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Los Ángeles no es Zaragoza. Ni viceversa. Está claro como el agua, origen de una de las diferencias entre las dos ciudades. La empresa que gestiona las alcantarillas de la urbe californiana sirvió a Roman Polanski para hilvanar el hilo argumental de Chinatown, la trama de crímenes, especulación urbanística y corrupción con la que reinventó el cine negro en 1974. Ese planteamiento narrativo habría resultado inverosímil en la capital aragonesa por varios motivos. Entre otros, que Zaragoza carece de un barrio chino donde detectives y sospechosos pudieran coincidir, y que nunca trabajó en ella un policía apellidado Gittes.

Policías y fiscales siempre sospecharon, como buena parte del vecindario, que la construcción de la depuradora de La Cartuja de Zaragoza, a principios de los años 90, incluyó movimientos de dinero al margen de la contabilidad oficial

No obstante, la turbulenta gestión de las cloacas de la capital aragonesa, siempre con el vecino como pagano, daría para una narración de cualquier género, negro y astracán incluidos. Sin embargo, el grueso de la literatura que ha generado se concentra en tres estilos con escaso margen para la ficción: el periodístico, el administrativo y el judicial. No será por dinero: el que se han gastado y el que se van a gastar los zaragozanos en depuradoras da para financiar 150 películas como Chinatown.

Policías y fiscales siempre sospecharon, como buena parte del vecindario, que la construcción de la depuradora de La Cartuja de Zaragoza, a principios de los años 90, incluyó movimientos de dinero al margen de la contabilidad oficial. En realidad, esa sensación era bastante habitual ante las suculentas contratas, y en la capital aragonesa se movieron más de 30.000 millones de pesetas en cemento en apenas un lustro, para un ciudadano de la época: la primera era del pelotazo y la corrupción de la renombrada joven democracia española, cuando la primera mitad del bipartidismo se gripó en manos de Felipe González. Sin embargo, la versión zaragozana de esos presuntos trasiegos, al margen de las leyendas sobre maletines, nunca llegó a ser demostrada. Jamás se halló un rastro que condujera a esas presuntas mordidas pese a los esfuerzos de los investigadores.

Una de las pesquisas se centró en la fortuna de Agustina Masero, amiga de Antonio González Triviño, un exconcejal de UCD que sería alcalde de Zaragoza por el PSOE entre 1986, tras la muerte de Ramón Sáinz de Varanda, y 1995, cuando, derrotado por el PP de Luisa Fernanda Rudi, dejó la ciudad para centrarse en su escaño de eurodiputado.

En los últimos años de esa etapa, Agustina, propietaria de una céntrica tienda de modas tras haber dejado su negocio de peluquería, amasó un patrimonio de alrededor de 200 millones de pesetas (más de 130, en propiedades inmobiliarias en la capital aragonesa y Barcelona escriturados entre finales de 1991 y 1993), que ella siempre atribuyó a la acertada gestión de un premio de 50 millones de la ONCE que supuestamente había cobrado en 1988 pero del que Hacienda no halló el rastro.

Nunca le cuadró esa versión a la Fiscalía, que logró la condena de la comerciante --con la que Triviño siempre negó haber tenido relaciones mercantiles o comerciales pese a admitir las personales-- por un delito de fraude tributario cuya sentencia no aclara de donde salió la pasta. “Fue un asunto de enriquecimiento ilícito, pero nunca jamás se relacionó formalmente con la depuradora”, recuerda uno de los periodistas que investigaron el caso.

Vino caro, marisco y una catedral que se cae

Cuando los tribunales se pronunciaron sobre la fortuna de su amiga, el exalcalde, habituado al estruendo mediático que generaba la gestión que él y su equipo desarrollaban (cuando no era el descorche de caras botellas de Vega Sicilia en reuniones con empresarios era la abundancia de marisco en algún menú o la dificultad para conocer el coste de algunas obras), estaba en pleno proceso de alejamiento de la política local. Tanto se separó, que, antes de retirarse en Barcelona, acabó domiciliándose como eurodiputado en Tenerife. El cambio le suponía ingresar unos 30 millones de pesetas al año en dietas, aunque él siempre sostuvo que su objetivo no era económico. 

