Ubicado en la esquina oriental de la península arábiga, el Sultanato de Omán es el penúltimo actor de renombre que se incorpora al Proyecto Salamanca, la trama del uranio charro que va ya por su enésima temporada de rodaje. La historia va de una empresa minera de renombre que desembarca en un territorio de provincias prometiendo futuro a cambio de la explotación a cielo abierto del uranio, un elemento radiactivo con propiedades únicas para la energía nuclear. Bajo la sospecha de una burbuja bursátil y con la calidad de los yacimientos salmantinos en entredicho, el argumento se complica según se va conociendo el pasado más reciente y oscuro de la compañía en Francia, donde se la vincula a un escándalo de Estado.

Empezando por el final, el pasado 31 de enero se hizo oficial la entrada de capital omaní en la compañía australiana Berkeley (con diferentes ‘apellidos’: Berkeley Energía, Berkeley Minera o Berkeley Resources, que aquí se omiten para no complicar una madeja de por sí difícil de seguir). 120 millones de dólares (cerca de 100 millones de euros) para hacerse con el 37 por ciento de la firma y convertirse así en su socio estratégico, habida cuenta de la dispersión del resto de inversores. Rebobinando: el fondo soberano de una de las últimas monarquías absolutas del mundo, sin apenas libertad de expresión (puesto 126 de 180 de la lista que elabora anualmente Reporteros sin Fronteras) y con pedigrí petrolero pero sin relación alguna reseñable con la energía nuclear, acaba de hacerse con el control de la empresa que pretende explotar el uranio de la provincia de Salamanca.

Hace más de una década que Berkeley aterrizó a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Salamanca, con los pequeños municipios de Retortillo y Villanueva de Yeltes como dos de los escenarios principales de la acción. De fondo, la llanura de Campo Charro, una dehesa de encinas, matorrales y personas castigadas por la crisis. Berkeley llegó prometiendo pleno empleo: “El paro va a desaparecer”, dijeron. Y mantienen. Todo ello, describen en su página web, a través de un proyecto de suministro de energía limpia respaldado por la Unión Europea, por las autoridades competentes, además de por la comunidad local y por agrupaciones profesionales del sector. A esta lista es a la que acaba de sumarse el capital internacional que faltaba: Omán. Hasta aquí, lo que aseguran unos que pasa, el entorno de la minera.

Pero resulta que es exactamente lo contrario de lo que un heterogéneo grupo de críticos sospecha que en realidad sucede: el nuevo intento a la desesperada de Berkeley, que cotiza en bolsa, por dar el ‘pelotazo’ con un mineral hoy en horas bajas. Que si primero fue el globo sonda de los coreanos (KEPCO, Korea Electric Power Corporation), que si más tarde los rusos (Severstal), que si el año pasado dos inversiones británicas (primero Interaloys y después Curzon Resources), y que ahora el fondo soberano de Omán. En resumidas cuentas, urdimbres de especulación para elevar el valor del llamado Proyecto Salamanca en el mercado y venderlo, con los precios hinchados, al mejor postor. “Pagan a una compañía por anunciar que les va a comprar una parte de la futura producción y así obtienen financiación”, asegura una activista que ha llevado a cabo una profunda tarea de investigación.

La posibilidad de que Omán sea un farol se acrecienta cuando, tras varios intentos de las personas críticas por contactar con el organismo, los diferentes correos electrónicos siempre son devueltos de forma automática y los números de teléfono vinculados figuran como no existentes. Pero en todo caso y sea real el interés omaní o no, otra fuente experta consultada advierte: “Están engañando con el precio de la explotación y al final siempre aparece algún incauto que compra. Detrás de Berkeley hay un grupo de economistas que sabe especular en bolsa”.

