Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EE.UU. Si quieres ayudarnos a financiarla, puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.

La proximidad del referéndum independentista de Cataluña, convocado para el 1-O por la Generalitat y prohibido por el Tribunal Constitucional (TC) a instancias del Gobierno del PP, expone a la luz pública una coincidencia común entre los interlocutores políticos de ese trance: los dos proclaman su vocación por una democracia que, en realidad, olvidan --sin dejar de invocarla, eso sí-- cuando no les resulta útil para sus propósitos de poder. El espectáculo del Parlament, a principios de septiembre, con el Govern ninguneando a la oposición mediante tretas y despropósitos, fue un buen ejemplo de ese olvido. Y, desde el otro lado, tras años de escamotear a Cataluña sus pretensiones nacionalistas hasta engordarle su voluntad independentista, ahora el PP emplea toda la herramienta que obtiene de un TC reformado, apto para instrumentalizar el aparato jurídico y policial y de ese modo frenar, no por vías democráticas, cualquier aventura secesionista.

Porque el TC no fue así siempre, sino que en 2015 el PP lo reactivó mediante una reforma legislativa, para que no se limitara, como inicialmente, a determinar si la decisión recurrida está dentro de los parámetros constitucionales. Se trató de una reforma legislativa urgente, sin intervención de los grupos de oposición --con el mismo estilo de hace unas semanas el Govern en el Parlament--, mediante una proposición de ley del PP en solitario, que limitó las enmiendas e impidió el conveniente dictamen del Consejo de Estado.

Francisco Rubio Llorente (gran experto en el TC, donde permaneció 12 años, tres de ellos como vicepresidente) captó la intención del PP y declaró de la reforma que era “dudosa su eficacia para frenar el independentismo catalán”. En todo caso, consideró “segura su capacidad para echar sobre el TC una carga política que terminará por aplastarlo”. La noticia de aquella reforma la calificó Rubio Llorente como “un día de luto”. Consideraba que el TC contaba con medios para garantizar la efectividad de sus decisiones, mientras que, tras la reforma, se desarrollaban “los instrumentos necesarios para que la garantía de la efectividad sea total”. En efecto, se introducen en sede constitucional “estos instrumentos”, enumeraba Rubio Llorente: “Suspender en sus funciones, sin proceso previo, a las autoridades o funcionarios públicos” o “adoptar, sin oír a las partes, las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones que acuerden la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones”. 

No es extraño que los servicios jurídicos del Parlament hayan invocado la advertencia que hizo en julio de 1980 Manuel García Pelayo, el primer presidente del TC, sobre el riesgo de que las fuerzas políticas legitimadas para emprender acciones ante el TC intentaran instrumentalizarlo para continuar así la confrontación política. Recuerdo aquel primer discurso de García Pelayo, que respondía también a la advertencia hecha por el abogado José María Mohedano en la revista La calle, sobre “el peligro de un Gobierno de los jueces”. El presidente del TC acusaba recibo del aviso y lo identificaba como una “posible deformación del régimen democrático”. García Pelayo advirtió ¡en julio de 1980! a las formaciones políticas que no intentaran “pedirle al TC que respalde sus particulares enfoques partidistas” y que “no invada el órgano encargado de interpretar la Norma Suprema”.

la opinión publicada, nutrida de un buen número de tertulianos sabelotodo, insiste en vincular la democracia con la ley

Consumada aquella urgente reforma de la ley del TC y puesta en práctica ahora contra el referéndum catalán, la opinión publicada, nutrida de un buen número de tertulianos sabelotodo, insiste en vincular la democracia con la ley --la que reformó atropelladamente el TC en especial-- y  aunque las consecuencias de esa nueva legalidad sean penalizar el uso de las urnas electorales, detener a los alcaldes que se nieguen a comparecer ante la fiscalía (uno se pregunta si, en caso de negarse a declarar, los mossos, por ejemplo, podrán presionarles para que desembuchen), disolver la sindicatura electoral, multar a la presidenta del Parlament y a todo el Govern y querellarse penalmente, por desobediencia y otros delitos, contra quienes no depongan su actitud. 

Entre los tipos penales que el fiscal general, José Manuel Maza, está dispuesto a que se apliquen por la participación en la preparación y celebración del referéndum anulado por el TC, aparece el de malversación de caudales públicos, castigado con pena de cárcel, como se ha apresurado a informar la fiscalía. Sin embargo, el prestigioso jurista, exfiscal y exmagistrado José Antonio Martín Pallín ha expresado sus dudas sobre que en este caso sea aplicable ese tipo penal, criterio en principio compartido por algunos de los magistrados encargados del caso.

