La situación de los palestinos empeora cada vez más. Apenas tres días después de la ruidosa cumbre Trump/Putin en Helsinki, el parlamento israelí aprobó, el 19 de julio, la “ley del estado-nación” que declara a los palestinos israelíes (alrededor del 20% de la población) como ciudadanos de segunda clase. Ya lo eran, y sufrían por ello todo tipo de discriminaciones y abusos. Ahora ha quedado por escrito, negro sobre blanco.

La ley limita los derechos de nacionalidad a los judíos de Israel, un cuerpo diferenciado del resto de ciudadanos. Solo el pueblo judío tiene derecho a ejercer la autodeterminación en el Estado de Israel, es decir condenando a los palestinos a carecer de estado, con Jerusalén como su capital “completa y unida”, deshaciendo el estatus del árabe como lengua oficial, y aclarando que la ocupación del territorio palestino es irreversible y para siempre. “El estado contempla el desarrollo de los asentamientos judíos como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación”. La superficie del país y sus fronteras no son abordadas en la ley, ¿para que poner límites a la expansión en curso?

El apartheid ya era una realidad. Los pueblos palestinos están aislados por toda una red de carreteras, de hecho “solo para judíos”, el territorio está patrullado por el ejército de ocupación y trufado de puestos de control –que impiden o complican cosas tan esenciales como llegar a un hospital– y el 75% de los municipios ya excluyen a los no judíos de residir dentro de sus límites mientras se aplica la apisonadora expansionista. Todo esto tiene ahora una base legalque consagra la supremacía religiosa, lingüística y racial de un grupo sobre otro, más cerca de las leyes raciales de Nüremberg que de cualquier veleidad democrática. 

Y todo esto ocurre después de las últimas masacres de la marcha por el retorno, con decenas de muertos y unos 3000 heridos por bala en Gaza, donde dos millones de personas permanecen encerradas en el mayor gueto a cielo abierto del mundo, con una tasa de paro del 45%, cuatro horas de suministro eléctrico al día, con el 95% del agua no potable y un 46% de los niños sufriendo anemia aguda. Trump actúa en pinza con esta mortífera presión israelí; reconociendo Jerusalén como capital de Israel, trasladando allí su embajada y cortando los fondos a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, entre el innoble silencio de la Unión Europea y de los países árabes, con Egipto cerrando de nuevo el único punto de paso a la franja de Gaza. Se amplía el cheque en blanco a Israel y eso explica la nueva ley.

“Su hambre por la expansión creció durante el mandato de Trump, animándoles a devorar la carne de un bocado en vez de comérsela lentamente, trozo a trozo. Esta codicia excesiva ha hecho que los miembros de la Knesset (el parlamento israelí) se olviden de que esta estrategia lenta era la receta perfecta para la asfixia racial y la lucha contra el futuro”, constata Hossam Shaker en el Middle East Monitor.

En este contexto llama la atención una declaración de Trump en Helsinki: “Hemos hablado con Bibi Netanyahu, quieren hacer ciertas cosas sobre Siria en lo que concierne a la seguridad de Israel. A ese respecto quisiéramos trabajar (con Putin) para ayudar a Israel, Israel trabajará con nosotros y de esta forma los dos países (Rusia y Estados Unidos) trabajarán juntos”.

Atrapados por el avance de las fuerzas gubernamentales, los “cascos blancos”, la organización creada y financiada por los occidentales para apoyar propagandísticamente su maltrecha operación militar de cambio de régimen en Siria, han sido evacuados por los militares israelíes. Mientras se negocian acuerdos que intentan cerrar el conflicto sirio sin dañar a la “seguridad de Israel”, comodín de todas las ilegalidades, la situación de los palestinos empeora cada vez más.