Otsanda Tolosa tiene 43 años y la voz firme. Habla con devoción de su padre, Celestino Tolosa, un calderero de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) que falleció hace 13 años a causa del amianto. Cuando recuerda el calvario de su padre se le ensombrece la mirada. Celestino contrajo asbestosis, una enfermedad producida por la inhalación prolongada de polvo de amianto que colapsa los pulmones. Para la familia Tolosa fueron tres décadas de sufrimiento extremo, de noches en vela, de respiraciones exhaustas, de crisis agónicas, de dolor sobre dolor. Todo comenzó en 1980 con unas fiebres que los desconcertados neumólogos de la época tardaron diez años en diagnosticar. “Dijeron que sufría una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) pero siguió trabajando hasta que en 1999 le reconocieron la incapacidad permanente por insuficiencia respiratoria crónica”, rememora. La vida continuó con sobresaltos, rumbo a peor. Lejos de arredrarse ante la amarga realidad,  Celestino se enfrentó a la adversidad con la valentía de un gladiador cercado. En 2006 aceptó la última propuesta de salvación: someterse a un trasplante bipulmonar en el Hospital Valdecilla de Santander a sabiendas de las dificultades que le auguraban. 

La empresa Uralita, uno de los mayores fabricantes de amianto del mundo,  fue condenada en 2019 a pagar 3,5 millones de euros a 14 afectados pasivos del mineral cancerígeno

El 6 de mayo de 2008 murió. Otsanda aún parece decirlo con dolor en los labios. Sin embargo, su padre dejó a la ciencia un legado extraordinario, sus pulmones enfermos, una prueba de cargo contra quienes se ofuscaron en ocultar la envenenada verdad del amianto durante décadas. “Conocimos su donación ocho años después de su muerte. Algunos compañeros suyos que empezaron a enfermar nos animaron a contactar con el hospital para saber si aún conservaban alguna información que pudiera aclarar sus dolencias. La sorpresa fue que respondieron que sí, que aún guardaban sus pulmones y que contenían asbesto en una cantidad trágica: más de dos fibras por cm²”, explica. Pese a las evidencias costó torcerle el brazo a la empresa. Tras agotadores tiras y aflojas en los tribunales, de papeleos y recursos interminables, la familia de Celestino Tolosa terminó doblegando la resistencia de la poderosa CAF, que fue obligada a indemnizarles con 133.665 euros. “El dinero era lo de menos. Lo importante para nosotras, especialmente para mi madre que falleció el pasado año, era que reconocieran el daño moral que nos causaron. Pero eso no se produjo. Nunca nos han pedido perdón. A mí me duele”, concluye Otsanda.

Hay cientos de casos similares. La empresa Uralita, uno de los mayores fabricantes de amianto del mundo,  fue condenada en 2019 a pagar 3,5 millones de euros a 14 afectados pasivos del mineral cancerígeno. Herencia de un pasado industrial que resultó ser negro y herrumbroso. Entre 1960 y 2000, fue el material más empleado en la fabricación de manufacturas textiles, en aislamientos térmicos, tejados de fibrocemento, siderurgia, construcción naval y ferroviaria, automoción, edificación pública y otros 3.000 artículos de consumo habituales por el ser humano. Fue tal la fiebre desatada por este mineral ignífugo que cuando se prohibió en 2002 –la OMS ya lo tenía clasificado como elemento cancerígeno desde 1977– España acumulaba casi 3.000.000 toneladas métricas de este material por todo el territorio liberando fibras al entorno sin control alguno. Aunque no existen registros fiables del número de afectados por este motivo, los cálculos realizados varían entre las 60.000 personas que en 1991 estimó el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y las más de 200.000 que hoy señalan los sindicatos. Al pediatra Juan Antonio Ortega, miembro del Grupo de la Ley Integral de Amianto, no le cabe la más mínima duda de la influencia del factor ambiental en la aparición de cánceres a medio plazo. “Es que la propia OMS reconoce que un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad son atribuibles a esa vía. Por lo tanto, proteger la salud y el medio ambiente es indisoluble e inseparable en cualquier circunstancia”, indica. 

