La Comunidad de Madrid fue una de las últimas, con Castilla y León, en aprobar su Estatuto de Autonomía por la vía prevista en el art 143º de la Constitución. Es preciso señalar de entrada que tanto en la fase de iniciativa como en la de elaboración, discusión y promulgación del mismo, la participación de la sociedad civil madrileña fue mínima. La ausencia de una tradición de reivindicación autonómica, junto a la heterogeneidad de realidades físicas, socioeconómicas y culturales de los territorios que rodean la gran conurbación metropolitana de la ciudad de Madrid, le privaba de una experiencia compartida que pudiera haber alimentado un cierto sentido de pertenencia regional como el que existía en otras CC.AA. uniprovinciales que accedieron a la autonomía por la misma vía.

Así que la autonomía madrileña fue ante todo y como se dice en la nota a pie de página, una “operación de cierre” del mapa autonómico español. Había otras soluciones políticas y “constitucionales” como la del Distrito Federal y haber adscrito las comarcas a las regiones con las que tenían más similitudes culturales, Castilla la Mancha y Castilla y León pero la búsqueda de la homogeneidad (café para todos) y la necesidad de “cerrar el mapa” cuanto antes empujó a la solución uniformizadora.

Hay que subrayar que, además de esta ausencia de aliento popular, la autonomía madrileña no contaba precisamente con el consenso de las fuerzas políticas de la época. Para cuando hubo que ponerse a pensar la Comunidad Autónoma para la provincia de Madrid, UCD había desaparecido del mapa político y la AP de Fraga no mostraba excesivas simpatías al hecho autonómico. Eso convirtió el proceso autonómico en una operación casi en exclusiva protagonizada por la izquierda madrileña, el PSOE y el PCE, fuertemente estimulados por la experiencia del Ayuntamiento de Madrid gobernado por la coalición de ambos partidos bajo la presidencia de Tierno Galván. 

Solo con el paso del tiempo y la comprobación por la derecha política, y los sectores sociales afines, de que la gestión de los recursos públicos adscritos a la CdM ofrecía posibilidades de atesorar poder político y emprender suculentos negocios privados –sobre todo en el sector inmobiliario y el de la construcción–, coincidente en el tiempo con los efectos derivados de los cambios operados en la estructura económica y social de la región (desindustrialización/terciarización, política monetaria laxa favorecedora de niveles de endeudamiento desconocidos hasta entonces, desproletarización de los sectores populares, etc), se asistió al auge creciente de una hegemonía política conservadora entre amplios sectores de las clases medias que, habiéndose beneficiado en primera instancia de las prestaciones del Estado del Bienestar, se encontraban ahora en condiciones de abandonar su tutela y reducir el peso de su sostenimiento financiero.

Cuando se produce el tamayazo, ya este amplio sector social está alentando las tendencias a privatizar servicios públicos y a reducir el peso de lo público en la economía regional, esperanzados de que las mismas alimentaran un nuevo ciclo de prosperidad individual y colectiva. La coincidencia de estas tendencias con una oleada inmigratoria que surte de mano de obra barata a los sectores beneficiarios de las mismas no hace sino alimentarlas al tiempo que compensa algunos de sus efectos menos deseables, como es la posible reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social, como consecuencia de la caída del empleo industrial y el empeoramiento de la calidad de los empleos asociados a este nuevo ciclo de “prosperidad”.

Cuando se produce el tamayazo, ya este amplio sector social está alentando las tendencias a privatizar servicios públicos y a reducir el peso de lo público en la economía regional

Para entonces la derecha madrileña dirigida por Esperanza Aguirre parece haberse sacudido los complejos de la etapa Gallardón y emprende un radical cambio de rumbo que le lleva a convertirse en el gobierno de los grandes negocios y cuyos efectos se manifiestan de forma descarnada aún en nuestros días.

La Comunidad de Madrid que se encuentra Aguirre es un auténtico mirlo blanco. Con un ámbito territorial reducido y unas demandas de servicios básicos (infraestructuras, sanidad, educación, seguridad) esencialmente cubiertas por las inversiones del Estado en su territorio y una fuente de ingresos tributarios asegurada por ser la sede de una parte sustancial de la base imponible de los principales impuestos, la labor de gobierno autonómico puede permitirse una orientación liberal en materia de imposición fiscal, especialmente en el impuesto sociedades lo que, de paso, favorece la localización de grandes corporaciones nacionales y extranjeras con sus consiguientes efectos en términos de generación de rentas y empleos. En materia de impuestos y en materia de endeudamiento porque la parquedad de las inversiones públicas, a pesar del reducido nivel de imposición fiscal, ha hecho prácticamente innecesario apelar a recursos externos.

