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El cártel del fuego (I)

Una investigación judicial revela que en España y Portugal existe una mafia empresarial que ha conseguido 250 millones de euros públicos amañando concursos de extinción

Daniel Toledo Lisboa , 12/09/2017

<p>Avión de extinción de incendios. </p>

Avión de extinción de incendios. 

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Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados. 

Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Babcock*, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017. 

Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil. 

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch. 

Andalucía: el funcionario que tiró de la manta

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional

Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano. 

Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes. 

Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J

Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J

González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”. 

Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.

“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones. 

González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.

Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas

María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos. 

En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional. 

Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”. 

Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.

Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”. 

Investigados por la Audiencia Nacional

1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG; 

2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN; 

3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU; 

4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA; 

5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO; 

6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios; 

7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo; 

8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez; 

9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María  Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén

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Fe de errores: En una versión anterior se decía, incorrectamente, que pertenecían a Habock.

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Autor >

Daniel Toledo

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26 comentario(s)

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  1. jose

    a todos esos empresarios incendiarios corruptos que se les queme su casa con ellos dentro. todo el dinero se los llevan esos corruptos,y los que trabajamos en cuadrillas de incendios una puta mierda. a todos los politicos ya esta bien,esto hay que frenarlo y cuidar nuestros bosques esto es vergonzosooooo

    Hace 3 años 10 meses

  2. Ivan Ferrer

    creo que no hay palabras para agradecer y HONRAR el valor de Jaime González Díaz por denunciar semejante trama. Se lo jugó todo. Gracias también a CTXT por hacerlo público.

    Hace 4 años 1 mes

  3. Diana Cordero

    Hola, buenas tardes. Soy de Kaosenlared y hemos levantado en nuestra web el excelente artículo. Hemos recibido ayer este mail: Cuerpo del mensaje: "Buenas tardes, en el artículo Cartel del fuego I, publicado el 19 de Octubre figura como que CEGISA e INAER pertenecen a HABOCK, no es así, pertenecen al GRUPO BABCOCK, esto puede llevar a error y mala prensa a la empresa afectada que se dedida también a aviación. Ruego se modifique el artículo ya que es de vital importancia mantener el honor y la buena gestión de las empresas no afectadas. Gracias" Le hemos explicado a ese señor que no tenemos derechos ni potestad para modificar nada del artículo en cuestión, por lo cual lo hemos despublicado hasta que se rectifique o confirme por parte de Daniel Toledo ese dato que se impugna o cuestiona. Por cierto, felicitaciones por el trabajo, Daniel. Gracias y esperamos novedades

    Hace 4 años 1 mes

  4. irmandiño47

    Coincidencia que en donde están estas empresas hayan ocurrido fuegos devastadores en tan solo un año. Chile, Italia, Sur de Francia, Península Ibérica. Y después de ver algunos videos y leer noticias sobre ellos, parece que hasta lo mismo han escrito en todos... Factores naturales propicios ( sequía, vientos fuertes...)Distintos focos de ignición, posible intencionalidad, quejas por falta de medios, etc.

    Hace 4 años 1 mes

  5. César Pérez Navarro

    Enorme y riguroso periodismo de investigación. Enhorabuena. Esperamos la segunda parte (y tercera, cuarta... porque esto va para largo) e intentaremos que se difunda más allá de internet. El objetivo debiera ser llegar al menos a la radio y televisión antes de que se enfríen los incendios de este año.

    Hace 4 años 1 mes

  6. bud

    pues yo opto por ir a las casas, coches y demas propiedades de todos esos corruptos y prenderles fuego para que vean lo que se siente perderlo todo

    Hace 4 años 1 mes

  7. raas

    Mis más hondo homenaje y felicitación no sólo al autor de la nota, sino al medio que permite su publicación... Es lamentable comprobar que la lógica de este tipo de organización social nefasta lleva a la dependencia en todos los órdenes de la vida de instituciones que lejos de velar por los sujetos que le dan poder y validez, se vuelven en su contra (y con qué intensidad!)... y qué nefasto es aceptar que no sólo esta dependencia institucional ya crónica (por metástasis avanzada) no sólo no tambalea, sino que pareciera ganar más terreno cada vez; y claro, los sujetos formados bajo esta lápida de seguridad, confort, derrotismo y pobreza espiritual-intelectual ya delegaron todo lo importante... lo que no saben estos sujetos es que el monstruo que todo el tiempo reactualiza la vigencia de su entramado simulado, con el visto bueno de una mayoría silenciosa, va a enterrarlos literalmente en todas las formas posibles sin, casi, resistencia... "Tan persuasivo es el poder de las instituciones que nosotros mismos hemos creado, que ellas modelan no sólo nuestras preferencias sino también nuestra visión de lo posible. No podemos hablar de medios modernos de transporte sin referimos a los automóviles y aviones. Nos sentimos impedidos para tratar el problema de la salud sin implicar automáticamente la posibilidad de prolongar indefinidamente una vida enferma. Hemos llegado a ser por completo incapaces de pensar en una educación mejor, salvo en términos de escuelas aún más complejas, y maestros entrenados durante un período más largo. El horizonte de nuestra facultad creadora está bloqueado por gigantescas instituciones que producen servicios carísimos." Ivan Illich (1981)

    Hace 4 años 1 mes

  8. Carlos

    De amañar todo lo amañable para robar, a prender fuego a los montes por tener más volumen de obra....... está claro que es el siguiente paso. Ya está quedando más claro quienes pueden ser los pirómanos esos que nunca aparecen.

