CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito, la web exclusiva de la comunidad CTXT. Puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí. 

La investigación aplicada muestra que los indicadores generales de pobreza y bienestar utilizados en España no siempre permiten llegar a un correcto diagnóstico de los problemas reales a los que nos enfrentamos en esta materia.

Dos son las razones principales. En primer lugar, el estudio de la pobreza y del bienestar se ve condicionado por una aproximación, el método estadístico europeo (con su indicador del 60% de la mediana o el AROPE), que no recoge adecuadamente estos fenómenos sociales. Es una consecuencia de que la determinación de los umbrales no se base en la percepción que la propia sociedad tiene respecto de las necesidades para superar la pobreza y acercarse al bienestar. Esta percepción no sólo se vincula a las estructuras de convivencia existentes sino también al ciclo de vida, un aspecto en el que resulta determinante el proceso de acceso a la vivienda, con costes que hasta ahora han tendido a ser decrecientes conforme aumentaba la edad.

Otro factor relevante en España es la existencia de grandes diferencias de precios entre territorios que, a su vez, se combinan con distintas estructuras demográficas en las comunidades autónomas.

Si se tienen en cuenta los factores señalados, tal y como adelantaba en un artículo reciente en el que detallo el método de estimación ajustada que utilizo a continuación, la conclusión a la que se llega es que el coste percibido de acceso al bienestar es muy desigual en los distintos territorios españoles. Así, en la tabla 1 se constata por ejemplo que, para acercarse al bienestar que es posible alcanzar con 100 euros en Extremadura, en Madrid se requieren 138,33 euros y en Cataluña 133,41. O, dicho de otra forma, el coste de acceso a un bienestar equivalente es un 38,3% y 33,4% mayor en Madrid y Cataluña, respectivamente, que en Extremadura.

Tabla 1

Coste estimado de acceso equivalente al bienestar por comunidades autónomas. España 2015 (renta 2014).

Base: 100 euros de Extremadura

 Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Este coste diferencial de acceso al bienestar no puede obviarse en el análisis de las diversas situaciones existentes en la escala pobreza-bienestar. Respecto a estas situaciones, me referiré a algunos aspectos relativos a dos de ellas: las problemáticas asociadas a la pobreza grave y las realidades vinculadas a lo que podría definirse como bienestar esperado. El punto de partida es la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (ECV), una operación estadística útil para este propósito, a pesar de algunas limitaciones (muestras autonómicas muy reducidas y subestimación de algunas partidas, como la relativa a las Rentas Mínimas). Se utiliza la ECV 2015 (renta 2014) para reflejar la situación existente al final de la crisis.

Respecto al riesgo de pobreza grave, hay consenso sobre la utilidad del indicador relativo al porcentaje de personas que se sitúan por debajo del umbral del 40% de la mediana de ingresos equivalente del país. Los resultados comparados del indicador general oficial con el que se deriva de la estimación ajustada se presentan en el gráfico 1.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Los datos del gráfico aportan algunos elementos de interés: el riesgo de pobreza grave se reduce ligeramente, del 11,2 al 10,6% de la población. Se trata de una consecuencia de una cierta disminución de la distancia en los indicadores entre las zonas más o menos afectadas en España. De esta forma, aunque siguen siendo importantes, las diferencias se reducen de 12,5 puntos porcentuales en la aproximación general (entre un mínimo del 5,4% y un máximo del 17,9%) a 10,3 en la ajustada (entre un riesgo mínimo del 5,8% y un máximo del 16,1%).

Más relevante, sin embargo, es comprobar las llamativas variaciones en el riesgo de pobreza grave en las distintas comunidades autónomas. Por una parte, en las comunidades más ricas, el indicador varía sólo ligeramente en Euskadi y Navarra (5,8% con el método ajustado por 5,4% en la aproximación general). Pero el deterioro del indicador es más notable al considerar las cifras ajustadas en el caso de Madrid/Cataluña. El riesgo de pobreza grave pasa en estas dos comunidades del 8,4% general al 10,1% estimado con el método ajustado, con un incremento de 1,7 puntos porcentuales.

En las comunidades a priori más desfavorecidas, mejoran en cambio los indicadores con la estimación ajustada. En la zona sur peninsular española, la estimación del riesgo de pobreza grave se reduce de forma significativa: en 4 puntos porcentuales en Castilla-La Mancha y Extremadura (de 13,5% en la aproximación general a 9,5% en la ajustada); y en 3,1 puntos porcentuales en Andalucía y Murcia (de 17,9 a 14,8%).

