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Vaya semanita hemos pasado... Vivimos rodeados de irresponsables (ya se hace evidente desde el principio que me apunto al amatismo: dícese de toda acción o argumentación que, ya sea en los términos o en el fondo, se ve notablemente influida por los textos de Jordi Amat). Se comprende que hay mucha tensión acumulada, tanto en Cataluña como en el resto de España (todos los años que llevamos de procés, el complicadísimo 2017, los dos años de prisión provisional, los largos meses del juicio a los líderes independentistas... ), y que los nervios por la sentencia del juicio –la más importante desde un punto de vista político de la historia reciente española–, que está a punto de hacerse pública, nos llevan a algunos a hacer o decir cosas que quizás no haríamos o diríamos en condiciones de normalidad. Se comprende, digo, pero no se justifica. Y en momentos excepcionales es cuando más importante resulta poner cordura, sensatez (ahora me apunto al martinezismo, por Guillem Martínez), moderación y un análisis mínimamente riguroso y democráticamente respetuoso de todos y de todas las ideas y posiciones. De las diversas irresponsabilidades que hemos presenciado estos últimos días, me centraré en aquellas generadas por las detenciones de los activistas de los CDR bajo acusación de terrorismo. 

Empecemos por los hechos. La madrugada del lunes 23 de septiembre, nueve personas que son descritas como activistas de los CDR son detenidas en sus domicilios de Sabadell, Cerdanyola y otras localidades del Vallès, con un gran despliegue policial y una gran espectacularidad, según las imágenes que todos hemos podido ver. Se diría que estaban deteniendo a miembros de Al Qaeda. Dos de las nueve personas detenidas son posteriormente puestas en libertad, pero siete permanecen en prisión provisional y están siendo investigadas. Las primeras acusaciones apuntaban a rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, por lo que las diligencias las lleva la Audiencia Nacional, el tribunal especial encargado de instruir y juzgar los casos penales de alta complejidad y peligrosidad. Las siete personas que continúan detenidas, y que ya han sido trasladadas (el viernes 27) a Soto del Real para estar más cerca de la Audiencia Nacional, continúan bajo acusación de pertenencia a organización terrorista (art. 572 CP), fabricación y tenencia de explosivos (art. 348 CP) y conspiración para causar estragos (art. 346 CP). Son tres acusaciones, como es obvio, de la máxima gravedad, y combinadas podrían llevar a una condena de más de 30 años. Es más, no podemos descartar, a tenor de ciertas informaciones publicadas, que puedan acabar también acusados de uno o más delitos de acción de terrorismo, aunque sea en grado de tentativa (arts. 573, 573 bis, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 y 50 bis –¡desde la reforma de involución democrática del Código Penal en 2015 hay más modalidades diferentes de terrorismo que de homicidio!).

Sigamos con los hechos. El juez instructor declara desde el inicio el secreto de sumario, lo que no impide a) la creación casi automática de una burbuja mediática –ha sido el tema de estos últimos días–; b) que se filtren y publiquen muchas informaciones –a menudo contradictorias– sobre el motivo de las detenciones, las acusaciones iniciales, los objetos encontrados en los registros, las posibles confesiones de algunos de los detenidos, otras acusaciones anteriores que pesaban sobre algunos de ellos, etc .; c) que se filtren incluso imágenes de las propias detenciones –incluidas algunas grabadas por la Guardia Civil; y d) que políticos, periodistas, analistas, tertulianos y opinadores de todo tipo se entreguen a una carrera y una lucha por conquistar el relato de los acontecimientos. Hemos podido escuchar de todo. Diarios de derecha y extrema derecha española publicando que estaban a punto de atentar contra un cuartel de la Guardia Civil, que les habían encontrado Goma 2, que actuaban “porque Torra les pedía que apretaran”, que en Cataluña la situación “es peor que en el País Vasco” (sic), etc., hasta diarios catalanes cercanos al independentismo que abrían la portada con el titular “Operación Sentencia”, dando por hecho que los detenidos eran inocentes y que toda la operación era una confabulación del poder judicial, policial y político del Estado contra el movimiento independentista para preparar el terreno para una sentencia dura. 

Vayamos ahora a las valoraciones. La mayoría de medios de comunicación han sido muy irresponsables en la gestión de esta noticia importante y ciertamente grave, transgrediendo sus propios códigos deontológicos, inventándose informaciones falsas o al menos publicando otras sin haberlas mínimamente confirmado, simplemente porque ayudaban a imponer un relato interesadamente ideológico. Más irresponsables aún han sido algunos partidos políticos. Quizás todos en cierta medida. Pero algunos, desde luego, más que otros. Ciudadanos, el PP y Vox, por un lado, con sus afirmaciones imprudentes, alarmistas e incendiarias –por no decir también demagógicas, con Lorena Roldán enseñando una foto del atentado de ETA en el cuartel de Vic en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa diciendo que tienen miedo, o Sánchez, Rivera y Casado exigiendo que se condene la violencia (pero ¿qué violencia? ¿cuántas veces habrá que hacerlo?)–. Y la CUP y JuntsxCat, y en menor medida ERC, por otro lado, dando por obvia –pero sin la más mínima prueba– la inocencia de los detenidos y presentando la operación judicial como un indudable ataque a Cataluña y al independentismo. Como un ataque que hay que denunciar, como un hecho más dentro de la ola de represión injusta e injustificable de una España autoritaria, que no puede ser normalizado –que requiere el boicot de un partido en el pleno parlamentario, con los diputados de la CUP gritando “libertad, libertad” para unos detenidos de los que no saben nada excepto que pertenecían a los CDRs, o una excepcional carta del president de la Generalitat protestando y “pidiendo explicaciones” al presidente del Gobierno español por estas detenciones. 

