Hemos seguido todos la zanahoria de la P y nos hemos olvidado de la R. Sin duda, porque el debate sobre la P de permanente es más fácil y periodístico que el de la R de revisable, que sin embargo probablemente sea más importante.

Olvidémonos por un momento del tiempo. Yo estoy a favor de limitar necesariamente en el tiempo la pena de cárcel porque en términos globales y a largo plazo (es decir, mirando con perspectiva la línea de la historia) trae más ventajas que inconvenientes asumir un cierto riesgo marginal de reincidencia a cambio de optar por un sistema de penas con tiempo máximo de cumplimiento. Pero dejemos a un margen esa discusión, que enciende más fuegos que los que apaga, y demos un paso más. La revisabilidad según pronósticos de reinserción es una condición indispensable para que la medida pudiera salvar el control de inconstitucionalidad, porque una sustracción total y definitiva de la libertad con fines exclusivamente punitivos o de “satisfacción” sería una pena tan degradante e inhumana como amputar una pierna, y porque quedaría descartada la orientación hacia la reinserción que la Constitución exige de las penas. Al ser revisable, la pierna no se ha perdido definitiva e irreversiblemente, y la reinserción puede trabajarse. 

Por ello, al menos desde la perspectiva constitucional, la atención habría de centrarse en los criterios de los que depende la revisión de la pena. Si tienen suficientes garantías, si dependen en buen grado de la voluntad y comportamiento del preso, si no dejan margen para una decisión liviana y arbitraria, la PPR en mi opinión podría ser declarada conforme a la Constitución, y aunque, desde luego, pudiera seguir prefiriéndose el establecimiento de un límite máximo y predeterminado de la duración de la prisión, merecería menos reprobación.

Creo, sin embargo, que en su regulación actual no existen esas garantías, y que el principal problema de constitucionalidad de la PPR instaurada en 2015 está justamente en cómo se concibe la revisión. 

La cuestión se regula en el artículo 92 del código penal, cuyo contenido conviene ser conocido. Conforme a este artículo, la revisión (a la que se denomina “suspensión de la ejecución de la pena”) podrá obtenerse si el penado ha cumplido ya al menos 25 años de prisión, habiendo conseguido antes su clasificación dentro del tercer grado (lo que ya supone una valoración por el juez de Vigilancia Penitenciaria de su falta de peligrosidad, puesto que comporta salidas regulares y no vigiladas del centro penitenciario), y siempre que el tribunal sentenciador llegue a la convicción de que existe un “pronóstico favorable de reinserción social”, después de haber examinado los informes de evolución del centro penitenciario y de otros especialistas que el tribunal determine, y tras un procedimiento oral en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido de abogado.

Ese pronóstico favorable deberá fundarlo y motivarlo el tribunal en función de los siguientes ítems que enumera el mismo artículo 92:

a) La personalidad del penado

b) Sus antecedentes

c) Las circunstancias del delito cometido

d) La relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en ese delito que se cometió

e) Su conducta durante el cumplimiento de la pena

f) Sus circunstancias familiares y sociales, y 

g) Los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

Es importante reparar en que sólo los aspectos e) y g) dependen del propio penado. Las demás ya vienen dadas, por formar parte del pasado inmutable (los antecedentes, las circunstancias y bienes jurídicos comprometidos por el delito cometido), o por tratarse de algo que el penado no ha elegido ni ha podido elegir (su personalidad y sus circunstancias familiares y sociales, 25 años después de haber ingresado en prisión). Por tanto,  por más que se empeñase el reo en tener un buen comportamiento, por manifestar arrepentimiento, por aprender habilidades y oficios en la prisión, por seguir con aplicación y esmero el tratamiento de reinserción, por pedir sincero perdón a las víctimas o sus familiares, etc, el tribunal podría decidir que la prisión no es revisable, sobre la base de la gravedad del crimen que cometió (que siempre será gravísimo, pues sólo los más graves están castigados con PPR), de su personalidad, de su más que previsible falta de arraigo familiar y social, etc. 

Además, quien ha de decidirlo será un tribunal compuesto con casi toda seguridad por miembros diferentes al que condenó (pues han pasado 25 años como mínimo), y previsiblemente sin experiencia en materia penitenciaria.