La base social de este gobierno estuvo constituida por una aparente ola de enriquecimiento social, impulsado especialmente por el llamado efecto riqueza derivado del acceso a la propiedad de la vivienda familiar, como se ha dicho soportada por la política de dinero barato y los incentivos fiscales. 

En el contexto de ese clima social la izquierda política experimentó una evolución paralela pero de signo contrario a la de la derecha. Desarmada en su parte mayoritaria por la influencia hegemónica del neoliberalismo en sus filas y, en la minoritaria, por la pérdida histórica de referencias, ni siquiera el paréntesis del movimiento contra la guerra y el acceso del PSOE al gobierno de la nación han servido para reanimar su tono vital. Así ha visto sucederse los gobiernos de Gallardón, Aguirre, González (¡) y Cifuentes sin que haya estado en condiciones de cuestionar seriamente este largo período de hegemonía conservadora.

Tan largo periodo tenía que reflejarse a la fuerza en los rasgos institucionales de la comunidad autónoma. Como se ha dicho más arriba, la suficiencia en la dotación de servicios públicos procedente de las transferencias del Estado correspondiente a las competencias asumidas en su Estatuto ha permitido a los gobiernos que se han sucedido en la Puerta del Sol una labor sin los agobios financieros de otras CC.AA. Solo en el traspaso de los servicios del Insalud, realizado con un déficit corriente de cien mil millones de las antiguas pesetas podía resentirse de esta situación deficitaria. En vez de haber exigido a sus compañeros del Estado una valoración adecuada de los costes del traspaso y la consiguiente dotación financiera, ello ha servido a los gobernantes del PP, desde Lamela para acá, para ofrecer la gestión hospitalaria al negocio privado con los efectos que  empezamos a conocer. Y en otros servicios públicos como el del abastecimiento y saneamiento de aguas, esencial para la vida y la salud de los ciudadanos, el gobierno del PP ha pretendido hacer de la entidad responsable, el Canal de Isabel II, una pieza de la megalómana idea de los campeones nacionales de Aznar, abriendo a los inversores privados su participación en el capital social de la empresa y, desde ahí, entrar en el oligopolizado mercado mundial del agua.

De esta manera, servicios públicos esenciales se convertían en paquetes de negocio ofrecidos a las grandes corporaciones (antes en el negocio inmobiliario y de la construcción) para resarcirlas de las pérdidas derivadas del estallido de la burbuja y con la promesa de una adecuación de las tarifas correspondientes que garantizara una tasa de beneficios suficiente para alentar la entrada en el negocio.

De esta manera, servicios públicos esenciales se convertían en paquetes de negocio ofrecidos a las grandes corporaciones para resarcirlas de las pérdidas derivadas del estallido de la burbuja

A partir del 2003 el impulso a la labor del gobierno autonómico vino de los planes de negocio de las grandes corporaciones que vieron en los presupuestos autonómicos una oportunidad de complementar las grandes operaciones en materia de infraestructuras estatales. Estas operaciones se desarrollaron especialmente en el campo de la prestación de los servicios esenciales, la gestión de los servicios hospitalarios asumidos por la comunidad autónoma después del traspaso del Insalud, la gestión de los servicios del abastecimiento y saneamiento de aguas residuales urbanas y la gestión de los desechos urbanos.

Lo que se produjo en la Comunidad de Madrid fue una auténtica captura de los aparatos político y administrativo por los sectores más poderosos del sector privado de los negocios, después de que se hubieran puesto las condiciones precisas para ello. Las alianzas industrial estatales que habían gobernado e impulsado el desarrollismo de la región metropolitana de Madrid fue sustituido por la alianza inmobiliaria financiera. Estos aparatos, que debían haber servido para acercar la gestión de los asuntos públicos a la ciudadanía y para priorizar la satisfacción de las necesidades sociales esenciales, se convirtieron en herramientas para la construcción de un bloque social beneficiario de las políticas públicas orientadas a desarrollar un enorme sector inmobiliario y otro de la construcción residencial (el bloque inmobiliario rentista), que no solo han protagonizado el crecimiento económico madrileño, sino que han asentado los pilares fundamentales de un proyecto de hegemonía cultural de largo plazo a través de las políticas neoliberales.

Ello fue posible por la puesta en marcha de un monstruoso aparato de endeudamiento de las empresas y, a los efectos que aquí nos ocupan, de las familias para un proceso de “ascenso social” a través de la riqueza patrimonial. La sociedad madrileña, de una forma súbita, cambió su configuración y mejor aún la autopercepción de su estructura social: de una sociedad de trabajadores y empleados pasó a autoconsiderarse como una sociedad de clases medias.

