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Lecciones históricas

La amnistía es política

Es necesario restablecer los puentes rotos con unos interlocutores varias veces refrendados por la ciudadanía, y hacerlo con el objeto de resolver la cuestión catalana dentro de los cauces democráticos existentes

José Antonio Piqueras 22/03/2021

<p>Declaración de Oriol Junqueras durante el juicio del procés en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el 14 de febrero de 2019.</p>

Declaración de Oriol Junqueras durante el juicio del procés en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el 14 de febrero de 2019.

Señal de televisión del Tribunal Supremo

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En 1975, muerto el dictador y decretado el primer indulto a presos políticos, los dirigentes de Comisiones Obreras que abandonaban la prisión se apresuraron a denunciar la medida de gracia y llamaron a la población a movilizarse en favor de una amnistía. La amnistía era una premisa de la democracia, pues sin libertades las cárceles volverían a llenarse. “Amnistía y libertad” fue desde enero de 1976 el lema de la España demócrata. El gobierno de Adolfo Suárez concedió una amnistía parcial por decreto-ley en julio de 1976. La medida benefició a 69 presos. La oposición, formada por comunistas, socialistas, democristianos, liberales y socialdemócratas en Coordinación Democrática (la ‘Platajunta’), exigió en enero de 1977 una amnistía total para delitos de consideración política. Suárez amplió en marzo la anterior. Después de las elecciones a Cortes, el Parlamento aprobó una ley de amplio alcance. Entre las tres disposiciones citadas, el número de presos liberados no alcanzó los 200. La ley de octubre de 1977 excarceló a detenidos por delitos de sangre, de ellos 53 pertenecían al GRAPO y 23 a ETA. Entre los beneficiarios estaban también los procesados a la espera de juicio y los indultados a los que también alcanzaba la medida, pues amnistía no era solo excarcelación. Fue un acto altamente político y simbólico que no entró a considerar aspectos como justicia, verdad y reparación a las víctimas, o la legitimidad de combatir la tiranía y la opresión, recurso supremo según la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tanto influyó ese gesto, que la pintura más emblemática de la Transición, El abrazo, de Juan Genovés, una invocación del reencuentro en 1976 de los excarcelados con sus familiares, que fue reinterpretado como la reconciliación entre franquistas y demócratas. ¡Qué desmemoria histórica!

Cuando el trámite legislativo se hallaba casi concluido, la UCD introdujo un artículo por el que se englobaba también a los funcionarios y a los agentes de orden público que hubieran atentado contra el ejercicio de los derechos de las personas. La concesión convirtió la medida en una ley de punto final. Dos centenares de presos que ya no podían permanecer detenidos fueron canjeados por unos millares de servidores de la dictadura que veían borradas sus responsabilidades, sin exigir a nadie muestras de arrepentimiento y, lo que es notable, sin señalar a los perpetradores de abusos y crímenes, incluidos jueces y policías en activo o al señor Serrano Suñer. La amnistía fue una herramienta de paz, de concordia, de diálogo, a pesar de sus inconvenientes. 

Asistimos ahora a un debate, aún de baja intensidad, sobre si los políticos y activistas sociales condenados con motivo de la organización del referéndum de 1 de octubre de 2017 en Cataluña deben ser objeto de un indulto. La amnistía, al margen de la identidad de sus solicitantes, aparece como una medida política para avanzar en la resolución de un problema constitucional: además de restablecer derechos a quienes cumplen condena o pesa sobre ellos orden de detención, el Gobierno y la mayoría que le da respaldo recobrarían la iniciativa en este asunto. El miedo al ruido mediático no debe ser motivo suficiente para la inacción. En el pasado, los gobiernos de González, Aznar y Rodríguez Zapatero iniciaron conversaciones con ETA sin entrar a juzgar los actos que esta organización había realizado, sino pensando en resolver una cuestión prioritaria: el respeto a la vida. 

Ha habido otros momentos de la historia de España en los que la amnistía parecía más difícil de adoptar. En 1918, el Gobierno presidido por el conservador Antonio Maura aprobó una ley amplísima. Para no dejarla en la liberación de los dirigentes máximos de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista, que era el propósito de la medida, se extendió a otros delitos, entre ellos, a los prófugos y desertores del ejército, mientras se mantenía una guerra colonial en Marruecos. La ley amnistiaba a los presos por delito de rebelión y sedición, entre los que se contaban Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Andrés Saborit y Daniel Anguiano. Los cuatro socialistas y sindicalistas citados habían integrado el comité que, en nombre de la UGT y el PSOE, había convocado en agosto anterior una huelga general “revolucionaria”, esto es, una huelga política, pacífica e indefinida cuyo propósito declarado era conseguir un cambio de régimen. Reclamaban un Gobierno provisional y convocatoria de Cortes Constituyentes. Los disturbios a que dio lugar la huelga y la protesta en la calle, la severidad con la que se emplearon las fuerzas de orden público y el ejército arrojaron un saldo de víctimas en la población civil de 71 muertos y 156 heridos, así como unos 2.000 detenidos. En el curso de aquellos episodios murieron cuatro guardias civiles. El comité de huelga fue detenido y sometido a consejo de guerra. A los cuatro citados se les impuso la condena de cadena perpetua. En febrero de 1918, los cuatro fueron presentados a las elecciones generales por el PSOE y fueron elegidos diputados. 

