Toda profesión brinda un servicio social al que la ciudadanía tiene derecho y, por tanto, no puede concebirse sin una ética del bien común. La labor profesional del personal docente, por ejemplo, está directamente vinculada al derecho a la educación del alumnado, la del personal sanitario, al derecho a la salud de la población, y así, sucesivamente. Sería grotesco pensar que los derechos a la educación y a la salud limitan la libertad de los profesionales de la educación o de la sanidad cuando, en realidad, constituyen su razón de ser.

De la misma manera, la razón de ser de la profesión periodística en una sociedad de libertades es la contribución a la formación de una opinión pública libre y plural, fundamentada en el derecho de la ciudadanía a una información veraz y contrastada. Sólo desde el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de unos medios de comunicación libres e independientes puede garantizarse el derecho a la información veraz, principio consagrado en la Constitución española.

La principal amenaza al binomio libertad de expresión-derecho a la información veraz, sobre el que descansa la formación de una ciudadanía crítica, procede de la concentración de la propiedad de los principales medios de comunicación en colosales grupos económicos en los que, junto a los grandes grupos de comunicación que incluyen prensa, radio, televisión e Internet, participan accionistas de todos los sectores económicos, especialmente bancos y fondos de inversión, es decir, el gran capital financiero. También actúa como un poderoso condicionante sobre dicho binomio la dependencia de los medios de comunicación de los ingresos procedentes de la publicidad de las grandes empresas anunciadoras. Así, las élites financieras, representadas en los consejos de administración de las empresas de comunicación dominantes y los grandes anunciantes establecen las líneas rojas de lo que no debe decirse en dichos medios.

Las élites empresariales que controlan y gestionan los medios de comunicación dominantes pueden tener, a veces, intereses dispares, pero coinciden en la común defensa del orden neoliberal, al estar presentes en el puente de mando de la sociedad, ocupado por las grandes empresas de capital privado. De ahí que la comunicación, tal como la conciben estas élites, tenga como función principal, en vez de informar o formar, la de convencer al conjunto de la ciudadanía de que las reglas que rigen del orden neoliberal son las que mejor pueden garantizar el interés público. Para ello, presentan la libertad de movimientos del gran capital privado para la obtención de beneficios como requisito indispensable para el progreso económico-social, y asocian el gasto público-social que financia los servicios y las prestaciones públicas a una pesada carga que impide el crecimiento económico.

De forma paralela a la defensa del orden neoliberal establecido, estas élites empresariales ponen todo su poder mediático en orquestar campañas de hostilidad contra todo aquel que, desde el ámbito social, cultural o político, cuestione dicho orden y denuncie su naturaleza real: la subordinación de la vida social a los intereses del establishment económico y, sobre todo, financiero.

Para la consumación de esta labor los grandes grupos dominantes en el mundo de la comunicación disponen de una extensa nómina de mercenarios mediáticos que invocan el principio sagrado de la libertad de expresión para autoarrogarse la licencia para mentir, difamar, intoxicar e, incluso, ningunear realidades “incómodas”, fruto del sistema que defienden, como el crecimiento de las desigualdades sociales. Sólo hay que asistir a la permanente campaña destructiva en contra de partidos como Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem, Las Mareas, Compromís-Podem, la CUP o el conjunto de agrupaciones municipales de unidad popular para percatarse de que el sinfín de acusaciones y descalificaciones vacías que conforman dicha campaña no tienen otro objeto que el de impedir la puesta en práctica de políticas alternativas al modelo neoliberal que recuperen la soberanía popular y pongan las instituciones públicas al servicio de la ciudadanía.

Este uso y abuso de la comunicación despoja a la ciudadanía del derecho a la información, principal “obstáculo” para que el poder mediático dominante de rienda suelta a “su” libertad de prensa y a “su” libertad de expresión para difundir mensajes más destinados a consumidores pasivos que a ciudadanos críticos. Además, dicho uso supone, en la práctica, una nueva forma de censura, que ya no se define por la prohibición política del acceso a la información, sino por el ocultamiento, bajo una gruesa capa de saturación informativa, de lo que haría falta saber para la formación de una toma de conciencia crítica. Esta censura atenta contra la libertad que, paradójicamente, el propio neoliberalismo ensalza como el pilar fundamental de la civilización occidental.

Vivimos tiempos de cambio. No hay derecho a que una minoría dominante empañe la noble labor del periodismo. Pero así está el patio y ésto nos invita a preguntarnos sobre los medios de comunicación que queremos.

Nota: me he referido sólo a los medios privados. La manipulación política de los medios públicos está en manos de auténticas delegaciones políticas del establishment neoliberal.

Javier Segura es historiador.