Resulta evidente que la izquierda y el socialismo se encuentran, hoy en España, ante una crisis de Estado. Ante ello surge la pregunta de si la izquierda es incompatible con el nacionalismo, lo que históricamente ha sido una verdad. Sin embargo, hoy existen “otras” izquierdas, también en el entorno del socialismo democrático, que no rechazan el espacio político nacionalista o “independentista” como espacio de debate y acción. No es sólo una cuestión de “oportunistas”,  “radicales” o  “populistas”, creo. La izquierda y el socialismo tienen que hacer más didáctica y más pedagogía, sin duda, al respecto del hecho político y cultural nacionalista o identitario, pero no ha de obviar en su análisis que éste existe y que ya ocupa una parte del espacio social y también electoral tradicionalmente de “izquierdas”.

Por todo ello, compartí en el Comité Federal del PSOE, celebrado el pasado 11 de noviembre algunas reflexiones que ahora traslado a la opinión pública. El proyecto político del PSOE es internacionalista, europeísta, solidario y social, y dentro de ello, tenemos un proyecto político nacional, y por tanto, articulador de un pacto interno de convivencia, que ha de ser necesariamente nuevo, y que ha de plasmarse en una reforma federal de la Constitución. Nuestro modelo federal tiene que empezar a concretarse, porque la Declaración de Granada y la de Barcelona, que expresan justamente ese modelo, necesitan ser desarrolladas, para que incluyan propuestas concretas que nos permitan ejecutarlas en Cataluña de cara no solo a las elecciones del 21D sino también a las próximas generales, pues si pretendemos volver a gobernar, que lo pretendemos, hay que recuperar el espacio político allí. Y hacerlo a la luz de la nueva coyuntura política, lo que requerirá de la apertura de más espacios de debate en el PSOE y fuera del PSOE. 

Soy partidario de ofrecer un referéndum con garantías suficientes y mayorías reforzadas, además de  un porcentaje mínimo de participación. Y además, incluiría la idea de la divisibilidad del territorio

Haciendo un poco de trayectoria histórica, no es posible negar que la Constitución de 1978, al respecto de la articulación territorial del Estado, constituyó un buen encaje en su contexto. Pero ya está agotado, y es una evidencia que debemos asumir. Como señalaba recientemente Santos Juliá,  “ya no quedan regiones en España”, todas las reformas de los estatutos de autonomía, producidas entre 2004 y 2006, buscaron incorporar a los mismos “singularidades históricas y culturales” y “hechos diferenciales”. Al final, entre el célebre “Café para todos”, de Clavero Arévalo, que siguió al Referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980, y el siempre insatisfecho, por definición, apetito nacionalista, el nacionalismo catalán (además de otros, hoy adormilados, por decirlo así) se encuentra incómodo en el Estado (y ha logrado trasladar parte de esa incomodidad a la sociedad), porque en su esencia está el buscar la diferencia frente al  resto. Conviene partir de esa realidad evidente, nos guste o no, la compartamos o no, a la hora de abordar la situación.

Al hilo de lo anterior, y ya como una afirmación llena de obviedad, tampoco es posible, ni sería cierto, negar la evidencia de que la ley ha de ser aplicada, pues en ello encontramos garantías el conjunto de la ciudadanía. El artículo 155 de la Constitución es “federalmente” impecable, y además, se ha aplicado limitadamente, pero no es la solución política.  Las sentencias y los autos judiciales producidos,  como todas las sentencias y autos judiciales, son discutibles y se prestan a varias interpretaciones. Me inclino por las interpretaciones que califican de “exageradas”, incluso “desproporcionadas” algunas resoluciones judiciales, pero, al margen de su posible modificación en otras instancias judiciales, ahí están, y se ajustan a la ley. Pero, y después de  la ley, ¿qué?

Después de la ley, ha de estar la Política con mayúsculas, sin miedos y con arrojo. Política para solucionar problemas y encauzar salidas a la crisis. Hay que partir de una idea: Lo que viene no es necesariamente asimetría en las relaciones entre las diferentes nacionalidades ni entre éstas y el Estado español, ni financiación perjudicial para nadie, ni renuncias de otras comunidades autónomas. Lo que viene, o lo que haya de venir, es un relato político propio del socialismo democrático español, que considere como principios elementales que ni igualdad es igualación, ni el derecho a la diferencia implica diferencia de derechos, como se afirmaba en una de las innumerables opiniones que estas semanas se han vertido sobre el asunto. Y ha de venir en el seno de la comisión recientemente constituida en el Congreso de los Diputados.

El PSOE debe defender la propuesta de reforma de la Constitución, que puede incluir la celebración de un referéndum pactado, claro que puede incluirla. Eso sí, un referéndum ajustado a la legislación, y  habría que añadir que aparte de las garantía legales, debe incluir una mayoría reforzada que lo dote de legitimidad sin caer en lo imposible. Sobre esta idea, me detendré un poco.

Como principio general, no creo que el referéndum como tal y por sí sólo, sea la solución a largo plazo del problema. Este es un mecanismo de democracia directa, una herramienta, que no produce un cambio real en las vidas de las personas. Los referéndum de este tipo tienen además el riesgo de polarizar (más) a la población. Entre otras cuestiones, porque reduce las posibilidades a dos, a una cuestión de blanco o negro. Y creo que esto va en contra de la concepción pluralista de democracia que defendemos nosotros (que no reduce los problemas a un sí o a un no). En este sentido, creo que la vía del federalismo, con el reconocimiento de la España plurinacional, es la solución más cercana a nuestra concepción de democracia, porque incluye las distintas sensibilidades: aquellos que se sienten solo catalanes, porque gozan de competencias fundamentales de autogobierno como la educación, cultura, sanidad, etc. y se les reconoce como nación; los catalanes-españoles; y los que se sienten solo españoles; porque siguen formando parte del Estado  y la nación española. Todos tienen algo que ceder en la solución federal, pero ninguno lo pierde todo (al contrario que con el referéndum). 

Por tanto, soy partidario de ofrecer un referéndum con garantías suficientes y mayorías reforzadas, además de  un porcentaje mínimo de participación. Y además, incluiría la idea de la divisibilidad del territorio. Si la nación española es divisible, también lo es la catalana. Por tanto, reconducimos la idea del referéndum a una cuestión de soberanía popular y no a una cuestión de soberanía nacional, vinculando los resultados por provincias. Creo que sería una buena forma de desactivar cierta retórica nacionalista, si bien precisaría de un amplio acuerdo político para su implementación.

La celebración del referéndum, pues, no la concibo como un fin en sí mismo, sino como una acción que  habría que complementar con más acciones políticas, a desarrollar dentro de la citada comisión, como:

a) Reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español, entre otras razones, para que no se repita el episodio del Tribunal Constitucional con el Estatut y para que las distintas sensibilidades nacionales se vean reconocidas.

b) Acercamiento de las instituciones políticas a Cataluña, por ejemplo, el Senado, lo que ayudaría a combatir la idea de “Madrid hace tal”, un recurso habitual en los discursos populistas.

c) Reforma constitucional para cerrar el modelo federal.

Y defender nuestra propuesta política federal con continuidad temporal y firmeza, y capacidad de sumar a ella a sectores hoy dudosos o incrédulos, incluso dentro del propio PSOE. Por tanto una propuesta federal, pero también una propuesta redefinidora de competencias y redefinidora del poder en:

a) Europa: España (y el resto de países miembros de la UE) “cede” competencias a Europa, si se me permite la expresión, “por arriba”: Defensa, Seguridad, Policía, Competencia, Comercio, entre otras a valorar. Y Europa hace también didáctica con Cataluña, como ya lo hace, no reconociendo lo que no es reconocible política ni jurídicamente.

b) Las comunidades autónomas: España también cede competencias a las nacionalidades, pero para que éstas las cedan a las entidades locales y las reordenen (ayuntamientos, diputaciones, áreas metropolitanas, consorcios, etc.). cada Comunidad autónoma como mejor considere, pues en lo referente al nivel local, la competencia es totalmente exclusiva de cada una de ellas, en función de su lógica política, funcional y territorial.

c) Nuevo sistema de financiación  autonómica y local, que incluya: el Pacto para un sistema de financiación autonómica que propone Iceta; y más inversión del Estado en infraestructuras estratégicas para Cataluña, pero no sólo para Cataluña, como, por ejemplo, el Corredor Mediterráneo, estratégico para toda España y para la Comunidad  Valenciana, Murcia, y también Almería y Granada. Nos vendría también muy bien a Granada, con un diseño global inteligente e integrador de esa mayor inversión, que no habría que verla como “desigualdad”, sino como “oportunidad”; un pacto financiero hacia lo local , para mejorar servicios públicos, aumentar el bienestar social y reforzar derechos. Por ejemplo para aumentar la financiación a los ayuntamientos para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

------------------

José María Rueda Gómez es miembro del Comité Federal del PSOE.