La campaña por la amnistía estaba en marcha desde su detención, pero su designación como representantes del pueblo soberano creó una contradicción a los ojos de la opinión pública y de las propias autoridades. Se había formado un Gobierno de concentración con conservadores, liberales y regionalistas catalanes de la Lliga bajo la presidencia de Antonio Maura. Maura era conservador hasta el tuétano, sus partidarios se reclamaban mauristas y el sector más a la derecha del maurismo se orientaba a posiciones radicales antiparlamentarias. Pero Maura optó por preparar la ley de 8 de mayo de 1918, que el rey firmó. Los presos salieron del penal de Cartagena y unos días después ocuparon sus escaños. Para que así fuera, los diputados debieron votar su admisión, pues en aquel entonces, en ausencia de una Junta Electoral Central, eran las Cámaras las que revisaban y aprobaban las actas. Solo un pequeño grupo de diputados conservadores votó en contra, mientras la mayoría, con los restantes grupos –liberales de todas las tendencias, republicanos y regionalistas–, acataron los efectos de la ley.

Delitos de rebelión y sedición con resultado de víctimas mortales. De eso se trataba. Asunto de extrema gravedad. La finalidad de la huelga general “revolucionaria” era traer a España la democracia. La monarquía liberal sostenía un régimen parlamentario corrupto dominado por el caciquismo y con elecciones bajo control del Ministerio de la Gobernación. Nadie ha sostenido que aquel fuera un Estado de derecho. Existía, en cambio, una amplia libertad de prensa vigilada: siempre que no se aludiera al ejército y a la Corona, delitos que caían bajo jurisdicción militar. La figura del diputado era respetada y rara vez se concedía un suplicatorio, nunca por acusaciones de índole política o relativas al ejercicio de la opinión.

Entre febrero y mayo de 1918, por las mismas fechas en que se extendía la pandemia de gripe en el país, enemigo mortal e invisible, la cuestión que se debate en la calle, el Gobierno y las Cortes consiste en cómo abordar un problema político que afectaba a una minoría parlamentaria: los socialistas, de 412 diputados que formaban el Congreso, solo tenían seis parlamentarios, cuatro de ellos en prisión. Concluido el proceso judicial, llegaba el turno de la política. Sin concebir las medidas audaces como un signo de debilidad ni amedrentarse por los gestos de los vociferantes que solo entendían de medidas de fuerza, Maura y sus colegas escogieron dar una oportunidad a la convivencia. No se preguntaron si los penados eran culpables de haber infringido la ley. Era cosa juzgada y no revocable por tribunales superiores, incluido el europeo, como puede suceder hoy. 

Si la convivencia se frustró cinco años después no fue a causa de una nueva protesta social sino del golpe de Estado promovido en 1923 por el general Miguel Primo de Rivera con el beneplácito del rey. Quienes quebraron el orden constitucional en 1923 nunca fueron sometidos a proceso judicial por sedición y rebelión, hechos, de otro lado, públicos y notorios. El voto popular los echó en 1931 y trajo la República, la democracia a la que aspiraban los amnistiados de 1918. 

Ahora es mucho más sencillo que en el pasado, a pesar de que vaya a concitar truenos y centellas. Se trata de restablecer los puentes rotos con unos interlocutores varias veces refrendados por la ciudadanía, y hacerlo con el objeto de resolver la cuestión catalana dentro de los cauces democráticos existentes, sin excluir los que en adelante sea preciso crear y darle forma constitucional. Y entrados en un proyecto de ley de amnistía, se ofrece la posibilidad de subsanar el anacronismo del código penal que considera delito punible las injurias a la Corona, el ultraje a España o el enaltecimiento del terrorismo para referirse a acciones que cesaron hace diez años, incluyendo en la amnistía a presos e imputados por estas causas. O hacerla extensible a otro tipo de detenidos, ajenos al asunto principal y al secundario aquí reseñados, sobre los que no me extiendo ahora. Hacer política no consiste en agradar a todos todo el tiempo sino en afrontar y resolver los problemas. Debiera ocuparnos más el presente y el futuro que deseamos, mejor si es compartido. 

Para sentarse a conversar hay que reencontrarse con quienes son los portavoces naturales de una mayoría de catalanes de acuerdo con lo que han expresado las urnas. Claro está, parece importante un detalle que de continuo se pospone: consensuar antes una propuesta de país viable en lugar de actuar como si el tiempo histórico y el constitucional se hubiera detenido para siempre en 1978. 

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José Antonio Piqueras es catedrático de Historia Contemporánea. Universitat Jaume I.

En 1975, muerto el dictador y decretado el primer indulto a presos políticos, los dirigentes de Comisiones Obreras que abandonaban la prisión se apresuraron a denunciar la medida de gracia y llamaron a la población a movilizarse en favor de una amnistía. La amnistía era una premisa de la democracia, pues sin...

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