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El I+D+I se encuentra cada vez más apagado y con menos cobertura en España. Los Presupuestos Generales del Estado que el PP sacará adelante en unas semanas con el apoyo de C’s, PNV, CC y NC, incluyen una pista, menos sibilina que definitoria, sobre un aspecto clave del modelo económico que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende aplicar en España. O, al menos, acerca de una de las facetas por las que parece no apostar: al recorte de 900 millones de euros en I+D+I aplicado en su primera legislatura se le suma otro del 2,6%  en sus primeras cuentas de la segunda lo que deja en 2.604 un capítulo de operaciones no financieras cuya ejecución, según revela el informe de CCOO PGE 2017 de I+D+I: vuelven los recortes, apenas superó el 50% en 2015 para no pasar del 30% en 2016. 

Esos recortes “confirman la condena, no solo a la investigación, sino a todo el país a convertirse en [un espacio de] ‘sol y multinacionales’, un modelo muy alejado de la sociedad del conocimiento que ya ha desaparecido del discurso oficial”, señala una de las conclusiones de PGE 2017 de I+D+I: vuelven los recortes. Los datos del informe revelan cómo la Administración está estrangulando con especial dureza la investigación en algunos de los sectores productivos de mayor potencial del país, como el agroalimentario o el energético y, también, en de los transportes y la logística.

Los presupuestos de I+D+I, cuya distribución varía con cada reestructuración del Gobierno, se concentran ahora en cuatro ministerios: en Economía, que en diciembre absorbió Industria; en Energía, que incluye las competencias de Agenda Digital, en Educación y en Defensa, todos los cuales han visto bajar notablemente los recursos en los últimos años. 

Los PGE prevén un recorte del 2,6% en I+D+I al que hay que sumar los 900 millones que ya se eliminaron durante la primera legislatura de Rajoy

Según los datos recogidos por el sindicato, el último ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero les aplicó un recorte del 11,2%, al pasar de los 9.661 millones de importe conjunto de 2009 (operaciones financieras y no financieras) a los 8.585 de 2011. Su relevo por el de Mariano Rajoy resultó demoledor para esta partida, que en solo seis años cayó un 24,5% al quedar en 6.490, con esos 2.604 como principal reservorio para el sector público.

El hachazo conjunto desde el inicio de la crisis alcanza una dimensión del 33% y una cuantía de 3.171 millones que ha tenido como principales consecuencias la reducción a casi la mitad de las partidas de transferencias de capital, que cayeron de 2.192 a 1.212 millones, y de inversiones, cuyo desplome (de 701 a 303) sí superó el umbral del 50%. Ambos retrocesos, en cualquier caso, se ven cuantitativamente superados por el de los activos financieros: los créditos comerciales y las inversiones en empresas cayeron de 5.486 a 3.885 millones en ese mismo periodo. Eso, sobre el papel, ya que, en realidad, la mitad de esas consignaciones no llegan a ser adjudicadas, según las estimaciones de la Intervención General del Estado.

En ese mismo periodo, los recortes en personal alcanzaron los 90 millones de euros (de 674 a 584), con la consiguiente reducción de puestos en las plantillas de investigadores, mientras las transferencias corrientes (subvenciones) pasaron de 286 a 257.

Regresar a niveles de los años 80

Esas cifras suponen que el presupuesto global de I+D+I ha bajado del 0,92% de 2009 al 0,56% en 2017, lo que “nos devuelve al año 2000”, sostiene el sindicato, mientras que el gasto real ha caído del 0,44% al 0,22%: “Hay que retroceder a 1984 para encontrar números similares”, añade el informe. “La ciencia española muere con cada joven que se va, con cada empresa innovadora que cierra”, señala el documento, que pronostica que, aunque esos recortes se revirtieran, “el tiempo y el esfuerzo invertidos por una generación de científicos que soñó con una ciencia pujante en un país diferente solo podrán recuperarse en otra generación”.

En algunas materias quizá, incluso, llegue a ser necesario más tiempo: las partidas dedicadas a la investigación educativa quedaron reducidas a cero en 2013, después de que los tres últimos presupuestos de Zapatero le asignaran algo más de 38 millones y los primeros de Rajoy, 5,6; las de transportes e infraestructuras pasaron en esos ocho años de 107 en 2009 a menos de uno a partir de 2012 y, por último, las relacionadas con el medio ambiente y actividades productivas agrarias, pesqueras, mineras y de generación de energía cayeron de 358,46 a 224,49 en ese mismo periodo. Esas cifras revelan que el hachazo se concentra en la educación y en algunos de los sectores productivos en los que España presenta mayores potenciales: logística, agricultura y energía.

Por último, y mientras la dotación para investigar e innovar en el campo militar padecía un ajuste del 70% al caer de 1.548 a 461, la sanitaria pasaba de 423 a 269 y la científica se reducía de 975 a 704, la consignación para actuaciones de I+D+I de carácter técnico e industrial sufría unos recortes menos duros que el resto de los campos, ya que se quedaron en el 7% (de 4.854 millones a 4.156).

