Durante los últimos años, España ha conseguido mejorar, con cierto éxito, los niveles de integración de los 6,7 millones de personas de origen migrante que viven en el país. Sin embargo, y en el contexto de una oleada creciente de políticas xenófobas en Europa, todavía existen importantes bolsas de segregación que están poniendo en riesgo la plena inclusión de esta población: casi la mitad de las personas nacidas fuera del país están en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje que dobla al de la población autóctona.  

Los datos, junto con otros indicadores de desigualdad y cohesión social, han sido recopilados un estudio que acaba de publicar la Fundación Alternativas, donde se repasan los puntos más débiles de las políticas de integración españolas y que, en última instancia, toman forma en fenómenos como la segregación laboral, la guetificación residencial o la inequidad en el acceso a la educación. 

Según el documento, que utiliza datos oficiales de fuentes como el INE o la Agencia Tributaria, es la población migrante la que asume con mayor frecuencia la precariedad salarial, con un sueldo medio anual que prácticamente se reduce a la mitad que el de las personas nacidas en el país. Al mismo tiempo, sufren con mayor frecuencia situaciones laborales o contractuales desfavorables –siete de cada diez trabajadores con origen fuera de la Unión Europea tiene un trabajo parcial involuntario–, lo que se traduce en que su cobertura por desempleo sea diez puntos inferior a la de la población autóctona. 

Un 35% de las personas de origen migrante abandonan la escuela de forma prematura –frente al 15% de la población autóctona– y tres de cada diez no llegan a cursar el bachillerato

Junto con estos, la investigación subraya también otros problemas que están mermando la capacidad integradora del país, como los que se dan en el ámbito residencial y en el educativo. En el primer caso, y si bien la concentración de población no significa ningún problema per se, la ausencia de recursos que deriva de la situación sociolaboral está empujando a las personas de origen migrante a las zonas más degradadas, con peores servicios y donde la vivienda es más económica. Esto, según el informe, está tomando especial relevancia en zonas urbanas donde los procesos de gentrificación son más fuertes, con Madrid y Barcelona a la cabeza.  

En el caso de la educación, los datos sobre rendimiento y equidad también demuestran los fallos del sistema educativo en materia de inclusión para con la población extranjera: un 35% de las personas de origen migrante abandonan la escuela de forma prematura –frente al 15% de la población autóctona– y tres de cada diez no llegan a cursar el bachillerato. 

Según el informe, estas cifras se explican por la incapacidad que viene demostrando el sistema educativo para eliminar las desigualdades de origen, que afectan sobremanera al rendimiento académico de los menores: en seis de cada diez hogares con población migrante existe riesgo de pobreza infantil, mientras que entre las familias autóctonas este porcentaje es tres veces inferior. La segregación residencial concentra a los alumnos de origen extranjero en centros con una alta tasa de alumnado desfavorecido.  

El estudio de la fundación también dedica espacio para desmontar los falsos mitos asociados al abuso que realiza la población migrante de los recursos del sistema nacional, pese a que las cifras demuestran la importante contribución de esta población a las cuentas de la Seguridad Social, donde casi un 11% de los afiliados son de origen extranjero.

Pese a los altos de pobreza y exclusión que afrontan: solo un 16,6% de los que se acercaron en 2017 a la red de Atención Primaria de los Servicios Sociales eran de origen migrante 

De esta forma, y lejos de que exista un acceso equitativo, los datos disponibles confirman la infrautilización que hace esta población de los servicios sociales, pese a los altos índices de pobreza y exclusión que afrontan: apenas un 16,6% de las personas que se acercaron en 2017 a la red de Atención Primaria de los Servicios Sociales eran de origen migrante. En el caso de la sanidad, también existe una mayor proporción de población extranjera que no hace uso de los servicios sanitarios ni consume medicamentos, con el consiguiente impacto negativo para su salud. 

En sus conclusiones, el estudio señala que la necesidad de mejorar y actualizar las medidas de integración para la población migrante se hace aún más acuciante en un contexto en el que las políticas securitarias de control de fronteras y los discursos xenófobos están tomando especial relevancia en el debate público, tanto en España como en el entorno europeo. De ello depende no solo la protección de los derechos de esta población, sino también el mantenimiento de un Estado de bienestar que afronta retos demográficos que dependen en gran medida de la participación activa de la población migrante.