Los rohingyas son una de las minorías más perseguidas del mundo. Hasta hace poco tiempo, también una de las más olvidadas. El último episodio de genocidio, que ha desencadenado un éxodo sin precedentes, ha puesto a los rohingyas por primera vez sobre el mapa. Ya les ponemos rostro. Ya los ubicamos. Ya tenemos sus fotos entre los primeros premios de fotoperiodismo. Son imágenes difíciles de olvidar: pueblos arrasados, pequeñas embarcaciones abarrotadas, familias enteras cruzando ríos, niños desesperados por un trozo de pan. Cambia el paisaje y cambian los rostros pero esas mismas fotos se repiten una y otra vez tras cada huida, tras cada guerra. Esta vez, sin embargo, albergan una doble singularidad: ríos inacabables de gente y campos de refugiados sin fin, ambos aparecidos de la noche a la mañana.

Junto a esas primeras imágenes, llegan también algunas explicaciones. Cuando las historias vienen de lejos, sobre todo cuando proceden de mundos de los que apenas sabíamos nada, tienden a presentarse como pequeños flashes de conceptos, momentos y personajes que por pura concatenación se convierten en explicación. Así, el éxodo rohingyas se ha explicado como un conflicto étnico-religioso entre una mayoría budista y una minoría musulmana. Se ha hablado también del papel del ejército y de la pasividad y connivencia de Suu Kyi, presidenta de Myanmar en la sombra y premio nobel de la paz. Mientras unos aspectos quedan al descubierto, otros aparecen citados sin más o simplemente no se mencionan. A veces ni tan solo nos permitimos preguntar por ellos. ¿Quién se está quedando con las tierras de los rohingyas? ¿Cuál ha sido el papel de las Naciones Unidas? ¿Dónde queda la comunidad internacional? ¿Qué pasará ahora con ellos? 

Los parias más parias de la tierra

Los rohingyas no sólo sufren persecución por parte de una mayoría budista. A la discriminación social, que se traduce en conflictos abiertos y éxodos periódicos, hay que sumarle también la exclusión sistemática que sufren por parte del Estado. Los rohingyas no son considerados uno de los grupos étnicos que constituyen la nación birmana. No pudiendo tampoco probar que llevan generaciones viviendo ahí, son apátridas dentro de su propio país. Gran parte de la población así como el gobierno de Myanmar, incluyendo el propio partido de Suu Kyi, les considera inmigrantes bengalíes, es decir, de Bangladesh. En la práctica, esto se traduce en falta de acceso a la sanidad y la educación. Tras los últimos brotes de violencia, especialmente el de 2012, los rohingyas fueron quedando confinados en campos semi-cerrados. Ahí vivían en condiciones infernales. No se les permitía salir sin autorización, menos aún trabajar. Sufrían pues una doble persecución: por parte de una mayoría budista y por parte del Estado birmano, que no sólo les ha mantenido a parte sino que les ha condenado a vivir en la nada.

El último éxodo

El éxodo de los rohingyas es una constante en la corta historia de Myanmar. Huyeron por centenares de miles en 1978, 1991, 2012, 2014 y de nuevo en 2017. Esta vez, sin embargo, las dimensiones del éxodo no tienen precedente: se calcula que más de mil personas podrían haber sido asesinadas y que alrededor de 750.000 han cruzado la frontera con Bangladesh. Todo empezó el 25 de agosto de 2017, cuando el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) lanzó un ataque contra las fuerzas de seguridad birmana. Como en otras ocasiones, militares y budistas extremistas respondieron con "operaciones de limpieza" contra la población rohingya. Parece innegable la participación del ejército, aunque el gobierno de Myanmar lo niegue. Tanto las Naciones Unidas como el gobierno de los Estados Unidos hablan, ahora sí, de limpieza étnica. Human Rights Watch no duda en calificarlo de "crimen contra la humanidad".