No sólo eso: el código penal prevé la revisión como excepción, y no como regla. Es decir, en caso de duda, el tribunal deberá inclinarse por mantener la prisión, puesto que sólo puede suspender su cumplimiento si “puede fundar” un pronóstico favorable de reinserción.

Lo inconstitucional, para mí, no está en la “P”, sino en cómo se regula la “R”

En definitiva, la posibilidad de recuperar la libertad (que es lo que, insisto, ha de considerarse condición indispensable para la constitucionalidad de la prisión permanente) se hace depender de una decisión excesivamente aleatoria, dependiente de parámetros sobre el que el reo no puede intervenir, difícilmente previsible y controlable, no recurrible, e inclinada hacia la negativa por exigirse una convicción y una motivación reforzada para la suspensión que no se producirá en caso de duda, cuando por lo general la duda será inevitable, pues de entre los vivos nadie está a salvo de tornarse en delincuente. Basta imaginar que la deriva punitiva de nuestras sociedades no mengüe, sino que se incremente con el tiempo, y que medios de comunicación y asociaciones de todo tipo susciten artificialmente una alarma social vigilando obsesivamente la puerta de salida de las cárceles, para entender la dificultad que puede suponer para el autor de un crimen tan grave, y sin embargo razonablemente rehabilitado, la obtención de la revisión. Lo inconstitucional, para mí, no está en la “P”, sino en cómo se regula la “R”. 

Además de la perpetuidad, podríamos discutir sobre la revisabilidad. No tiene menos importancia, y quizás podría suscitar un mayor acuerdo. Si la finalidad que se esgrime para la PPR no es la venganza, ni la “satisfacción” retributiva de la sociedad dolida por un crimen abyecto, sino la conveniencia de no dejar libre a quien individualmente no se ha reinsertado y ha de calificarse como peligroso, bien podríamos pasar a discutir sobre propuestas que condujesen a una “p” minúscula y a una “R” mayúscula. Es decir, cambiar la actual PPr por una PpR. En particular:

a) Admitiendo la posibilidad justificada de una revisión anterior a los 25 años (por ejemplo, rebajando esa cifra legalmente, o contemplando los casos que el artículo 91 del código penal prevé como causas de suspensión de la ejecución del resto de las penas: el cumplimiento de 70 años o una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, circunstancias que hoy día no se prevén para la PPR);

b) Atribuyendo la competencia para decidir al Juez de Vigilancia Penitenciaria, con posibilidad para el reo de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (sea o no el tribunal sentenciador)

c) Proponiendo como parámetro principal de valoración el comportamiento del preso durante la condena, su seguimiento del tratamiento de reinserción, la convicción sobre su arrepentimiento, etc. Es decir, lo que dependa de él.

d) Exigiendo un examen personal del preso por parte del Juez que deba decidir

e) Estableciendo como regla general la revisión, y por tanto exigiendo para denegarla no la existencia de dudas, sino al contrario, la coincidencia tanto de los informes de prisión como de un informe externo, sobre la cualificada peligrosidad del reo, así como la inexistencia de medidas de seguridad adecuadas y suficientes que puedan mitigar suficientemente el riesgo de la libertad.

 La PPR es insoportable si parte de la apresurada premisa de que los grandes criminales no son reinsertables

Todo esto es una reflexión a largo plazo. Muchos de los que ahora discutimos no estaremos seguramente aquí cuando se plantee por primera vez la revisión de una prisión permanente. Es de esperar que en este tiempo la sociedad haya sabido desarrollar técnicas más eficaces de reinserción y medidas diferentes a la cárcel que prevengan eficazmente la reincidencia. La PPR es insoportable si parte de la apresurada premisa de que los grandes criminales no son reinsertables (presupuesto antropológico peligroso y contrario a muchas convicciones que está dándose por bueno a priori, por el sólo hecho de la constatación de que en algún caso la rehabilitación no se ha producido, sin reparar en que una cosa es que el alguien no se haya rehabilitado y otra que no sea en absoluto rehabilitable). Es más soportable si, por el contrario, se parte de la existencia de un reducto de dignidad humana recuperable en todo ser humano, si se financian y se cuidan decididamente los tratamientos de reinserción en las cárceles, si lo que deseamos con empeño es la reinserción y no la muerte en la prisión, y si nos proponemos hacer de la cárcel infinita algo parecido al infierno: un lugar donde no hay nadie.