Lo que se produjo en la Comunidad de Madrid fue una auténtica captura de los aparatos político y administrativo por los sectores más poderosos del sector privado de los negocios, después de que se hubieran puesto las condiciones precisas para ello

Este cambio en la imagen de sí misma preparaba la consolidación de un largo período de hegemonía de las ideas conservadoras que se reflejaría en el largo período de gobiernos del PP en la Comunidad y en un número creciente de municipios, alguno de los cuales habían constituido piezas fundamentales del poder de la izquierda.

La construcción de la Comunidad de Madrid, en ausencia de una tradición histórica que la cimentase, podría haber recorrido el camino del desarrollo y profundización de los derechos sociales y ambientales anunciados en la Constitución. Ello habría contribuido a dotar a la Comunidad de una identidad y un sentido de pertenencia colectivos que funcionaran como soporte de las instituciones autonómicas. No era esta, sin embargo, una necesidad sentida por los grupos sociales que usufructuaban en su beneficio esas instituciones, las cuales operaban, así como gestoras de los intereses de estos grupos

La construcción de la Comunidad, sin duda la tarea políticamente más importante a la que objetivamente se enfrentaban los gobiernos autonómicos, quedó así postergada sine die, los grupos sociales que habían colonizado las instituciones comunitarias no lo precisaban, antes, al contrario, podía suponer un obstáculo al desarrollo de sus negocios y prebendas.

De este modo el desarrollo institucional de la Comunidad no solo se paralizó, sino que sufrió una evidente regresión hacia momentos preconstitucionales de la historia. La sensación de que la Comunidad era poco más que una vieja Diputación provincial, con (muchos) más recursos, que permitía engordar la clientela del PP y con un adorno legitimador en la Asamblea Legislativa, vino a asentarse entre la ciudadanía, que se desentendió aún más de unas instituciones ya desde su origen escasamente identificadas con el sentimiento popular.

En este contexto y sin oposición política digna de tal nombre, la administración autonómica se convirtió en laboratorio de las políticas más ultraliberales que podía impulsar el PP, al tiempo que plataforma de los sectores más reaccionarios de este partido, de la mano de una visión liberal conservadora siempre vigilante de las posiciones moderadas del PP nacional, sobre todo desde el acceso de Rajoy a su presidencia.

Una consecuencia, no la más importante pero sí la más escandalosa de esta configuración político institucional fue la habilitación de un campo abonado para la práctica sistemática de todo tipo de corrupciones y corruptelas administrativas a las que los organismos de control se revelaban incapaces de poner coto.

La construcción de la Comunidad de Madrid, en ausencia de una tradición histórica que la cimentase, podría haber recorrido el camino del desarrollo y profundización de los derechos sociales y ambientales anunciados en la Constitución

Prácticas que han afectado a la conformación de los partidos políticos en la Comunidad y, en general, al conjunto de la vida política en la misma.  Afectados por los dos grandes problemas de los partidos políticos en España –el sistema electoral y el sistema de financiación– determinantes de un sistema multipartidista imperfecto (en realidad, bipartidista corregido), los partidos políticos en la Comunidad de Madrid,  con una tasa de afiliación tan baja como la general y unos aparatos y gastos de funcionamiento desmesurados, han concentrado su atención fundamental en aquellos ámbitos que podían ser fuente de ingresos equilibradores de sus siempre maltrechas finanzas. Y esos ámbitos, como ya hemos citado, fueron la(s) administración(es) y la gestión urbanística.  Y teniendo en cuanta que para acceder a la segunda es preciso controlar la(as) primera(as), se entenderá la importancia que los partidos políticos del régimen han concedido al control y aprovechamiento de parcelas de poder administrativos.  En el sistema político español en general, y en el “madrileño” en particular, se detecta una ideología transversal a todos los partidos profundamente estatista y “administrativista”.

Convertidas las instituciones autonómicas en meras gestoras de los negocios especulativos con eje en el sector inmobiliario, su personal dirigente se vio intensamente estimulado a “participar en el reparto del botín. Varios miembros de los gobiernos de la Comunidad, incluyendo un presidente y un vicepresidente se encuentran judicialmente imputados en causas por prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, etc. Por sí solos estos hechos configuran un estado de alarma en la región que demanda una enérgica acción de regeneración política e institucional. 

El Estado de las Autonomías presenta evidentes síntomas de agotamiento que aconsejan su adecuación a las exigencias de la sociedad española actual. Pero tal adecuación no tiene por qué esperar a la reforma del título VIII de la Constitución; en el actual marco y con las posibilidades que brindan es posible acometer un desarrollo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid que impulse tal regeneración de sus instituciones, defina un modelo económico alternativo al especulativo hegemónico en las últimas décadas y garantice el fortalecimiento de la cohesión y los derechos sociales.

La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid debería ser un elemento central de agenda para las elecciones de 2019.

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José Antonio Errejón y Jorge Moruno son militantes de Podemos.