Rui Pinto está encarcelado en una celda de una comisaría de su país natal, Portugal, desde el pasado mes de marzo después de ser extraditado por Hungría, donde fue detenido en enero. Allí parece que pasará tres meses más después de que un juez haya decidido prorrogar su prisión preventiva.  El creador de Football Leaks, el portal de Internet desde donde empezó a destapar en 2015 varios casos de posibles irregularidades financieras relacionadas con el mundo del fútbol, ha sido acusado de 147 delitos, entre los que están el acceso ilegal a datos confidenciales, violación de correspondencia, sabotaje informático y tentativa de chantaje, penas por la que podría cumplir hasta 10 años de prisión. “No soy un hacker; soy un ciudadano que ha actuado para el bien del interés público”, aseguró en una entrevista a Der Spiegel, medio al que entregó 70 millones de documentos para su publicación. Casos como el de Pinto han hecho que las autoridades europeas hayan tomado medidas para proteger en el futuro a los delatores de prácticas fraudulentas.

La Comisión Europea lanzó en 2018 la propuesta de una nueva directiva que amparara a los ciudadanos que descubrieran secretos que favorezcan al interés general, conocidos en inglés como whistleblowers. “No debería haber castigo por hacer lo correcto”, señaló entonces el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. La medida, aprobada por el Parlamento Europeo en abril de este año, surgió tras los problemas que tuvieron que afrontar los denunciantes de casos como LuxLeaks, dieselgate, los papeles de Panamá, Facebook o Cambridge Analytica. Un estudio encargado por la Comisión estimó que las arcas de los países de la CE dejan de ingresar entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales por culpa de los delitos no comunicados por la falta de protección que tienen los posibles delatores. Actualmente sólo diez países de Europa (Holanda, Suecia, Lituania, Malta, Italia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Hungría y Eslovaquia) tienen recogida en sus legislaciones la plena protección de los denunciantes de irregularidades. Tras el visto bueno del Parlamento Europeo, los Estados miembros tienen dos años para aplicar la directiva.

William Bourdon, que ya defendiera a Edward Snowden (el consultor tecnológico que filtró documentos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos), forma parte del equipo de abogados que representa a Pinto junto a David Deak y Francisco Teixeira da Mota. Bourdon ha pedido la ayuda en este caso de David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la protección de la libertad de expresión. En una carta que le envió tras conocerse las acusaciones de la Fiscalía, afirma que su cliente “está siendo criminalizado artificial e injustamente por las autoridades portuguesas, mientras que los responsables de los delitos financieros revelados por Football Leaks gozan de protección ilegal”. Los juristas que se encargan de la defensa de Pinto, cuyo coste está siendo sufragado por organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan a los informantes, como The Signal Networks, tienen hasta el 12 de octubre para responder a las acusaciones de delito que pesan sobre él. Posteriormente el juez decidirá si procede o no abrir juicio contra el joven de 30 años.

A través de su cuenta de twitter, Pinto ha afirmado que “el mantenimiento de la prisión preventiva es simplemente un episodio más que revela el terrorismo judicial del que vengo siendo objeto. El ministerio público me ha transformado en una especie de preso político”. El creador de Football Leaks asegura que “durante 2017 y 2018 envié denuncias anónimas a la plataforma del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, ofreciendo mi total disponibilidad para colaborar con las autoridades portuguesas, al igual que he hecho con las francesas y las belgas, pero en los últimos seis meses nunca tuve noticias de un inspector de la policía judicial o un procurador del ministerio público especializado en investigar crímenes financieros o corrupción”. Denuncia que la fiscalía portuguesa “se está transformando en un peligro para el equilibrio de la democracia y el Estado de derecho. Es una máquina autoritaria y represiva, una especie de Estado dentro del propio Estado, que siguiendo la lógica de ‘quiero, puedo y mando’, se da el lujo de escoger quién debe y quién no debe ser objeto de investigación, llegando a ocultar e ignorar elementos de prueba incómodos”.

Junto a Rui Pinto, también fueron extraditados a Portugal todos los documentos que guardaba, con el riesgo, según su equipo jurídico, de que fueran destruidos. Sin embargo, representantes de la Fiscalía Financiera Nacional francesa, que ya habían recibido en el otoño de 2018 la oferta de colaboración del propio Pinto, viajaron a Budapest antes de que fuera entregada y lograron hacer copia de unos 26 terabytes de datos. Sin embargo, no pueden utilizar esa información porque está encriptada, de ahí que necesitan de la colaboración de Pinto. 

