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La diferencia básica entre la inversión tradicional y la inversión de impacto está en la intencionalidad de éstas últimas de generar un impacto social positivo, más allá del objetivo único de obtener unos beneficios financieros.

Las inversiones de impacto dan un paso más allá respecto a las buenas prácticas de las inversiones socialmente responsables que introducen aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (criterios ASG). Tratan de orientar esas buenas prácticas hacia unos resultados esperados, demostrables y medibles, que justifiquen el impacto social y/o medioambiental generado además del económico para, en última instancia, valorar y comunicar el cambio producido. La inversión de impacto consigue así ser realmente rentable y eficiente.

Ni la economía convencional ni la filantropía están siendo capaces de dar solución a la variedad de desafíos a que se enfrenta la sociedad, y las inversiones de impacto se mueven en este sentido, tratando de dar respuesta a retos globales y problemas sociales.

Por otro lado, las empresas sociales suelen encontrar mayores dificultades para obtener la financiación que necesitan, por lo que sería interesante hacer llegar estas inversiones a personas tanto con un perfil de inversor socialmente responsable como al resto, ya que, además del atractivo social, también son atractivas en cuanto al retorno financiero. Según un estudio de la Global Impact Investing Network (GIIN) de 2015, una comparativa entre las rentabilidades obtenidas por fondos de impacto y fondos convencionales mostraba que ambos pueden llegar a tener un desempeño muy similar. Sin embargo, y a pesar de la necesidad de fomentar un crecimiento más sostenible, a una gran parte de los inversores no se les ofrece nunca oportunidades de inversión ética o sostenible.

Los empresarios y los inversores juegan un papel clave en el desarrollo económico y social. La Comisión Europea, dentro de su iniciativa de promoción del emprendimiento social, está tratando de facilitar la financiación de las empresas sociales. Cada vez hay más canales y plataformas de financiación que orientan las inversiones hacia instrumentos de inversión con impacto social, siendo actualmente los fondos de inversión social (FIS) y los bonos de impacto social (BIS) los instrumentos financieros más utilizados dentro de las inversiones de impacto.

las inversiones de impacto crecieron en Europa un 131,6% entre los años 2011-2013, y un 385% en el período 2013-2015. En España, el crecimiento fue de un 207% entre 2013 y 2015

El sector de las inversiones de impacto está aún en un estado inicial y de desarrollo, aunque su crecimiento está mostrando datos a tener muy en cuenta. Según los estudios de Eurosif de 2014 y 2016, las inversiones de impacto crecieron en Europa un 131,6% entre los años 2011-2013, y un 385% en el período 2013-2015. En España, el crecimiento fue de un 207% entre 2013 y 2015.

Deberíamos también prestar atención al efecto de los llamados millennials, que se estima que van a heredar en las siguientes décadas alrededor de 40 billones de dólares de sus generaciones anteriores. Diversos estudios indican una mayor disponibilidad por parte de esta generación a la hora de consumir productos y servicios más sostenibles, así como un mayor interés por invertir en organizaciones con un impacto social positivo más allá del rendimiento financiero.

No hay sin embargo unanimidad a la hora de dar una definición concreta de qué son las inversiones de impacto, aunque sí se puede afirmar que éstas tienen dos características u objetivos esenciales: obtener un retorno financiero que como mínimo cubra el capital invertido, y financiar iniciativas con un impacto social positivo.

La obtención de un retorno financiero va estrictamente ligado al logro de unos objetivos sociales, siendo característica indispensable generar un impacto positivo para obtener un retorno financiero, modelo también conocido como “pago por éxito”. Ese impacto tendrá por lo tanto que ser medido y justificado.

Estamos en cierto modo acostumbrados, particularmente en el sector público, a que valoren el alcance y eficacia de un proyecto o una acción social mediante los inputs o recursos invertidos, como el dinero destinado al proyecto, el tiempo invertido, personal dedicado, etc. A mayor cantidad de recursos, mejores resultados. Sin embargo, en muchos de esos casos no se alcanzan los objetivos deseados, y no precisamente por la falta de recursos. Tampoco los outputs o resultados establecidos son generalmente significativos para concluir que se ha logrado el fin social de un proyecto.

A través de la medición del impacto se demuestra y se justifica el alcance y la efectividad de la inversión. En definitiva, sin medición, las inversiones de impacto perderían su sentido

Resulta crucial por tanto una medición del impacto generado que permita valorar el efecto que la organización o proyecto está teniendo, y que evalúe el logro de los objetivos sociales deseados. A través de la medición del impacto se demuestra y se justifica el alcance y la efectividad de la inversión. En definitiva, sin medición, las inversiones de impacto perderían su sentido.

Sí parece existir un cierto consenso en cuanto al proceso a seguir en la medición del impacto social, y que gira en torno al propuesto por la European Venture Philanthropy Association (EVPA, 2013). Éste establece un marco general para la medición y gestión del impacto social, que podrá apoyarse en diversas metodologías dentro de las distintas fases del proceso.

El proceso de la EVPA propone unos pasos a seguir:

-Establecer unos objetivos.

-Identificar e involucrar a las partes implicadas.

-Medición del impacto, mediante indicadores, marcos, estimaciones, etc.

-Valorar el impacto.

-Realizar un seguimiento y comunicar los resultados.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto a la metodología concreta a emplear, y su elección dependerá de la actividad que se desea medir, las expectativas de las partes implicadas, etc. Aquí encontramos desde metodologías más genéricas hasta herramientas de medición orientadas a entornos relacionados con instituciones públicas, metodologías de medición del impacto de empresas dentro de la economía circular, o incluso para medir el efecto generado por el voluntariado corporativo.

La medición del impacto no debe nunca llevar a elegir un objetivo que garantice indicadores positivos, sino a alcanzar el impacto previsto y el cambio social deseado, rectificando, si es necesario, desviaciones que surjan respecto al objetivo marcado. Debe ser utilizada como una herramienta de planificación, con la intención de generar un valor social y mejorar la actividad de la organización, comunicar el impacto generado, servir de apoyo en la toma de decisiones de inversión y estimular a su vez la captación de inversores. Promover la medición de impacto permitirá mejorar tanto la comparabilidad como las propias metodologías utilizadas.

La gestión y medición del impacto aportará además una ventaja competitiva a aquellas organizaciones que logren medir y valorar sus procesos y comunicar su impacto de manera eficiente. Servirá como mecanismo de presión hacia una mayor transparencia en organizaciones, empresas e instituciones, y llevará a ONGs y fundaciones a que realmente se centren en alcanzar sus objetivos, permitiendo también demostrar a sus agentes sociales que efectivamente se está generando un cambio y un impacto social de acuerdo a su misión.

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, afirmó que sólo se podrán alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) si toda la sociedad se compromete a lograrlos, y para ello la comunidad empresarial, el sector privado y el sector financiero son cruciales. Vemos que las inversiones de impacto van claramente en esa dirección, y pueden suponer una excelente herramienta para colaborar al logro de dichos objetivos.

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Jorge Arenas Barrera es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Sostenibilidad y RSC, y antiguo colaborador de Economistas sin Fronteras Andalucía.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con las opiniones del autor y éstas no comprometen a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Este artículo es una versión del publicado inicialmente en la revista de Economistas sin Fronteras Dossieres EsF, nº 27, otoño de 2017.