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"Va a llegar un momento en que esto afectará a los residentes, a la población local, en muchos sentidos ya hemos llegado a ese punto, la salud pública y la protección están siendo destruidas".

Funcionario de salud ambiental de Merseyside.

Regulando mejor 

En 2004, el canciller Gordon Brown encargó a Sir Philip Hampton la supervisión de los 63 cuerpos reguladores más importantes y 468 autoridades locales. El informe resultante representó un hito en la historia de la regulación empresarial en Gran Bretaña, pues acuñaba un concepto formal de “mejor regulación” que imponía el abandono político de la aplicación de la ley formal. 

Los efectos de esa iniciativa han sido asombrosos. Entre 2003/04 y 2014/15:

-Las inspecciones sobre higiene y estándares alimentarios cayeron un 15% y 35%, respectivamente, mientras los procesos sancionadores se redujeron otro 35%.

-En lo referente a seguridad y salud laboral, las inspecciones llevadas a cabo por la autoridad reguladora (Health and Safety Executive) y la plantilla de inspectores locales de salud y de seguridad se redujo un 69%. Los procesos cayeron un 35% a nivel nacional y un 60% en las jurisdicciones locales.

-Las visitas realizadas por inspectores locales de salud ambiental encargados de hacer cumplir la ley de control de la contaminación se redujeron un 55%. Sus expedientes cayeron un 30%.

Asombrosamente, todo apunta en la misma dirección: la cifra de expedientes incoados en estas tres áreas cae estrepitosamente, dejando bien claro cuáles son los efectos de esa “mejor legislación” –que también son, a su vez, resultado de las políticas de austeridad–.

La mejor regulación y el estado local

Para evaluar las consecuencias sobre el terreno de esta combinación entre políticas de “mejor regulación” y medidas de austeridad, entrevisté a 35 inspectores locales de primera línea en 5 áreas diferentes de la autoridad local de Merseyside (Knowsley, Liverpool, Wirral, St Helens y Sefton) entre 2014 y 2015. Así pude estudiar cuál era su margen de intervención en materia de seguridad alimentaria, control medioambiental o seguridad y salud laboral.

En el contexto de la regulación y la aplicación de la legislación mercantil, las autoridades locales son un campo de análisis especialmente apropiado. En las tres esferas mencionadas de protección social, el grueso de la ejecución de las normas tiene lugar a nivel local, pero ese es también el ámbito que más ha reducido su financiación. Desde 2009/10, el gobierno local de Westminster no ha parado de recortar fondos. De hecho, de entre todos los recortes a los ministerios entre 2010-16, el Departamento de Comunidades y Gobierno Local ha sufrido el mayor impacto. Más aún, el resultado de los análisis de la distribución y el impacto de estos recortes es abrumador: las zonas más pobres son las más perjudicadas. Como muestra un cálculo de 2014, “los ayuntamientos de las 10 áreas más pobres de Inglaterra –medidas según el índice múltiple de privación– pierden 782 libras en promedio por hogar, mientras las autoridades de las zonas más ricas pierden solo 48. El consejo de distrito de Hart (Hampshire), que es el menos necesitado, pierde 28 libras por hogar, mientras que el Distrito B de Liverpool, la zona más deprimida, pierde 807”.

La conclusión más clara de esas entrevistas en cinco jurisdicciones locales fue que todas sufrieron reducciones significativas en la dotación de personal, especialmente durante la última fase del período estudiado. El número de inspectores de primera línea cayó significativamente entre abril de 2010 y abril de 2015 en todas las zonas. La reducción total en las tres funciones superaba el 52% –de 90,65 a 47,78 puestos a tiempo completo–. Los recortes afectaron a todas las funciones y departamentos, empezando por los inspectores de salud y seguridad. De hecho, en 2015 ya no había inspectores de seguridad y salud en dos de esas áreas (Liverpool y Sefton) y ni un solo inspector para el control de la contaminación en Knowsley.

Los inspectores tienen muy claro qué significan estos recortes de personal. Uno de ellos me respondió: “Va a llegar un momento en que esto afectará a los residentes, a la población local, en muchos sentidos ya hemos llegado a ese punto, la salud pública y la protección están siendo destruidas”. Casi con las mismas palabras, otro inspector decía: “Hemos llegado a un punto en el que ya no queda carne, esto está empezando a ser peligroso, un peligro para la salud pública”.

los inspectores denunciaban obstáculos cada vez mayores a la realización de su trabajo: falta de tiempo y personal, miedo a perder los casos, falta de apoyo por parte de los departamentos de servicios jurídicos y un creciente riesgo político

Con menos personal, no es sorprendente que los inspectores entrevistados insistieran en la disminución a largo plazo de inspecciones, medios formales de ejecución y procesos judiciales. Una y otra vez, los inspectores denunciaban obstáculos cada vez mayores a la realización de su trabajo: falta de tiempo y personal, miedo a perder los casos, falta de apoyo por parte de los departamentos de servicios jurídicos y un creciente riesgo político (por críticas u obstáculos internos) de los procesos. Sus respuestas describen un marco político de ejecución legal que amenaza a la idea de regulación e ilustran cómo los discursos y las políticas impuestas a nivel nacional se traducen en barreras a su eficacia en el ámbito local.

Aunque todas las autoridades locales habían sufrido reducciones de personal, esto no significa solo una pérdida global de recursos sino también la reducción de un tipo concreto: conocimientos y experiencia. Los despidos no significan solo que el personal no será reemplazado, sino también una pérdida de conocimientos especializados ante las presiones generalistas de los reguladores. Como afirmaba otro inspector, “el personal con experiencia ha sido despedido, y eso nos ha hecho perder efectivos y conocimientos”. De hecho, el cambio de los reguladores de especialistas a generalistas fue uno de los temas recurrentes en las entrevistas. Muchos entrevistados en todas las zonas lo repetían: “la gente ha tenido que hacerse generalista”; “la mayoría se limita a celebrar que, por lo menos, aún tiene trabajo”.

¿El fin de la protección social?

Tomadas en conjunto, las tendencias recién expuestas pueden marcar el principio del fin del compromiso del Estado con la provisión de protección social. Lo que comenzó como un giro político neoliberal para “legislar mejor” ha puesto el “turbo” en la fase de austeridad: el estado afirma ahora que no puede permitirse hacer cumplir la ley y que la recuperación debe dejarse en manos de las empresas. La consiguiente institucionalización del incumplimiento de la ley anuncia al mercado que su violencia rutinaria, sistemática y generalizada será tolerada, permitiendo a las empresas privadas externalizar costes en perjuicio de los trabajadores, los consumidores, las comunidades y el medio ambiente. También reduce la calidad y la esperanza de vida de quienes no pueden elegir dónde vivir, cómo ganarse la vida o dónde comprar sus alimentos. Y eso añade otra dimensión a nuestra comprensión de la violencia multidimensional impuesta por la austeridad, por escasa o nula que sea la atención política dedicada a esta historia. En resumen: asistimos a la transformación de un sistema de regulación (un sistema de protección social) que ha existido en el Reino Unido desde la década de 1830. Pese a su marco político, esta no es una historia sobre normas, reglamentos, burocracias o exigencias de austeridad. Esta es una historia sobre la desigualdad social y la violencia evitable, generadas por el mercado y facilitadas por el estado. Dicho con otras palabras: es la historia de un asesinato social.

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Traducción de Daniel Jiménez Franco. 

Steve Tombs participa en el libro The Violence of Austerity (Vickie Cooper & David Whyte eds., Pluto Press, 2017) con un capítulo más extenso sobre la abolición de la protección social.

Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Criminología de la Open University.