Las informaciones desveladas por Football Leaks permitieron descubrir que varios futbolistas utilizaban paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos en países como España. Entre ellos estuvo Cristiano Ronaldo, que tuvo que hacer frente a un proceso judicial y fue condenado a dos años de cárcel, que no cumplirá tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y a pagar casi 20 millones de euros por fraude fiscal. Asimismo reveló el acuerdo de confidencialidad entre el propio Cristiano y Kathryn Mayorga, publicado por Der Spiegel, por el que la mujer recibió un dinero del futbolista a cambio de no denunciarle por un presunto delito de violación ocurrido en 2009 en Las Vegas. También destapó como la UEFA escondía el dopaje financiero del PSG o del Manchester City, como agentes de futbolistas como Mino Raiola abusaban de sus clientes, o como el fondo de inversión Doyen operaba por toda Europa al margen de las leyes. Muchas de las revelaciones de Football Leaks han servido para abrir procedimientos judiciales en Francia, Bélgica, Suiza, España y Estados Unidos. The Signal Networks estima que ya se han impuesto multas por valor de 35 millones de euros gracias a los documentos que ha dado a conocer Football Leaks.

Pinto ha encontrado respaldo en personas como la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes quién asegura que “Rui Pinto puede ser un delincuente, pero los grandes delincuentes están ahí fuera y no veo a las autoridades actuando en contra de ellos. No sé si él ha cometido delitos. Es un asunto que la Justicia tiene que apreciar. Lo que sé es que Rui Pinto es una persona con habilidades informáticas excepcionales que colaboró ​​con la Justicia de varios países. No entiendo cómo la justicia portuguesa no le pidió que cooperara cuando otros lo hicieron y debido a esto ya han recuperado mucho dinero, de la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Rui Pinto es un denunciante, por supuesto, incluso si ha cometido algunos delitos, y debe ser puesto al servicio del Estado si éste quiere ir tras un delito mayor”. 

La jueza anticorrupción franco-noruega Eva Joly también se ha mostrado muy crítica con el papel de las autoridades portuguesas en este asunto. En un artículo publicado en el portal Infolibre.es, asegura que “en un momento en que la Unión Europea acaba de aprobar una directiva para mejorar la protección de los informantes, Portugal está siguiendo un camino equivocado al tratar así a Rui Pinto. De hecho, la colaboración de este con los sistemas judiciales extranjeros ha quedado interrumpida desde que fue encarcelado en Portugal. Su detención ha frenado el trabajo que otros países están haciendo para combatir la corrupción en el fútbol. ¿Qué está haciendo Portugal para luchar contra la corrupción en la industria del fútbol? ¿Nada? ¿Portugal está investigando la corrupción descubierta por Football Leaks? La respuesta corta es no. Las autoridades lusas han decidido que no pueden utilizar las revelaciones de Football Leaks ya que esta información se ha obtenido ilegalmente. Ha llegado el momento de que Portugal considere que cuando un marco jurídico no es adecuado para luchar contra la corrupción, las leyes deben evolucionar”.

A pesar de estos apoyos, el panorama judicial de Rui Pinto se presenta complicado. Además de tener que hacer frente a la acusación de la Fiscalía de acceder sin autorización a los sistemas informáticos del Sporting de Lisboa, la Federación Portuguesa de Fútbol, el bufete de abogados PLMJ y la propia Fiscalía lusa y del intento de extorsión a Nelio Lucas, consejero delegado de Doyen Sports, que afirma que alguien en nombre de Football Leaks le pidió un millón de euros a cambio de no publicar los documentos sobre su empresa, asunto del que Pinto se defiende argumentando que quería saber en cuánto valoraba la información que tenía, ahora la revista portuguesa Sábado ha desvelado que las autoridades portuguesas han encontrado más pruebas contra él procedentes de la documentación incautada en Hungría, según las cuales habría accedido a los servidores de 33 entidades más, entre los que estarían clubes como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Manchester City o Inter de Milán, entre otros, además de despachos de abogados, la federación inglesa de fútbol y hasta la propia FIFA. El poder judicial luso cree que podría haber hasta 500 posibles víctimas.

Quizá la iniciativa europea llegue tarde para Rui Pinto y sufra las mismas consecuencias que afrontaron anteriormente otros informantes, como Antoine Deltour o Hervé Falciani, condenados por desvelar tramas de evasión fiscal. Pero si las medidas aprobadas son realmente efectivas, es posible que sea el último que se vea en esa situación.