente de la Fundación Areces, accionista de referencia de la compañía, lo que limita el poder del presidente del grupo.

El Consejo está integrado además por otros dos miembros históricos --Leopoldo del Nogal y Juan Hermoso Armada (mano derecha de Isidoro y encargado de las relaciones con la prensa)-- a los que se suman Manuel Pizarro (que entró en julio de 2014), Cartera Mancor (representada por Paloma García Peña y que posee entre un 7% y un 10%) y el representante del nuevo socio catarí, Shahzad Shahbad.

La llegada del jeque en agosto de 2015 coincidió con la expulsión del Consejo de Carlota Areces Galán, representante de Ceslar, la sociedad que atesora un 9% de la empresa y que integra a los cinco hermanos Areces Galán (Óscar, Javier, Juan Luis, Carlos y Carlota) y a la madre de éstos y viuda de Luis Areces.

En el momento de formalizar la operación, Ceslar mostró su desacuerdo porque no se habían estudiado otras posibilidades y porque la transacción infravaloraba el precio de la compañía, al establecerlo en torno a 10.000 millones de euros. En 2013, Tinsa, empresa especializada en valoraciones inmobiliarias, estimó que solo los activos inmobiliarios de El Corte Inglés ascendían a 18.000 millones.

El resto del consejo dio el visto bueno, no sin alguna reticencia inicial que acabó diluyéndose por el empeño de Florencio Lasaga, según revelan personas cercanas a la cúpula. El intermediario de la operación fue la sociedad Tereze Capital --radicada en Dubai y administrada por David Barreiro-- que se embolsó 17 millones por la gestión. Además Morgan Stanley, el banco de inversión que actuó como asesor, recibió tres millones.

La familia Areces mostró su malestar por lo abultado de la comisión, por la opacidad y escasa rentabilidad de la operación y por la falta de información sobre el beneficiario final de los 17 millones, apuntando que la sociedad radicada en Dubai podía ser un testaferro. 

Para dar entrada al socio catarí, la sociedad tuvo que modificar los estatutos, que no permitían que alguien que no fuera accionista se sentara en el consejo. Los Areces lamentan que se vendiera la llegada del Jeque como la de un inversor cuando en realidad “se trata de un préstamo pagadero en acciones a tres años”.

Querella por administración desleal

A raíz del choque de trenes, la familia Areces interpuso el pasado 22 de febrero una querella criminal contra el consejo de El Corte Inglés por administración desleal. El juzgado tiene que estudiar si la admite a trámite. Los miembros de Ceslar consideran que las decisiones del consejo, con Dimas Gimeno al frente, han perjudicado a la compañía. Al margen de la expulsión de Carlota Areces del órgano ejecutivo, una fuente conocedora de la querella que prefiere mantener el anonimato estima que la gestión del grupo "es equivocada, porque se está desvirtuando el negocio, que ha pasado de ser la compra y venta de productos y servicios a la venta de bienes inmobiliarios”.

Los críticos entienden también que la política de fichajes de directivos ha sido errónea, y ponen como ejemplo a José Luis Pavía, que fue responsable de moda, y que según afirman dejó la compañía tras apenas año y medio de trabajo con una indemnización de alrededor de 1,5 millones de euros.

La querella por la vía penal se suma a la demanda mercantil que Ceslar presentó en el mes de septiembre por la expulsión del Consejo de  Carlota Areces, que le ha hecho perder un millón de euros anuales, el coche oficial y la escolta, según argumenta la socia cesada como consejera.

Demandas de Óscar Areces

[La información que sigue a continuación se había publicado antes de que en la mañana del jueves 10 de marzo la empresa y Óscar Areces Galán llegaran a un acuerdo en el que el demandante desistía de todas las acciones judiciales interpuestas contra la empresa "en pro del buen funcionamiento y continuidad de las misma.]

A estas dos denuncias, hay que añadir otras tres que ha interpuesto a título individual Óscar Areces, hermano de Carlota. La primera es una querella criminal por acoso laboral. La segunda, una demanda laboral en la que pide la baja definitiva de la empresa en la que ha trabajado desde 1990 y donde todavía ostenta el cargo de Jefe de Compras de Mujer de Marcas Externas de El Corte Inglés; y la tercera, otra querella penal por escuchas telefónicas ilegales.

En la primera querella criminal, está acusada la cúpula directiva del grupo casi al completo: Dimas Gimeno, Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echevarría, Leopoldo del Nogal (los cuatro integrantes del Consejo), Borja de la Cierva (alto ejecutivo de la empresa) y José Luis Pavía (ex ejecutivo) por la “presunta comisión de un delito de acoso laboral (mobbing), “delito tipificado en el artículo 173 del código penal, en concurso del artículo 177 con un delito de lesiones psíquicas”. Los delitos de los que se les acusa pueden llegar a acarrear penas de entre 8 y 15 años de prisión. 

Según explica uno de los representantes legales de Óscar Areces, Jorge Balmaseda, la vista tenía que haberse celebrado el 11 de febrero, pero El Corte Inglés “consiguió aplazarla alegando una reunión con el alcalde de Oporto y presentando una carta del alcalde solicitando su presencia y unos billetes de avión”. La próxima vista se ha fijado para el 29 de marzo en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid.

