“Supongo que ustedes no están preparados para esta música.

Pero a sus hijos les encantará.”

Marty McFly

Nada volverá a ser lo que era porque no puede y porque no debe. La proyección que partía de una extraña normalidad –más o menos asumida– ha quedado profundamente afectada por una crisis que atraviesa casi todos los aspectos de la vida tal y como la hemos conocido durante generaciones. Y afecta a cuestiones tan arraigadas como nuestras costumbres y hábitos vinculados a la cultura mediterránea –que se urde en gran medida desde la proximidad y la vida comunitaria en el espacio público– y las propias normas que nos regulan como sociedad.

Si la ciudades han sido al mismo tiempo el problema y la solución a los retos del futuro (hay quien pueda caer en la nostalgia de ese futuro), las estrategias actuales para hacer frente a la crisis de la covid-19 deben indefectiblemente pasar por ellas. Son parte del problema,  pero también de la solución para un nuevo y distinto futuro. Cuando la distopía es el presente, sólo nos queda inventarnos un nuevo porvenir. Si el municipalismo era campo de batalla de las políticas progresistas transformadoras a escala global, hoy es la primera línea del frente. La pregunta es: ¿cómo será la ciudad del futuro que nos permita acometer con más y mejores garantías los nuevos retos y hacer frente al resto de crisis estructurales que nos atraviesan?

El Plan Cerdà supuso una primera combinación de urbanismo social y ecológico en busca de una mejora en la calidad urbana para la clase trabajadora

La crisis sanitaria global viene de la mano de una crisis social y económica sin precedentes. La falta de equidad, los problemas de la masificación desordenada, el acceso a la vivienda digna o la emergencia climática golpean sobre la mesa más fuerte que nunca como retos ineludibles. Cabe construir un nuevo futuro urbano que dé respuesta a este presente y no al de hace escasas semanas. Y es necesario encontrar en nuestras ciudades los activos y fortalezas que nos harán menos vulnerables en nuestro conjunto.

La proximidad y el derecho a la ciudad

A lo largo de la historia, sucesivas crisis sanitarias han tenido como respuesta diferentes procesos de planificación urbana. La Barcelona del siglo XIX, por ejemplo, se rediseñó a sabiendas de que su gente moría más rápido en una ciudad con un diseño urbano con graves carencias: la escasez de luz solar y la pésima ventilación en el interior de las viviendas o la falta de espacio público común, ponían a la mayoría de la población en una clara situación de riesgo ante cualquier epidemia de turno. Aunque en su implementación quedaron fuera muchos de los elementos más revolucionarios, el Plan Cerdà supuso una primera combinación de urbanismo social y ecológico en busca de una mejora en la calidad urbana para la clase trabajadora castigada por unas condiciones de vida precarias.

Fruto de ese y otros procesos urbanísticos, vivimos en ciudades con una densidad urbana considerable, donde ésta se presenta habitualmente como un arma de doble filo. Aunque la masificación desordenada ha generado muchos de los problemas que padecemos desde hace décadas en las grandes ciudades, la alta densidad urbana se ha convertido durante esta crisis en una de nuestras fortalezas que deberá proyectarse en los nuevos escenarios. Frente al paradigma de la dispersión de otros grandes núcleos urbanos, las ciudades mediterráneas hacen de la proximidad una oportunidad. El acceso a servicios esenciales como centros de salud, los mercados de abastos municipales y la enorme diversidad del pequeño comercio de sus barrios son algunos de los activos de los que disponemos sin depender de automóvil privado. [1]

“¡Viva en la casa del futuro hoy!”, Cartel que aparece en la película “Regreso al Futuro” (1995).

Una densidad urbana razonable sujeta a nuevas condiciones sociales como el confinamiento y el distanciamiento social, nos plantea nuevos y grandes retos muy distintos a los de finales del siglo XIX. “Quédate en casa” hemos rezado administraciones y ciudadanía desde hace días. ¿Pero qué casas?  Cuando se cierra el espacio público –la extensión de nuestras casas en nuestra cultura mediterránea–, el confinamiento obliga a repensar el privado y sus necesidades básicas. Nos han hecho creer que balcones, terrazas y amplios espacios particulares o comunitarios eran un lujo del todo ajeno a normativa pública para la construcción de viviendas. Es imprescindible plantear una nueva forma de hacer viviendas, habilitar nuevos espacios comunitarios como azoteas infrautilizadas y afectar desde esta lógica equipamientos más adaptativos y modulables y otros ámbitos cotidianos como nuestras formas de consumo o la gestión de los residuos que generamos entre todos.

Reprogramar la ciudad: tecnologías libres, abiertas y neutrales

Si el automóvil y el ascensor son tecnologías que cambiaron radicalmente la ciudad del siglo XX, debemos decidir ahora los usos de las nuevas tecnologías del siglo XXI para salir de esta crisis como ciudades más co-responsables, equitativas y sostenibles. 

