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Hace un año el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, de visita en nuestro país fue preguntado por la falta de Gobierno en España. Se cumplían ya 10 meses con un ejecutivo en funciones y se temía que esto afectase a la economía y al buen funcionamiento del país en general. La respuesta de Stiglitz no fue la esperada: “A veces es mejor no tener Gobierno que la certidumbre de una mala política”. Si hay que elegir entre la incertidumbre con la posibilidad de buenas políticas o la certidumbre de una mala política, el Nobel norteamericano optaba por la incertidumbre que conduciría a mejorar las cosas.

Por entonces se decía que la falta de un Gobierno nuevo, con la imposibilidad de aprobar los presupuestos del Estado, podía impedir que los funcionarios y los jubilados tuviesen el aumento de sus pagas mensuales. Lo dijo la vicepresidenta del Gobierno. Una afirmación de todo punto falsa. Ya se habían prorrogado los presupuestos en otras ocasiones sin que eso afectase a la subida de salarios y pensiones. El único objetivo de tal mentira era el de asustar a los afectados para facilitar la permanencia de Rajoy en el poder. 

Ahora el Gobierno volverá a prorrogar los presupuestos del Estado: el PNV le ha dado la espalda por su actuación en la crisis catalana  y de momento no tiene votos para aprobar  las cuentas públicas.

En los escasos 12 meses de “estabilidad” del Gobierno de Rajoy sólo se han aprobado en el Parlamento dos leyes orgánicas y cuatro leyes ordinarias, casi todas sobre asuntos menores o de trámite. Para saber si esto es mucho o poco, comparamos con el año 2015: se aprobaron 16 leyes orgánicas y 47 leyes ordinarias. Una muestra clara de la actividad de ese Gobierno tan “estable”.

Esa falta de iniciativa del Gobierno “estable” de Rajoy no significa que no hayan pasado cosas. 

Supimos que el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal. El Gobierno de Rajoy había permitido a 31.500 contribuyentes aflorar 40.000 millones de euros no declarados a Hacienda por el módico precio de 1.250 millones de euros. Es decir, el 3%.  Eso sí,  el Tribunal Constitucional vino a decir que la ilegalidad ya estaba hecha  y que mejor dejarlo así. Es como si esa misma institución hubiera tardado cinco años en declarar ilegal el referéndum secesionista catalán y señalara que ya eran hechos consumados y había que dar por buena la independencia que había traído tal consulta. 

Supimos también que el Estado se ha hecho cargo de las autopistas de peaje en quiebra. Este rescate va a suponer entre 3.000 y 5.000 millones de euros del dinero de todos. Fue el Gobierno del PP, durante la etapa de Aznar, el que otorgó estas concesiones  a sociedades privadas con el objeto de que ganasen dinero. Como ha ocurrido lo contrario, el Estado tiene ahora la obligación de costear la quiebra, tal como determinaban los contratos de concesión. Es lo que se llama responsabilidad patrimonial.

En este periodo de “estabilidad” del Gobierno de Rajoy, el Banco de España se ocupó de recordar que de los 54.000 millones largos que puso el Estado para rescatar bancos, 42.600 no se recuperarán jamás. Mientras, el Estado sigue pagando intereses por el dinero que dedicó a este rescate.

No es de extrañar así que la deuda pública española siga creciendo en ese mar de “estabilidad”. Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social en conjunto deben el equivalente al 100% del PIB, de toda la actividad económica  en un año. Cuando Rajoy llegó al Gobierno en 2011 suponía el 70%. En dinero, esa deuda ha aumentado durante el último año de “estabilidad” en 37.000 millones de euros…nada más.

Pero se había saneado el sector bancario. Eso se dijo. Sin embargo, la realidad es que ahora los bancos acumulan más casas, edificios a medio construir o suelo por impago de los créditos que cuando se acudió al rescate bancario. Son bienes improductivos que en 2012 sumaban 184.000 millones de euros de euros, según el Banco de España. Ahora, tras haberse quitado de encima ladrillo o suelo por más de 40.000 millones que se quedó el banco malo, la Sareb, esos bienes han aumentado hasta los 190.000 millones. Toda una muestra de saneamiento del Gobierno “estable” de Rajoy.

En este tiempo de “estabilidad” garantizada quebró el quinto banco español, el Popular. Tan sólo un año antes el BCE había dado por buena la solvencia de la entidad al realizar los test de estrés. Fue el Banco Central Europeo, a través de su mecanismo único de supervisión, el encargado de liquidar la entidad y regalársela al Banco Santander. El regalo fue acompañado de 500 millones de euros en efectivo que inmediatamente le dio el Ministerio de Hacienda para compensar las pérdidas del Popular. 

Los doce meses del Gobierno  “estable” de Rajoy también han despejado toda incertidumbre de que el empleo mal pagado que se crea no es suficiente para aumentar como es debido los ingresos de la Seguridad Social. Nada más salir reelegido para un nuevo mandato, Rajoy volvió a rebañar la hucha de las pensiones: sacó 9.000 millones más del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y este verano ha sacado otros 3.500 para dejar el Fondo  con tan sólo 11.000 millones. Cuando llegó al Gobierno en 2011 la hucha de las pensiones tenía 67.000 millones de euros. 

He citado hechos económicos, pero han sucedido otros, muy conocidos y de extrema gravedad. El cuñado del rey ha sido condenado por corrupción, está pendiente de revisión y aún no ha ido a la cárcel. El PP está siendo juzgado por lucrarse con la trama Gürtel. El  presidente Rajoy tuvo que declarar en el juicio por ello. El número de cargos del PP imputados por corrupción, ahora encabezados por un ex-vicepresidente del Gobierno y tres ex-presidentes autonómicos, sigue creciendo. El Congreso de los Diputados concluyó que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, utilizó la policía para perseguir adversarios políticos. Y Cataluña se ve inmersa en un proceso independentista.

Pero hay dos cosas mucho más importantes que todo lo narrado: 

-- El aumento de la desigualdad y la pobreza, la falta de expectativas y la generalización de bajos salarios. Todo, acompañado de un Estado que ha sitiado el Estado de bienestar, está amalgamando una sociedad injusta a favor de los que más tienen.

-- La respuesta del Gobierno ante el intento irresponsable de secesión de Catalunya ha consistido en fomentar el odio y el enfrentamiento como solución. Todo indica que se corre el riesgo de implantación de un Estado autoritario, que impediría cualquier cambio más justo y tolerante. 

¿No estarán relacionadas ambas cosas?