Actualmente, se calcula que en los campos improvisados del otro lado de la frontera malviven casi 900.000 refugiados. Tal como nos recuerdan los periodistas Javier Espinosa y Olmo Calvo, adentrarse en uno de los campos de refugiados rohingya en Bangladesh es "pasear entre la miseria más absoluta", con chozas hechas con cartones y plásticos, aguas pestilentes, niños chapoteando en el barro y multitudes dispuntándose a golpes los alimentos que lanzan las oenegés. Y todavía quedan diluvios por llegar. Pero lo peor son las historias que llevan consigo. Son historias de vidas rotas por éxodos repetidos, por haber quedado encerradas a un lado y a otro de la frontera, por no ser ciudadanos en ningún lugar. Y ahora rotas también por un nuevo exilio, el peor de todos, con las vidas de los que han muerto por el camino y las de los que habiendo llegado, no tienen a dónde ir. Ahí han quedado, en los márgenes del río, en una espera indefinida, tal vez esta vez sin fin. 

Conflicto por la tierra

Mientras que el foco internacional se ha centrado en la tensión étnico-religiosa, no podemos olvidar tampoco el conflicto por la tierra. Tal como explica Saskia Sassen, desde que los primeros inversores extranjeros entraron en Myanmar, las apropiaciones de tierra por parte del ejército birmano no han cesado. Este proceso se ha intensificado en los últimos años, con un incremento del 170% de la tierra dedicada a grandes proyectos con propósitos extractivistas (madera, agroindustria, minería, extracción de agua). Entre 2010 y 2013, más de 1 millón de hectáreas habitadas por los rohingyas fueron concedidas a proyectos agroindustriales en manos de capitales internacionales. China ha invertido 15.000 millones de dólares en negocios relacionados con la minería, la madera y la construcción de grandes proyectos hidráulicos. Además, acaba de firmar un contrato con el gobierno de Myanmar para la construcción de un gran puerto y una zona industrial. 

Expulsiones brutales de pequeños productores han tenido lugar en todo el mundo. Lo distintivo del caso de Myanmar es el control que tiene el ejército sobre la gestión de la tierra y, por lo tanto, su papel directo en las expulsiones. Democratización, desarrollo económico, apertura hacia el exterior, inversiones extranjeras y expulsiones masivas de pequeños productores (rohingyas o no) forman un todo indesligable. No hay duda de que el conflicto étnico-religioso es también una parte terrible de esa misma historia. Pero desde este contexto más amplio, no podemos olvidar que la persecución de los rohingyas cumple la doble función de, por un lado, facilitar la apropiación de tierras y, por el otro, poner el foco en la cuestión étnico-religiosa, lo que aparentemente exculpa al gobierno y desvincula las expulsiones de sus proyectos desarrollistas. 

¿Y la comunidad internacional?

En agosto de 2017 las Naciones Unidas denunciaron, ahora sí, el genocidio que estaban sufriendo los rohingyas. Su Secretario General António Guterres advirtió que "es una catástrofe humanitaria con implicaciones para la paz y la seguridad más allá de las fronteras birmanas". Hasta entonces, sin embargo, la posición de las Naciones Unidas había sido ambigua. Anteponiendo las relaciones diplomáticas con el gobierno de Myanmar, durante mucho tiempo evitaron utilizar el término rohingya. La simple palabra implicaba un reconocimiento de su existencia. Por la misma razón, las Naciones Unidas evitaron también denunciar los distintos episodios de genocidio. A cambio, pusieron el foco en cómo mejorar la situación de los desplazados internos (en lugar de aludir al por qué de estos éxodos) y confiaron en que los programas de desarrollo reducirían por sí solos las tensiones en la zona. Nada más lejos de lo que ocurrió.  

China y Rusia han vetado hasta ahora las sanciones contra Myanmar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque a finales de febrero de 2018 los ministros de Exteriores de la UE pidieron sanciones contra generales de las fuerzas armadas y defendieron la necesidad de prorrogar el actual embargo de armas y material represivo, Europa también ha priorizado las relaciones diplomáticas con el gobierno de Myanmar y el apoyo al proceso de transición democrática. Nos podríamos preguntar hasta qué punto la Unión Europa tiene algo que decir. Seguramente no. Si miramos al otro lado, los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tampoco han impuesto una especial presión sobre el gobierno birmano. El más crítico ha sido el gobierno de Malasia, cuyo primer ministro denunció el genocidio y advirtió al gobierno birmano que "basta es basta". Sin embargo, ASEAN es ASEAN y cualquier inferencia en los asuntos internos y la soberanía nacional es vista con recelo por unos estados ansiosos de reclamar y demostrar su independencia. 