Por el reparto del Proyecto Salamanca ha aparecido ya un sinfín de actores, desde administraciones locales y autonómicas, hasta el propio Estado, pasando por los pequeños ayuntamientos aledaños y sus habitantes, especialistas, partidos políticos, representantes de movimientos ciudadanos, activistas, colegios profesionales... Todos ellos han accedido a hablar con CTXT menos uno: Berkeley, la minera en el centro de la trama, ha preferido hacer del silencio la modalidad de su discurso. Y en el caso de las diferentes personas expertas consultadas, tres profesionales de la Geología, la Ingeniería de Minas y la Geofísica, lo han hecho siempre bajo la condición del anonimato: “No me extraña que también otros hayan pedido no aparecer con nombres y apellidos. Al final esto es muy pequeño y Berkeley es quien es”, se justifica una de esas voces. Su trabajo está muchas veces entre la espada y la pared, entre quien les paga y su profesionalidad.

La inversión total ta realizada, según las estimaciones de las diversas fuentes consultadas, oscila en una horquilla de entre 70 y 120 millones de euros (de los 250 que prevén al finalizar)

Para hacerse una idea aproximada de la trama del uranio salmantino, lo más prudente es ir por escenas, al menos las cinco principales, pues la historia continúa y van varias temporadas… a razón de una inversión total ya realizada que, según las estimaciones de las diversas fuentes consultadas, oscila en una horquilla de entre 70 y 120 millones de euros (de los 250 que prevén al finalizar). Dado que la mina no consigue arrancar y sigue sin generar ganancias, ¿cómo se sostiene la empresa? Berkeley no desmiente las cifras, pero tampoco responde. “No son pérdidas, sino gastos. Hay que verlo en términos de inversión futura; otra cosa es si adornan las cuentas para venderlo y conseguir recuperar lo invertido. Ahí entra en juego la pericia de los compradores”, argumenta un especialista.

Escena 1: la calidad del yacimiento charro en el futuro energético

El uranio es una commodity sujeta a los subibajas de la oferta y la demanda de un mercado muy particular: el nuclear. Si el futuro camina hacia ese tipo de energía, las ganancias son copiosas para sus inversores. Pero si la cosa se tuerce, los precios caen, incluso en picado si ocurre algo grave. Estas claves ayudan a leer lo que ha sucedido en España: el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero traicionó su calendario de cierre de centrales (“soy el más antinuclear del Gobierno”, pregonaba en 2005 el entonces presidente), facilitando a las multinacionales la posibilidad de explorar las reservas estatales (el ministro Miguel Sebastián abrió la veda en 2010, mostrándose a favor de pactar con el PP una prórroga “sin líneas rojas”). Evidentemente, nadie se esperaba lo sucedido el 11 de marzo de 2011: el accidente de Fukushima (Japón), el peor desastre del sector desde Chernóbil (1986) y una de las mayores devastaciones medioambientales de la historia reciente.

El golpe afectó a toda la industria nuclear, incluidas las minas de uranio. La rentabilidad de estos negocios depende de la calidad de los yacimientos: si son buenos, se gana mucho dinero cuando los precios están altos; y poco, pero se gana, cuando aquéllos están bajos. Pero si las reservas son malas, los beneficios de las épocas de vacas gordas se turnan con cuantiosas pérdidas durante los años críticos. Con un modelo energético en el aire, al menos en Europa, donde algunos hablan incluso de la “decadencia nuclear”, las previsiones solo van a peor.

En este escenario, la mina de uranio de Campo Charro “es sin duda marginal”, coinciden las voces consultadas, que entre otros argumentos técnicos subrayan la llamada ‘ley de corte del mineral’, es decir, la concentración de uranio en cada total extraído. La medida estándar sobre la que se trabaja actualmente es de 400ppm (partes por millón), mientras que los índices que maneja Berkeley en Salamanca parten de los 200ppm, a tenor de los datos a los que ha tenido acceso CTXT. “Son límites muy bajos que una empresa ‘normal’ no tendría en cuenta. Trucos que les sirven para cuadrar cifras y que les quede una estupenda presentación de PowerPoint”, asegura una de las fuentes, que propone otro ejemplo para comprender las bajas prestaciones del Proyecto Salamanca: comparar ese 0,02 por ciento sobre el que opera Berkeley a cielo abierto (los 200ppm) con hasta el 20 por ciento de rentabilidad con la que trabajan algunas minas subterráneas en Canadá.