Antes de ese día, este jueves 10 de marzo, las mismas personas estaban citadas a declarar en el Juzgado número 11 de lo Social por la demanda laboral. Areces reclama la baja definitiva en la empresa y una indemnización cercana a los tres millones de euros. La vista ha quedado también aplazada sine die en la tarde del miércoles 9, porque no se pudo localizar a José Luis Pavía, que reside en México, según informó el abogado de Areces.

La denuncia, a la que ha tenido acceso CTXT, explica que Areces mantiene en este momento la categoría de “adjunto al gerente”, pero en la práctica, desde hace más de dos años ha sufrido “drásticos e injustificados recortes de sus funciones y responsabilidades”.

El documento añade que “el cúmulo, la gravedad y persistencia de las conductas empresariales sufridas han provocado no solo la degradación de las condiciones laborales del actor y un manifiesto menoscabo de su dignidad personal y profesional, sino, lo que es aún peor, un grave deterioro de su estado de salud, que desde el pasado día 20 de julio de (...) 2015 le tiene postrado en situación de incapacidad temporal”.

Según sus abogados, a Areces se le impedía el paso a reuniones de su área, pasó de dirigir un equipo de ochenta personas a solo dos, fue calificado de ‘indeseable’ en mitad de una reunión, y se le hizo depender jerárquicamente de una persona que había sido su subordinada a pesar de  tener un cargo inferior al del demandante. Esas acusaciones han sido confirmadas a CTXT por una persona que ha trabajado varios años con Óscar Areces, y que prefiere mantener el anonimato.

Las demandas concatenadas narran una parte de la historia reciente de El Corte Ingles por dentro, y desvelan la existencia de un choque de intereses, generaciones y mentalidades, y una considerable confusión en la gestión.

Óscar Areces, que entró a trabajar en la empresa en 1990, nunca se llevó bien con varios de los miembros del Consejo de Administración, pero su relación fue empeorando con los años y acabó deteriorándose completamente tras la muerte de Álvarez, al que todos en ECI llamaban 'El Amo'. En 2014, Areces hizo llegar a su tío numerosas sospechas acerca de diversas irregularidades y supuestas corrupciones dentro de la corporación. 

Escuchas

Tras mostrar su malestar con la gestión en algunos departamentos clave, Areces fue perdiendo poder de decisión, hasta que se quedó, aseguran sus letrados, “sin nada que hacer en la empresa”. El 20 de julio de 2015, cuando su ostracismo laboral se acentuó, pidió la baja médica por depresión, y presentó la primera demanda laboral por acoso.

Poco después de este movimiento, según describe la demanda, Óscar Areces comenzó a oír ruidos extraños en su teléfono móvil. A finales de agosto de 2015, el demandante solicitó un informe pericial al laboratorio de Informática Forense de la Universidad Autónoma, que localizó a dos usuarios ajenos al dispositivo, uno de ellos llamado “julio”, que operaba desde la dirección informática https://cptb.eci.com:444. ECI son las iniciales de El Corte Inglés.

Areces puso estos hechos en conocimiento de los consejeros Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, así como en visitas a sus despachos en Hermosilla 112, la sede central. La situación, afirma la denuncia, fue comunicada al anterior presidente, Isidoro Álvarez y, a partir de su fallecimiento, al actual máximo responsable, Dimas Gimeno, tanto de forma verbal como a través de emails. La respuesta a sus llamamientos siempre fue la misma: silencio, según sus abogados.

A pesar de que la compañía ha llegado a afirmar que la querella por las escuchas está archivada, el abogado de Óscar Areces confirma que se han pedido dos comisiones rogatorias a California y a Massachusetts para determinar los orígenes de esas escuchas. 

Las acciones promovidas por uno de los cinco hermanos Areces suponen una potencial amenaza mediática para una de las empresas más antiguas, populares y opacas de España, célebre por su poderío y porque cuando todavía existía la peseta tenía una facturación próxima al billón. 

El trasfondo de la crisis es que el presidente, Dimas Gimeno, “pinta poco en el consejo, en el que sigue mandando Florencio Lasaga”, asegura una fuente cercana a la familia Álvarez. La generación más veterana, que se resiste a pasar el testigo a los socios más jóvenes, ha perdido además la energía y la habilidad de Juan Hermoso, jubilado pero aún activo como consejero, que durante décadas se ocupó de cuidar las relaciones de la empresa con la prensa. 

Esos contactos, siempre discretos y sellados con los contratos de publicidad más deseados del mercado mediático, han sido recientemente desvelados en parte por una filtración de Anonymous, que tras piratear la intranet del grupo reveló que El Corte Inglés mantiene en nómina desde hace años a conocidos periodistas, entre otros a Fernando Ónega (recibe 6.000 euros de asignación mensual), y a Jaime González, subdirector del ABC, que recibe 800 euros mensuales de los grandes almacenes.

Son tiempos duros y convulsos para todos; e incluso el otrora impenetrable Corte Inglés aparece ahora vulnerable, con frentes y rendijas difíciles de tapar.