Gracias a los estudios económicos y sociológicos que periódicamente se publican sobre la desigualdad social podemos conocer bien las dimensiones de ésta y su evolución, tanto a escala local, como regional y mundial. El ensanchamiento de los sectores medios de la clase trabajadora en el capitalismo moderno, anterior a la década de los ochenta del siglo pasado, describía, gráficamente, la distribución de los recursos sociales y económicos que por entonces aún se concentraban en estos sectores. Sociólogas como Saskia Sassen han analizado los cambios posteriores que originaron el estrechamiento, y con ello el proceso de desclasamiento, que dichos sectores experimentan hoy en sus propias carnes como efecto de la concentración de los recursos en los sectores superiores de la pirámide social. Estas nuevas condiciones surgidas en el capitalismo avanzado, empujan a los sectores medios de la clase trabajadora hacia abajo, en un proceso gradual de competición social contra el que deben desplegar todo el arsenal de recursos económicos y culturales de los que puedan disponer si quieren mantenerse por encima de la brecha de demarcación que separa a aquellos que consiguen subsistir entre los privilegiados, de los que son desplazados hacia las semiperiferias y  periferias sociales. 

Aunque menos frecuentes, algunos estudios también nos permiten conocer el día a día de los mecanismos a través de los que la desigualdad social logra reproducirse intergeneracionalmente. De estos mecanismos, entre los más analizados encontramos la propiedad y la riqueza, entre los directos, y la educación entre los indirectos. Gracias a la tesis meritocrática, surgida en la década de los 70 del siglo XX, las democracias liberales han inferido una relativa independencia de este último respecto de los dos anteriores, sin embargo, debido a que los bienes credenciales basados en los títulos de educación superior que dan acceso a las mejores posiciones en la estructura ocupacional resultan altamente costosos en tiempo y dinero, dichas tesis se hallan, desde su aparición, abiertamente cuestionadas. 

La crítica fundamental a la visión liberal de la educación es, precisamente, el hecho de que se haya reconvertido al sistema educativo en un instrumento legitimador de las desigualdades estructurales

Dicho de una manera algo abstracta, el sistema universitario es una parte más dentro de lo que podríamos denominar el organigrama funcional-estructural que es, tal y como se comprende hoy, el sistema educativo en su conjunto, claramente sobreestimado como vía de selección y distribución de los individuos dentro de la jerarquía de posiciones socioeconómicas que da forma a las sociedades liberales en el capitalismo avanzado. No podemos entrar en detalle aquí, pero de forma sintética, la crítica fundamental a esta visión liberal de la educación, dominante en Europa durante los últimos 60 años, se concentra, precisamente, en el hecho de que se haya reconvertido al sistema educativo en instrumento legitimador de las desigualdades estructurales, de creciente intensidad, sin duda, durante las dos últimas décadas.

Desde una perspectiva económica, el proceso de Bolonia, con la privatización parcial de la educación superior, puede verse como una medida pragmática adoptada a la desesperada por los gobiernos liberales europeos con el fin de solventar los problemas estructurales surgidos como consecuencia de la expansión educativa terciaria durante el último cuarto del siglo XX, y que a día de hoy persisten. En el caso paradigmático de España, el 30,25% de los jóvenes desempleados, con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, tenía en 2018 un título de educación superior. 

Además del problema del paro, el porcentaje de egresados universitarios ocupados en puestos de trabajo que no requieren estudios superiores representaba en 2018 el 40% de los titulados españoles, muy por encima de la media de la Unión Europea, situada en el 24%. Sin duda, la sobrecualificación laboral de los titulados en nuestro país responde a causas estructurales antes que a causas coyunturales. Apenas el 6% de los ocupados sobrecualificados en el año 2000, con edades comprendidas entre 20 y 24 años, consigue salir de esta situación 15 años después, en 2016, ya con 40 y 44 años de edad.

Tal volumen de desajuste en el empleo de alta cualificación es posible que responda a características específicas de este país y a las particularidades de su clase capitalista y de su economía, pero lo cierto es que este fenómeno se halla instalado, en mayor o menor medida, en todos los países occidentales, y todo parece indicar que su aparición, y posterior cronificación,posee un alcance sistémico relacionado, necesariamente, con la expansión de la educación terciaria y su impacto en las economías nacionales.

