Cuatro empresas con problemas financieros, cuatro grandes constructoras (FCC, ACS, Ferrovial, OHL) asociadas a grandes nombres de la lista Forbes (la familia Koplowitz, Florentino Pérez, los del Pino o Villar Mir) y a los papeles de Bárcenas. Son estos los grupos empresariales que han monopolizado recursos progresivamente privatizados por el Estado: desde la producción y distribución de energía, hospitales, aeropuertos, agua, servicios de limpieza o carreteras.  Hoy, nuestros grandes empresarios, aquellos que predicaban en 2008 “esto lo arreglamos entre todos”, se desdicen para salvar su patrimonio, cediendo el control de grandes recursos –antes públicos– en favor de fondos e inversores extranjeros. La próxima parada, la venta del imperio de FCC (la mayor empresa distribuidora de agua y de servicios de saneamiento urbano) a Carlos Slim, el millonario mexicano, experto en la compra de empresas a bajo precio.

Tras años de privatizaciones, los recursos estratégicos del Estado parecían estar todavía a salvo, resguardados por capitalistas patrios y sus cajas de ahorro aliadas. Pero la caída de Bankia (y la venta de sus participaciones), una fuente fundamental de créditos para propietarios renombrados, ha empujado a poner el cartel de “en venta” a sus buques insignia. Con estos movimientos, se continúa una larga estela de cambios que afectan a la estructura de la propiedad de empresas estratégicas (y, por ende, a la soberanía económica), en estos momentos, las últimas de bandera nacional. Años atrás, cualquiera de estos movimientos hubiera generado avisos y alertas, como en el caso de la OPA de Enel sobre Endesa, pero ya no es una excepción, es la última fase de un proceso que cierra la privatización de nuestros recursos más estratégicos.

En el sector eléctrico, únicamente Red Eléctrica (20% de SEPI) y el holding Gas Natural-Unión Fenosa (70% Repsol y La Caixa) permanecen bajo capital nacional. Tanto en Endesa (Enel, 70%) como en Enagás (Bank of America, 3%, frente a un 1% de Repsol) o en Iberdrola (Qatar Investment Authority con un 6,1%, Norges Bank 3%, o Blackrock con un 3%, superan el 4,9% de Kutxabank) predominan los accionistas de capital extranjero. La intervención de Bankia y los problemas de ACS han hecho que la beautiful people del PP abandone estas empresas: Bankia, el buque del PP, abandona el 5,4% de Iberdrola, y ACS pasa de un 20% en 2010 a un 2,9% actualmente en la eléctrica.

Para los fondos inversores es evidente la potencialidad del sector, siendo la cuarta factura eléctrica más cara de Europa, con un incremento del 70% desde el inicio de la crisis, frente al 50 y 40% de Alemania y Francia. Un incremento que se debe a la parte de impuestos y amortizaciones que compensan las asimetrías del sector y no a los costes de producción y distribución de energía: la producción en islas, la baja factura industrial o la deuda con las eléctricas.

La deuda con las eléctricas, derivada del déficit de tarifa (desfase entre el coste de producción y su precio), supone 25.000 millones (más que el rescate a Bankia). Para que no figurara como deuda (pasivo) de las empresas, el 79% de esta deuda está titularizada en el mercado como bonos (derechos de cobro) del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) bajo el aval del Estado. Estos derechos y sus intereses, que oscilan entre el 4% y 7% (la última emisión, en junio del 2015, con unos intereses fijos del 0,86%, muy por encima del 0,16% del Euribor en esa fecha), son incluidos en la factura de la luz, y suponen, sólo en intereses, el pago de 699 millones en 2015 y de 487 millones en 2016. En total, 3.250 millones en intereses hasta 2026, para facilitar el balance de estas empresas, sin contar con la posibilidad de nuevas emisiones para refinanciar vencimientos.

Las empresas del sector eléctrico están muy pendientes de este cobro, particularmente las participantes mayoritarias en el fondo: Endesa (44,16%) e Iberdrola (35,01%), cuyos consejos políticos se mantienen aún como una especie de garantía de cobro (exministros como Miquel Roca y Elena Salgado en Endesa; y en Iberdrola, el exministro Ángel Acebes, del PP, y Braulio Medel, consejero del gobierno de Chaves en Andalucía).

