1. Introducción.

Durante las últimas semanas me he pronunciado en contra del Brexit. Esto, por supuesto, no significa que esté de acuerdo con la política económica europea. La política económica europea no tiene remedio. Nunca antes tantos han estado tan categóricamente equivocados en todo. La cuestión fundamental es descubrir el modo de cambiar los mecanismos europeos de gestión económica. El poder económico compra el poder político: Alemania domina la UE tanto económica como políticamente. Alemania es la responsable de los grandes desequilibrios dentro de la zona euro. ¿Cómo se traduce el poder económico de Alemania en poder político? Y si no se producen cambios en Alemania, ¿el resto de países pueden hacer algo para remediarlo? ¿Merece el Lexit nuestra aprobación? Primero vamos a echarle un vistazo a la gestión europea de los asuntos económicos. Analizaré la estrategia en la parte 2.

2. El plan general de la UE: un ajuste a la baja de los salarios.

A lo largo del tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa, en conformidad con el Parlamento, han creado una página web de normas de la UE sobre “la gestión de los asuntos económicos”. Estas normas tienen el objetivo de consolidar la austeridad en la zona euro. El ejemplo más reciente es la ley El Khomri en Francia. Aunque el Gobierno francés es oficialmente el responsable de esta enormemente regresiva ley, es evidente que los ataques a los derechos laborales vienen impulsados por la UE. Según Kenneth Haar, Francia se ha convertido en un caso que sienta precedente: las normas sobre el déficit han de ser respetadas, literalmente a cualquier precio –aunque, eso sí, acumular superávits no supone un problema (véase más abajo)–. Francia tiene que aumentar su competitividad reduciendo los salarios y destruyendo sus sistema de protección social. Maastricht estipula que los déficits no pueden superar el 3% del PIB. Si la UE hace un seguimiento de sus propios mecanismos, el “procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo” puede traducirse, a largo plazo, en una multa de miles de millones de euros –hasta un 0,5% del PIB (véase aquí)–.

Grecia es, por supuesto, el ejemplo más surrealista y flagrante. La Troika realmente se adueñó del país (véase aquí). Desde el 5 de julio de 2015 –el día del referéndum griego– han desaparecido 15.409 negocios –la mayoría muy pequeños, en su mayor parte empresas propiedad de una sola persona–, fundamentales para el tejido social de la sociedad griega. Desde julio de 2015, se han destruido 842.670 empleos (véase aquí). Sencillamente se trata de un colapso económico absoluto. El consumo se ha reducido en todos los sectores, incluso en la venta de alimentos al por menor. La gente se limita a lo estrictamente necesario. Sin embargo, la Troika no cede. De una forma escandalosa, exige a Grecia que recaude 100.000 millones de euros en 2020 “para asegurarse un crecimiento sostenible que sacará al país de la crisis”. No hay excusa para tamaña estupidez e inhumanidad, independientemente de los errores cometidos por los gobiernos griegos en el pasado. Esto no es lo que quiere Europa. Es, empleando un concepto de Chernomas y Hudson, un asesinato social, lisa y llanamente.

3. La estupidez de Maastricht.

El Tratado de Maastricht de 1992 creó las bases del euro. Las normas de Maastricht especifican objetivos máximos y mínimos para el equilibrio presupuestario, la inflación y la deuda públicas. A los gobiernos se les exige que el déficit en el sector público no supere el tres por ciento del PIB. El tratado no especifica un límite más alto, lo cual implica que el superávit nunca será demasiado alto. Esto es totalmente irracional: cualquier superávit siempre será el déficit de otro. Si algunos países (o uno en particular: Alemania) acumula enormes superávits, los déficits del resto superarán la norma del 3%. Cuando esto ocurre, lo único que se puede hacer es aplicar programas de austeridad. Estas reformas, a su vez, contienen el crecimiento y acaban aumentando el déficit presupuestario. No ha habido excepción alguna a esto. Una mayor austeridad acaba traduciéndose en un crecimiento mucho menor y en un aumento del déficit presupuestario. Esto ha ocurrido en el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y en todas partes. Flassbeck ha demostrado en sus análisis cíclicos que, de entre todos los países del Norte, los Países Bajos y Finlandia -los otros dos grandes campeones de la austeridad- van peor que el resto de países (véase un ejemplo aquí). No se trata de una coincidencia, es una cuestión de causa y efecto.