    Hace 4 años 1 mes

  9. Eduardo

    Solución: plantar arboles autóctonos: http://reforest-accion.net/index.php/proyecto-sierra-de-gata-hurdes/

    Hace 4 años 1 mes

  10. República ya!

    No entiendo nada: CNI, Guardia Civil, Policía Nacional, Seguridad Privada, mensajes del Mossad, MI6, Interpol, Europol y CIA, reporteros contratados de los media, instituciones locales,, empresas competidoras, sicarios arrepentidos, confidentes...¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero no investiga, o las frena? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero no actua? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero se oculta hasta hoy? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero ha permitido estos atentados? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, y no asume responsabilidades, por connivencia, negligencia o subsidiarias por todo? ¿tratarán que es verdad que se enteraron por la prensa del 23F, Gal y 11M? Yo les concedo siempre lo de la presunción de inocencia de Estado de Derecho, pero me voy a la República Catalana, por la Sardana! Visca Catalunya Repúblicana (sense incendiaris)!

    Hace 4 años 1 mes

  11. República ya!

    No entiendo nada: CNI, Guardia Civil, Policía Nacional, Seguridad Privada, mensajes del Mossad, MI6, Interpol, Europol y CIA, reporteros contratados de los media, instituciones locales,, empresas competidoras, sicarios arrepentidos, confidentes...¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero no investiga, o las frena? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero no actua? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero se oculta hasta hoy? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, pero ha permitido estos atentados? ¿un Estado de Derecho que conoce el tomate desde 2001, y no asume responsabilidades, por connivencia, negligencia o subsidiarias por todo? ¿tratarán que es verdad que se enteraron por la prensa del 23F, Gal y 11M? Yo les concedo siempre lo de la presunción de inocencia de Estado de Derecho, pero me voy a la República Catalana, por la Sardana! Visca Catalunya Repúblicana (sense incendiaris)!

    Hace 4 años 1 mes

  12. Pedro Gómez

    Esto sí es periodismo riguroso y además valiente. Mi enhorabuena y mis aplausos.

    Hace 4 años 1 mes

  13. pep48

    Es que estos servicios tendrían que se públicos, todo lo privado en servicios a la sociedad son ruinosos para las arcas públicas. Lo que si está claro que ni el PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos van hacer nada en este sentido, ya sabemos que les gusto mucho lo privado pero para que lo pague lo público.

    Hace 4 años 1 mes

  14. Noa

    Que se investigue también a SEAGA S.A. y a TRAGSA , adjudicatarias mafiosas del negocio del fuego en Galicia

    Hace 4 años 1 mes

  15. Germán

    Un ejemplo más de las bondades de la privatización de los servicios esenciales.

    Hace 4 años 1 mes

  16. Carlos

    Pues habría que cambiar el sistema de retribución. Poner un coste mínimo base de mantenimiento y unos incentivos dependientes de las hectáreas quemadas cada año. De manera que se cobrase un plus importante si se quemasen, por ejemplo menos de 1000 Ha, y así bajando el plus y aumentando las Ha quemadas hasta llegar al mínimo base. No sé si esta será la única causa de incendios, pero seguro que los que saben y trabajan en eso pondrían medios para que se quemase lo mínimo posible. Es similar a la (acertada) ley que prohibe el uso de terrenos quemados para cuestiones inmobiliarias por mucho tiempo. Licitaciones diferentes en las que las empresas y empleados cobren más cuanto mejor protejan los bosques.

    Hace 4 años 1 mes

  17. Edmón

    No cabe más corrupción en esta Andalucía confiscada y expoliada por la estructura política y, por extensión, en este país donde se han confabulado ley y corrupción. Gracias por este artículo y a todos los que luchan

    Hace 4 años 1 mes

  18. Heidi

    Yo que soy un poco inculto, cosas de la educación franquista, me hago una pregunta.... y esta consecuencia de quien es culpa.. ? De las políticas conservadoras del partido que nos gobierna o de los chinos..?

    Hace 4 años 1 mes

  19. pepe

    La solucion es invertir ese dinero en limpiar bosques y en prevención, en ves en apagar incendios.

    Hace 4 años 1 mes

  20. Yosu

    Me cago en vuestros putos muertos hijosdeputa incendiarios. Ojalá os vea pegando fuego un monte un dia que vais a quedar ataos a un arbol

    Hace 4 años 2 meses

  21. Pere

    Vamos a ver: El objetivo principal de las empresas privadas de extinción de incendios es obtener beneficios y, por tanto, actúan en consecuencia, como las farmacéuticas privadas y cualquier etc. privado.

    Hace 4 años 2 meses

  22. Jose

    Es un complot judeomasonico, paparruchas. Por desgracia los montes arden por otros motivos menos rebuscados

    Hace 4 años 2 meses

  23. Lola

    Es importante entender también que las Diputaciones son estructuralmente corruptas. Meras máquinas de colocación para partidos y sindicatos; clientelismo en estado puro. Quienes se han criado en el delito, no tienen más conciencia que la de la normalidad del delito. Como modelo universal de lo anterior, la de Valencia.

    Hace 4 años 2 meses

  24. A. Montes

    Si apagar el fuego da dinero, toda la Tierra arderá.

    Hace 4 años 2 meses

  25. A. Montes

    Si apagar el fuego da dinero, toda la Tierra arderá.

    Hace 4 años 2 meses

  26. CharoAF

    Gracias por el artículo y a ECOLOGISTAS EN ACCIÓN por denunciar estos hechos mafiosos espeluznantes e inadmisibles. Sugiero que CTXT recoja firmas via CHANGE.ORG para denunciar estos hechos que deberían estas en el Congreso de los Diputados. Si la sociedad no actúa la gentuza nos dejará sin aliento esquilmando nuestra tierra que es la base de la vida. Mientras pueda seguiré apoyando a CTXT. Salud y “res publica”.

    Hace 4 años 2 meses

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