Hay que reconocer el sentido de oportunidad que ha tenido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana trayendo a debate esta Proposición de Ley a pocas horas de la contundente sentencia sobre el caso “Stern Taulats y Roura Capellera contra España” pronunciada el 13 de marzo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta sentencia no solamente arroja serias dudas sobre aquellos aspectos de la legislación española que en conjunto imponen una especie de estado de excepción contra la libertad de expresión. También deja en un ridículo internacional la interpretación abusiva que de esa legislación de excepcionalidad hace la Audiencia Nacional, cuando la aplica como una mordaza sobre uno de los pilares irrenunciables de cualquier democracia: el derecho que la ciudadanía tiene a expresarse críticamente no sólo en libertad, sino incluso con facilidades y garantías. La sentencia, todos la hemos leído, dictamina que las condenas aplicadas por la Audiencia Nacional constituyen “una violación del Artículo 10 (referido a la libertad de expresión) de la Convención Europea de Derechos Humanos”. “El acto supuestamente cometido —continúa la sentencia— era parte de una crítica política, antes que personal, de la institución de la Monarquía en general, y en particular del Reino de España como nación... [además de que] el acto en cuestión no constituía incitación al odio o a la violencia”.

Naturalmente que estamos a favor de que se supriman los Artículos 490.3 y 491 del Código Penal para despenalizar de esta forma el delito de injurias a la Corona. Y por supuesto que sí, estamos de acuerdo en que la patria, la nación y las instituciones democráticas no se defienden abriendo la puerta para que se criminalice —mediante la aplicación del Artículo 543 del mismo Código— a quienes critican el orden político. Pero es que incluso nos parece que el debate debe adoptar más vuelo, porque esta discusión sobre los límites de la libertad de expresión se sitúa justamente en la encrucijada sobre el futuro de nuestra democracia.

Tengo colgado en mi despacho un poema visual de un poeta catalán histórico, Joan Brossa. Parece casi una tontería: se trata de una carta con un sello. La carta es un naipe de la baraja: el seis de espadas. La imaginación del lector transforma la “carta” de la baraja en una “carta” postal, porque el naipe lleva pegado un sello en el ángulo superior derecho. La persona que me mostró este grabado en los almacenes de esta Cámara llamó mi atención sobre la broma, pero se le pasó desapercibido el detalle importante de esta imagen, que es éste: el sello es la cabeza del dictador, Francisco Franco, cortada por las espadas de la carta, y en el sello decapitado se puede leer “España”. Desviar la atención con una broma tan simple que parece infantil tenía una función vital cuando uno se encontraba en plena dictadura: servía para mantener a salvo la cabeza del poeta.

Con este debate nos estamos haciendo la siguiente pregunta: este grabado de Joan Brossa, ¿podría pertenecer al patrimonio de este Parlamento si mostrara un sello con la cabeza cortada del Rey? Se podría alegar que una cosa es un dictador, y otra un Rey democrático. Pero la diferencia entre una dictadura y una democracia no consiste en que ambos regímenes protejan la cabeza de su Jefe del Estado. Para diferenciar una dictadura de una democracia hay que preguntarse cuál de estos dos regímenes protege la cabeza del poeta que se expresa contrael Jefe del Estado. No es una imagen retórica: estamos hablando de las cabezas de Cassandra Vera, Valtònyc o César Strawberry.

Si mi grupo parlamentario ha registrado ya y sigue preparando para registrar varias iniciativas contra la tipificación por vía penal de delitos de opinión, es porque compartimos esta idea que una jurista ha expresado recientemente: “La última reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, junto a la denominada Ley Mordaza, constituyen una auténtica trilogía de la criminalización. Reprimen la libertad de expresión, de opinión y de manifestación porque se basan en la idea de un derecho penal del enemigo”. Ahí está el informe demoledor presentado hace unos pocos días por Amnistía Internacional bajo el título Tuitea... si te atreves. Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España. Juezas y Jueces por la Democracia, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional o el Comité de Derechos Humanos de la ONU se han pronunciado en contra de una tipificación penal específica de los delitos de injurias contra la Corona, porque las leyes democráticas no pueden establecer penas más severas según sea la persona criticada. Y a quienes consideran que se tiene que proteger a la patria de sus críticos aplicando el Código Penal, les tenemos que responder que la patria no es la suma de quienes somos idénticos. La patria no es una suma excluyente. La patria es el otro. El otro no es el enemigo interno. La patria es la lucha democrática por defender el derecho a que se expresen quienes piensan de la manera más crítica sobre este sistema político y sus instituciones. En un debate previo pero idéntico a este, que tuvo lugar en la Comisión de Interior, algunos diputados se opusieron a la derogación de los artículos 490.3, 491 y 543 del Código Penal. Alegaron que al atacar al Rey o a la bandera no se ataca sólo a una persona o a un objeto. Se ataca a las instituciones democráticas que estos símbolos representan. Hoy se están repitiendo estos mismos reparos. La paradoja es que, para preservar formalmente nuestras instituciones, para defender su supuesto carácter de representación, no podemos aniquilar el contenidoque les da sentido. El sentido de nuestra democracia no es otro que el ejercicio de las libertades fundamentales. Son las libertades la auténtica institución democrática que debemos defender. Y es en este sentido que reivindicar la libertad de expresión esta tarde no es un tema menor, está profundamente conectado con la imagen poderosa de los pensionistas y las mujeres reclamando derechos en las calles de toda España.

Hace dos años, un intelectual infame quiso humillar a una alcaldesa, mujer, joven y de origen popular, llamándola “pescadera”. La alcaldesa encontró la respuesta, no en el Código Penal, sino todo lo contrario: acudiendo a visitar a las pescaderas en la plaza. Creo que todos somos conscientes de cuál es la situación en la que se produce este debate sobre los límites de la crítica a las representaciones del Estado y a las instituciones. Es un contexto muy delicado porque nos encontramos, justamente, en una crisis de las instituciones democráticas, y en un momento de conflicto entre identidades nacionales dentro del Estado. La respuesta que algunos vienen dando a esta crisis de nuestro modelo democrático, es la de criminalizar los conflictos políticos y prohibir la crítica del sistema político por vía penal. Pero si queremos volver a fortalecer la democracia; si queremos salir de la crisis con más democracia, y no con menos; si el monarca, si un cargo público, si cualquier representante democrático, si una institución del Estado quieren ganarse su legitimidad, más les vale acudir a los puestos del mercado, antes que a la Audiencia Nacional.

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Marcelo Expósito es diputado por Barcelona de En Comú Podem en el Congreso.