Otras dos zonas que mejoran su posición, al considerar los datos ajustados, son el resto de la zona norte (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Castilla-León) y la Comunidad Valenciana. En el primer caso, el riesgo de pobreza se reduce en 0,7 puntos porcentuales (de 7,5% en la aproximación general a 6,9% en la ajustada); en el segundo, en 0,6 puntos porcentuales (de 10,4 a 9,8%).

En las islas, la estimación alternativa se traduce en cambio en mayores niveles de riesgo. Illes Balears y Canarias ven así aumentar en 0,7 puntos porcentuales su riesgo de pobreza grave: de 15,4% en la aproximación general a 16,1% en la ajustada.

El resultado es una imagen algo inhabitual de las zonas con mayor riesgo de pobreza en España. Por una parte, el área que comprende al resto de la zona norte (Resto Norte) ve caer de 2,1 a 1,1 puntos la diferencia existente respecto a Euskadi/Navarra para situarse entre las comunidades autónomas con menor riesgo. Frente a las cifras de 5,8-6,9% de las comunidades autónomas señaladas, Madrid y Cataluña se acercan en cambio a la media española, con un 10,1% que supera tanto el 9,8% de la Comunidad Valenciana como el 9,5% de Castilla-La Mancha/Extremadura.

En el grupo de zonas con mayor riesgo de pobreza grave, Andalucía y Murcia quedan muy por encima de la tasa media española, con un 14,8%. Sin embargo, dejan de constituir el grupo más afectado por el riesgo de pobreza, superior en el conjunto formado por Canarias/Illes Balears, con una tasa ajustada del 16,1%.

La realidad descrita, condicionada por los diferentes costes de acceso al bienestar en las comunidades autónomas españolas, responde también al peculiar modelo de protección social español. La eficaz protección que facilita el sistema de pensiones se traduce en una reducción del 90,3% en el riesgo de pobreza grave de la población residente en hogares de pensionistas. Esta cifra contrasta con las limitaciones observadas en la cobertura de las necesidades de otros colectivos, con apenas un 34,7% de la población en hogares con personas desempleadas (pobres tras considerar ingresos por actividad económica y pensiones) que consigue superar el riesgo de pobreza grave con las prestaciones por desempleo.

En España, la mayor presencia relativa de colectivos no pensionistas entre los grupos en riesgo antes de transferencias sociales se traduce, por ello, en un menor nivel de protección. Esto afecta de manera especial a zonas que, antes de transferencias, tienen tasas de riesgo inferiores a la media pero que tienen un coste de acceso al bienestar elevado (Madrid/Cataluña y Canarias/Illes Balears). Frente a la reducción media de un 68,3% en el riesgo de pobreza grave en el conjunto de España, la disminución es del 65% en Madrid/Cataluña y de apenas un 50,1% en Canarias/Illes Balears (la única zona en la que la efectividad de las pensiones contra el riesgo de pobreza grave resulta sustancialmente inferior a la media española). Aunque Andalucía/Murcia son las regiones en las que mayor impacto relativo tiene la política de protección al desempleo de cara a la reducción del riesgo de pobreza grave, ésta resulta insuficiente, con una reducción del porcentaje de personas en riesgo que también resulta claramente inferior a la media española (-65%).

Entre las zonas que se benefician de una protección superior a la media, con una disminución de la población en riesgo de pobreza situada en el 74%, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura se benefician del efecto de una protección por desempleo comparativamente más alto, cercano al de Andalucía/Murcia. Las comunidades mejor protegidas son las que forman parte del resto de la zona norte (de Galicia a Aragón), con una reducción del riesgo, situado en el 78,3%, que se vincula en lo fundamental a la política de pensiones. Lo mismo ocurre en Euskadi/Navarra, con una caída del porcentaje de riesgo algo menor al de los grupos de comunidades señaladas con anterioridad (72,9%).

Tabla 2

Factores que determinan la incidencia de la pobreza grave por comunidades autónomas. ECV 2015

(Estimación con aplicación del método ajustado)

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

La ECV no ofrece datos suficientemente precisos sobre ingresos por asistencia social, pero éstos sirven para poner de relieve un aspecto relevante. En este sentido, se observa que en 2015, con datos de renta 2014, sólo en el País Vasco el acceso a este tipo de ingresos resulta determinante en la prevención de la pobreza grave. En la estimación ajustada, el acceso al sistema de rentas mínimas (y a otras actuaciones asistenciales menores) permite hacer caer el riesgo de pobreza grave de 8,2 a 5,9%. Sin esta actuación, la posición del País Vasco sería peor que la del conjunto formado por Navarra y el resto de la zona norte (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Castilla-León), con tasas de 7,1 y 6,7% antes y después de transferencias asistenciales. Antes de las transferencias de Asistencia Social, la tasa de Euskadi se acerca bastante más, de hecho, a las tasas de Madrid (11,3%) y, sobre todo, de Cataluña (9,6%).

