“Han asaltado la frontera. Han entrado con algunos instrumentos y algunas sustancias que han provocado lesiones en algunos miembros de la guardia civil. Y es una situación que no vamos a consentir”. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado la devolución exprés aplicada a 116 personas a un tercer país, Marruecos, a través de un discurso completamente criminalizador y poco riguroso, a través del cual justifica la arbitrariedad en la Frontera Sur. 

En apenas dos meses y medio, el Gobierno socialista ha pasado de aparecer como una esperanza frente a la deriva de los discursos y las políticas racistas impulsadas por el populismo de extrema derecha a asumir su misma lógica, en una operación inédita y claramente vulneradora de derechos. 

La devolución sumaria, en menos de 24 horas, de 116 personas que habían accedido a través de la valla de Ceuta es una operación inédita, fruto de los acuerdos económicos y políticos sellados entre Marruecos, España y la Unión Europea. En las últimas semanas, las partes han decidido desempolvar un viejo acuerdo que el Gobierno ha esgrimido para defender la operación. El acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos firmado en 1992, a través del cual el Gobierno marroquí se compromete a aceptar la devolución de ciudadanos de nacionalidades diferentes a su territorio. La externalización de fronteras no es un fenómeno nuevo en la relación entre ambos países. De hecho, dicho modelo ha sido utilizado como ejemplo para los acuerdos de devolución de personas migrantes en tránsito a Turquía y a Libia. 

La devolución exprés y colectiva es, en la práctica, una devolución en caliente dotada de una cierta apariencia “formal“ de legalidad. A las personas se les incoa un expediente de expulsión y son asistidas por letrados de manera grupal con carácter previo a su devolución. Pero en 24 horas es imposible llevar a cabo la correcta identificación de 116 personas, así como tampoco es posible proporcionar una oportuna asistencia legal. De este grupo de personas, ¿no había ninguna que pudiera ser menor de edad? ¿No había ninguna que fuera potencial solicitante de asilo? ¿Por qué los abogados de oficio no han sido informados de que se iba a ejecutar de manera inmediata la devolución? En la práctica, el resultado es el mismo que el de una devolución en caliente. Devoluciones en caliente que, por otro lado, el Gobierno ha pasado de criticar a defender tanto pública como jurídicamente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolverá en los próximos meses el recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular, y avalado por el del PSOE, contra la resolución que declaraba a dichas devoluciones como ilegales. 

Cabe recordar asimismo que fruto de dichos pactos se han producido numerosas detenciones y desplazamientos internos de personas migrantes. De hecho, se ha podido constatar al menos la muerte de dos personas en dichos dispositivos policiales, que durante días vaciaron los bosques que rodean Nador y Tánger, así como edificios de esta ciudad. Son numerosos los relatos que narran situaciones de malos tratos y tortura en Marruecos, que de confirmarse convertirían a dicho país en un lugar al cual no se podría devolver a personas. Sin embargo, la falta de investigaciones efectivas en Marruecos, así como la dificultad que existe para trabajar en materia de derechos humanos en dicho país dificultan en gran medida la sistematización de vulneraciones. La lógica de la externalización de fronteras permite también externalizar la comisión de graves vulneraciones de derechos. 

La situación en la Frontera Sur es una emergencia en materia de derechos humanos, y tras el trabajo de hace años de un gran número de personas y colectivos parecía que la medida de permitir el desembarco del Aquarius podía abrir una oportunidad para, como mínimo, comenzar a restablecer la legalidad (estatal e internacional). Pero seamos realistas, estamos viviendo el mayor ataque global a los derechos de las personas migrantes y racializadas que hemos vivido desde hace muchos años. La extensión del racismo social e institucional se está generalizando y tan sólo la construcción (o consolidación) de una alternativa en materia migratoria podrá ser capaz de frenar la corriente que arrastra a los/as votantes y a los partidos hacia lógicas cada vez más racistas.

La construcción de una política migratoria frente al racismo pasa, en primer lugar, por la generación de medidas públicas que, de manera sólida, construyan un marco efectivo que defender. En demasiadas ocasiones, la falta de dicho marco hace que colectivos, entidades y partidos vayan a remolque del marco establecido por la derecha. En ningún momento se ha planteado de manera seria un marco que vaya más allá de la crítica a la actual ley de extranjería. Es necesario pasar de la crítica sectorial (CIEs, frontera sur, luchas por los papeles) a la construcción colectiva de una alternativa. La falta de una hoja de ruta clara de aquellos colectivos, entidades y partidos (y corrientes dentro de los mismos) favorece movimientos como los que ha realizado el PSOE. Sin rumbo colectivo, es fácil que el racismo populista marque la hegemonía discursiva y del debate político. 

Asimismo, estamos en un momento en que se hace imprescindible visibilizar urgentemente a la mayoría social que no está de acuerdo con las devoluciones en caliente, que piensa que deben dejar de morir personas en el mar, que es completamente intolerable que las personas puedan estar tres años hasta poder comenzar a regularizar su situación o que otras lleven 10 sin haberlo logrado. El racismo se está extendiendo con mucha fuerza y está haciendo ganar elecciones y gobernar a partidos de extrema derecha y a otros que no lo eran pero que han preferido el poder a la ética, como el italiano Movimiento 5 Estrellas. El reto es conseguir que los políticos crean que evitar la muerte de vidas en el mar, respetar derechos en la Frontera Sur y otorgar derechos civiles puede dar votos. 

Es cierto que la responsabilidad la tienen los partidos que imponen dichas medidas pero si se pasa a articular un frente amplio de defensa de derechos civiles protagonizado por la población migrante y racializada junto a entidades de defensa de derechos y movimientos sociales, quizá podamos organizar una verdadera resistencia en un momento tan grave como el que estamos viviendo.

La política no es estática, es dinámica. La ideología que más pesa en la política institucional actual es la que dictan las encuestas de opinión, que son capaces de modular discursos y prácticas. Una de las claves es creernos de verdad que esa modulación es posible. De hecho, ya lo está siendo. No hay más que analizar cómo ha ido cambiando el discurso de los partidos respecto a las violencias machistas en los últimos dos años. La calle y el buen trabajo de movimientos y entidades feministas están logrando cambios culturales y políticos. La estructura que sustenta el racismo solo podrá cambiarse bajo lógicas colectivas similares. 

Son tiempos de resistencia, y sólo seremos capaces de hacerlos frente de manera colectiva y generosa, trazando estrategias claras y generando alternativas efectivas en las políticas públicas. 

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Andrés García Berrio es abogado y Codirector de Iridia. @Andres_gberrio