Apenas el 6% de los ocupados sobrecualificados en el año 2000, con edades comprendidas entre 20 y 24 años, consigue salir de esta situación 15 años después

La reforma restrictiva de la ley de ayudas al estudio que llevó a cabo el gobierno conservador de Rajoy en 2010, tuvo, entre otros efectos, que, en apenas cuatro años, la proporción de estudiantes universitarios descendiera cuatro puntos (41,87%), siendo los hijos de la clase trabajadora menos favorecida, con menor capital educativo y económico, los primeros en sentir estas medidas, y los primeros en ser expulsados del sistema universitario.

A pesar de esta caída de las matriculaciones, la proporción del estudiantado universitario que se mantiene dentro del sistema sigue siendo alta. En su mayoría proceden de familias bien posicionadas y alto capital educativo, conocedoras de las transformaciones tecnológicas y económicas que se vienen produciendo en el capitalismo avanzado porque, entre otros motivos, sufren sus consecuencias sobre la estructura ocupacional y social directamente. Ven que la economía no absorbe al trabajador altamente cualificado con la facilidad con que lo hacía unas décadas atrás. Hay retraso en la inserción de los titulados y las condiciones laborales son peores, produciéndose un efecto atasco en los flujos de movilidad social, el cual, a su vez, produce alarma entre estos sectores sociales que encuentran cada vez más obstáculos para que sus descendientes puedan reproducir las mismas condiciones materiales de existencia, no valiéndoles, per se, el título de educación superior. Esta situación es percibida como una amenaza por las familias ubicadas en los sectores socioeconómicos medios y altos, que se ven empujadas a buscar nuevas estrategias de distinción credencialista, encontrando en el mercado privado de títulos una vía para lograrlo. Es razonable pensar, entonces, que la proliferación de universidades privadas y títulos atractivos con altos niveles de internacionalización orientados al mundo empresarial puede ser explicada a partir de esta demanda social. 

En un estudio (aún sin publicar) en el que seguimos a cien graduados de diferente origen social, procedentes de universidades públicas y privadas en Madrid y Barcelona,  en su periplo de inserción laboral durante los doce meses siguientes a su graduación, preguntamos a aquellos que se habían formado en universidades privadas por sus motivaciones para cursar los caros y prestigiosos estudios de posgrado que habían realizado. Sus respuestas se sintetizan en una triple justificación. En primer lugar, la inversión económica realizada, que subrayan con celo a modo de distinguida tarjeta de presentación; en segundo lugar, la alta competitividad adquirida, destacando el grado de adquisición e interiorización de los objetivos y valores corporativos, formación dirigida a satisfacer las necesidades de control normativo que demandan las empresas; y, tercero, la garantía de “salir con un buen empleo”. Triple justificación que prefigura la universidad privada como un Capital Social Mediadoren la inserción al buen empleo para estos estudiantes, procedentes de familias con altos recursos económicos y sociales. Cuestión nada baladí en nuestro análisis si tenemos en cuenta que, en el mismo estudio vimos que aquellos titulados que, doce meses después de finalizar sus estudios, seguían en el paro o se encontraban empleados en ocupaciones que no requerían altas cualificaciones (31%), procedían de familias pertenecientes a la clase trabajadora menos favorecida, con bajos recursos socioeconómicos y bajo capital educativo. Todos ellos, como no podría haber sido de otro modo, graduados en prestigiosas universidades públicas.

Volviendo al principio de esta reflexión. Sabemos que la desigualdad es una función del modo en que se distribuye la riqueza que producen nuestras sociedades. El conocimiento sobre su  evolución nos ayuda a comprender mejor el modo que tenemos de relacionarnos en sociedad y con el entorno natural, lo que nos permite tratar de actuar con el ideal de “vivir mejor”, algo que pasa, necesariamente, por construir relaciones sociales más libres (informadas, en sentido amplio) e igualitarias (redistributivas). Sin embargo, desgraciadamente, comprobamos una vez más que el mecanismo indirecto de reproducción estructural de las desigualdades en el capitalismo avanzado sigue siendo la credencial educativa, si bien, cada vez en mayor grado, mediada ésta por el mercado, lo que, más allá del mérito, devuelve a los capitales socioeconómicos disponibles por las familias mejor posicionadas la determinación de las condiciones de cierre social necesarias para su reproducción.

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Damián Herrera Cuesta es doctor en Sociología.