El bajo rendimiento del mineral puede ser compensado con los costes de explotación, pero los yacimientos salmantinos son pequeños y se encuentran dispersos y distantes entre sí, lo que pone aún más en cuestión el tonelaje total de sus reservas (unos 60 millones), pues entran en juego tanto los gastos tanto del transporte como la imposibilidad de tener una planta de tratamiento en cada punto. 

Escena 2: la espantada del Estado

La instalación de procesado del mineral merece una especial atención, ya que influye determinantemente en la rentabilidad de la extracción. El aterrizaje de Berkeley retrasó los planes de desmantelamiento de la planta pública Quercus; una tecnología punta para el tratamiento del uranio que la sociedad mercantil pública ENUSA ponía a disposición de la minera privada. Por aclararlo: ENUSA es la encargada del diseño, fabricación y abastecimiento para las centrales nucleares españolas, además de garante de las reservas del Estado. Pero de aquella colaboración apenas quedan las cenizas y ahora Berkeley se contenta con lo que tiene: “Una especie de ‘piscinas’ que extraen miseria del mineral”, aclara un experto.

Relacionados desde que en 2009 el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo con Berkeley para explorar una mina cercana, Saelices el Chico, el divorcio entre Berkeley y ENUSA se produjo en 2012. Aquel revés removió los cimientos y las esperanzas de Berkeley, sobre todo, porque perdía el paraguas el Estado mientras quedaba en entredicho la calidad de su inversión: “Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado, ENUSA concluye que no se ha acreditado que la explotación del dominio minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo”, se lee en un comunicado emitido en su día por la sociedad mercantil. Aquello produjo tal terremoto que Berkeley llegó a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional por el que pretendió reclamar a ENUSA 200 millones de dólares (162 millones de euros) por daños y perjuicios.

Meses más tarde Berkeley y ENUSA alcanzaron un acuerdo, una especie de pacto de silencio por el cual no se disolvía el consorcio, pero la participación pública se reducía a su mínima expresión y, aclara por teléfono ENUSA, “no a los terrenos de Retortillo, sino a una pequeña parte de terreno que se les cedió, pero de la que ni hablan ni tenemos constancia de que quieran explotar. Solo si algún día se deciden por esa zona tendríamos que vigilarlo como garantes y con una participación de beneficio muy mínima. Actualmente no tenemos nada que ver con Berkeley y por eso tampoco podemos pronunciarnos acerca de la entrada de Omán”.

Perdido el respaldo estatal, la empresa presume en su web de contar con apoyos de prestigio, como el del Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España (COIMCE) y del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG). Este medio se ha puesto en contacto con ambos y, mientras el COIMCE alega “razones de confidencialidad” para no pronunciarse al respecto, el ICOG contradice a la compañía: “El Colegio no ha dado el ‘visto bueno’ a ese proyecto, eso lo dice Berkeley. Nosotros apoyamos los proyectos mineros en general, porque son importantes para el desarrollo del país, pero no entramos en casos concretos”. Bajo su punto de vista, “oponerse a la minería por sistema no es bueno, pero cualquier proyecto minero debe pasar su evaluación de impacto ambiental y, si es así y se cumplen todos los requisitos administrativos, las explotaciones deben abrirse”.

Escena 3: el desarrollo económico y la salud

Fuera de juego el Estado, las licencias de concesión y de impacto medioambiental las ha concedido la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Economía y Empleo, y de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, respectivamente. Preguntados por la entrada del Califato de Omán en el reparto, el Gobierno autonómico remite al Boletín Oficial de Castilla y León, concretamente, a la Declaración de Impacto Ambiental del 25 de septiembre de 2013, por el que los yacimientos de Retortillo-Villavieja reciben “favorablemente” el dictamen, “siempre y cuando se cumplan las condiciones y sin perjuicio de otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización”.

