Tras una larga sesión de casi veinte horas, se consumó lo que ya se había dado por hecho: la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue apartada provisionalmente de su cargo. Casi inmediatamente después, el hasta ahora vicepresidente, Michel Temer, tomó el control del país, presentó su nuevo gobierno y trazó las líneas de su actuación política para los al menos seis meses que durará el proceso contra Rousseff. En un día que parece llamado a dejar una huella imborrable en la historia contemporánea de Brasil, los fantasmas del pasado parecían retorcerse: las conquistas portuguesas, los ciclos económicos, las revueltas de esclavos, las represiones de los latifundistas, el “Tiradentes”, la construcción de Brasilia, Maracaná, los presidentes Getulio Vargas y João Goulart, y, de forma clara e indeleble, el golpe militar de 1964.

A las seis de la mañana, un extenuado José Eduardo Cardozo, el más acérrimo defensor de Rousseff, aún trataba en vano de mostrar en el Senado que no había delito, pero el resultado ya estaba determinado. En una votación que sólo precisaba de una mayoría simple, la cámara alta ratificó el impeachment con 55 votos a favor y 22 en contra.

Como si se tratase de una escenificación de la fractura social – una más – que vive el país, los brasileños asistieron en el mismo día a dos declaraciones institucionales de dos presidentes: Dilma Rousseff y Michel Temer, presidenta apartada y presidente provisional, izquierda y derecha, la abanderada de las reformas sociales y el promotor de las privatizaciones, la antigua guerrillera y el militante ultracatólico.

Arropada por miles de seguidores que la alentaban al grito de “Dilma, guerreira da patria brasileira”,  la presidenta Rousseff organizó su discurso en torno a tres aspectos: su legitimidad como presidenta de Brasil gracias a los 54 millones de votos que obtuvo en las últimas elecciones, la injusticia que se está cometiendo al apartarla por una acción –la famosa ‘pedalada’, que a su entender no es ilegal y practicaron todos los gobiernos brasileños elegidos desde 1985– y, por último, que lo que se pretende no es acabar con ella, sino con el programa de avance social con el cual se presentó y ganó las elecciones, y sustituirlo por otro diferente. Con estas tres premisas, concluyó poniendo en su boca lo que está ya desde hace semanas en la de una gran parte de la sociedad brasileña: lo que ha ocurrido en Brasil “es un golpe de Estado”.

Pasadas las cinco de la tarde, el nuevo presidente de la República federativa de Brasil llegó al palacio del Planalto para escenificar el nombramiento de los nuevos ministros --todos hombres, todos blancos-- y presentar a los medios su programa de actuación. Temer se centró en dos aspectos: la unidad del país y la presentación de su posición en relación a la economía. En definitiva, lo que él ha dado en llamar (emulando el lema de la bandera del país) “Orden y progreso”. Y lo dejó claro desde el primer momento con dos frases: “Es urgente pacificar la nación y unificar el país”, y “El pueblo brasileño debe colaborar para sacar al país de estos momentos” –refiriéndose a la fuerte recesión en la que se encuentra la economía brasileña y a las previsibles reformas que habrán de afectar a la población--. Aunque ha optado por no hacer público su programa económico hasta dentro de unos días, Temer ya ha anunciado que todo lo que no pueda sustentar el Estado en este momento va a pasar a manos privadas. Y aunque, contrariamente a lo que se ha venido diciendo, va a mantener los programas de ayudas sociales, que han sacado a más de treinta millones de personas de la pobreza extrema, desde que en 2004 fueran puestos en marcha por el Gobierno de Lula da Silva, existe el temor de que con la privatización de las grandes empresas estatales, la “bolsa familia” y la “bolsa estudio” no sean suficientes para mantener a los millones de personas que configuran las “clases pobres”, ampliando el ya vertiginoso abismo social.

Lo que hay ahora mismo en Brasil es una sociedad dividida y sin posibilidad de diálogo entre los partidarios de las políticas de Temer y los de las políticas de Rousseff, pero más allá de esto está la cuestión de la legitimidad de un acto en el que parecería que las urnas son el instrumento apropiado para destituir a un presidente cuyas políticas son rechazadas. Los defensores de Temer (más bien detractores de Rousseff) consideran que el impeachment es legal, que es una figura que existe en la Constitución brasileña. La argumentación de la presidente apartada es que “un impeachment sin delito de responsabilidad es un golpe”. Cabe preguntar entonces: ¿hubo o no delito de responsabilidad? Tampoco en eso hay un acuerdo. Los juristas discrepan sobre si la ‘pedalada’ es legal o ilegal. Rousseff afirma haber cometido errores, pero no delitos.

El colmo de esta rocambolesca situación es que, mientras Dilma Rousseff, apartada de la presidencia del Gobierno por corrupción, es un caso extraño en la política brasileña por no tener ni haber tenido nunca causas pendientes con la justicia desde los tiempos de su lucha por derrocar la dictadura militar, el presidente que entra a sustituirla está implicado por un confidente en la investigación judicial del caso Lava-Jato, una de las mayores tramas de corrupción de Brasil en las últimas décadas, y por enriquecimiento ilícito. Es más: hasta siete de los nuevos ministros de su gobierno están implicados en casos de corrupción relacionados con enriquecimiento personal haciendo uso de sus cargos.

Lejos de calmar los ánimos, el discurso y la puesta en escena del nuevo presidente hacían retrotraerse estremecedoramente a los años traumáticos en los que las juntas militares latinoamericanas se dirigían a través de los medios a la nación: un plano de conjunto en el que, arropado por sus ministros, anunciaba el nuevo rumbo del país. Y ese nuevo rumbo, no quedó de ello ninguna duda, es el opuesto al que marcaba el programa con el que ganó las elecciones la presidenta Rousseff.

Su lapidaria frase, casi al final del discurso, “lo que queremos es hacer un acto religioso, de religar todo el país”, removió las conciencias de una parte de la población que aún recuerda la dictadura militar. No es militar, pero ¿es golpe? Los partidarios de Temer insisten: “Es legal”. Parafraseando el título del filme del cineasta brasileño Glauber Rocha, Brasil es ahora una Terra em Transe.

* Fe de errores: En una versión anterior se decía que Michel Temer estaba imputado en el caso Lava-Jato. El nuevo presidente de Brasil sólo está implicado por un confidente en la investigación judicial de dicha trama de corrupción.