Poco más de 9.300 andaluces podrán votar desde fuera de España el próximo domingo 2 de diciembre. Son los que consiguieron rogar su voto antes de que terminase el plazo establecido por la junta electoral, apenas un 3,8% del censo exterior de la Comunidad para las elecciones autonómicas. Esto no significa, sin embargo, que todos ellos terminen participando en los comicios, tal y como ha ocurrido en anteriores convocatorias: pueden decidir no hacerlo, encontrarse con trabas y problemas que les impidan llegar al final del trámite o, incluso, que sus papeletas se pierdan en el limbo de los servicios postales. 

El voto rogado, una medida introducida en 2011 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP, ha generado en los últimos años un desequilibrio de enormes proporciones en el ejercicio del derecho a sufragio desde el exterior. Tras su aprobación, cuyo principal argumento se encontraba en evitar el fraude electoral –existente y documentado en varias ocasiones–, los obstáculos que estableció la norma han reducido a porcentajes ridículos la participación de las personas que viven en el extranjero. En las tres elecciones generales celebradas desde entonces, el voto de los residentes ausentes (CERA) no ha pasado del 6,3%.

La acuciante derogación/reforma del texto de 2011 es un extremo en el que parecen coincidir todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Sin embargo, los últimos episodios sobre este asunto invitan a la cautela: tras anunciarse a finales de octubre un caluroso recibimiento a las sugerencias del Ministerio de Exteriores para acabar con la problemática, el Partido Popular anunció que no apoyarían las medidas si no cuentan con garantías plenas. La propuesta también genera algunas dudas entre los expertos y colectivos, que señalan las dificultades técnicas y las imprecisiones que aún presenta la propuesta.  

Las cifras en Andalucía

Casi 243.000 andaluces residentes en el exterior estaban llamados a votar en las elecciones autonómicas que celebrará Andalucía el próximo 2 de diciembre. Estaban, y no están, porque desde la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 2011 son los electores los que tienen la responsabilidad de pedir (rogar) su voto, un trámite que hay que realizar de forma anticipada y cuyo plazo terminó el pasado 3 de noviembre.

en las elecciones de 2015: de los 11.426 andaluces que rogaron su voto desde el exterior, terminaron votando 8.012, un 3,8% del censo

Para esa fecha, apenas 9.300 –un 3,8% del censo– habían completado la solicitud. Tampoco todos terminarán votando, debido principalmente a las numerosas trabas y obstáculos impuestos por la reforma de hace siete años. Así ocurrió en las elecciones de 2015: de los 11.426 andaluces que rogaron su voto desde el exterior, terminaron votando 8.012, un 3,8% del censo. Antes, en los comicios de 2012, lograron participar 8.305 electores desde el extranjero, el 5,1% de los registrados en el CERA.

Eloy vive en Érfurt (Alemania), y tuvo que recorrer a finales de octubre 300 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para registrarse en el censo y solicitar su voto en la embajada de Berlín, con los gastos que eso le supuso: un coche compartido para trasladarse a la capital, una noche de albergue, y el regreso final en autobús. Todo ello, sin contar “el dinero gastado en transporte y alimentación en  la ciudad”.

A este estudiante de máster y profesor en Érfurt, el adelanto electoral le pilló por sorpresa: no sabía “exactamente” cuánto tiempo iba a estar residiendo en la ciudad, y por eso no se había llegado a registrar en el censo. Su periplo, una suerte de peregrinaje en días lectivos, es el mismo que han afrontado muchos de los residentes andaluces en el extranjero para poder ejercer su derecho, tal y como ha recogido el colectivo Marea Granate –plataforma que agrupa a migrantes españoles en el extranjero–, en las últimas semanas. 

La mayoría de ellos están censados en países de América Latina y Europa. Argentina (54.379), Francia (36.723), Alemania (28.364), Brasil (24.107), Reino Unido (14.026) y Suiza (10.768) concentran a la mayoría de los residentes ausentes de la Comunidad Autónoma, según datos del INE. 

El comportamiento por regiones, eso sí, es dispar: la Unión Europea, donde hay más opciones consulares y es posible que existe una migración más reciente, es la zona que más porcentaje de ruego ha registrado: 8% en Reino Unido, 6% en Alemania o 5% en Francia. En Sudamérica, los ratios se desploman.

Las diferencias también se reproducen en las cifras de solicitud por provincias: Almería, tercera provincia con más censo exterior, arroja los peores datos porcentuales de peticiones: apenas el 2,4% de los residentes ausentes de la región han rogado su voto para las elecciones. En el extremo contrario, Sevilla cuenta con un 5,3% de solicitudes –1.813 sobre un total de 34.050 de registrados en el CERA–. 