El gobierno municipal metió 3.500 millones de pesetas en la remodelación de dos plazas, la del Pilar y la de La Seo, cuando las autoridades eclesiásticas ya habían registrado a su nombre la propiedad de las catedrales

González Triviño fue, con el hombre de la bufanda blanca, Luis García Nieto, su concejal de Urbanismo, un alcalde de grandes y costosas obras: entre otras, la remodelación de las plazas del Pilar y de La Seo (la catedral tuvo que ser cimentada de urgencia porque se venía abajo), el pabellón Príncipe Felipe, el auditorio municipal y la depuradora de la Cartuja, emblemáticas las dos últimas, al mismo tiempo, del avance de la ciudad hacia la modernidad y del aparente descontrol en la gestión de los fondos públicos.

El equipo de gobierno municipal podría haber salido de aquellas operaciones urbanísticas como candidato colectivo a la santidad: metió 3.500 millones de pesetas en la remodelación de dos plazas, la del Pilar y la de La Seo, dos de los espacios centrales de la ciudad, cuando las autoridades eclesiásticas ya habían registrado a su nombre la propiedad de las catedrales, aunque eso no se supo hasta entrado 2015. Visto ese dato, las obras vendrían a ser los albores de lo que hoy se denomina colaboración público-privada, aunque nadie se percató entonces. O, al menos, no lo dijo.

Cuando se conocieron las inmatriculaciones, hacía más de un lustro que González Triviño había sido condecorado, aunque por lo civil, en la propia plaza del Pilar: recibió la medalla de oro de la ciudad de manos de Juan Alberto Belloch, el otro alcalde del mismo PSOE de las otras grandes obras de la ciudad, como la Expo 2008, el grueso de cuyos edificios siguen sin tener uso, y la recuperación de las riberas, una serie de proyectos que, pese al apoyo financiero del Estado, generaron un endeudamiento de 303 millones de euros en créditos que acaban de vencer en 2038, aunque más de 50 ya han sido amortizados. 

Los zaragozanos comenzaron, tras la Expo dedicada al agua, a disfrutar del río, que llegó a ser represado para crear una lámina embalsada a su paso por la ciudad; la cosa salió regular, aunque eso pertenece a otra historia.

Los talones de Terrassa

Volvamos al Chinatown bipartidista. La segunda investigación judicial, que terminó archivada, estaba relacionada con las obras de la depuradora, cuyo adjudicatario fue el grupo francés OTV-Generale des Eaux (OTV-GE), que había pagado, presuntamente, facturas falsas por valor de 300 millones de pesetas emitidas por una pequeña empresa de Terrassa cuyos responsables aseguraron no saber nada del negocio. Solo llegó a conocerse el destino de uno de esos cheques (de 30 millones), cobrados semanas antes de la concesión de las obras de la estación de depuración en una sucursal barcelonesa de la Banca Jover.

El talón en cuestión fue ingresado por Estudis i Assesoraments, propiedad de Didac Fábregas, un exdiputado del PSC y exalto cargo del PSOE contratado por el ayuntamiento zaragozano en 1988 para los trabajos previos al concurso y que tuvo vínculos societarios con los franceses de OTV. El resto fueron cobrados al portador, invertidos y materializados dos años después, entre 1991 y 1992, cuando todavía faltaban otros dos años para que Hacienda y la Fiscalía olieran, en 1994, el primer rastro de esas operaciones. 

Aparentemente, iba a tratarse de uno de los primeros ensayos del modelo alemán de peaje en la sombra (quien construye explota con una concesión rescatable) que poco después popularizaría Álvarez Cascos en los gobiernos de Aznar

Fábregas, un activista de la izquierda antifranquista en los años 60 y 70 que dos décadas después se asociaría con una empresa de la familia Pujol en temas de reciclaje, aparecería muchos años después en la Lista Falciani, que le señalaba como titular de una cuenta con casi cinco millones de euros en Suiza. Antes, varios medios de comunicación rastrearon su actividad empresarial en Cuba sin llegar a detectar irregularidades.

La depuradora de Zaragoza, de la que OTV-GE resultó adjudicataria con una oferta más cara pero técnicamente mejor, según los informes municipales, que las presentadas por la UTE Dragados-Focsa, terminó costando 22.500 millones de pesetas, unos 135 millones de euros.

“La depuradora era imprescindible para la ciudad, pero fue una obra que venía como muy hecha. Apenas pasaron unos meses entre la idea y el inicio de las obras”, recuerda un concejal de la época que prefiere guardar el anonimato. De hecho, García Nieto llegó a argumentar en un pleno que el equipo de gobierno había elegido la curiosa fórmula por la que optó para hacerse con los suelos (opciones de compra firmadas con los agricultores de La Cartuja por una filial de la concesionaria del bus urbano y cedidas después al consistorio) porque era una forma de evitar la especulación y porque, de haber optado por otro sistema, “no daba tiempo”. ¿Tiempo de qué? 

