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Cuando me enteré del título que había elegido Jordi Amat para su último libro, La conjura de los irresponsables, pegué un respingo: La conjura de los necios es mi novela favorita. El personaje de Ignatius Reilly me ha hecho reír como ningún otro. Siguiendo el mismo esquema humorístico que ya se encuentra en el Quijote (una figura delirante que no se adapta a su tiempo, dando lugar a situaciones grotescas y absurdas), La conjura de los necios despierta la carcajada incrustando al genial Ignatius, con su mentalidad medieval, en la decadente Nueva Orleans. El choque entre la personalidad inabarcable de Ignatius y el mundo moderno origina escenas que son absolutamente hilarantes pero que a la vez están cargadas de patetismo y crítica social. Al final, Ignatius no sale bien parado de su encuentro con la realidad: en la última escena se ve obligado a escapar de su ciudad amada, mientras una ambulancia llega a su casa para encerrarle en un psiquiátrico.  

La historia que cuenta Amat acaba todavía peor. Los “irresponsables” terminan en la cárcel, o lejos de Barcelona, en la nublosa Bruselas. Y los muros de carga del edificio del 78, dañados. Como Ignatius, los independentistas catalanes no han sido capaces de reconciliarse con la realidad. Han llevado hasta el final un proyecto basado en ficciones. Tras el 27 de octubre se descubrió que no había nada, que la Declaración de Independencia era un puro acto expresivo, una especie de perfomance, sin consecuencias. No se aprobaron decretos de urgencia, no se arrió la bandera española, no se creó una fuerza de orden, no se fundaron las nuevas instituciones. Los líderes políticos se fueron a descansar el sábado 28 como si no hubiera pasado nada. Después de la DUI sólo estaba el artículo 155 y la cárcel, la “realidad desnuda” del nacionalismo español intolerante, jaleado por Felipe VI en su discurso duro y huérfano de apelaciones a la concordia y el acuerdo. Los líderes independentistas eran conscientes de que no tenían el apoyo social necesario para proclamar la independencia, pero no supieron parar. Pensaban que en algún momento el Estado se sentaría a negociar, o que al menos les daría una salida para bajarse del tren en marcha. Sin embargo, el Estado se vio sobrado de fuerzas y empujó cuanto pudo a los dirigentes del procés para que estos acabaran tirándose por el precipicio. El independentismo ha explotado, así que el Gobierno de Rajoy puede estar satisfecho, pero el coste para la democracia española ha sido enorme.

Amat ha escrito un libro necesario. Reconstruye y analiza el procés y sus antecedentes, de forma breve y profunda. En la primera línea el texto se define como “panfleto”, pero se trata de un error. Cuando oímos ese término, pensamos en una obra que no disimula su intención propagandística o de intervención. Sin embargo, La conjura de los irresponsables presenta un argumento coherente y lo desarrolla de forma muy inteligente; es más un análisis que un panfleto. Y es un análisis excelente, de lectura obligada, que debería servir de modelo para el libro político que se escribe en España. No hay truculencia, ni agresividad. La prosa es elegante y respetuosa, por mucho que la crítica sea dura en ocasiones. Y, a diferencia de lo que sucede en tantos ensayos, el ego del autor no se cuela por las rendijas del relato.

Precisamente porque es un libro valioso, merece que sus tesis se discutan. La principal de ellas establece que la implosión final del procés es el fruto de una larga cadena de decisiones políticas caracterizadas todas ellas por la irresponsabilidad. La acumulación de irresponsabilidades habría terminado dando lugar a la gran irresponsabilidad que se consuma en los meses de septiembre y octubre de 2017. Amat da gran importancia a los antecedentes. De hecho, la reconstrucción del procés resulta sorprendente, pues los sucesos anteriores a 2012 ocupan casi las dos terceras partes del libro. Al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de narraciones históricas, en las que el ritmo va ralentizándose a medida que nos acercamos al final, aquí ocurre lo contrario: la historia se acelera a partir de 2012, como si ya entonces fuera ineluctable lo que iba a acabar ocurriendo, sin posibilidad de marcha atrás. Y aquí viene mi principal reparo a las tesis del libro.

Amat analiza los acontecimientos pasados desde el presente, conociendo el final de la historia. De esta manera, los episodios anteriores se van juzgando en función de lo que posteriormente acabó sucediendo. Dichos episodios quedan convertidos en una sucesión de pasos que sientan las bases de la crisis constitucional de otoño de 2017. Y, en la medida en que la crisis fue un acto enorme de irresponsabilidad política, protagonizado por los dirigentes independentistas, pero también por el Gobierno de Mariano Rajoy y el sistema judicial, el autor proyecta la irresponsabilidad hacia cualquier antecedente relevante, como si tales antecedentes hubieran sido ellos mismos actos irresponsables por haber puesto en marcha una cadena de acontecimientos que culminó con el fiasco de la DUI ‘fake’ y la posterior aplicación del 155. Esta proyección retrospectiva, sin embargo, puede caer en la falacia clásica "post hoc ergo propter hoc": atribuir la causa del fenómeno a aquello que lo ha precedido.

