Los últimos seis años y medio del PP en el Gobierno han dejado dos herencias. La primera, un deterioro de las condiciones económicas y laborales de la mayoría de la población, en beneficio de la minoría. En datos, esto se puede apreciar en el incremento de la desigualdad. La renta se ha repartido de forma aún más desigual a como se repartía ya antes: el 20 por ciento de los que más ganan obtiene 6,6 veces más de ingresos que los que ganan menos. España se sitúa ahora entre los países más desiguales de la Unión Europea. También es notable el incremento del número de ciudadanos en riesgo de pobreza, que alcanza un porcentaje del 27 por ciento de la población. No es consecuencia solo del paro. El salario real ha descendido en este negro periodo un 5 por ciento y los asalariados pobres representan el 28 por ciento de los que trabajan.

La otra herencia es peor aún. Rajoy se cargó el pacto social, al cambiar bruscamente, las condiciones de trabajo y despido, y recortar protección social y derechos que hasta ese momento se creían incorporados a nuestro sistema de convivencia: la sanidad, la educación, los derechos de los empleados públicos, las ayudas a la dependencia, el papel de los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano, ahora limitado, o el derecho de manifestación, de protesta ciudadana, al que se le ha puesto una mordaza. También se ha desatendido un derecho constitucional, el de la vivienda, para tratar de solucionar los problemas de la banca, la principal causante de la crisis. El desmontaje de lo que había se realizó sin consultar ni escuchar a nadie, mejor dicho, siguiendo los dictados de los mismos economistas que con sus recetas alentaron la burbuja, y que decían hablar en nombre de los mercados. 

Con estas premisas es como puede analizarse la primera iniciativa de verdad del Gobierno de Pedro Sánchez: su acuerdo con Podemos para sacar adelante los presupuestos del año próximo. En realidad, no es sólo un acuerdo presupuestario. Va mucho más allá, porque abarca asuntos que no estarán reflejados en las cuentas públicas. Las 64 medidas que contiene el pacto no reparan plenamente los destrozos de Rajoy. Son solamente primeros auxilios para evitar que se agraven las heridas. Tampoco es un programa de izquierdas. Si fuese así habría que convenir en que la gran mayoría de los países de la Unión Europea están gobernados por la izquierda, cosa que no ocurre. 

Por ejemplo, el aumento brusco del salario mínimo. De 736 euros al mes se pasará a 900 euros. Pese al incremento del 22 por ciento, el salario mínimo español seguirá estando en séptimo lugar de los 15 países de la eurozona donde está regulado, tanto si se compara en euros, como en relación a la capacidad de compra en cada país. Otros cuatro países del euro, que no tienen un salario mínimo, cuentan con sueldos claramente más altos que España. El argumento de que esta subida puede hacer que se cree menos empleo es más que nada una excusa de mal pagador, nunca mejor dicho. En el plano teórico, los empresarios crean empleo cuando tienen expectativas de ganar más dinero. Y para ello es necesaria una cosa, que los clientes de esas empresas gasten más. Si tiene algún efecto el aumento de los sueldos, entre ellos el salario mínimo, es que contribuye a que haya más capacidad para gastar y, por tanto, mejores expectativas de vender para los empresarios. Otras causas pueden contribuir a una reducción del empleo, como el descenso de las ventas al extranjero o el menor gasto del principal comprador, las administraciones públicas, pero no el incremento de los salarios. En el plano práctico, se puede citar el caso de Alemania. En 2015 estableció por primera vez el salario mínimo y ello no afectó a la creación de empleo. En cuanto a España, es uno de los países donde el margen de beneficio de las empresas es mayor, representa el 42 por ciento de todo lo que se ingresa, frente al 39 por ciento del conjunto de la zona euro. Ello hace más factible, si cabe, la subida de los sueldos. Se calcula que cerca de 600.000 personas cotizan a la Seguridad Social por el salario mínimo, son el 3,5 por ciento de los trabajadores del régimen general. Un incremento del 22 por ciento implicará por tanto más ingresos para la misma, especialmente necesitada. 

En el plano ético, basta decir que un consejero ejecutivo, los que mandan, de las empresas del IBEX-35, cobró el año pasado tres millones cien mil euros y que los consejeros rasos, los que suelen aburrirse en los consejos de administración, como decía Felipe González, por experiencia propia, ganaron 210.000 euros, cada uno, sin despeinarse. 