El dinero que nunca llegó

González Triviño siempre sostuvo que el auditorio y la depuradora iban a ser subvencionadas por el Gobierno central, por el Ministerio de Cultura en el primer caso y por el de Obras Públicas en el segundo. Sin embargo, el primero fue inaugurado el 5 de octubre de 1994 tras una inversión de 5.000 millones de pesetas y la segunda, el 19 de mayo de 1993, sin que hubiera llegado dinero de Madrid para ninguna de ellas: las pagaron los vecinos de Zaragoza, que tardarían tres décadas en amortizarlas.

La gestión de la planta depuradora fue adjudicada durante 25 años a OTV-GE, algunas de cuyas filiales comenzaron en aquella época a operar en aparcamientos de Zaragoza y a gestionar la publicidad de los ‘mupis’. Eso ocurría unos años antes de que, tras la entrada del PP y el Par en el gobierno municipal, una auditoría valorara las obras en 15.900 millones (6.600 menos de lo pagado) y de que, ya en este siglo y de nuevo con el PSOE en la alcaldía (ahora con Juan Alberto Belloch), la gestión privada de la depuración de aguas fecales fuera ampliada hasta 2024 a través de la empresa pública Ecociudad, protagonista en los últimos meses de un alborotado debate municipal.

¿Hubo sobrecostes? Nunca estuvo claro, ya que, formalmente, el proyecto de la depuradora de Zaragoza nunca tuvo un presupuesto cerrado, recuerdan fuentes municipales de la época. Aparentemente, iba a tratarse de uno de los primeros ensayos del modelo alemán de peaje en la sombra (quien construye explota con una concesión rescatable) que poco después popularizaría Francisco Álvarez Cascos en los gobiernos de José María Aznar. En cualquier caso, fue uno más de los episodios en los que la vertiente económica de las infraestructuras clave de la ciudad parecían tener zonas de sombra. Aunque nunca fueron más que eso.

El presidente que contrataba espías

Los flecos judiciales en torno a la depuradora de Zaragoza se produjeron en la legislatura 1991-1995, coincidiendo con una de las etapas de mayores turbulencias en la política aragonesa, contagiada por los años de la crispación previos al relevo de Felipe González por Aznar en La Moncloa.

Triviño tenía abiertos tres frentes políticos en esa época, en la que a la presión de la oposición municipal se sumaban las tensiones con la dirección federal de su partido y también con la autonómica.

en la película de Polanski había víctimas y verdugos. En Aragón, paraíso bipartidista y Ohio hispano, la gestión de las aguas ha batido récords de precios y turbiedades, pero nunca ha habido culpables

Esta última tampoco estaba para tirar cohetes: su líder, José Marco, caía unos meses después de acceder al Gobierno con una tormentosa moción de censura tras conocerse que había cargado a la Diputación de Zaragoza la compra de un sillón de piel para su casa y que una agencia de detectives había cobrado 14,5 millones de pesetas de la comunidad autónoma por espiar a políticos y empresarios. Tras su cese, la Policía localizó en dos ascensores de la sede del ejecutivo sendos micrófonos que, quizás como prueba del nueve de la aversión de la política aragonesa a los exorcismos, seguían allí dos décadas después.

Marco fue condenado por ambos casos, el segundo de ellos levantado por el alcalde en octubre de 1994, cuando acusó al entonces diputado estatal, futuro vicealcalde y actual consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, de espiarles a él y al dirigente del Par José María Mur en un operativo presuntamente financiado con fondos públicos. 

La afirmación, que nunca resultó probada en sede judicial en lo que respecta a Gimeno (pero sí con Marco), abrió una de las espitas que, un año después, llevarían a los socialistas a sus peores resultados históricos hasta la fecha, solo empeorados por los que, paradójicamente, le dieron hace dos años el Gobierno de la Comunidad gracias al apoyo de Podemos, Cha e IU.

Los primeros, vistos con perspectiva, resultaron meritorios, ya que el partido apenas hacía campaña por su candidato, el oscense Marcelino Iglesias, en la capital, donde reside la mitad de los votantes. Tampoco ayudaba que unos meses antes, a mitad de legislatura, alguien hubiera pensado en repatriar a Luis Roldán desde Madrid para intentar remontar unas expectativas que se hundían por momentos.