El teletrabajo y el estudio a distancia mediante herramientas digitales resignifican de nuevo el papel de la tecnología como una herramienta en la que apoyarnos para devenir masivamente un medio desde el que producimos. Pero la renta por barrios continúa marcando otra curva vigente, la de la brecha digital que limita el acceso a internet en función de los ingresos por familia. [2]

La salida de esta crisis pasa también por la recuperación del control público de las infraestructuras TIC para que sean accesibles, libres y neutrales

La salida de esta crisis pasa también por la recuperación del control público de las infraestructuras TIC para que sean accesibles, libres y neutrales. La lógica más o menos abierta de estos medios determinará también nuestra calidad democrática. Deberemos decidir, por ejemplo, entre el uso de software propietario para educar a nuestros hijos –como GSuite–, o plataformas libres como Moodle concebida para ayudar a los docentes a crear comunidades de aprendizaje cooperativo en línea. Resulta imprescindible abordar las posibilidades de una nueva cultura tecnológica y científica innovadora, que apueste por nuevos bienes comunes digitales y que aborde las oportunidades de un nuevo modelo productivo con mayor retorno social.

Nuevas mutualidades para la coproducción urbana

La centralidad de un modelo improductivo basado en la especulación del suelo y el turismo extractivista, junto con la fragilidad de una economía globalizada, ha acabado por demostrar hoy la urgencia de transformar nuestra forma de producir y redistribuir riqueza.

Frente a una nueva doctrina del shock no podremos aceptar nuevas recetas de activación económica que no sitúen la vida en el centro. Necesitamos proyectar ya una nueva economía social innovadora que priorice y fortalezca derechos básicos como la sanidad, la educación, la cultura, la vivienda digna y asequible y que apueste de manera decidida por una industria verde e inteligente de alto valor añadido. En el desarrollo de estas nuevas fuentes de abastecimiento social la coproducción de políticas públicas será una fortaleza para transformación social. La reprogramación de nuestras ciudades deberá pasar por una nueva mutualidad entre lo público, lo privado y lo comunitario como un nuevo capital social sobre el que desarrollar nuevas formas socioeconómicas más resilientes y justas para las ciudades. Difícilmente la transformación será efectiva sin un papel estratégico de la sociedad civil organizada a través de la economía social y solidaria, los proyectos de investigación e innovación ciudadana, la cultura libre, el movimiento ecologista y un conjunto de iniciativas que a menudo van por delante y marcan el paso de la administración pública.

El derecho a la cultura

Si la educación y la sanidad fueron elementos que caracterizaron la predistribución de la riqueza en la segunda mitad del siglo XX, el bagaje cultural se muestra hoy también como un tercer elemento esencial [3].

Los derechos culturales deberán ser también una expresión significativa de las nuevas configuraciones de la ciudadanía en este siglo

Una nueva cultura tecnológica y económica deberá ir acompañada de una nueva forma de entender el papel de la cultura y su relación entre lo público, lo privado y el tejido social comunitario. Hoy más que nunca cabe reafirmar que todo proyecto colectivo basado en los derechos y las libertades de las personas que habitan una ciudad debe ir de la mano de políticas ambiciosas que sitúan el hecho cultural a disposición de todo el mundo al mismo tiempo que genere los medios para combatir la precariedad de su tejido productivo. Las capacidades culturales son fundamentales para la vida democrática: la expresión, la autonomía personal, el emprendimiento, la experimentación, el conocimiento crítico y la diversidad son aspectos relevantes estrechamente ligados a las posibilidades reales de progreso de nuestras comunidades urbanas. Los derechos culturales deberán ser también una expresión significativa de las nuevas configuraciones de la ciudadanía en este nuevo siglo XXI que se acaba de reiniciar.

Un nuevo ecologismo administrativo

Y entonces llegan los límites. Las competencias y los recursos como grandes cotos que dificultan el dibujo de este nuevo futuro post Covid-19. Difícilmente se podrán ni tan siquiera plantear ciertos retos si instituciones europeas y los Estados tradicionales no afrontan la necesidad de una segunda oleada de descentralización como un fenómeno improrrogable. La necesidad de reconocer y reforzar nuevas centralidades en la gestión de las crisis viene definida por algunos autores como un nuevo “ecologismo administrativo” que, mediante un regreso a la idea de pueblo o a lo rural, se accede a la organización democrática natural más cercana, participativa y eficiente.

Cuando el confinamiento acabe y finalmente tengamos la vacuna, deberemos regresar a un lugar con un futuro que reconstruir. Transformación urbana, derechos y poder municipalista para poner la vida en el corazón de las ciudades. 

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Janet Sanz es tenienta de ecología, urbanismo, infraestructuras y movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Daniel Granados es delegado de derechos culturales del Ayuntamiento de Barcelona.

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Algunos datos centrados en Barcelona:

[1] En Barcelona un 25% de la población de más de 65 años vive sola (de las cuales un 75% son mujeres), según datos del Padrón Municipal del 2019. Tener acceso a servicios básicos desde la proximidad les garantiza derechos.

[2] En Barcelona, el 20% de los hogares con rentas bajas no disponen de conexión a internet. (frente a un 99% de los hogares con rentas altas que si disponen) y un 66% de los hogares con rentas bajas no dispone de ordenador, según la Encuesta de Servicios Municipales de Barcelona del 2019.

[3] El 62,4% de la población accede a menudo o muy a menudo a actividades culturales mientras que el 38% no lo hace nunca. Mientras en los barrios de renta baja más del 50% de la población no accede a actividades culturales (exactamente el 50,3% de la población de los barrios de renta baja), este dato es de solo el 28,1% en los barrios de renta alta y del 31,6% en los barrios de renta mediana, según los datos de la “Encuesta de participación y necesidades culturales de Barcelona” del 2019.