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Al contemplar la participación en los grupos más favorecidos a través de la aproximación ajustada, el deterioro comparado de las posiciones de la Comunidad Madrid y de Cataluña, ligadas a los costes diferenciales de acceso al bienestar, resulta mucho más llamativo.

En la aproximación general que se deriva directamente de la ECV, Cataluña y Madrid tienen una participación a priori alta en los colectivos que acceden al bienestar esperado. La proporción es del 66,6% para estas dos comunidades, sólo superadas por el 75,8% de Euskadi y Navarra. Sin embargo, en la aproximación ajustada, la proporción de personas en bienestar, que aumenta hasta el 76,6% en las comunidades forales, se reduce en 9,4 porcentuales en Madrid/Cataluña para quedar en un 57,2%. Este porcentaje queda muy por debajo del 65,2% del resto de la zona norte (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Castilla-León) y no resulta muy superior al 53% de Canarias/Illes Balears o al 52,7% de Castilla-La Mancha/Extremadura. La proporción de personas que acceden al bienestar esperado en Madrid/Cataluña sólo supera claramente la que corresponde a Andalucía/Murcia y Comunidad Valenciana, con cifras cercanas al 47%.

Salvo en Baleares y Canarias, donde se observa un pequeño deterioro (-0,9 puntos de personas en bienestar respecto a la aproximación general), en todas las demás comunidades autónomas la proporción de personas que acceden al bienestar esperado resulta superior al considerar la aproximación ajustada. La mejora más clara al considerar esta aproximación corresponde a las regiones del sur peninsular (+9,6 puntos porcentuales en Castilla-La Mancha y Extremadura y +8,6 en Andalucía y Murcia), pero también resulta llamativa en el resto de la zona norte (+5,6 puntos).

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Estos datos anticipan una distribución del bienestar mucho más favorable a las regiones habitualmente consideradas menos ricas en España. Aunque esto pueda sorprender, los datos ajustados revelan que el núcleo dominante de la población que accede al bienestar esperado en España se encuentra en realidad en las regiones del sur peninsular (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia) y del resto de la zona norte (Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Castilla-León). Un 45,3% de la población que accede al bienestar esperado en España reside en esta parte del territorio, por encima del 38,2% de PIB que concentraban en 2014 (año de referencia para la ECV 2015). El peso en la población en bienestar supera en las comunidades señaladas al 38,9% que corresponde a Madrid, Cataluña, Euskadi y Navarra, a pesar de concentrar estas cuatro comunidades autónomas un 45,7% del PIB español de 2014. El 15,8% restante corresponde a Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana, en línea con el 16% del PIB que concentran estos tres territorios.

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV

Los datos presentados en el artículo sugieren algunos elementos para el debate sobre la política social española. Por una parte, la insuficiente protección a las personas desempleadas exige un mejora en esta dimensión si se quiere reducir la elevada tasa de riesgo de pobreza grave existente en España. La crisis de financiación de las pensiones, un sistema altamente protector en nuestro país, advierte por su parte del grave riesgo que supondría una significativa reducción de sus cuantías (una perspectiva que podría derivarse sin embargo de las reformas aprobadas en los últimos años).

La posición comparativamente más deteriorada de zonas con elevado nivel de precios, como Madrid o Cataluña, en contraste con la posición más favorecida de una Euskadi que se beneficia de los efectos positivos de su política de rentas mínimas, muestra la importancia que tiene un sistema de última red situado en el ámbito autonómico para limitar los efectos de precios más elevados. La acción complementaria de las rentas mínimas autonómicas resulta particularmente necesaria en estas zonas de máxima atracción de la actividad económica y de nueva población inmigrante.

En la parte vinculada a la población más favorecida, los datos muestran finalmente que la solución a los problemas de financiación autonómica tienen que considerar la evidencia de un grupo cuantitativamente muy numeroso, en realidad dominante, de población en bienestar que reside fuera de las comunidades consideradas habitualmente más ricas en España (Madrid, Cataluña, Euskadi y Navarra). Dicho grupo podría disponer de recursos suficientes para contribuir más intensamente a la financiación del bienestar en sus propias comunidades autónomas.