Parece existir un deseo de atemorizar a quienes siguen a los secesionistas y, por otra parte, ofrecer amparo a quienes se atrevan a desobedecerles. Mariano Rajoy, tan poco propicio a dialogar con los periodistas, los ha buscado en los pasillos del Congreso para, a través de ellos, pedirles a los catalanes que no vayan a votar ni participen en el referéndum. “Si se le cita, ¡no vaya!”, aconseja Rajoy, entre protector y suplicante.

“De la ley a la ley”

La apelación a la ley como máximo exponente de la democracia, con olvido de la justicia y los derechos humanos, entre otros valores jurídicos, nos lleva a recordar que el franquismo también contaba con leyes. El proceso constituyente se realizó precisamente --con la habilidad de Torcuato Fernández-Miranda y tratando de eludir el enfrentamiento violento-- “de la ley a la ley”. Pero una vez consensuadas en la Constitución las reglas del juego político, no bastó con la existencia de leyes, ni siquiera de la Ley de Leyes, para que pudiéramos afirmar que ya había democracia. Fue necesario que el contenido constitucional justificara el advenimiento de la democracia, desde la voluntad del Preámbulo de la Constitución --obra de Enrique Tierno Galván-- de “establecer una sociedad democrática avanzada”.

Ahí reside también la convicción de que si es cierto que el Gobierno del PP --y los partidos que le acompañan-- no afronta el proceso soberanista catalán con voluntad democrática, tampoco lo hacen quienes lideran el camino hacia la independencia. Además del espectáculo de dejar sin voz a la oposición, los propios contenidos de las leyes independentistas aprobadas carecen de envergadura democrática. Nada menos que la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, autocalificada como Norma Suprema, capaz de derogar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía catalán, cuenta con un compromiso social menor que la Constitución de 1978, a pesar de la gran implicación en esta ley de las izquierdistas CUP y ERC. Los derechos sociales ocupan 4 líneas en un total de 45 folios. Y en cuanto a la independencia del poder judicial, el gran espacio dedicado en esa ley a la Administración de Justicia se consume en la configuración de una Comisión Mixta, con amplios poderes sobre nombramientos y promociones de jueces en Cataluña y extremadamente dependiente del Gobierno de turno. 

La obcecación antidemocrática, que comparten el PP y los soberanistas catalanes, parece en todo caso más grave en el Gobierno central, al frente del poder del Estado

La obcecación antidemocrática, que comparten el PP y los soberanistas catalanes, parece en todo caso más grave en el Gobierno central, al frente del poder del Estado y, en consecuencia, con más medios y más responsabilidad en el conflicto independentista. Tras el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, que habían votado los catalanes y que originó en 2010 la sentencia del TC, en 2014 el Parlamento Catalán solicitó un referéndum consultivo --previsto en el artículo 92 de la Constitución--, pero el Congreso de los Diputados, con hegemonía del PP, lo denegó y, a partir de entonces, el Gobierno de Rajoy se convirtió en un enemigo encarnizado de los soberanistas, que fueron incrementándose paulatinamente y proyectando una Cataluña independiente y republicana.

Independentismo ¡en Madrid! 

La fobia del PP contra todo movimiento secesionista le ha llevado este mes de septiembre a denunciar ante la justicia un acto público sobre el independentismo, a celebrar en Madrid, en una sala municipal cedida por la alcaldesa, Manuela Carmena, al colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir. A instancia del PP, el juez José Yusty prohibió el acto, con base en que la ley que regula el referéndum catalán ha sido suspendida por el TC, por lo que la cesión del local municipal madrileño “implica favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida”. Hasta ahí llegó la larga mano de la decisión del TC.

Carmena acató la decisión judicial, de la que discrepó. Invocó la libertad de expresión y de reunión y recordó que el acto prohibido no promovía en Madrid el referéndum catalán, sino que planteaba realizar un debate sobre la democracia del derecho a decidir. El juez Yusty es uno de los firmantes de un manifiesto antiindependentista, pero no consideró necesario inhibirse en este asunto. 

El conflicto soberanista catalán solo se resolverá mediante el acuerdo político. En el proceso constituyente, el ponente de la Minoría Catalana, Miquel Roca Junyent, fue el artífice de la introducción, previo acuerdo con Adolfo Suárez, del término nacionalidades, tres veces en el primer borrador elaborado por la ponencia y una en la Constitución vigente. Aquella palabra fue entonces  suficiente para abrir el camino a una autonomía estimulante y atrajo un alto número de votos afirmativos catalanes el 6 de diciembre de 1978.

Acaso Roca, que no es separatista, pero sí un hábil negociador nacionalista catalán, esté en condiciones de sacarnos de este atolladero, sin perjuicio para Cataluña ni para España. En problemas más complicados se vio hace 40 años.