¿Ir o volver?

Si los éxodos de los rohingyas han sido una constante en la reciente historia de Myanmar, las repatriaciones también. En 1978 la presión internacional forzó al ejército de Myanmar a aceptar su retorno. En 1991 fue el gobierno de Bangladesh quien forzó el retorno de una parte de los rohingyas. Meses después, el gobierno birmano aceptó que ACNUR gestionara el retorno de los que quedaban. Así son las historias individuales de muchos de los rohingyas que se encuentran ahora en Bangladesh, con repetidas idas y vueltas a un lado y otro de la frontera. ¿Qué pasará ahora? ¿Hasta qué punto estamos delante de un nuevo episodio de ida y vuelta? 

En Bangladesh está claro que no los quieren. Aunque las Naciones Unidas han alabado su "extraordinario espíritu de generosidad", el gobierno de Bangladesh nunca les ha dado asilo permanente y, tras unos primeros meses, la reducción drástica de la ayuda humanitaria ha acabado forzando su retorno. Esta vez no es distinto. A finales de octubre de 2017 Dacca anunció la expansión del campo de Kutupalong para convertirlo en un conglomerado monstruoso para albergar hasta 800.000 personas. Desde entonces también ha aumentado la presencia del ejército en las carreteras y se han cerrado los campos con alambre de espino. Como decía un miembro del gobierno, "cubriremos todas sus necesidades, pero tendrán que permanecer dentro del campo". 

En Myanmar la cosa todavía es peor. Dice el gobierno birmano que están "listos para aceptarlos en cualquier momento". Es cierto que Myanmar ha aceptado resucitar los acuerdos de readmisión de 1990 pero también es cierto que pide reservarse la potestad de detener a cualquier refugiado que consideren "terrorista". Para volver, además, exige prueba de residencia en Myanmar antes de agosto de 2017. Sería pues un retorno selectivo e imposible para la mayoría, que huyeron con lo puesto. Pero además, ¿volver a dónde? Como hemos visto, en Myanmar sufren no sólo la persecución de una mayoría budista sino la exclusión sistemática por parte del Estado. A ello, hay que sumarle que la mayoría de pueblos rohingyas han sido calcinados, cualquier huella de su presencia eliminada. “Tierra quemada se convierte en tierra gestionada por el gobierno”, así lo justificaba un ministro del gobierno de Myanmar. 

Pero los rohingyas tampoco son bienvenidos en otros países. Malasia e Indonesia no sólo no se plantean programas de reasentamiento sino que no reconocen como refugiados, ni tan sólo como residentes, aquellos que pudieron llegar por sus medios, a menudo víctimas de redes de traficantes sin escrúpulos. Aquellos países que tradicionalmente sí tenían programas de reasentamiento para los rohingyas (Estados Unidos, Australia, Canadá) los han reducido drásticamente: ahora la prioridad es Próximo Oriente y el discurso oficial insiste en que la acogida debe darse en la propia región de origen. Parece pues que nadie está dispuesto más que a la ayuda humanitaria. Sin embargo, la historia muestra que la ayuda humanitaria es siempre insuficiente y corta. Sabemos que hay una relación directa entre la atención mediática y la ayuda humanitaria. Y sabemos también que la atención mediática pasa, aunque sigan ahí.

No pudiéndose quedar, no pudiendo volver, no pudiendo huir más allá, los rohingyas corren el riesgo de quedar en tierra de nadie. Tal como mostraba una de esas fotografías que dieron la vuelta al mundo, pueden quedar atrapados en los márgenes del río, en esa tierra que no es nada, olvidados por todos.

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Blanca Garcés Mascareñas es investigadora del CIDOB.