Diario de un observador en el juicio al procés
Llama la atención lo poco preparada que está la fiscalía: cometen errores burdos con las pruebas materiales y las cuestiones de hecho
Joaquín Urías 27/02/2019
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Quienquiera que se acerque cualquier mañana temprano al edificio del Tribunal Supremo con intención de acudir a las sesiones de una vista judicial tan trascendente no verá defraudadas sus expectativas. Ante todo se encontrará con un despliegue policial impresionante. Calles cortadas, vallas, furgonetas y más furgonetas de policía pasando constantemente. Vigilado muy de cerca, uno debe unirse a la cola que desde las cinco de la mañana se forma en el acceso habilitado para ello. La mayoría de los días la cola no supera demasiado las cuarenta personas que ha permitido el Tribunal que asistan para cumplir con el mandato constitucional de que las sesiones sean públicas. Sobre las siete de la mañana, la policía reparte números y, con muy malos modos, va permitiendo el acceso al edificio. Los ciudadanos presentes no logran sentirse como lo que son: personificación del pueblo que ostenta la soberanía nacional. Los policías, malencarados, te tratan a gritos, te tutean sin permiso, te obligan a ponerte contra la pared en la calle, te retienen ilegalmente el documento de identidad. Nadie diría que se trata del público que accede a un juicio, más bien parece que los agentes estuvieran tratando con delincuentes. Seguramente tenga que ver el hecho de que en la cola, desde que dejaron de acudir los simpatizantes de Vox, abundan personas con apariencia de catalanistas. Entre gritos y faltas de respeto uno logra por fin identificarse y los policías lo llevan a un pasillo del edificio en el que tendrá que esperar dos horas de pie hasta que comience el juicio.
La vista se celebra en la sala más elegante del Tribunal. Decorada con mármoles, frescos y relieves. Varias molduras están adornadas con representaciones de fascios que seguramente no tienen nada que ver con lo que uno pudiera pensar. En el techo destaca la representación de la justicia caracterizada como una diosa que sujeta dos caballos desbocados. Ojalá se trate de los caballos del poder desbocado a los que el tribunal va a hacer entrar en la vereda de la ley. La primera parte de la sala es la que estamos viendo estos días en las retransmisiones televisivas. Una U de togados que envuelve a los acusados sentados como en un vagón imaginario. Detrás, el público sentado en tres grupos. Delante los periodistas y políticos. Detrás de ellos, las familias de los acusados. Al fondo, el público en general.
Los policías, malencarados, te tratan a gritos, te obligan a ponerte contra la pared en la calle, te retienen ilegalmente el documento de identidad
Durante las sesiones, el juez Marchena está demostrando que tiene buen dominio de la escena y como Presidente de Sala, se permite pequeñas ironías. Es empático y gracioso y -quieras o no- acaba por caerte bien. Está intentando ser garantista y neutral. Además, cuando se equivoca sabe rectificar. Se han admitido la mayor parte de las pruebas solicitadas, incluso algunas que a primera vista parecen impertinentes y que dudosamente aportarán algo a los hechos. Ha sido generoso con los tiempos y ha permitido a los acusados que se explayen en sus testimonios y explicaciones. Cada vez que le riñe por algo a las defensas lo compensa riñéndole inmediatamente también a la fiscalía, por aquello de la ecuanimidad. A la Abogada del Estado le tiene especial manía y los primeros días no dudaba en cortarla, menospreciarla y ponerla nerviosa. Alguien debió darle un toque, porque cambió pronto de actitud.
En efecto, las veces en que Marchena ha metido la pata, ha venido después a rectificar sin pudor. Su error más destacado tuvo lugar el miércoles, día en que declararon cuatro de los consejeros acusados. Ese día, inquieto por poder respetar los tiempos de palabra de los políticos convocados, alargó las declaraciones hasta las diez de la noche. Los acusados llegaron de vuelta a la prisión más allá de las once. No pudieron cenar más que un bocadillo ni ducharse porque a esa hora ya no tienen agua caliente. A la mañana siguiente, volvieron a ser llevados al Tribunal a las seis de la mañana, con pocas horas de sueño y en condiciones físicas nulas. Jordi Sánchez tuvo que declarar en esas condiciones. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado en alguna ocasión a España por juzgar a acusados que no han podido descansar suficientemente ni defenderse en plenitud de condiciones. Ante el riesgo de que esto invalidara internacionalmente el juicio, Marchena no ha vuelto a repetir este tipo de sesiones.