Las cifras de víctimas oficiales ya son, por si solas, espeluznantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), casi 8.000 personas murieron entre 1999 y el pasado año por mesotelioma pleural, un tipo de cáncer muy vinculado a la inhalación de polvo de amianto. “La atribución de este tipo de cáncer al asbesto es un factor determinante porque no se ha descrito ningún otro agente que cause esa enfermedad. Como norma general, valoramos las características de la exposición aunque sea algo difícil de determinar porque el paciente no suele conocer la concentración de fibras que había en su ambiente de trabajo. Se sabe que es improbable que surja un mesotelioma con exposiciones acumuladas por debajo de 25 fibras/ml/año y que el incremento de cáncer de pulmón se produce tras exposiciones intensas con una duración superior a 20 años”, asegura a CTXT uno de los mayores especialistas en enfermedades respiratorias de España, el neumólogo e investigador honorífico del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Francisco Rodríguez Panadero.

Además del mesotelioma, el asbesto desencadena otras muchas enfermedades como la fibrosis pulmonar, los carcinomas gastrointestinales, de laringe e incluso de ovarios que se revelan 20, 30 o 40 años después de haber tenido contacto prolongado con el mineral. “El periodo de latencia, es decir, el tiempo que trascurre entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad es tan extenso que ha servido de argumento para muchas empresas que no reconocen su falta de seguridad laboral y su responsabilidad”, confiesa Jon García, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie). La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica prevé que para el año 2050 el amianto podría estar detrás de 130.000 muertes en España. Una epidemia anunciada. Y la muerte por asbestosis es lenta y espantosa.

El 4% de las 101.906 personas fallecidas entre 2007 y 2011 por cáncer de bronquio y pulmón en España estuvieron expuestas al amianto en su puesto de trabajo

Hay muchos más datos que esbozan la magnitud del problema. Las estimaciones científicas más conservadoras calculan que el 4% de las 101.906 personas fallecidas entre 2007 y 2011 por cáncer de bronquio y pulmón en España estuvieron expuestas al amianto en su puesto de trabajo. Por todo esto, algunos investigadores llevan años anunciando que detrás de cada muerte por mesotelioma pleural hay entre 10 y 15 fallecimientos más causados por otras enfermedades derivadas del asbesto. De ser correcto, en España habría entre 79.180 y 118.770 víctimas en estos momentos, según ha constatado el periodista Juanjo Basterra en un detallado serial analítico que viene publicando en su página web personal desde 2008. “Siempre ha habido problemas con los datos porque hay mucha opacidad en torno a este tema. Por ejemplo, el INE actualiza el número de víctimas por mesotelioma cada año pero no reconoce los de asbestosis. Sin embargo, el informe de 2018 de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA por sus siglas en inglés) ya elevaba considerablemente la cifra de muertos porque incluía ese motivo, de 107.000 a 265.000”, afirma. A Juanjo Basterra le ha llevado años reunir datos oficiales para elaborar un censo de mortalidad por provincias. Barcelona, en donde la antigua empresa Uralita fabricaba planchas de fibrocemento hasta su prohibición, sigue siendo a día de hoy la más afectada: 1.433 fallecidos por mesotelioma en los últimos años. Le siguen Madrid, con 993 acumulados; Bizkaia, 432; y Valencia, 383. Y ahí no se contabiliza los que ocultaron sus problemas para no perder el puesto de trabajo y mantener la nómina. Hasta que reventaban. Era lo habitual.