En cuanto al petróleo y al gas, la privatización de este recurso tan estratégico cayó en la Banca Catalana. La Caixa, y luego Sacyr, han sido su sustento nacional desde su privatización (con una participación conjunta del 20%). También lo han sido de Gas Natural, en la cual mantienen el 70% (35% La Caixa y 35% Repsol). Por el contrario, dos de las grandes empresas de distribución y refino se encuentran en manos de fondos de inversión extranjeros. Cepsa, privatizada en 1991, produce un tercio del refino de crudo en España, y es líder en refino para aviación y buques. Desde 2011 pertenece en su totalidad al fondo IPIC de Abu Dhabi.

CLH (Compañía logística de hidrocarburos), la empresa que prácticamente monopoliza la distribución y almacenamiento de crudo (4.000 kilómetros de tuberías subterráneas), está en manos de 10 fondos diferentes. En Industria han manifestado su preocupación, dado que estos fondos, en la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo, pueden llevar a fijar precios abusivos. La CNMC exponía en un informe de junio del año pasado su preocupación por la concentración en tres petroleras (Repsol, BP, y CEPSA) la propiedad de CLH y, por tanto, con una posición abusiva en el conjunto de la cadena de valor. Actualmente sólo queda una entidad española, Kutxabank en CLH (5%), después de que Repsol (e indirectamente la constructora Sacyr y La Caixa) se deshiciera de su 10% en CLH.

Es importante destacar las condiciones en las que van a operar estos fondos: la venta de gasolina en España tiene el margen de beneficio más elevado (precios antes de impuestos) de Europa (0,403 frente a 0,378 de la media europea). Por otro lado, se ha destacado la escasa competencia en el sector y la confabulación para la fijación de precios, algo que ha llevado a la CNMC a imponer una multa por 32,4 millones a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil.

Otro ámbito, estratégico y quizá mucho más simbólico, es el de la aviación. Emulando el proceso seguido por multitud de aerolíneas latinoamericanas privatizadas en los años 90, como Aerolíneas Argentinas (renacionalizada), Líneas Aéreas Paraguayas (desaparecida) o LAN Chile, Iberia se embarcó en un proceso, primero de fusión, luego de reestructuración (ERE a 3.100 personas), que ha supuesto su absorción de facto, y su transformación en filial de bajo coste de British Airways. Todo ello sucede tras haber construido una terminal T4 (6.200 millones) para el uso de la aerolínea de bandera nacional, puesta en marcha con miras al aumento de rutas y vuelos de Iberia, que ha chocado con la drástica reducción de rutas y recursos humanos (desde 2004 no contrata pilotos). Una política que Willie Walsh (CEO de IAG) cataloga como “un poco cruel pero necesaria”. La plantilla o la renovación de la flota quedan subordinadas ahora a sus cuentas de resultados, también su propia supervivencia: a día de hoy no queda ningún accionista español en el grupo después de la salida de Bankia y El Corte Inglés, de ahí que Walsh no tenga razones para sentir especial inclinación por el territorio patrio y la línea aérea: “El holding no tiene reservado ningún derecho especial de pertenencia al accionariado por el hecho de ser español o británico” decía en una entrevista en El Mundo, y es que Iberia hoy es ya una aerolínea de capital extranjero.

A pesar de lo abultadas de las liquidaciones, a estas alturas hay aún un patrimonio privatizado que permanece custodiado por capital nacional, la beautiful people del PP, aquella que aparece en los papeles de Bárcenas. Son empresas que durante los gobiernos del PP, tanto en ámbito nacional, como en las autonomías más importantes (Madrid, Valencia o Baleares) y con el beneplácito del PSOE, pudieron hacerse con una importante cartera de recursos del Estado, autonomías y municipios. Hoy esas grandes fortunas flaquean, y no sólo los fondos de inversión, sino las grandes fortunas del planeta, están al acecho.

La primera en caer ha sido FCC. Aquejadas las Koplowitz de una deuda millonaria de 840 millones con Bankia y BBVA, en 2015 lograron refinanciarla, posponiendo su pago a 2020 (únicamente pagará los intereses), con las acciones de FCC como garantía. No obstante, los números rojos de la sociedad que gestiona las acciones de las Koplowitz (B1998 S.L.) sumados a los del grupo FCC (con una deuda de 5.473 millones) han favorecido la entrada, primero de Bill Gates (5,73%), y posteriormente del millonario mexicano, Carlos Slim con el 27%, superior al 22% de las Koplowitz. Hace pocos días, Slim superó la barrera del 30%, tras reformular el pacto con las Koplowitz, que evitaba que ninguno de los dos traspasara esa cifra.