“La Junta favorece la minería como desarrollo de la región, supuestamente para crear empleo. Pero no tiene en cuenta la calidad de vida. Es un riesgo para la salud”, resume el portavoz de STOP Uranio, José Ramón Barrueco. Esta plataforma ciudadana recuerda el peligro de la radioactividad para la salud pública y también para el medio ambiente, reivindicaciones en las que coinciden con partidos políticos como Equo y con organizaciones como Ecologistas en Acción, que han tomado partido en el asunto, llegando a presentar recursos judiciales. Un asunto, el legal, que da para escribir un libro, toda vez que existen más de un centenar de permisos entre los concedidos, los pendientes, los recurridos…

La compañía calcula generar 450 puestos de empleo directos y otros 2.500 indirectos. Pero como la mina no termina de arrancar, la realidad todavía está muy lejos de lo prometido desde hace más de diez años

Berkeley refleja que, por un lado, el impacto ambiental será mínimo, pues restaurarán continuamente el entorno. Por ejemplo, ante las quejas presentadas por STOP Uranio por la tala de 1.800 encinas milenarias, asunto también que está en los tribunales, la compañía contraataca prometiendo plantar seis encinas por cada una que tenga que cortar. Una estrategia de voluntades que repiten en otros casos. Por otro lado, también está en cuestión la salud humana, en la que Berkeley defiende que no se va a producir una radiación superior a la naturalmente existente en la zona, mientras que formaciones como Equo, Ganemos Salamanca o Podemos esgrimen lo contrario.

Falta en este sentido el dictamen definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la institución oficial más relevante cuando se trata del uranio y que lleva meses con el informe sobre su mesa. De su resolución dependerá el visto bueno del Ministerio de Industria. Y es que, ese tomo con los recovecos legales que podría escribirse sería muy extenso; no podrían faltar nombres como los del exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (2000-2004) Miguel Arias Cañete (PP), quien en 2015 y ya como comisario europeo de Acción por el Clima y Energía respaldó las extracciones, previas mediaciones personales de Manuel Lamela. El otrora subsecretario de dicha cartera (1997-2003) tuvo éxito presionando en Bruselas a su antiguo jefe, esta vez, en nombre de Berkeley. 

Escena 4: la fractura social

La minera se cuida mucho de conservar una intachable imagen internacional, sin descuidar lo más mínimo su proyección en el entorno más cercano. No es difícil abrir un periódico regional salmantino, tanto digital como impreso, sin leer publicidad e incluso publirreportajes camuflados de información, parte de ellos recopilados por el portal electrónico de la compañía. Sin ir más lejos, el pasado 24 de febrero unas 5.000 personas, según cálculos policiales, se manifestaron contra la mina en la ciudad de Salamanca, convocadas por la Coordinadora No a la Mina de Uranio. Al día siguiente, el nombre de Berkeley aparecía en los principales medios de la región únicamente a través de los espacios publicitarios que había comprado en las diferentes cabeceras. Nada se decía de la manifestación ciudadana.

Manifestación contra la mina de uranio en octubre de 2017.

La minera es igualmente la patrocinadora de uno de los principales equipos de fútbol de la capital, el CF Salmantino UDS. Y anuncia para municipios vecinos al proyecto extractivo la creación de una residencia municipal, un parque infantil e incluso un colegio, inversiones que justifica en sus comunicados como “sugerencias de los vecinos”, si bien no contesta a la pregunta directa de CTXT sobre cómo ha cuantificado las demandas vecinales ni explica qué hace una minera financiando proyectos sociales. “La fractura social es real porque mueven mucho dinero”, admite el portavoz de STOP Uranio, en referencia a que el entorno está claramente dividido entre quienes ven con buenos ojos la mina y quienes se oponen a ella.