Isabel, malagueña residente Buenos Aires, realizó al igual que Eloy todos los trámites de ruego y podrá participar en las elecciones… siempre y cuando reciba las papeletas. Se muestra preocupada: a día 19 de noviembre, señala, aún no tenía noticias de la documentación. Los votantes residentes en Argentina que tengan que acudir a las administraciones de la capital también enfrentarán otro problema: el viernes 30 de noviembre, cuando les toca votar, la capital acogerá la cumbre del G20. El propio Consulado General de España en Buenos Aires advirtió en un comunicado de las dificultades de acceso en los desplazamientos hasta esta Oficina Consular, recordando que “también existe la opción del voto por correo hasta el día 27 de noviembre”.

No son las únicas coyunturas para los votantes. Según Marea Granate, los códigos que se han enviado a los censados en el exterior para rogar el voto “han llegado muy tarde, fuera del plazo para mucha gente”. Para María Almena, miembro de la organización, esto demuestra, una vez más, la falta de “campañas informativas para saber cómo votar desde el exterior”, así como la “poca voluntad de querer informar”.

La eliminación del voto rogado, ¿más de cerca de concretarse? 

“Lo que está claro es que hay un problema: antes votaba el 35% de las personas que estaban fuera y ahora apenas un 5%. La reforma de 2011, que perseguía un cuestión concreta, el fraude, ha generado otro problema que probablemente sea más grave”, comenta José Manuel Pavia, catedrático de métodos cuantitativos en la Universitat de Valencia. El académico, que también dirige el Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública en el centro, se refiere a las diferencias de participación que surgieron tras la reforma de la LOREG entre las elecciones generales de 2008, antes de que se aprobara la norma, y las que se adelantaron en 2011, solo unos meses después de la modificación legislativa. Entre ambas citas, el porcentaje de voto desde el exterior cayó 27 puntos. 

En las elecciones generales de 2015 y su bis de 2016, los datos de participación fueron, de nuevo, residuales –4,7% y 6,3%, respectivamente–

Una problemática que tomó vuelo tras la irrupción de los nuevos partidos –para los que la reforma electoral ha sido un tema nuclear–, y sobre todo con el trabajo de la sociedad civil y de colectivos como Marea Granate. En las elecciones generales de 2015 y su bis de 2016, los datos de participación fueron de nuevo residuales –4,7% y 6,3%, respectivamente–, y llegaron a la propia Unión Europea, que sugirió a España, a través de su Comisión de Peticiones, que modificara la ley electoral para acabar con la formula del ruego. 

Tras un 2017 en el que solo se celebraron elecciones en Cataluña –acaparadas en su totalidad por el Procés– y un 2018 en blanco hasta los comicios andaluces de diciembre, el esperpento del voto rogado parece haber vuelto a un plano más relevante dentro de la agenda política. La supresión de la medida fue recogida en el acuerdo de Presupuestos Generales que firmaron PSOE y Unidos Podemos a principios de octubre. Pocos días después, el propio Gobierno socialista hizo llegar a la Subcomisión para la reforma electoral del Congreso –en marcha desde marzo de 2017 y con una escasísima actividad en los meses anteriores– una propuesta para acabar con la norma. 

El documento, remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Borrell y otros organismos –como la Junta Electoral Central–, pretende eliminar el actual sistema a través de una medida principal: el elector ya no tendrá que rogar su voto y será la autoridad electoral la que remita a los electores la documentación para ejercer el derecho. El problema es que, una vez se cierre el censo y se envíe esta documentación, todavía no existirán candidaturas oficiales de los partidos. ¿A quién votar entonces? La propuesta, difusa, es que los electores inscritos en el CERA reciban una papeleta en blanco y posteriormente las instrucciones para rellenarla. 

“Entendiendo los motivos por los que se propone esto, pero no está nada claro cómo se implementará. Existiendo otras soluciones tecnológicas, que podrían ahorrar todo el embrollo del envío de las papeletas oficiales y evitar los problemas de fechas…”, comenta José Manuel Pavia. Pese a que la reforma tiene elementos que van en la dirección correcta, asegura, todavía existen dudas con algunos aspectos. 

Otra de las novedades presentadas a la subcomisión pasa por ampliar los plazos para evitar los problemas de tiempo y los provocados por los servicios postales, de los cuales también se aseguraría la gratuidad. Para Carlos Fernández Esquer, Investigador en el Departamento de Ciencia Política de la UAM, esto podría mantener obstáculos a la hora de asegurar otro principio, el secreto del voto. “Es un modelo sigue sin ofrecer todas las garantías que serían deseables”, apunta. 