Pero este no es el tema más importante de estos primeros auxilios. El PP cambió radicalmente las relaciones laborales en favor de una parte, las empresas. El acuerdo plantea “derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral” aprobada por el PP nada más llegar al poder. El anuncio es demasiado pomposo para lo que se propone. En realidad, si se cumple lo comprometido, se recuperará parte del poder de la negociación colectiva y se limitará algo el margen para los contratos basura. Se trata de una cura de urgencia simplemente. Pero puede ser el primer paso.

Más eficacia pueden tener las medidas para detener la conculcación constante del derecho constitucional a la vivienda. Se amplía a cinco años el plazo mínimo que tiene el inquilino para permanecer en la casa alquilada. Se dan poderes a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que eviten la compra por fondos buitre y otras empresas de bloques enteros de viviendas para echar luego a sus moradores. Se autoriza a los ayuntamientos a limitar el precio del alquiler de viviendas en barrios donde se estén imponiendo precios abusivos, como ocurre ahora en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades.  Y en caso de desahucios, deberá pedirse un informe a los servicios sociales, para garantizar que los expulsados no se quedan en la calle.  

También hay decisiones para atajar el abuso de las eléctricas, reformando el sistema por el que se fijan las tarifas, considerado escandaloso casi por unanimidad. Además, para cortar la luz a personas en situación vulnerable será necesario que la compañía eléctrica pida autorización a los servicios sociales. 

Las cuentas públicas

Los Presupuestos del Estado pactados, lo que se ha sabido hasta ahora de ellos, son cualquier cosa menos rojos. Respetan los criterios del Pacto de Estabilidad europeo y, como ocurre siempre, es posible que no se alcancen los objetivos de reducción del déficit público. Es el dinero que se gasta por encima de lo que se ingresa y obliga a endeudarse más. La razón, ahora y antes, es bien simple. Es un objetivo inducido siempre por el sesgo ideológico con el que trabajan las autoridades de la Unión Europea, que deben aprobarlo. Basta con poner en un papel que el déficit se va a reducir en tal cuantía. Te aprueban ese papel y la realidad ya se ocupará de demostrar que eso no es posible. Pero, en fin, el nuevo Gobierno ha elevado el objetivo de déficit un poco, sencillamente porque una reducción mayor es imposible. ¿Dónde se aprecian aquí esos primeros auxilios? Pues en que corta el adelgazamiento del Estado y demás administraciones públicas emprendido por el PP: cada año el gasto público era menor en relación al conjunto de la economía. Para 2019, el PP pretendía que representase el 39,8 por ciento del PIB. El pacto Gobierno-Podemos revierte esa tendencia y lo eleva al 40,9. Para comparar, los países de la zona euro dedican al gasto público el 47 por ciento del PIB. Eso significa que pueden hacer más cosas en favor del conjunto de los ciudadanos. 

Los ingresos previstos por el PP prácticamente se estancaban. Gobierno y Podemos los incrementan claramente. ¿Cómo? Haciendo pagar más impuestos a los grandes grupos empresariales. En los últimos años han tributado sólo el 6 por ciento de sus beneficios. Ahora tendrán que pagar al menos el 15 por ciento y los bancos y petroleras el 18. Eso dará al Estado 1.800 millones de euros más. También obligando a las empresas que hacen negocio aquí, pero desde fuera de España, dando servicios en Internet, como Google, a que paguen parte de sus impuestos en España. Con ello se recaudarán 1.200 millones. O subiendo el impuesto sobre la renta a los más ricos y aumentando el impuesto al diésel, el carburante más contaminante. Se queda fuera el proyectado impuesto a los bancos para que devuelvan algo, sólo una pequeñísima parte, de lo recibido por el Estado durante la crisis. El Gobierno no ha tenido el valor de hacerlo. Los españoles nos quedamos sin unos 1.000 millones que se podrían haber recaudado para destinarlo a cubrir gastos de la Seguridad Social. A cambio, nos quedamos con otra cosa: la confirmación del dicho de que la banca siempre gana.

En resumen, nada de extremista. No es un programa de izquierdas, son primeros auxilios que sólo la izquierda está dispuesta a aplicar. La Comisión Europea no está en condiciones de ponerle pegas. Bastante tiene ya con que dos de los grandes países europeos, Reino Unido e Italia hayan renunciado a seguir la senda marcada por Bruselas y en muchos otros crezca el descontento hacia la Unión. Debería ser una lección. Y considerar que, si se impide aplicar estos primeros auxilios, la gente va a convencerse de que no sólo la banca sino el resto de los poderosos siempre ganan y que por esta vía no vamos a ningún sitio. Está ocurriendo en otras partes.