También han sido irresponsables muchos de los analistas y tertulianos de una y otra parte cuando se han limitado a hacer seguidismo de lo que han dicho los partidos políticos y los medios de comunicación “de su bando” o aquellos “con los que simpatizan más”. Lejos de llamar a la cautela, la paciencia y la suspensión temporal de juicio, como era su deber, se han erigido en jueces omniscientes con la libertad y la prerrogativa de condenar todo lo que hacen los otros, como si realmente estuvieran en posesión de una información y unas verdades que de hecho desconocen. Se han aventurado hipótesis increíbles con la voluntad de mostrar, por un lado, que el movimiento independentista –así, en su conjunto– giraba hacia la violencia y la vasquización de Cataluña, cuando todos sabemos que la no violencia ha sido un ingrediente fundamental y admirable del movimiento. Y también, por otra parte, se han hecho afirmaciones categóricas sin fundamento sobre un plan definido y orquestado por el Estado (¡como si el Estado fuera alguien!) para defenestrar el independentismo, una conspiración máxima en la que están implicados partidos políticos, jueces, policías, medios de comunicación y quién sabe si también la iglesia y los equipos de fútbol de un país que es inherente e inevitablemente autoritario y fascista. Y han sido irresponsables también, no hay duda, algunos de los propios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del aparato judicial que han filtrado información –falsa o cierta–, y lo han hecho de manera interesada, permitiendo que se activara esta lucha enloquecida e irrefrenable por el relato.

La raíz de este problema es doble. En primer lugar, vivimos en una permanente campaña mediática desplegada por todos lados –es obvio, a estas alturas, que no hay solo dos, sino una pluralidad de bandos–, con el fin de ayudar a los “nuestros” en una lucha crucial y encarnizada –prácticamente una santa cruzada para conquistar el relato público. Una lucha azuzada en estos momentos por la interminable campaña electoral con la que los ciudadanos de este país estamos siendo duramente castigados –debemos de haber hecho cosas terribles en vidas anteriores– desde hace varios años. En segundo lugar, la irresponsabilidad surge también de asumir una visión agonista –término técnico– de la sociedad y de la política, una permanente futbolización de nuestras diferencias (aquí me sumo al puigverdismo, inneraritismo y bruguismo –por Antoni Puigverd, Daniel Innerarity y Quim Brugué, respectivamente–, entre tantos otros que lo vamos denunciando) que nos hacen ver el mundo a través de las lentes de un división fundamental entre el “nosotros” y “ellos”. Una visión que reduce la política a un conflicto inherente entre nuestro equipo y el rival, donde de lo que se trata es de ganar el partido, prácticamente a cualquier precio, y si puede ser con derrota humillante para el contrario. Como si todo lo que hacen los “nuestros” debiera ser correcto, y todo lo que hacen los “otros”, “nuestros adversarios”, fuera por definición un ataque injustificable y ominoso. Pero, como ya nos cantaban los Pink Floyd, todo este “nosotros” y “ellos” termina siendo sólo una “batalla por las palabras” (la lucha por el relato que yo decía antes): cómo podríamos saber “qué es qué” y “quién es quién”, si, después de todo, no somos más que personas normales y corrientes”. La distorsión de la óptica de nuestro mundo democrático a través de una lente agonista como ésta, aún más cuando viene magnificada por una retórica sentimental que apela a las emociones más básicas, como el deseo de protección, sentimiento de pertenencia, sentimiento de humillación, etc., hace que los irresponsables pierdan toda cautela y todo respeto democrático, y esto en un momento de la máxima complejidad política.

Sabemos que las personas detenidas son activistas de agrupaciones autodenominadas CDR, y por tanto del movimiento independentista. Sabemos que las acusaciones son muy graves y que la investigación avanza bajo secreto de sumario. Sabemos, y esto es esencial no olvidarlo nunca, que debemos presuponer su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Sabemos también que vivimos inmersos en un conflicto político del máximo nivel, y que este conflicto se encuentra a punto de pasar por uno de sus momentos más cruciales, la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas juzgados por rebelión, sedición y otros delitos, con pronóstico complicado. Sabemos que hay tensión y ánimos muy encendidos por parte de todos los bandos y grupos sociales implicados, incluso de aquellos que adoptan posiciones más moderadas o intermedias. Se trata de una situación, la actual, de enorme peligro para la democracia, difícil de exagerar, donde los excesos y abusos pueden venir –ya los hemos visto, de hecho, y los seguimos viendo– por parte de actores y sectores diversos. Lo que hay que hacer en estos momentos por parte de todos los que tengan alguna voz o poder de incidencia públicas es obvio: hace falta cautela, paciencia a la espera de averiguar si las acusaciones graves contra las personas detenidas tienen alguna verosimilitud, no alimentar teorías conspirativas de ninguno de los bandos sin ninguna prueba, y sobre todo mostrar un gran respeto democrático para todos y una llamada a la cordura y al diálogo. Y no estaría mal, de paso, por salud democrática pero también mental, que adoptáramos la máxima de criticar primero y principalmente a aquellos que consideramos “nuestros” (ahora me voy al alvarismo, sí, por Francesc-Marc Álvaro), y sólo después, cuando ya hayamos hecho autocrítica, pedir explicaciones a los demás. En definitiva, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que han hecho muchos de los irresponsables que nos rodean. 

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José Luis Martí es profesor de derecho de la Universidad Pompeu Fabra.