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El pequeño municipio de Sant Julià de Ramis carece de plaza del pueblo. Su Ayuntamiento se encuentra a algunos kilómetros de los bares que, apeados junto a la carretera, conforman la vida social del entorno. Alrededor, las casas bajas permanecen amontonadas en grupos de tres o cuatro. Los caminos de tierra, trufados con los de asfalto, recuerdan al que en otro tiempo fuera, según algunos de sus vecinos, un asentamiento agrario. Quizá por estar rodeada de campo, cuenta uno de ellos, allí la Guerra Civil apenas provocó hambre; hasta el punto de que las mujeres escondían filetes de ternera en sus corsés y los vendían en las ciudades. Tampoco hubo un solo muerto. Aunque sí existió un giro de orden económico. Semanas después de que acabara la contienda, 134 de sus habitantes tuvieron que entregar al Banco de España, por orden de Franco, hasta 818.784 pesetas de entonces. Un dinero que nunca recuperarían.

No cualquier peseta. Ni siquiera, cualquier peseta acuñada por el Gobierno republicano. Pero sí las monedas y billetes que el bando tricolor hubiera emitido después del 18 de julio de 1936, cuando empezó la contienda. Era el dinero rojo, como se le conoció popularmente. El nombre que le dio el Gobierno franquista desde Burgos, su capital durante la guerra, era algo más largo: moneda puesta en circulación por el enemigo. Un decreto, en noviembre de aquel mismo año, lo declaró ilegal. Otro, en septiembre de 1938, tipificó como contrabando hacer uso de él. En el gironés Sant Julià de Ramis, que permaneció los tres años de guerra al abrigo de la República, era el dinero con el que vivieron durante el conflicto bélico no solo las familias y las instituciones, sino hasta la Falange. Y unos y otros se vieron llevándolo al Ayuntamiento en la primavera de 1939, para que este lo entregara, más adelante, al Estado. A cambio, unos recibos que aún hoy custodia el archivo municipal, y que hasta la fecha nadie ha logrado convertir, de vuelta, en monedas y billetes.

Ocho décadas después, son alrededor de 3.500 los vecinos del pueblo. Y el monto entregado vale hoy unos 11,5 millones de euros. 13,91 euros por cada peseta del bando republicano, según el peritaje firmado por Lluís Planas, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Así las cosas, Sant Julià de Ramis ha presentado, a principios de mayo, una reclamación patrimonial. Dirigida a la Moncloa y entregada en la Subdelegación del Gobierno en Girona. Con ello, se ha convertido en el primer municipio en España en exigir formalmente este dinero incautado por el franquismo. Por delante, un camino que, prevé el abogado Antoni Quintana, se alargará tanto como la guerra: hasta tres años. Un tiempo en el que la reclamación viajará hasta el Consejo de Ministros. Si este órgano se desentiende de la causa, la demanda se presentará en el Supremo. Y si este tampoco da la razón a las víctimas, la reclamación tomará rumbo a Estrasburgo, donde se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un largo camino que ya ha recorrido, y de momento, sin éxito, el despacho del conocido letrado Baltasar Garzón. Aunque este último trabaja con particulares, y no con instituciones. En el caso de Sant Julià de Ramis, es el mismo Ayuntamiento quien presenta la demanda.

Alrededor de 30 ayuntamientos en Girona cuentan con listados parecidos al de Sant Julià de Ramis

La causa del dinero rojo ha deambulado en numerosas ocasiones por el Congreso de los Diputados. Hace justo diez años, la Cámara Baja se veía incapaz de comprobar que quienes reclamaban estas pesetas fueran, realmente, los herederos legítimos de quienes las entregaron. Pero que sea el mismo Ayuntamiento quien reclame el dinero rojo aporta algunas esperanzas. El archivo municipal de Sant Julià de Ramis conserva, en perfecto estado, no solo los recibos firmados por el Banco de España, sino los listados del dinero entregado por los vecinos, uno por uno, al Ayuntamiento. Así ocurría en los pueblos que, como este, carecían de una sucursal bancaria a la que pudieran dirigirse los particulares: era el mismo Consistorio quien recogía el dinero y lo hacía llegar, más adelante, al Banco de España. 

Fue el Ayuntamiento quien entregó a Franco aquellas pesetas y quien, 80 años después, las reclama. Y ahí está, también, un hecho jurídico relevante, al menos, para Marc Puigtió, el alcalde de Sant Julià de Ramis. “El Consistorio es la misma persona jurídica hoy que entonces. Y esta es una reclamación entre instituciones. ¿Les dimos aquello? Pues que nos lo devuelvan”, anota el regidor. Él pertenece a Esquerra Republicana de Catalunya, aunque logró la unanimidad del pleno municipal, en el que hay tres partidos diferentes y dos concejales independientes, cuando consultó allí sobre esta maniobra. A la puerta de su despacho aguardan ediles de pueblos aledaños, dispuestos a seguir, en sus respectivos municipios, los pasos de este alcalde. Alrededor de 30 ayuntamientos en Girona cuentan con listados parecidos al de Sant Julià de Ramis, según el historiador Narcís Castells, que colabora con la causa. Vilademuls, un pueblo cercano compuesto por cerca de 800 habitantes, entregó en su día alrededor de 4,5 millones de pesetas rojas. Más de 62 millones de los actuales euros. 

