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El viernes 30 de marzo el Ejército israelí abrió fuego sobre cientos de civiles palestinos en la Franja de Gaza. Varias organizaciones de distintos ámbitos habían convocado una movilización con el nombre de Gran Marcha del Retorno, en la que miles de manifestantes palestinos reivindicaron el derecho de los refugiados a volver a las casas que perdieron en 1948, hace 70 años. Ese viernes murieron 16 personas por disparos de los soldados israelíes. Ahora, las personas asesinadas superan la veintena, mientras está previsto que las concentraciones se alarguen hasta el 15 de mayo, coincidiendo con la Nakba (desastre), día de la fundación de Israel y la expulsión de cientos de miles de palestinos de su territorio. Las fuerzas israelíes, por su parte, han amenazado con disparar a cualquiera que intente penetrar en su territorio o dañar las vallas fronterizas. Las nuevas revueltas en Gaza vuelven a llamar la atención de la comunidad internacional sobre un conflicto que cumple ahora siete décadas.

Cerca de un millar de personas han sufrido heridas de bala durante las movilizaciones. Los disparos con fuego real no son algo inusual en Gaza, de la misma forma que tampoco lo son en las manifestaciones de los territorios ocupados de Cisjordania. Las columnas de humo negro que desprenden los neumáticos en llamas colocados por los manifestantes no siempre evitan las balas de los francotiradores que, muchas veces, acaban impactando en menores de edad. 

Según la organización Defence for Children International (DCI), cerca de 2.000 menores palestinos han muerto a manos del Ejército de Israel desde la Segunda Intifada (año 2000) y alrededor de 14.000 han sido arrestados. Además de las muertes, el maltrato a menores y su detención –violando muchas veces las convenciones internacionales– son algo que muchas organizaciones llevan años denunciando. El arresto de Ahed Tamimi, de 16 años, tras un video publicado en Facebook en el que golpea a un soldado que hace guardia en su jardín, ha puesto de nuevo en foco la situación de cientos de niños palestinos. Tamimi ha sido condenada a ocho meses de prisión. Pero el caso de esta adolescente no es el único.

Issa al Maute nos recibe de noche en la ciudad de Belén. Sale de un pequeño callejón alejado del tumulto de turistas que rondan las cercanías de la Iglesia de la Natividad. Al Maute se mueve con dificultad: una maltrecha prótesis en la pierna derecha no le permite mantener un paso regular. Ya en el salón de su casa nos ofrece algo de beber, se sienta y empieza a contar su historia: “Me llamo Issa, nací en Belén, tengo 16 años y los soldados israelíes me dispararon en la pierna en 2015”. Tras ese suceso, pasó cinco meses detenido y esposado en la camilla de un hospital israelí hasta que decidieron amputarle la pierna. Interrumpe la entrevista para levantarse y traer una bandeja con varias tazas de café y una tetera. Issa no ha cumplido los 18 años pero habla y se expresa como si hubiera vivido un siglo. Es un mantra que se repite entre  los habitantes de los territorios ocupados: “Vivir bajo la ocupación hace que envejezcas más rápido”.

Durante las manifestaciones, tanto las detenciones como los disparos a menores en las piernas son una práctica habitual por parte del Ejército de Israel. El abogado y director de Defence for Children Internacional en Cisjordania, Ayed Iqtaish, explica desde su modesto despacho en Ramallah que en 2017 su organización contó 137 casos de niños palestinos arrestados –cerca de 350 permanecen ahora en cárceles israelíes según varias asociaciones– por el sistema legal militar israelí. Estos arrestos, según Iqtaish, discriminan a los menores palestinos: “El sistema penal militar israelí se aplica a los niños palestinos que habitan en Cisjordania, mientras el sistema penal israelí (convencional) se aplica a los niños israelíes de la misma región”.

Al Maute cuenta que estaba cerca del muro, en Belén, cuando una bala impactó sobre él: “Dispararon a mucha gente, empecé a correr y dos balas me acertaron en una pierna. No me dí cuenta hasta que volvieron a darme en la otra pierna, entonces caí al suelo”. Fueron cinco disparos. Una vez abatido, asegura haber sufrido golpes e insultos por parte de los soldados que acudieron a detenerle. El director de DCI también es claro en este punto: “Nuestro análisis muestra que el 75% de los niños detenidos se exponen a diferentes tipos de violencia física durante su arresto”. Al Maute no recuerda demasiado, solo que estaba mareado, que los soldados le golpearon, que utilizaron una brida para cerrar la circulación en la pierna y que le llevaron a un hospital israelí custodiado por varios hombres en una ambulancia.

Solo después de estar diez días hospitalizado, al Maute pudo reunirse con un abogado. En el juzgado se decidió que quedaría en libertad con una fianza de 10.000 shekels (unos 2.400 euros). Durante esos cinco meses, el joven acudió al juzgado esposado a la camilla para las vistas: “Una ambulancia venía a buscarme y me llevaba a la corte”.

Cada dos meses sigue yendo al tribunal a la espera de una sentencia. Al Maute, que tenía trece años cuando fue detenido, está acusado de varios cargos, como tenencia de armas y manipulación de explosivos, entre otros. El adolescente explica que los siete testigos en los que se apoya la acusación son israelíes.

Crecer entre la violencia 

Hay noches en las que en el campamento de refugiados de Dheisheh, al sur de Belén, es difícil dormir. Los vecinos explican que la irrupción nocturna de soldados israelíes es frecuente, y que los disparos y los gritos hacen que sea complicado conciliar el sueño. El ambiente de violencia, las marcas de bala en las paredes y los murales con las caras de vecinos asesinados contrastan con las voces de niños que juguetean entre las estrechas calles de un callejero que se ha ido improvisando durante casi 70 años. Así crecen los cerca de 2.500 niños que viven en el campamento y acuden a las cuatro escuelas instaladas por la Agencia de la ONU para los refugiados Palestinos (UNRWA).

Esta no es la única organización que trabaja en el campo. El Centro Palestino de Acción Juvenil para el Desarrollo Local (LAYLAC) es una institución gestionada por los propios vecinos. Su misión, explican, es buscar el empoderamiento de los jóvenes para lograr el desarrollo común de la sociedad palestina a largo plazo. Naji Owdah, su director, prefiere que no le llamen así. Owdah ronda los sesenta años, fuma y habla reposado, con voz grave, como si de su boca no saliera nada que no hubiera meditado en profundidad: “Los menores palestinos son como cualquier otro menor del mundo”. La razón por la que crecen más rápido, explica el director, es que tienen pocas cosas a su alcance: ”Nos convertimos en hombres cuando solo somos niños”.

Otro gran problema que sufren los menores cuando son detenidos por el Ejército de Israel, según Owdah, es que su propia comunidad les trata como héroes. Incluso en prision, cuenta, son elogiados. El encargado de la asociación, que también fue arrestado antes de cumplir la mayoría de edad, cuenta que a pesar de la admiración que la sociedad profesa a los niños detenidos, en el fondo ellos no se sienten así: “Cuando estás solo en una celda, lloras, echas de menos a tu madre, a tus amigos, tu barrio [...]”.

En Dheisheh creció Issa Al Maute, pero también Mohamad Eias Hsin, de quince años. Eias pasó arrestado seis meses en 2016. Se le acusaba de lanzar piedras a una carretera por la que transitan vehículos de matrícula israelí. Iqtaish comenta que la mayor parte de los arrestos a menores tiene que ver con el lanzamiento de piedras. Al Maute, Eias Hsin y Tamimi, no son la excepción que confirma la regla. Según DCI cerca de mil menores pasan cada año por las cárceles israelíes.