Si algunos países (en particular Alemania) acumula enormes superávits, los déficits del resto superarán la norma del 3%

En Maastricht no hay nada sobre intervenciones gubernamentales contracíclicas. Por el contrario, la normativa en materia de deuda que recoge el Tratado de Maastricht hace que las políticas de estímulo fiscal sean prácticamente imposibles. Otro aspecto, aunque por supuesto relacionado con este, es el relativo a los desequilibrios comerciales dentro de la UE. En 2010, el superávit alemán en cuenta corriente era del 5,5% del PIB, que ahora ha alcanzado el 8,3%. Unos superávits constantes en cuenta corriente de tal magnitud son mercantilismo de facto. El sistema no puede funcionar sin sanciones a países que excedan unas pautas de superávit (véase aquí).

Esto es precisamente lo que Keynes propuso en Bretton Woods en 1944. Keynes defendía la creación de un banco global, el International Clearing Union (ICU). Todos los países capitalistas pasarían a formar parte de esta nueva institución. Si un país acumulaba superávits por encima de determinado umbral, el ICU automáticamente revalorizaría la moneda del país en cuestión o pondría a disposición de los países deudores préstamos baratos para que invirtieran en sus infraestructuras productivas o, si fuera necesario, adoptaría otras medidas en ese terreno. Si la UE hubiera erigido un organismo como el ICU, el problema de la moderación salarial alemana ahora no existiría.

Se pueden hacer críticas más esenciales a Maastricht. John Weeks sostiene que el Tratado de Maastricht ha especificado una medida de política fiscal técnicamente errónea que incluye un componente que no se puede ajustar. Maastricht redujo el pago de intereses a un impago de deuda en vez de trabajar con déficits primarios, la medida apropiada para una gestión fiscal sólida, que excluye el pago de intereses sobre la deuda pública (véase aquí). El objetivo de inflación del 2% también es un problema. Tal y como explica Weeks, los beneficios de una economía capitalista proceden de su dinamismo, de la continua reasignación de recursos en respuesta a un cambio técnico y a modificaciones de las preferencias de los consumidores. Estas asignaciones se producen a través del ajuste de precios. El objetivo de inflación del 2% en la práctica es deflacionista, ya que se alcanza mediante la supresión del ajuste de precios que es esencial para el crecimiento económico. Pero el error garrafal más obvio de todos en Maastricht es la regla por la que la deuda pública no debería exceder el 60% del PIB (véase aquí). ¿De dónde procede esta figura absurda? No hay base científica para esta figura o cualquier otra similar (como la de Reinhart y Rogoff, que llegó después). La base teórica de la austeridad ha estado equivocada desde el primer día.

El error garrafal más obvio de todos en Maastricht es la regla por la que la deuda pública no debería exceder el 60% del PIB 

4. La gestión de los asuntos económicos endurecida con el tiempo.

Con el tiempo, las normas de gestión de los asuntos económicos se han hecho más severas. El “procedimiento del déficit excesivo‘’ se reforzó con el denominado “paquete de seis medidas” de 2011, es decir, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE. El paquete de seis medidas introdujo, entre otras cosas, una mayoría inversa en el Consejo: si la Comisión decide multar a un estado miembro, tiene que haber una mayoría cualificada de los otros estados miembros en contra para impedirlo (véase aquí).

Este no es el único ejemplo del endurecimiento de las normas por parte de la UE. En 2013, a Francia –un país que, como a menudo ha señalado Flassbeck, no hacía nada mal, cumplía con la regla de oro salarial, ni por encima ni por debajo de esta, (véase, por ejemplo, aquí)– se le pidió que cumpliera los objetivos de déficit “mediante reformas estructurales globales” de acuerdo con las recomendaciones del Consejo en el contexto del semestre europeo: una mayor liberalización de los mercados, especialmente de los mercados laborales. Ese mismo año, las recomendaciones del semestre europeo adquirieron carácter vinculante. Los países tenían que implementar los paquetes de medidas relativos a la gestión de los asuntos económicos. Si un estado miembro se encuentra sometido a un procedimiento de déficit, tiene la obligación de aceptar un “Programa de Asociación Económica” que incluye reformas estructurales. Si la implementación del programa no es satisfactoria, la Comisión tiene poder para aplicar sanciones por valor de miles de millones de euros (véase aquí y aquí una estimación reciente de la OCDE de posibles sanciones).

Tal y como prosigue Haar, el semestre europeo no es la única vía por la que la UE está haciendo bajar los salarios (véase aquí). El Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos (PDM), que se puso en práctica poco después de que estallara la crisis del euro, permite a la Comisión controlar el desarrollo económico de los estados miembros. El indicador clave es la evolución de los costes laborales unitarios. Si los salarios no se ajustan a la baja, la Comisión tiene el poder de aplicar multas. La Comisión advirtió a Francia de que, aunque “el crecimiento del coste laboral unitario está relativamente contenido, (Francia) no muestra mejorías en la competitividad de los costes. La rentabilidad de las empresas privadas se mantiene baja, lo cual limita las previsiones de reducción del endeudamiento y la capacidad de inversión” (véase aquí). Por supuesto, la asociación francesa de trabajadores está entusiasmada con las reformas. Es igual en todas partes. Los mayores defensores del modelo son exactamente los mismos que lo están destrozando. 

El paquete de seis medidas no modificó la asimetría de Maastricht: los déficits no pueden excederse, pero los superávits no suponen un problema. Las normas fiscales, que son técnicamente defectuosas, dan lugar a una mala gestión macroeconómica. El paquete de seis medidas añade otra norma absurda a la gestión europea de los asuntos económicos: un límite inferior de un déficit estructural del 0,5% del PIB (1,0% del PIB para los estados miembros con un nivel de endeudamiento que se halle significativamente por debajo del 60% del PIB). Como escribe Weeks, el concepto clave de “déficit estructural” es un disparate teórico. Ignora todos los efectos cíclicos y define la capacidad normal como el nivel de productividad en el que la tasa de desempleo implica inflación estable. Weeks comentaba que “Los burócratas de la CE muestran su ideología al basarse en la inflación y no en la productividad o el desempleo para medir la salud económica” (véase aquí). Así ha sucedido desde que la UE, o anteriormente la CE, existe: la lucha contra el desempleo nunca ha sido una prioridad.

La norma también es un disparate ideológico porque aplica un análisis estático a un proceso dinámico. Por ejemplo, si una economía opera por debajo de la capacidad normal con, digamos, un déficit fiscal del 2,5%, mientras que, si estuviera en su capacidad normal y el déficit fiscal fuera, digamos, del 1,5%, el gobierno de este país tiene que tomar medidas para reducir el gasto como si la economía estuviera al máximo de su capacidad, y el déficit hipotético fuera del 0,5%. John Weeks escribe: “Este cálculo del “¿y si…?” de los estadísticos está siendo empleado por la burocracia antidemocrática para obligar a los gobiernos electos a implementar políticas económicas contractivas. (…) Para lograr que la norma sea kafkiana, después de que la burocracia de la CE (Comisión) ha calculado que un gobierno no va a alcanzar el hipotético objetivo, va a exigir políticas contractivas que garanticen que el objetivo no se alcance. El problema es imaginario y la solución contradictoria’’ (véase aquí).

Y si se produce un comportamiento fiscal “que se aparta de la norma”, un mecanismo de corrección debería garantizar una respuesta automática. Aunque parezca increíble, el cumplimiento de las normas deberá ser supervisado por instituciones “independientes”, que son instituciones que trabajan para la Comisión Europea.

Tal y como Jean-Luc Mélenchon preguntó en el Parlamento Europeo la semana pasada: ¿quién quiere vivir en una zona que se está gobernando tan mal y de una forma tan poco democrática? Evidentemente, esta situación no puede continuar. La gran pregunta es qué hace falta que ocurra. ¿Los progresistas tienen que apoyar un Lexit o es la idea subyacente al Lexit parte del problema? Trataré de responder a estas cuestiones en la parte 2.

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Este artículo fue publicado originalmente en la web Flassbeck Economics International. 

Will Denayer es doctor por la Universidad de Leiden, Holanda, y ha sido investigador en las universidades de Lovaina, Gante y en el Trinity College de Dublín. Es escritor e investigador freelance en temas de política, teoría económica, cambio climático y desigualdad.