Patxi Kortazar tiene 67 años y amianto en los pulmones. Es una de las miles de personas que trabajó durante años rodeado de polvo de asbesto sin saberlo y hoy aguarda expectante la aprobación de un fondo de compensación por parte del Estado que sirva para paliar tantos esfuerzos. “Y una ley que reconozca nuestros derechos laborales en condiciones”, añade sin ambages. Como en Francia, Bélgica y Países Bajos. El pasado 13 de abril se dieron los primeros pasos. Una delegación del Parlamento vasco acudió al Congreso de los Diputados para defender ante el pleno la creación de ese fondo económico que compense levemente el enorme daño que el amianto ha causado a miles de trabajadores de todo el país. Todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, coincidieron en la necesidad de resarcir a los víctimas cuanto antes, pero han pospuesto su aprobación para después del verano. Kortazar, que trabajó en una fábrica de hierro cerca de Durango, recuerda que el tiempo apremia. “Son muchos años luchando, muchos gastos médicos, sanitarios, de abogados. Con el amianto, todo ha sido sufrimiento”, indica. Patxi trabajó 16 años limpiando los fondos de hornos en una fundición, entre polvo de asbesto, vapores y un calor volcánico. “Claro que nos engañaron. Todos conocían las consecuencias de inhalar aquel metal porque desde 1977 está declarado como cancerígeno por la OMS pero no nos dijeron nada”, afirma. La mayoría de sus compañeros terminaron afectados, unos con cáncer de pulmón, otros con mesoteliomas pleurales. Patxi tuvo más suerte. Le concedieron la incapacidad total en 2008 y desde entonces se somete a periódicos controles sanitarios. “Me recomendaron hacer deporte, que camine a diario. Y así lo hago. Salgo varias horas por la mañana, descanso al mediodía y vuelvo a salir por la tarde”, afirma.

Desde la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) muestran su preocupación por la manera en la que el Estado acometerá el desamiantado de empresas, edificios y otras infraestructuras que solicitó el Comité Económico y Social europeo en 2015. Y tiene un plazo para encararlo: 2032.  El desembolso puede ser cuantioso. Hace unas semanas, la presidenta de la Federación de asociaciones de padres Francisco Giner de los Ríos de Madrid, María del Carmen Morillas, alertó de que entre el 80% y el 90% de los centros educativos públicos de la región contienen amianto en sus instalaciones. UGT añadió que el problema también afecta al 50% de los edificios de la educación concertada y al 80% de la privada. Sólo en la capital, calculan que hay al menos 56 centros afectados. “Es un problema de salud pública prioritario y la administración debe actuar para retirarlo. Como miembros de la Confederación de las Ampas que agrupa a más de 12.000 centros de todo el país, nos hemos adherido al manifiesto por una ley integral del amianto y hemos solicitado varias reuniones con el Gobierno central. En marzo recibimos una carta del Ministerio de Educación comprometiéndose a trasladar nuestra petición al ministerio de Transición Ecológica para que parte de los fondos europeos se destinen a la retirada de amianto de los colegios”. Aunque prefiere huir del alarmismo, el pediatra Juan Antonio Ortega destaca un detalle trascendental: “Los niños pasan 40 horas a la semana en escuelas y centros infantiles. Es mucho tiempo de exposición. Por eso creo urgente acometer el desamiantado y desarrollar programas de salud laboral de la infancia que contribuyan a eliminar la exposición a cancerígenos en los centros educativos de forma prioritaria”.

Por de pronto, el Congreso ha empezado por reconocer la parte esencial de esta triste historia. Por ejemplo, que cientos de empresas incumplieron conscientemente la normativa de seguridad laboral durante años. Según aseguran muchos de los afectados, “los departamentos médicos no informaban a los trabajadores de los riesgos del asbesto”. Así lo declaró el Parlamento europeo en 1978 aunque por aquel entonces España aún no formaba parte de la Comunidad Europea. “Llegamos tarde a todo”, concluye Patxi Kortazar y hace un gesto, como si quisiera borrar aquellos tiempos oscuros de un manotazo.