Con la más que previsible OPA de Slim sobre el total de acciones de FCC, el mexicano se introduce por lo alto en el país, y en sus recursos. Una de sus joyas, el agua, muy estratégico para Slim y Gates, lo consiguen con la filial de FCC, Aqualia, la mayor empresa de gestión de agua en España, la tercera de Europa: posee el 33% del mercado y da servicio a once millones de personas y 800 municipios en España. Un recurso al que Slim ya ha dedicado especial atención en otros lugares. Desde 2010 su grupo construye la mayor planta de Latinoamérica, la planta tratadora Atotonilco, que pretende tratar y distribuir más del 90% del agua residual y pluvial del Valle de México durante los próximos 25 años. Ésta ha sido clausurada por el gobierno de Atotonilco, por irregularidades en las licencias de obras, además de adeudar 202 millones de pesos (totalidad de impuestos desde el inicio de la obra).

Seguramente, Slim conoce ya las características del suministro de agua en España y sus potencialidades. Según un informe de la Fundación Aqua, en España, la adquisición de agua supone una menor carga para el consumidor que en el resto de países del entorno (favorecida por una gestión municipal). La tendencia parece clara, ya que durante el periodo de crisis (2007-2014) el precio del agua ha aumentado un 35,1%, según la Encuesta sobre el suministro y saneamiento que realiza anualmente el INI.

Con la venta de FCC, Slim también tendrá la gestión de hospitales (servicios no asistenciales) a su cargo. En la Comunidad de Madrid, el Hospital del Sureste (Arganda) y el de Torrejón de Ardoz, dos concesiones por 30 años para una sociedad gestionada por Bankia (Caja Madrid y Bancaja originalmente) y FCC. En Mallorca, el gran pastel de la obra pública balear, el quebradero de cabeza de Jaume Matas y el PP, hoy investigado por el juez Castro: la gestión del hospital de Son Espases, una concesión por 30 años a la UTE de Dragados y FCC por valor de 1.000 millones.

Otro de los ámbitos es el servicio de saneamiento urbano. FCC tiene concesiones por valor de 4.465 millones. Entre ellos, las ciudades de Madrid, Granada, Gandía, Girona, Castellón, Alicante o Málaga. Es una de las G30 del cártel de la basura, que fue multada con 85 millones por participar en el reparto de las concesiones. En el terreno de la comunicación, tendrá bajo su control la gestión del Metro de Málaga. También carreteras como el eje transversal que atraviesa Cataluña de este a oeste (carretera C-25), y complejos como el World Trade Center, la Ciudad de la Justicia de Barcelona, y el terreno de la antigua fábrica de Mahou en Madrid.

El camino de Slim para ser la tercera fortuna del mundo le lleva a la compra de empresas en apuros, pero siempre con una amplia cartera de activos. Sucedió con Telmex, privatizada por el presidente Carlos Salinas en los 90. La compra del monopolio de la telefonía (tiene el 80% de líneas de telefonía fija, y el 70% de móvil) le costó 1.757 millones de dólares (siendo ayudado además con un préstamo del gobierno de México por 426 millones), ahora tiene un valor de 40.000 millones y representa 85 de cada 100 dólares que ingresa el grupo. Una ruta, pues, similar a la que ha utilizado en la compra de Realia, la inmobiliaria que creó Blesa (Caja Madrid) y Koplowitz (FCC) en 2000. Cuando salió a Bolsa en 2007, esta inmobiliaria tenía un valor de 2.191 millones. Tras el rescate de Bankia, el Sareb se hizo con el préstamo que tenía Bankia con la inmobiliaria, 440 millones, traspasándolo después al fondo Fortress (investigado por el Banco de España por blanqueo de capitales). Finalmente, Bankia ha vendido a Slim su participación del 24,9% por 44,5 millones de euros. En el caso de FCC, la primera compra que Slim hizo de acciones de FCC, en 2014, fue a 11 euros la acción. La oferta de OPA, tras las presiones de la CNMV para aumentarla, se situará en 7,6 euros por acción, desembolsando un total de 2.205 millones por el 70% de las acciones. Los activos de FCC llegan a los 15.000 millones.

La liquidación de FCC no se ha hecho a ciegas. Slim y otros fondos que se asoman por un país en rebajas, no llegan con los ojos vendados. Al magnate lo lleva de compras su asesor personal en España y Latinoamérica, Felipe González. Una vez terminadas las compras de FCC, la pareja piensa en las próximas empresas en problemas: apuntan al petróleo, pues ya han comunicado a Rajoy su intención con Repsol, presionan con la privatización de Pemex en México, y si todo sale bien, pronto caerá PDVSA en Venezuela. Pero el dúo no piensa únicamente en negocios. Según Slim: “Felipe González y yo no hablamos de negocios, sino de la nueva sociedad”.