las veces en que Marchena ha metido la pata, ha venido después a rectificar sin pudor
También rectificó cuando, demostrando poca experiencia en vistas penales, permitió al fiscal preguntar sobre las declaraciones de los acusados durante la instrucción. En nuestro sistema, las declaraciones que uno haga ante la policía o el juez instructor no tienen valor probatorio. En esas situaciones, uno se ve forzado a declarar en una situación de presión en la que puede decir cualquier cosa para contentar a quien lo interroga. Lo que diga entonces no puede llevarse después a la vista convirtiéndolo en prueba, aunque sí se le pueden volver a preguntar las mismas cosas e incluso destacar las contradicciones. Marchena, el primer día, no se dio cuenta y lo permitió entre las protestas de las defensas. Luego un colega se lo hizo notar, y no lo ha vuelto a permitir. Esto es importante. En un juicio normal podría ser causa de nulidad. En éste, como contra la decisión del Supremo no cabe apelación ante ningún otro órgano, no existe ese riesgo pero aún así la Sala intenta evitar las violaciones groseras de derechos procesales.
En las sesiones, sobre todo viéndolas en directo, llama mucho la atención lo poco preparada que ha venido la fiscalía en las primeras sesiones. No es sólo que prácticamente no hayan hecho preguntas sobre la rebelión o la sedición, sino que han cometido errores burdos. Llevan documentos en catalán sin traducir y cuando intentan traducirlos o no pueden o lo hacen mal. El fiscal tradujo sobre la marcha el tuit de una consejera y vio un llamamiento a una concentración donde ella sólo decía que volvía a su trabajo. Varias veces han citado frases literales de un documento, que después ha resultado que no estaban en el documento. Pasó con la entrevista que un acusado había dado a un periódico y con unas afirmaciones que se atribuían a la hoja de ruta, pero no aparecían en ella. En fin, que uno va escuchando las intervenciones y no puede dejar de preguntarse sobre la fiabilidad de estos fiscales. Si con las pruebas materiales y las cuestiones de hecho tienen tan poca credibilidad, será difícil dársela cuando presenten construcciones con menos base fáctica aún.
El juicio acaba de empezar. Es pronto para avanzar nada sobre su conclusión. Personalmente no creo ni que la sentencia esté escrita (sería imposible hacerlo a estas alturas) ni que el Tribunal Supremo tenga ya formado su criterio. Soy consciente de la presión política que cae sobre los magistrados y entiendo que les costaría infinito absolver a alguien que, en medio de la tormenta política del último año, lleva ya quinientos días en prisión provisional. Dudo que el Supremo accediera nunca a dañar así la imagen del sistema judicial español. Pero aún así, estoy convencido de que tiene margen de actuación y los magistrados irán formando su convicción durante estos meses. La vista no es ni mucho menos irrelevante.
Personalmente, veo cada vez más dudosa la imputación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Parece evidente que se trata de activistas civiles que el día 20 de septiembre apoyaron una de las manifestaciones espontáneas surgidas frente a los varios edificios públicos que se estaban registrando por sorpresa. Seguramente aprovecharon la ocasión para hacer una gran demostración de protesta y desobediencia ciudadana, pero por mucho que leo el escrito de acusaciones y escucho los interrogatorios de la fiscalía no veo más que el ejercicio de un derecho fundamental. El derecho a la protesta, a través de reuniones en sitios públicos, es intrínseco a una sociedad democrática. El hecho de que una protesta sea masiva o que moleste por su contenido no afecta al hecho de que sigue siendo un derecho garantizado por la Constitución.
Resulta prácticamente imposible ver en esa manifestación ningún tipo de alzamiento violento contra el poder establecido. No hubo más incidente que algunos coches de la policía dañados (los incidentes que rodean cualquier partido de fútbol problemático son más violentos), ni se impidió actuar a la justicia, ni nada. Si la acusación contra los políticos transmite la sensación de querer resolver por la vía penal una discusión política, la acusación contra los Jordis interpela a todos los demócratas porque anuncia un recorte de nuestros derechos fundamentales. No se puede criminalizar el ejercicio del derecho de manifestación cuando se use para reivindicar algo que nos molesta.
Salgo del Tribunal Supremo pensando en el recorte de derechos y la falta de respeto al papel político de la ciudadanía y vuelvo a cruzarme con esos policías que me tutean y me hablan a gritos sin motivo. Definitivamente, lo que está en juego en nuestra sociedad estos días tiene mucho que ver con el concepto de democracia.
¡Hola! El proceso al Procès arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de...
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Joaquín Urías
Es profesor de Derecho Constitucional. Exletrado del Tribunal Constitucional.
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