Lento, infradotado e incapaz de afrontar los nuevos desafíos de la protección internacional. Esta es la decepcionante fotografía que se hace del sistema de asilo español en un reciente informe publicado por el proyecto europeo National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), coordinado en España por el centro de estudios CIDOB. El documento señala que España, pese a ser uno de los Estados más favorables para la acogida en términos formales, arrastra tres elementos en su gestión y sus políticas que lo han conducido a esta preocupante situación: las demoras en los procedimiento, la falta de recursos y las propias limitaciones internas del sistema de protección.

Un extremo que se ha puesto todavía más de manifiesto en los últimos meses, cuando el país se ha convertido en la principal vía de acceso a Europa tras el cierre de las rutas centrales y orientales en el continente. Pero no solo: Venezuela, que atraviesa una profunda crisis democrática, es, de largo, el primer lugar de origen de las solicitudes de protección en el país.

Según la investigación, estas tendencias son, además, exclusivas en la UE: durante los dos últimos años, España ha sido el único Estado europeo que ha aumentado su número de demandas de asilo.

De esta forma, durante 2017 las peticiones de protección ascendieron a 36.600, más del doble que durante el año anterior. En 2018, la cifra se elevó a poco más de 45.000, de los uno de cada cuatro eran menores de edad.

No son, en cualquier caso, las millones de llegadas que se insinúan desde ciertos discursos retrógrados y apenas siguen representando el 5% de las solicitudes que se registran en el conjunto de la Unión Europea, donde además nos situamos en el vagón de cola a la hora de aprobar este tipo de peticiones: apenas un tercio de las solicitudes de asilo son aprobadas en el país, mientras que la media europea se sitúa en el 46%

Como muestra de los fallos que están dejando atrás al sistema de asilo en España, el informe del NIEM señala, por ejemplo, la dilatación de los tiempos de gestión en el asilo. Formalizar la solicitud puede tardar hasta siete meses, mientras que su aprobación o denegación se puede extender hasta los tres años. Durante estos periodos, apunta el documento, las personas solicitantes no pueden acceder, en una primera fase, a los servicios que ofrecen los mecanismos de protección, a la vez que afrontan riesgos como la expulsión o la devolución.

La escasez de recursos, por su parte, se materializa en la falta de medios tecnológicos, de financiación o de recursos humanos. Sin ir más lejos, la Oficina de Asilo y Desarrollo contaba en 2017 con apenas 130 trabajadores.

Por último, el estudio apuntan a las propias limitaciones internas del sistema de protección, como la excesiva segmentación de los perfiles que pueden acceder a él, las rigideces en los programas de integración o las restricciones de libre circulación que tienen que afrontar los demandantes.

El informe del proyecto NIEM se enmarca en una evaluación de los sistemas de asilo de 14 países europeos que cuenta con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Un órgano que, precisamente y al igual que ocurre con España en este documento, ha recibido importantes críticas en los últimos tiempos por su gestión de las competencias migratorias y la consolidación de dinámicas alarmistas en la Europa fortaleza.