El historiador Castells y el abogado Quintana llevan más de dos años estudiando el dinero rojo. Y fue gracias a ellos cuando, a principios de 2019, el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis descubrió que el Estado había requisado aquellas pesetas republicanas. La guerra y la posguerra, según más de un vecino, son materias tradicionalmente descartadas en cualquier conversación familiar. Lo cuenta Jordi Ribas, nacido en el pueblo y bisnieto de Joan Ribas, el alcalde impuesto allí al llegar el franquismo, y quien recogió el dinero de los vecinos. “Supongo que es una historia muy reciente, en la que todo el mundo tiene algo de lo que no se siente orgulloso. Ni siquiera recuerdo estudiar esto en el colegio”, apunta. Su antepasado no se libró de entregar, como el resto de sus conciudadanos, el dinero rojo que había acumulado él mismo durante la guerra: 8.549 pesetas. Hechas las cuentas, incluido el reparto con el resto de herederos, a su bisnieto Jordi le corresponderían algo más de 9.900 euros. Pero él, comenta, no cuenta con alcanzarlos. Y siente que hay a quienes le vendrán mejor. Uno de los hostales de Sant Julià de Ramis ha renunciado recientemente a su condición de comercio turístico y alberga a ciudadanos con pocos recursos.

“Es fácil encontrar a las familias que aparecen en las listas”, cuenta Marina Canals, trabajadora del Ayuntamiento. “Pero claro”, prosigue, “hablamos de nietos y bisnietos. Y todos ellos, con derecho a recibir el dinero”. Aunque en su momento no le dio importancia, ella ya se había topado en alguna ocasión, en el archivo municipal, con las actas y recibos que hoy dan alas a la demanda de Sant Julià de Ramis. Entre otras cosas, cuando se documentaba para escribir un libro sobre el pueblo. De nuevo, la guerra y la posguerra eran las etapas de la historia local sobre las que menos recuerdos habían llegado hasta el presente. Y de nuevo, las familias a las que preguntaba sobre este pasado reciente conocían poco o nada del papel que sus allegados tuvieron en la contienda.

Pere Pujolras, maestro, vecino y hoy concejal del Ayuntamiento, había escuchado hablar del dinero rojo, pero desconocía que este tuviera nada que ver con su familia. Lo supo cuando encontró en el listado a su abuelo; el mismo que había pasado parte de la guerra escondido en el bosque, y al que una entregada esposa llevaba comida por las noches. Su familia, una familia de campesinos sin tierras en una localidad de terratenientes, como él mismo explica, perdió 1.057 pesetas de aquel entonces. Algo menos de 15.000 euros. Y el edil anota: “Si desde el Ayuntamiento consiguiéramos el dinero, lo primero sería encontrar a sus dueños. A todos los que pudiéramos”. Para ello, el Consistorio ha divulgado, a través de su lista de difusión de Whatsapp, la existencia de estas listas. Es así como la noticia llegó a más de uno de los viandantes de las calles de Sant Julià de Ramis. Otros lo desconocían por completo: “Como este pueblo está tan desperdigado, aquí la gente apenas habla”. En efecto, por sus caminos asoman coches, pero apenas paseantes. Y un comerciante reclama, risueño, “que lo devuelvan, y con intereses”. El Ayuntamiento ha puesto un teléfono a disposición de quienes crean contar con familiares entre los expoliados.

La guerra y la posguerra eran las etapas de la historia local sobre las que menos recuerdos habían llegado

Pero, antes de encontrar a los herederos y repartirlo, hay que lograr el dinero. Para ello, el despacho de Quintana esgrimirá dos argumentos principales ante el Estado; el mismo que ya ha esquivado devolver el dinero rojo a los particulares representados por Baltasar Garzón, bajo el pretexto de que los efectos de la confiscación han prescrito. Pero, en primer lugar, según Quintana, las leyes que anularon y persiguieron este dinero son inconstitucionales e ilegítimas, dado que partieron de una España no solo levantada contra un Estado democrático, sino que aún no estaba reconocida por los poderes internacionales; por tanto, sus perjuicios no pueden prescribir. Al tiempo, el Estado sí ha repuesto el patrimonio que el franquismo confiscó a algunas entidades concretas, como partidos políticos y sindicatos, y a la familia de Juan Negrín, el último presidente del Gobierno republicano. A los primeros, poco después de que llegara la democracia. A este último, en un decreto de ley, en 1995.

Junto a los ahorros de los ciudadanos de Sant Julià de Ramis, el Ayuntamiento entregó, también, el dinero rojo que quedaba en sus arcas. 9.786 pesetas republicanas. Más de 136.000 euros que, adelanta el regidor Puigtió, “no irán para pagar facturas. Se destinarán a algún homenaje, algún recuerdo a lo que ocurrió. ¿Qué habría sido de estas familias si no hubieran perdido todo esto? Alguno habría podido estudiar más y llevar otra vida. Me gustaría levantar una plaza y dedicársela”. Quizá ese espacio, de momento imaginario, y dispuesto para conmemorar a las víctimas del franquismo, anime a los vecinos a hablar de aquello de lo que no suelen hablar. Y acabe conformando, quién sabe, esa aún ausente plaza del pueblo.