Hacia una hacienda verde y una economía baja en carbono
Alberto Gago Xavier Labandeira 4/10/2017
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Hace más de veinticinco años defendíamos por vez primera, a la luz de la creciente evidencia académica y aplicaciones prácticas, el uso de la imposición ambiental en España para así incorporar el daño ambiental en el precio de los productos y la definición de una política pública coste-efectiva. Aunque el mensaje no ha calado en nuestro país, la mitigación del cambio climático hace hoy más necesaria que nunca la aplicación de estas figuras para que los precios reflejen el coste de las emisiones de efecto invernadero y para minimizar los elevados recursos que han de asignarse a las políticas climáticas. Asimismo, ahora hay nuevas y poderosas razones para la adopción de estos instrumentos o, mejor, de una reforma fiscal verde.
Quizá la más relevante tiene que ver con los efectos indirectos, o de entorno, que conseguiría la introducción de precios significativos y generalizados sobre el carbono. Es muy difícil pensar en una economía descarbonizada en tres décadas sin un importante avance en la disponibilidad de tecnologías limpias a costes asequibles y en la movilización de un inmenso flujo de inversión. Los impuestos ambientales favorecen ambos fenómenos, al fomentar la innovación (para pagar menos en el futuro) y desincentivar las inversiones en tecnologías sucias si hay una alternativa limpia (para no pagar más en el futuro).
Una segunda razón está relacionada con la propia viabilidad de la transición a sociedades bajas en carbono y tiene mucho que ver con el gran potencial recaudatorio de los impuestos sobre el carbono, esto es, su utilidad dentro de esquemas de reforma fiscal verde. Pensemos en la capacidad que generaría esta recaudación para fomentar, directamente desde el sector público y completando así los efectos indirectos anteriores, la innovación e inversión en tecnologías bajas en carbono e infraestructuras necesarias para una economía baja en carbono y resiliente. Pero también la posibilidad de suavizar los efectos negativos de la transición energética, compensando con parte de la recaudación a ciertos sectores y familias especialmente desfavorecidos para hacerla más justa, y en la dotación de recursos para los fondos internacionales que promuevan la mitigación en las sociedades en desarrollo y permitan así cumplir con los objetivos globales de aumento de la temperatura.
Sin duda las reformas fiscales verdes no son la panacea en la lucha contra el cambio climático. Deben complementarse con otros instrumentos y estrategias, desde la educación y concienciación hasta una adecuada planificación urbanística y del transporte, aunque siempre evitando que dichas medidas actúen contra sus propiedades fundamentales: corrección de precios y coste-efectividad. Son, por ello, un instrumento necesario aunque no suficiente. Además, no debemos pensar exclusivamente en impuestos energéticos sobre el carbono: otras figuras tributarias que afecten a residuos, agua o contaminación local pueden contribuir en buena medida a la mitigación del cambio climático, a la vez que facilitan la transición a sociedades sostenibles en otros ámbitos.
En ese contexto, ¿cómo definir una hoja ruta razonable y efectiva en nuestro país? En el corto plazo actuando sobre el sector de más difícil gestión: el transporte. Una subida considerable de los impuestos sobre los carburantes, que se encuentran por debajo de la media europea, y la equiparación de la carga fiscal de diesel y gasolina son imprescindibles. También una actuación fiscal decidida sobre el carbón empleado sobre la generación eléctrica que, dados los bajos precios imperantes en el sistema europeo de comercio de emisiones, está provocando un innecesario aumento de las emisiones españolas de gases de efecto invernadero (vista la capacidad instalada ociosa de tecnologías más limpias) que podría corregirse con la introducción de un impuesto estatal sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre. Una reforma fiscal verde de estas características podría fácilmente obtener una recaudación adicional de más de 10.000 millones de euros por año (más de un 5% de los ingresos tributarios en la actualidad), que podrían utilizarse para fomentar y facilitar la transición energética española en el sentido apuntado con anterioridad. En el medio plazo, sin embargo, es necesario estar abierto a soluciones fiscales innovadoras, como impuestos sobre contenidos de carbono de productos, uso de vehículos o ineficiencia energética de las viviendas, que podrían aumentar sustancialmente la capacidad recaudatoria de la reforma fiscal verde.
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Alberto Gago y Xavier Labandeira son catedráticos de Economía de la Universidad de Vigo y miembros del centro de investigación Economics for Energy.
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