"Lo que está claro es que hay un problema: antes votaba el 35% de las personas que estaban fuera y ahora apenas un 5%"

Fernández Esquer advierte también de los riesgos de las soluciones tecnológicas –voto telemático– que se han propuesto desde distintos ámbitos, como la Junta Electoral Central. Fernández “Según los expertos, hoy por este tipo de mecanismos no garantizan al 100% que no haya problemas como el fraude”.

Tanto Esquer como Pavia coinciden en la dificultad que supone encontrar un equilibrio en la reforma: “No existe una solución fácil, universal y sencilla. Hay que valorar esto en términos de coste beneficio”, asegura el último. A nivel internacional, la multitud de modelos y legislaciones tampoco parece ofrecer soluciones importadas inmediatas. Desde los sistemas que simplemente no permiten participar desde el exterior de los territorios nacionales hasta los que han creado una circunscripción exterior propia. En Italia, por ejemplo, se adoptó esta medida a partir del año 2001. Según señala Fernández Esquer, está solución sería compleja en España, ya que necesitaría de una reforma de la Constitución.

Desde Marea Granate, por su parte, han mostrado su disconformidad con las medidas presentadas desde el Gobierno. María Almena asegura que para el colectivo la propuesta es “muy descafeinada,” y sigue sin “solucionar muchos de los problemas” que tienen para votar las personas desde el extranjero. 

Almena, bióloga e investigadora emigrada, también apunta la necesidad de una estructura sólida que facilite el proceso: “Reformes lo que reformes, la gente se va a seguir quedando sin votar si no dotas al proceso de medios”. Un ejemplo, asegura, es el desbordamiento que ha habido en los consulados cada vez que se celebran elecciones.

El colectivo de migrantes ha hecho públicas una serie de propuestas propias, entre las que se encuentran la habilitación de un “sistema de inscripciones a distancia”, la puesta en marcha de un modelo “de voto mixto que no dependa solo del correo postal” y el aprovechamiento de “herramientas tecnológicas para lograr un sistema garantista y transparente”.

Con las elecciones europeas y municipales en el horizonte –y quizá las generales–, Almena se muestra escéptica ante la posibilidad de que la propuesta llegue a tiempo a las distintas citas electorales de 2019. “Los tiempos son justísimos, porque lo que hace la Subcomisión es solo un informe que se envía a la Cámara para que se comience a redactar una proposición de ley”, comenta. “Siempre lo pueden sacar por Real Decreto, pero no parece que haya mucha voluntad”. 

Evitar el fraude: un argumento histórico

Pese a la infinidad de problemas y obstáculos que impuso la modificación legislativa de 2011 sobre el voto rogado, el argumento principal sobre la que se sostenía, evitar el fraude, parecía más que justificado a la luz de los numerosos escándalos electorales que sucedieron durante años en este ámbito. “Se trata, en definitiva, de buscar un sistema que garantice el ejercicio del derecho a voto y que corrija los problemas actuales sin volver a los del anterior, inseguro y en el que se generaban sospechas de fraude”, señala Fernández Esquer. 

Durante las elecciones generales de junio de 2016, Xosé Manuel Pereiro recogió en este medio las esperpénticas situaciones que dejó el voto desde el exterior en Galicia, documentados a su vez en el libro O voto emigrante. Viaxe pola zona escura da democracia española (Galaxia, 2007), del periodista Anxo Lugilde, experto en la materia.  

Algunas de las anécdotas recogidas durante lustros no tienen desperdicio: según datos del censo de la época, el 7% de los gallegos que vivían en Nueva Orleans a principios de los 2000 tenían 90 años, y en Buenos Aires y Montevideo se contaban hasta 32 personas con 110 años o más. El episodio con más lustre es, quizá, el que permitió a Fraga presidir la Xunta en 1989 gracias a unas sacas de votos llegadas fuera de plazo desde Venezuela –protagonistas recurrentes a lo largo de los años y que incluso aparecían en varias revelaciones de Wikileaks– y por las que triplicó los votos desde el exterior en Ourense del candidato socialista, ganador del voto del CERA  en las otras tres provincias. 

El de Galicia no es el único ejemplo. En 1999 estalló en Baleares el caso Formentera, un entramado que implicó a funcionarios y miembros del PP en un fraude relacionado con los votos de emigrantes residentes en Argentina y Uruguay que estaban censados en la isla. La investigación no impidió, por ejemplo, que Carlos Gutiérrez, fallecido en 2007 y hombre fuerte del equipo de Jaume Matas, fuera designado Senador por la Comunidad en 2003 mientras estaba imputado. Un año antes, El Tribunal Supremo y la Fiscalía General frenaron la acusación contra Matas, entonces ministro de Aznar, en contra del criterio de la junta de fiscales de Baleares. El caso no se cerró hasta 2014, y solo dejó un saldo de tres funcionarios condenados.