 El presupuesto global de I+D+I ha bajado del 0,92% de 2009 al 0,56% en 2017, lo que “nos devuelve al año 2000

La gestión de esta última partida, que son tres programas, en realidad, incluye una notable asignación de recursos para la empresa privada: hasta 1.212 millones de euros a través del Fondo ICTD (Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico), 480 mediante la llamada Red Cervera de centros de investigación y 138 más para el sector aeronáutico, en una tendencia que también se da en otros programas como los de Sociedad de Ia Información, en el que las transferencias previstas alcanzan los 67,6, y de Agenda Digital, que llegan a 414,7.

El predominio del sector empresarial

“La evolución de estas políticas confirma en todo caso el peso predominante de la inversión destinada al sector empresarial”, a la que se suman elevadas cifras del capítulo de activos financieros, el grueso de cuyos 3.885 millones “está básicamente destinado a créditos reembolsables a largo plazo al sector empresarial y aportaciones patrimoniales al sector público”, y, también, “importantes transferencias de capital” desde los programas del Ministerio de Energía y los dedicados al fomento y la coordinación de la investigación científica, concluye el informe de CC.OO. 

El Estado lleva casi dos décadas consignando más dinero para financiar actuaciones de I+D+I en el sector privado que en el público

En realidad, según revelan los datos que recoge el sindicato en su informe, el Estado lleva casi dos décadas, concretamente desde 1999, consignando más dinero para financiar actuaciones de I+D+I en el sector privado que en el público. El Gobierno había decidido crear cuatro años antes el llamado Capítulo 8, en el que incluyó los fondos destinados a activos financieros, como “artificio contable para pagar gastos de armamento sin imputar[los] en el déficit” y que, con el tiempo, ha acabado destinando el 80% de sus recursos a la empresa privada. 

Este año, ese Capítulo 8 supone, con 3.885 millones frente a los 2.604 de “gasto real”, que también incluye fondos para iniciativas no públicas, casi dos terceras partes (el 59,8%) de todo el presupuesto de Investigación, Desarrollo e Innovación. Lo cierto es que, si se agrupan los datos por presidentes del gobierno, y bonanzas y crisis al margen, lo cierto es que el peso de ese programa ha ido aumentando dentro del bloque de I+D+I.

Así, y tras el 5% fundacional de Felipe González (125 millones de 2.458) en 1995 y 1996, los dos primeros años de vigencia del capítulo, este alcanzó el 51,67% en los seis últimos años de José María Aznar (11.046 millones de 21.374) tras haber crecido al 28,8% en los dos primeros (949 de 3.285), en los que quintuplicó con creces la relación que se daba con su antecesor. La proporción escaló al 57,14% en los siete presupuestos de Rodríguez Zapatero (32.247 de 56.434) y ha seguido creciendo hasta el 60,38% (22.764 de 37.696) en los seis de Mariano Rajoy.

Un sector privado que no invierte

El informe de CC.OO., que destaca la escasa ejecución que el programa ha tenido en los últimos años en función de qué ministerio gestionara su grueso (entre el 30% y el 50% desde el inicio de la crisis), apunta por otro lado la escasa implicación de la empresa privada española en la inversión en I+D+I. “La diversidad de recursos empleados y de recursos invertidos sigue sin movilizar al sistema empresarial”, que “sigue reduciendo su participación en los gastos nacionales de I+D de forma constante y continua desde el mismo inicio de la crisis, con una caída del 16% entre 2008 y 2014”, señala el documento.

El informe de CC.OO. destaca la escasa implicación de la empresa privada española en la inversión de I+D+I

Así, tras cruzar los datos de previsión y ejecución presupuestaria con los del comportamiento de las empresas que recopila el INE (Instituto Nacional de Estadística), los autores del informe llegan a la conclusión de que el aumento del gasto empresarial en I+D en los últimos veinte años “está ligado al aumento de ayudas públicas” que no han logrado activar el propósito de movilizar un euro privado por cada otro que movieran las administraciones. Al contrario, señala, “se ha producido una sustitución de inversiones por ayudas públicas, neutralizando el objetivo de esas ayudas”, ya que “la inversión empresarial no solo no crece sino que disminuye en términos absolutos a partir de 2000, cuando se intensifica el uso del capítulo 8”.

Mientras tanto, el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) perdía 1.733 investigadores en los últimos seis años. El comportamiento es muy distinto en el campo militar, cuyas empresas, en la práctica, reciben a través de las partidas de I+D+I financiación para fabricar el armamento que luego venden al Ministerio de Defensa. “La suma de esos créditos en el periodo 1996-2016 alcanzaba los 26.642 millones de euros, y ha generado compromisos de compra de material por más de 26.000 hasta 2025”, indica el estudio, que pronostica que ese sistema provocará un agujero de 14.500 millones en las cuentas del Estado.