La compañía calcula generar 450 puestos de empleo directos y otros 2.500 indirectos. Pero como la mina no termina de arrancar, la realidad todavía está muy lejos de lo prometido desde hace más de diez años

El empleo es en este sentido un factor clave. En Retortillo y Villavieja de Yeltes están censados, respectivamente, cerca de 200 y 900 personas. La compañía calcula generar 450 puestos de empleo directos y otros 2.500 indirectos. Pero como la mina no termina de arrancar, la realidad todavía está muy lejos de lo prometido desde hace más de diez años. Además de los puestos directivos, unos 70 empleados trabajan actualmente en el Proyecto Salamanca, “muchos de los cuales provenientes de Villavieja y Retortillo”, indica la empresa, que en alguna ocasión ha admitido tener en nómina a dos concejales de este último Ayuntamiento, ambos del Partido Popular. Berkeley asegura en su web que uno de cada cuatro habitantes de la zona les ha enviado su currículum. De lo que no hablan es de que se trata de un espacio protegido por la Red Natura 2000 ni tampoco de uno de sus emblemas: las aguas termales de un balneario que se remonta a la época romana y cuyo futuro, puestos de trabajo incluidos, quedaría en entredicho.

Precisamente los dos escenarios municipales, simbolizan esa división social que ha acarreado la presencia del nuevo vecino llamado Berkeley. Por un lado, el alcalde de Retortillo, el socialista Manuel Francisco Hernández, quien vía telefónica asegura: “No estoy ni a favor ni en contra. Todo por la legalidad”, aclarando que, en el tiempo que lleva en la corporación municipal, “Berkeley no ha realizado ninguna obra o inversión en el municipio”.

Por otro lado, el regidor de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez (también PSOE), un opositor vehemente que desde el pasado mes de septiembre mantiene abierto un canal de YouTube para “luchar en contra de un desarrollo que no es sostenible”. Rodríguez por teléfono se muestra contrariado y atónito por la situación: “Donde quiera que mires hay irregularidades flagrantes. No me creo que un alcalde de pueblo tenga datos que no pueda obtener la Administración autonómica o estatal. Salvo que se puedan comprar los permisos…”. Confía en que el proyecto no salga adelante, “porque no tiene solvencia técnica ni económica ni ambiental ni de nada”. Acusa a la empresa de mentir “sistemáticamente”, hasta haber logrado “enemistar a pueblos y familias enteras”. Y concluye: “Si no podemos ganar la batalla social porque la tienen comprada, al menos no podemos sacrificar el Estado de derecho”.

Escena 5: El escándalo francés

Y por terminar con el principio, hay que irse hasta Francia, donde todo apunta a que el caso español es apenas una versión adaptada o el spin off de lo sucedido en el llamado affaire Areva. Es el título que resume las pérdidas que sufrió el Gobierno francés (más de 2.000 millones de euros) al comprar en 2007, a través de la estatal Areva (una de las grandes empresas mundial del sector nuclear), los derechos de explotación de una futura mina en Trekkopje (Namibia), propiedad de la compañía UraMin. La adquisición hizo dispararse las acciones de UraMin, compañía que cosechaba toda una serie de publicaciones mediáticas muy favorables. Todo iba según lo previsto hasta que, cuatro años después, Areva empieza a sospechar de la viabilidad de la iniciativa y decide abandonar el proyecto. En Trekkopje había más promesas que uranio. El caso sigue el curso de la Justicia gala, por ahora sin ninguna acusación formal a los dirigentes de UraMin.

¿Una trama conocida? Las alarmas se disparan repasando la lista de nombres propios que comparten UraMin y Berkeley: Stephen Dattels fue el fundador de la primera y director de la segunda, Ian Stalker también repite como alto cargo, la consultora SRK tiene un cameo en ambas tramas para certificar la viabilidad de las minas… la lista de coincidencias da para otro artículo.