Tareas pendientes (I)
La vivienda, un derecho todavía no efectivo
El centroizquierda no ha conseguido acabar con la especulación, reconstruir el parque de vivienda pública social y limitar el precio del alquiler en situaciones extremas
Emilio de la Peña 20/03/2019
Fondos buitre
MalagónEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Si hay algo donde se manifiesta de forma más cruda el incremento de la desigualdad en España es en la vivienda. Precisamente un derecho que la Constitución encarga garantizar a los poderes públicos. No todo el mundo tiene problemas para asegurarse una vivienda digna, ni ocurre en todos los sitios de manera más o menos parecida. Afecta a los grupos más vulnerables, sobre todo de las grandes ciudades. Por eso precisamente es una muestra clara de la desigualdad económica y social.
Cuarenta años después de promulgada la Constitución sigue sin hacerse efectivo, como dice el artículo 47 de la misma, el derecho de todo el mundo a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esa es la tarea pendiente a la que deberían comprometerse cada una de las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones. El compromiso político no puede quedarse en una frase, sino que debe afrontarse con acciones concretas. El incumplimiento de ese derecho tampoco es sólo una frase. Viene argumentado con numerosos datos.
Mientras que el 58 por ciento de la población con ingresos más bajos tiene que gastar más del 40 por ciento de lo que gana para pagarse un techo, entre los que más dinero ingresan eso no le ocurre prácticamente a nadie. Las diferencias se han incrementado con la crisis. Entre lo que menos ganan, el porcentaje ha aumentado desde 2008. Por el contrario, entre los que tienen un salario alto o simplemente digno, el esfuerzo para pagar la vivienda ha disminuido. Los datos son del Instituto Nacional de Estadística.
Los rasgos de desigualdad no se aprecian sólo en esos porcentajes. Recorre toda la variedad de discriminación social posible: las mujeres tienen más problemas para pagar la vivienda, y más aún cuando sus ingresos son muy bajos y tienen hijos menores. Entre los jóvenes (de 20 a 29 años) la dificultad para costear la vivienda afecta al 30 por ciento si sus ingresos son muy bajos, algo muy generalizado ahora a esas edades. Y el porcentaje no llega a las nubes porque una gran parte sigue viviendo con sus padres. Sin embargo, la dificultad de disponer de una casa afecta a muchas menos personas con ingresos entre medios y altos. En este grupo de afortunados o medio afortunados siguen siendo pocos, el 11 por ciento, los que viven de alquiler, mientras que los que cuentan con ingresos bajos son inquilinos más del doble (el 26 por ciento). Los datos los recoge la oficina de estadísticas europea, Eurostat.
Esta radiografía constata la gran desigualdad a la hora de tener simplemente un techo para vivir, sin contar la calidad la casa, ni su localización. Y se manifiesta en el desgarro social de los desahucios. Desde que comenzó la crisis más de 160.000 familias han sido expulsadas de sus casas por no poder pagar al banco la hipoteca, y muchas de ellas aun siguen pagando la vivienda que un día adquirieron y que ya no es suya. Otras muchas, por encima de esa cifra, la abandonaron antes de ser conminados a hacerlo por el juzgado y la policía. Los datos, expuestos arriba, hacen pensar que la mayoría fueron familias con escasos o nulos ingresos. El drama no ha acabado, pero la pérdida de la vivienda afecta ahora claramente más a familias que viven de alquiler. Desde 2013 a 2018 han abandonado su casa por no pagar la renta mensual 217.000 familias y la cifra va en aumento. El año pasado el número de desahucios a inquilinos superó los 37.000, lo que supone 127 cada día, si exceptuamos domingos y festivos.
La vuelta al alquiler ha sido obligada por la generalización de los desahucios, el cierre del grifo de los bancos por la crisis y la precarización del empleo que impide comprar una casa. Es sin embargo una modalidad adecuada y muy generalizada en los países europeos más ricos. Allí, una parte de los inquilinos los son en viviendas sociales, a bajo coste. Pero ahora en España, como en casi todo, el mercado ha estado más rápido. Desde 2014 a 2019 el pago por alquilar una vivienda se ha disparado un 25 por ciento. En las grandes ciudades el incremento ha sido mayor: en Barcelona, un 36 por ciento y en Madrid, un 33. Mientras, los salarios medios se han estancado, aunque aquí reina también la desigualdad: para los trabajadores entre 25 y 40 años ha descendido de un 2,5 a un 4 por ciento. Los de más edad, sin embargo, han tenido una subida mínima de sus sueldos. El coste de la vida, en ese periodo, ha aumentado un 3 por ciento. Se estancan o bajan los salarios y se dispara el precio del alquiler. Como dijo Rodrigo Rato, cuando en el Congreso se le preguntó por el naufragio y salvamento de Bankia, “es el mercado, amigos”.