Al presentar la secuencia histórica completa como una sucesión de irresponsabilidades, Amat suprime la contingencia inherente a la secuencia de sucesos. Pero es justamente la fuerte carga de contingencia a lo largo de todo el periodo lo que puede bloquear las atribuciones de (ir)responsabilidad. Procuraré explicarme. A juicio de Amat, la reforma del Estatut resultó un mal negocio. La decisión de iniciar dicha reforma fue “un acto de irresponsabilidad” (p. 38), por varios motivos. A Maragall se le fue de las manos el alcance de la reforma, el Parlament aprobó un texto que no encajaba en la Constitución. Además, se hizo con el PP en contra, ahondando la brecha entre los populares y el resto de fuerzas políticas en la cuestión territorial. La dinámica desencadenada propició la mutación del nacionalismo catalán. Fue en las primeras manifestaciones tras la aprobación del Estatut en el Parlament cuando se observa un desplazamiento claro hacia el soberanismo frente al catalanismo posibilista del periodo anterior.

Sin embargo, cabe pensar en desarrollos históricos en los que la aprobación del nuevo Estatut podría haber conseguido un cierto equilibrio institucional. Supongamos, por ejemplo, que el PP no hubiese interpuesto el recurso de inconstitucionalidad; o que, habiéndolo interpuesto, este mismo partido hubiese fracasado en su estrategia de adulteración de los miembros del Tribunal Constitucional; o que, habiendo logrado alterar la composición del Tribunal, no obstante Manuel Aragón hubiese optado por una lectura más flexible del asunto de la nación; o que, habiendo el alto Tribunal acordado una sentencia negativa y restrictiva, España no hubiera estado inmersa en su peor crisis económica desde la Guerra Civil, con la consiguiente deslegitimación de las instituciones y los partidos. En cualquier de esas circunstancias “contrafácticas”, el Estatut podría haber funcionado, frenando la expansión del independentismo. Si hubiera sido así, si la historia hubiese avanzado por otra vía, con un final distinto, ¿seguiríamos defendiendo que la reforma estatutaria fue un acto de irresponsabilidad?

Lo mismo cabe decir de otros muchos acontecimientos que, de haber evolucionado de otra forma, podrían haber evitado el desenlace final de la DUI. Por ejemplo, si el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera accedido a negociar el pacto fiscal en 2012; o si el Parlamento español hubiese aprobado en 2014, cuando se lo pidió una delegación del Parlament, delegar a las instituciones catalanas la posibilidad de organizar una consulta no vinculante; o si, tras la renuncia de Puigdemont a declarar la independencia en su comparecencia parlamentaria del 10 de octubre, el Gobierno de España hubiera aprovechado para abrir una negociación en profundidad (en lugar de mandarle dos burofaxes propios de un chiste de Gila), la crisis constitucional se habría podido evitar o al menos no habría llegado tan lejos. Que los actores desaprovecharan varias oportunidades para alcanzar algún tipo de acuerdo no implica que los precedentes del procés fueran necesariamente fruto de la irresponsabilidad política. Con otras palabras, si en el último momento se hubiese arreglado la situación, controlando los daños del unilateralismo independentista, nuestro juicio retrospectivo de la secuencia entera que se inicia a finales de 2003 con la investidura de Pasqual Maragall sería muy distinto.

Aun siendo cierto que la crisis catalana tiene raíces profundas, la secuencia histórica se desarrolló con altas dosis de contingencia en todo momento. Una conjunción de circunstancias desgraciadas, entre las que desempeña un papel sobresaliente una crisis económica que no era posible anticipar, nos ha conducido a una de las peores situaciones posibles, una crisis constitucional en toda regla. Por eso mismo, porque hay tantos factores imprevisibles en juego, la atribución de responsabilidades es un asunto endiablado. De la lectura del libro de Amat se deduce que la responsabilidad principal recae sobre un Gobierno central que entiende el problema político como un asunto de legalidad y orden público y, en consecuencia, se niega a negociar, y unos dirigentes independentistas que se embarcan en una vía unilateral, de desobediencia política, a pesar de no contar con los apoyos sociales necesarios para sostener el órdago. Pero a partir de ahí todo se vuelve mucho más matizable y resulta más arriesgado establecer relaciones de causa-efecto.

Expuestas estas reservas, me gustaría insistir en que el libro presenta una reflexión de gran valor. Y proporciona, además, una narración verosímil y un análisis sutil de cómo la democracia española (y, a su escala correspondiente, la catalana también) han fracasado en la gestión de un conflicto sobre la soberanía y la nación.