El frío polar que ha cruzado Europa no ha sido el único elemento que ha sacudido Berlín las últimas semanas. Entre la asamblea de la CDU celebrada a finales de febrero y el resultado de la consulta socialdemócrata sobre el acuerdo alcanzado para formar un gobierno de coalición, se ha colado la decisión del Tribunal Administrativo de Leizpig confirmando la primacía del derecho a la salud de los ciudadanos sobre la libertad de conducir coches con motores diésel por las calles de Stuttgart y Dusseldorf los días con picos de contaminación.

A priori, no se entiende por qué se ha tenido que llegar tan lejos para resolver una cosa tan obvia: ¡la salud primero! Pero no lo debía tener tan claro el tribunal cuando recomienda que esta potestad sea ejercida con moderación y prudencia. A las pocas horas del fallo tanto la Canciller en funciones, la señora Merkel, como la ministra de Medio Ambiente –socialdemócrata– se aprestaron a hacer declaraciones públicas subrayando que no se trataba más que de un caso concreto y que los propietarios no debían temer ni por el valor de sus vehículos ni por su derecho a utilizarlos.

El fallo, sin apelación posible, rebaja la contundencia de las sentencias de instancia pero confirma una importante victoria de los ecologistas frente a la todopoderosa industria del automóvil y la diletante clase política alemana.  La historia no deja de ser rocambolesca: asociaciones ecologistas que recurren la omisión de prohibiciones a los coches diésel en los planes de calidad del aire urbano; tribunales de instancia que obligan a incluir estas prohibiciones; sentencia del tribunal superior confirmando la necesidad de tomar medidas de forma gradual y sin necesidad de compensar a los propietarios de los automóviles afectados;  reacciones de consternación por parte de la industria y declaraciones políticas minimizando la decisión.

El temor al impacto se entiende puesto en contexto: el motor de combustión, y el diésel en particular, son un referente fundamental de la ingeniería alemana; el automóvil representa el sector más importante por volumen de facturación de la industria europea y mantiene un valor importantísimo en el ideario colectivo alemán. Hasta tal punto que es, de facto, el sector económico con más influencia en la vida pública y privada del país. Conviene acordarse de que Alemania nunca ha introducido límites de velocidad en las autopistas y siempre ha sido una rémora en los avances europeos en las normas europeas de calidad del aire y en la incorporación en las normas de seguridad y calidad de elementos tan básicos como el cinturón de seguridad o el catalizador.

El problema es que han logrado perder el tren tecnológico y el de la opinión pública… E industria y política se han topado con la realidad cuando no han tenido margen alguno para lograr esquivarla. A la tercera va la vencida. Antes hemos vivido con estupor el escándalo de las trampas en la medición de emisiones (en el que se olvida el protagonismo de Bosch, otro gigante icónico de la ingeniería alemana), y el más reciente descubrimiento del inmoral sistema de pruebas del impacto de los gases en humanos. Se acabó. Aquí estamos.

¿Qué queda por delante? Una carrera contrarreloj en la transformación industrial y del modelo de negocio. Industria principal y auxiliar necesitarán recuperar distancias en la carrera tecnológica en torno a la batería o la electrónica. Deberán encontrar otros nichos y explorar en otros ámbitos, como el leasing o los servicios urbanos de movilidad.  

Las instituciones tendrán que recuperar el tiempo perdido y pensar en políticas de movilidad que concilien mejor las prioridades en la ocupación del espacio público, la salud de los ciudadanos y las necesidades de servicios de calidad que, por definición, demandan unas infraestructuras, unas respuestas regulatorias y unos servicios distintos. En principio, son buenas noticias para la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero y todo apunta a que los saltos tecnológicos pueden darse mucho más deprisa de lo que pensábamos, gracias al acicate inesperado de una opinión pública que se sabe envenenada por el aire que respira aunque éste, a diferencia de lo que ocurre en las ciudades chinas o indias, no se “vea”.

Pero la realidad de la transición no es tan sencilla y puede, todavía, ocasionar muchos disgustos. Más vale prevenir que curar, dice el dicho popular. Y más nos vale aplicar el cuento en nuestra tierra porque particularmente sensible es la situación en España, con una importante industria del automóvil, y en la que ciudades como Madrid y el corredor del Henares, Barcelona, Zaragoza o Avilés presentan incumplimientos relevantes de las normas de calidad del aire asociados al transporte o a las emisiones de térmicas e industria –caso de Avilés– .

En España se calcula que hay más de 330.000 puestos de trabajo directos en la industria del automóvil y casi 2 millones de empleos inducidos, que el sector representa el 10% del PIB  y el 17% de las exportaciones. A ello hay que sumar los incentivos públicos directos e indirectos a la fabricación y venta de los que disfruta el sector. Y, sin embargo, ninguna de las casas matriz tiene sus órganos de decisión en territorio nacional, ni las plantas españolas están particularmente volcadas en los nuevos vehículos eléctricos e híbridos… Con algunas excepciones, no se advierte la presencia de iniciativas industriales o facilidades públicas para acompañar la transición de un sector llamado a vivir una revolución en el futuro más inmediato.

Sean bienvenidas las iniciativas de las ciudades españolas para mejorar la calidad del aire y de vida en nuestras ciudades. Enhorabuena al gobierno balear, adelantando un proceso de cambio inminente y facilitando las señales adecuadas para hacerlo llevadero y predecible pero esto no basta.  Se requiere mayor seriedad en el diagnóstico y coherencia en las decisiones institucionales e industriales para anticipar y suavizar el impacto social de la revolución tecnológica y de prioridades ciudadanas a la que asistimos, sin poner en riesgo nuestra salud, ni el empleo y asegurando que el dinero público construye futuro y modernización industrial en lugar de enterrarse a paladas. El tsunami que para la renuente sociedad alemana representa Leipzig, se suma a los avances de Volvo y Suecia, de París y Londres, de China e India, de Tesla y Japón… No queda mucho tiempo por delante y más nos conviene sustituir el derecho al pataleo o la resignación por una anticipación inteligente, tal y como los franceses intentan hacer con su industria del automóvil y sus “contratos de transición”, con participación y compromiso de industriales, trabajadores y vecinos y autoridades locales y nacionales.