Las relaciones del alcalde con Madrid ya eran malas cuando Josep Borrell inauguró la depuradora, cuatro años y medio antes de que el ayuntamiento recibiera la obra. Aunque eso no iba a evitar que empeoraran. En el ayuntamiento se recordó durante años el nivel de decibelios que salía del despacho de González Triviño durante un encuentro con Francisco Fernández Marugán, enviado por un Ferraz en estado de zafarrancho permanente a pacificar lo que entonces se conocía como el Partido Socialista de Aragón y Beirut, un apelativo que evocaba las encarnizadas luchas entre varias facciones que se libraban en su interior. También fueron frecuentes los viajes del entonces secretario de Organización de los socialistas, Ciprià Ciscar.

“Yo soy hombre de paz”, respondería Triviño poco después en una rueda de prensa a la pregunta “¿Es usted un hombre de Guerra?”. La ruptura con Ferraz, que tiempo después y antes de que se diera de baja le reclamaría sin éxito parte de sus ingresos como eurodiputado, quedaba formalizada.

Dos facturas multimillonarias

Con el cambio de siglo, la gestión de las cloacas zaragozanas dejó de ser, con excepción de alguna esporádica y recurrente alusión a sobrecostes y negocios desde la oposición municipal en plenos y comisiones, uno de los ejes de la política municipal. El ayuntamiento ejecutó otra planta en La Almozara que explota Drace (grupo ACS) mientras Veolia (actual marca de Générale des Eaux) sigue en La Cartuja, y asignó la gestión del servicio a la empresa pública Ecociudad, una firma de vocación urbanística creada por el PP (José Atarés) para gestionar la construcción del barrio de VPO de Valdespartera en terrenos comprados al Ejército. 

Las aguas residuales volverían a preocupar a los zaragozanos en 2016, cuando el Gobierno de Aragón, con Gimeno como consejero de Hacienda, creaba el ICA, el Impuesto de Contaminación de las Aguas, para financiar el inasumible Plan de Depuración diseñado e impulsado por Alfredo Boné (Par) con el visto bueno del PSOE de Iglesias y el PP de Rudi. 

“Incumplido”, con “riesgo alto de incumplimiento” y “altamente improbable que se cumpla” son los pronósticos que la Cámara de Cuentas asignó hace unos meses a sus tres fases, que requieren hasta 2045 un presupuesto de 3.209 millones. Es lo que tiene diseñar plantas en pueblos deshabitados y aplicar un sistema de concesiones que duplica los costes de explotación y construcción del modelo público.

Mientras decenas de ayuntamientos, movimientos sociales y grupos ecologistas se movilizan contra la desmesurada subida del recibo del agua, el Gobierno de Javier Lambán trata de recortarlo para hacerlo viable, en una de las herencias de mayor lastre que el ejecutivo PSOE-Cha se encontró al llegar al ejecutivo hace dos años.

El plan solo es viable cobrando el ICA a los zaragozanos, aunque ya se han pagado sus instalaciones. Y no está claro que su presupuesto llegue a equilibrarse a pesar de los tijeretazos. El impuesto ya ha sido recurrido por IU y Podemos ante el Constitucional, en una batalla judicial a la que no van a faltarle escaramuzas: la UCA (Unión de Consumidores de Aragón) va a recurrir la cesión de los datos del padrón municipal para cobrarlo que la comunidad autónoma ha exigido al consistorio de la capital.

Treinta años después de que el equipo de González Triviño decidiera, contando con una ayuda de Madrid que nunca llegó, impulsar la primera depuradora de la ciudad, la cuenta es clara: los zaragozanos llevan pagados, con intereses, 212 millones de euros por sus tres plantas (La Cartuja, La Almozara y una de menor tamaño en Alfocea), a los que, según los cálculos de la Cámara de Cuentas, se van a añadir un mínimo de 542 millones más hasta el año 2045.

Esas cifras, aunque se trata de una estimación a la baja, puesto que se basa en una factura anual de 17,4 millones que la propia comunidad admite que prevé elevar hasta 28,58 al final de ese periodo, suman un total de 754 millones. Daría para rodar más de 150 historias con el presupuesto de Chinatown. Claro que en la película de Polanski había víctimas y verdugos. En Aragón, paraíso bipartidista y Ohio hispano, la gestión de las aguas ha batido récords de precios y turbiedades, pero nunca ha habido culpables.