El año pasado el número de desahucios a inquilinos superó los 37.000, lo que supone 127 cada día, si exceptuamos domingos y festivos
El Gobierno de Pedro Sánchez, parsimonioso y lento en sus decisiones como una tortuga, ha esperado hasta los últimos minutos del encuentro para cumplir lo que había anunciado en su acuerdo con Podemos: blindar la función social de la vivienda y evitar su especulación. Pero ha renunciado a una de las medidas clave suscrita por el mismo: “Poner techo a la subida abusiva de precios de alquiler en determinadas zonas”, dice textualmente el punto 3.2 del acuerdo. Sin embargo, se han mejorado claramente los derechos de los inquilinos: se ha alargado el tiempo mínimo de los contratos y se ha establecido que ninguna familia en situación vulnerable podrá ser expulsada de la casa por un desahucio, hasta tanto los servicios sociales no le busquen una solución en el plazo de un mes. Pero el Gobierno de Sánchez dejó para después de las elecciones la aplicación práctica de muchas de las medidas. Hay tareas pendientes:
-Acabar con la especulación relativa a la vivienda. Lo encarga la Constitución también y se comprometieron a ello el PSOE y Podemos. Para eso, ayuntamientos y comunidades autónomas deberían tener capacidad de poder comprar viviendas o bloques enteros con inquilinos cuando una empresa o un fondo buitre quiera hacerse con ellos. Es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido en Lavapiés, en Madrid, o en otras zonas céntricas de grandes ciudades. En ellas residen familias de escasos ingresos a las que se está expulsando. El decreto ley de última hora de Sánchez ya lo contempla. Pero falta algo esencial: un fondo público del que puedan disponer ayuntamientos y comunidades para actuar. En caso contrario, será papel mojado.
-Limitar el precio del alquiler en situaciones extremas. Los críticos a esta medida aducen que no sólo es imposible en la realidad, sino inútil. Un tope generalizado tiene serios problemas, pero no se trata de eso. Consistiría en fijar techos en zonas concretas donde la vivienda en alquiler se ha disparado y se expulsa de las mismas a gran parte de la población que habitualmente residía allí, normalmente en casas sencillas. El casero podría exigir al inquilino parte de la renta en dinero negro para sortear ese límite. Si es así, las autoridades deberían negarle protección para reclamar las mensualidades cobradas en B.
-Reconstruir el parque de vivienda pública social. La inclinación por el mercado y sólo el mercado ha sido en este caso un fenómeno depredador. Como muestra, el Ayuntamiento de Madrid vendió, durante los mandatos anteriores del PP, 22.600 viviendas sociales de las casi 29.000 que tenía. Los casos más escandalosos fueron la venta de casi 5.000 viviendas del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid a fondos buitres por un valor claramente más bajo que el del mercado. Sus anteriores inquilinos han ido siendo expulsados de sus casas, pese a la resistencia opuesta. La privatización masiva se ha generalizado en todo el país, que ya contaba con un número bajo de vivienda pública. La solución pasa no sólo por la construcción de nuevas viviendas: el Gobierno de Sánchez dice que construirá 20.000. Manuela Carmena y Ada Colau hablan de 7.000 y 6.500 en cada caso. En un país con más tres millones de viviendas vacías, debería apostarse por la compra de casas para destinarlas al alquiler social. En Berlín, una ciudad acosada, más aún que aquí, por el abuso en el alquiler, se ha abierto ya el debate sobre la necesidad de expropiar casas en poder de grandes empresas. Un último dato: España gasta cinco veces menos que la media de la zona euro en protección social destinada a la vivienda.
Las fuerzas políticas que concurren a las elecciones suelen incluir algún texto dedicado a garantizar el derecho constitucional a una vivienda. Pero la verdad es que mientras los de derechas, el PP y Ciudadanos, lo hacen de forma pacata, siempre dando prioridad al mercado, las fuerzas de izquierda, PSOE y Unidos Podemos, adquieren claros compromisos para tratar de garantizar lo que la Constitución encomienda a los poderes públicos. Hacer efectivo ese derecho. Basta comparar los documentos de las distintas organizaciones. Otra cosa es si cumplen lo anunciado.
Si hay algo donde se manifiesta de forma más cruda el incremento de la desigualdad en España es en la vivienda. Precisamente un derecho que la Constitución encarga garantizar a los poderes públicos. No todo el mundo tiene problemas para asegurarse una vivienda digna, ni ocurre en todos los sitios de manera más o...
Autor >
Emilio de la Peña
Es periodista especializado en economía.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí
