Hubo un tiempo en que el progreso colectivo parecía estar al alcance de la mano. El desarrollo técnico traería un crecimiento que, bien repartido, daría lugar a una sociedad próspera. Sin embargo, esa ilusión se fue desvaneciendo con el paso de las décadas hasta el punto actual en el que cualquier avance colectivo cuesta un mundo, tal y como se está viendo con los avatares de la ley de vivienda. 

Lo cierto es que en el ambiente no se respira mucha fe en que el futuro vaya a traer la prosperidad. Aunque sería lo lógico, puesto que la tecnología se desarrolla a un ritmo nunca antes visto. Quizá el motivo está en el espíritu de nuestra época. Lo que algunos filósofos alemanes llamaron Zeitgeist. Un ejemplo de que este espíritu va mutando es la evolución del Estado del bienestar en Europa y, en particular, en Reino Unido.

En el contexto de la posguerra europea hubo un optimismo que auspició el progreso colectivo. Ken Loach lo llamó “El espíritu del 45,” tal y como se puede ver en su documental de título homónimo. Quienes habían sufrido los bombardeos y los soldados, que regresaban del frente, no querían volver a soportar las míseras condiciones de vida de la clase obrera británica en los años treinta. 

Política de vivienda en Reino Unido

Una prueba de los efectos devastadores del blitz alemán fue que el gran Londres no recuperó hasta 2015 la población del año 1939

El conservador Winston Churchill perdió las elecciones de 1945 tras haber ganado la guerra. En esos comicios el partido laborista de Clement Atlee se alzó con la victoria con una abrumadora mayoría. El por aquel entonces nuevo ministro de Salud y Vivienda, Aneurin Bevan, proclamó: “Hemos sido los soñadores, hemos sido los sufridores y ahora somos los constructores”. Bajo su mandato, el Gobierno creó el National Health Service, en 1948. Este es el equivalente de nuestra sanidad pública mediante el que se nacionalizaron los hospitales privados y se garantizó la sanidad universal. Hasta entonces la atención sanitaria se prestaba a través de una miríada de clínicas privadas. Quienes no podían pagarlas tenían que recurrir a los hospitales de la beneficencia. El propio Bevan, que provenía de las cuencas mineras de Gales, perdió en aquellos hospitales a cuatro hermanos antes de que cumplieran los ocho años. La derecha y la industria sanitaria demonizaron a Bevan, puesto que no había un bien más preciado que la salud y, a partir de entoces, la sanidad iba a ser gratuita para todo el mundo. 

Como ministro de Vivienda asumió la tarea de reconstruir las ciudades británicas arrasadas durante la guerra. Una prueba de los efectos devastadores del blitz alemán fue que el gran Londres no recuperó hasta 2015 la población del año 1939. Pero Bevan no quería llevar a cabo la reconstrucción del Reino Unido de cualquier manera. Pretendía que las nuevas ciudades recreasen los pueblos británicos donde el “doctor, el tendero, el carnicero y el campesino vivían en la misma calle”.

La reconstrucción se llevó a cabo mediante el programa de las ‘Nuevas ciudades’. Este proyecto estaba basado en la creación de comunidades económicamente autónomas que evitasen los largos desplazamientos al lugar de trabajo. También en unas comunidades en las que hubiese un equilibrio entre clases sociales. Se trataba de viviendas unifamiliares que incluso contaban con su propio jardín, tres dormitorios y dos baños. 

A pesar de la difícil situación económica de la posguerra, el ministerio de Bevan logró entregar 850.000 viviendas en los cuatro años que siguieron a la capitulación alemana. Además, el Gobierno nacionalizó 600 compañías energéticas. De esta manera la electricidad y el gas se convirtieron en un bien público junto con la minería y el transporte ferroviario. Los laboristas también lograron que la educación fuese obligatoria hasta los 16 años y que la educación secundaria fuese gratuita. Otro de los objetivos cumplidos fue conseguir el pleno empleo y garantizar un seguro contra el paro. Un país arruinado por la guerra logró estos avances mediante los impuestos progresivos. El gobierno no atacó el derecho a la propiedad, pero quien más tenía también tenía que contribuir con algo más. Así de simple. 

La dictadura franquista suprimió el impuesto de la renta que había implantado el Gobierno de Manuel Azaña. Así, la progresividad fiscal no llegaría hasta la transición

Con estos ingresos los gobiernos occidentales pudieron crear los Estados del bienestar. La situación en España, sin embargo, no tenía nada que ver. La dictadura franquista suprimió el impuesto de la renta que había implantado por primera vez el Gobierno de Manuel Azaña. Así, la progresividad fiscal en España no llegaría hasta la transición. De ahí proviene no solo la escasez de viviendas públicas, sino también otras carencias de la sociedad española con respecto a otros países europeos. Basta decir que “pasar más hambre que un maestro de escuela” era un proverbio que se utilizaba profusamente durante el franquismo. 

Aunque con menos votos que los laboristas, el sistema electoral permitió que los conservadores regresasen al poder en 1951. Churchill encomendó que incrementasen las viviendas entregadas cada año. De las 200.000 viviendas anuales creadas por el ministerio de Bevan se pasaría a 300.000 con los conservadores. 

A partir de entonces las viviendas públicas en alquiler se construyeron bajo una nueva premisa. Solamente los residentes en infraviviendas serían los destinatarios de los nuevos apartamentos. De esta forma se abandonó la construcción de viviendas unifamiliares y se empezó a construir apartamentos en enormes bloques de hormigón. Bloques de hormigón que, obviamente, eran mucho más baratos que las viviendas de Bevan. Este fue el apogeo del estilo arquitectónico conocido como brutalismo. Las nuevas moles almacenaban a centenares de personas en edificios impersonales. Unos edificios que, con el tiempo, formaron barrios segregados por la clase social de sus residentes. Aunque estos edificios son espantosos, hay que decir en su favor que cumplieron con la función de alojar dignamente a muchos británicos. 

Los gobiernos laboristas y conservadores habían construido más de cinco millones de viviendas públicas para alquiler entre 1945 y 1979. En aquellos años, un tercio de los hogares ingleses se correspondía con los inquilinos de una de las 6,5 millones de viviendas públicas. Los diferentes gobiernos habían logrado que no hubiese escasez de alojamientos en el Reino Unido por primera vez en un siglo. La clase obrera no era la única beneficiaria de los planes de vivienda, sino que también lo eran millones de familias de clase media y media-alta. Las viviendas públicas contaban con un gran apoyo popular y contribuían a crear una sociedad más cohesionada.

El cambio de modelo llega con Thatcher

Todo cambió cuando Margaret Thatcher llegó al Gobierno en 1979. Uno de sus objetivos principales era devolver la vivienda al mercado y así entregarla al sector financiero. Recibió un gran apoyo popular gracias a una ingeniosa estrategia. El ardid consistía en ocultar la supresión del derecho a la vivienda mediante la instauración de un derecho que se acababa de inventar. Este era el “derecho a comprar”, por el que los inquilinos de las viviendas públicas podrían comprar estas viviendas con un gran descuento y con una hipoteca facilitada por el gobierno. La administración vendió 2,6 millones de viviendas públicas a sus inquilinos.

Las viviendas públicas quedaron solo para gente con pocos recursos. El “derecho a comprar” consiguió deshacer la solidaridad entre clases que había sustentado a los laboristas. Muchos de sus votantes tradicionales se habían beneficiado de él comprando su vivienda por un precio muy bajo. 

El “derecho a comprar” fue un éxito total para el gobierno de Thatcher: convirtió la vivienda en una mercancía al tiempo que demolía las bases ideológicas laboristas. Además, el gobierno conservador suprimió los derechos de los inquilinos y vendió muchas de estas viviendas a las asociaciones de vivienda. De ahí que en el Reino Unido solamente queden 1,7 millones de viviendas públicas. 

Hoy la escasez de viviendas en el Reino Unido es acuciante. Sus precios se han disparado con el agravante de que son menos espaciosas que antes. La rueda de la burbuja hipotecaria solo sigue girando gracias a una temeraria intervención pública. Desde finales de los años 70, el coste de la vivienda en propiedad o en alquiler se ha triplicado en relación con los salarios. 

Imposiciones de la Comisión Europea

Holanda es el país con mayor proporción de vivienda social del mundo. Una cifra que en Ámsterdam supone un 40% de los hogares

La Comisión Europea también ha intervenido para imponer un sistema de vivienda neoliberal en los Países Bajos. Holanda es el país con mayor proporción de vivienda social del mundo. Una cifra que en Ámsterdam supone un 40% de los hogares. El acceso a la vivienda social en Holanda ha estado abierto a todo el mundo con la finalidad de preservar la calidad del servicio y de evitar la aparición de guetos. Pues bien, la Comisión decidió atacar este modelo de sociedad. En una decisión de 2010, obligó a los Países Bajos a que la vivienda social se restringiese a las “personas desfavorecidas”. Quizá la razón de fondo de esta decisión no sea la competencia sino la estrategia más común para privatizar un bien o un servicio deteriorándolo previamente.

Siguiendo esta línea neoliberal, en 2019 la Comisión Europea solicitó al Ministerio de Hacienda español que analizase las empresas públicas de vivienda. La finalidad de esta inspección era determinar si estas debían incluirse dentro del ámbito administrativo. Esto podría dar lugar a recortes en la inversión en vivienda pública. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, la inspección provocó que se cancelase la construcción de 300 viviendas que hubiera servido para incrementar el parque público de la ciudad y se paró la rehabilitación de otras 850 viviendas públicas. Este proyecto, que provenía de Zaragoza en Común, contaba con la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Esta resolución está en la línea de la nueva corporación del Partido Popular de Zaragoza, pues la edificación de grandes parques de vivienda pública en alquiler no está entre los planes urbanísticos del alcalde actual para la ciudad de Zaragoza. Planes que van por otros oscuros derroteros como contaba el diario Público.

Nadia Calviño ha manifestado que el gobierno terminará de privatizar las 500.000 viviendas que en su día tuvo la Sareb

En realidad, tras el sistema de vivienda se plantea el dilema de en qué tipo de sociedad queremos vivir. De ahí que el acceso a la propiedad de una vivienda, opción que defiende el liberalismo, se vea como una ventaja y como una representación del individualismo frente a lo colectivo. Naturalmente, este modelo tiene ventajas tales como que, una vez pagada la hipoteca, el comprador quede libre de cargas. De esta manera puede venderla o dejarla en herencia. Sin embargo, este modelo de vivienda entraña muchos riesgos. Uno de ellos sería el endeudamiento excesivo. A esto hay que añadir la segregación y el hecho de que muchas personas vivan bajo una presión insoportable. De ahí que la apuesta individualista por el acceso a la vivienda tenga consecuencias indirectas. Esto se observa en la baja tasa de natalidad en España, mucho menor que la de los países que cuentan con planes ambiciosos de vivienda pública como Francia. 

El Gobierno no parece decidido a afrontar este problema. Lo podría hacer mediante la construcción de grandes parques públicos de vivienda que beneficien a personas de todas las clases sociales. Para ello contamos con ejemplos referentes muy cercanos como el caso de Francia, Austria o los Países Bajos. 

Los planes de vivienda podrían haberse iniciado utilizando el patrimonio de la Sareb. Esta sociedad, de la que Luis de Guindos dijo que no costaría un euro a los españoles, acaba de ser nacionalizada con un coste de 35.000 millones de euros. Sin embargo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha manifestado que el gobierno terminará de privatizar las 500.000 viviendas que en su día tuvo la Sareb. Además, lo hará de manera opaca para evitar las interferencias sociales, periodísticas o judiciales en este gran negocio financiero. De esta inmobiliaria, que en realidad siempre fue pública, la sociedad española solo heredará una enorme deuda. 

¿Por qué unos países arrasados por la guerra pudieron construir millones de viviendas públicas y en la España actual cualquier mínimo avance en esta cuestión parece una utopía? Quizá la explicación no esté en las leyes sino en el espíritu de una época capaz de aplaudir las fanfarronerías de tipos como Jeff Bezos. Lo cierto es que desde el 15-M la mentalidad ha mutado hacia valores más colectivos como los representados por los sindicatos de inquilinos o los encarnados en los ambiciosos planes de vivienda y sanidad del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer hasta que estos valores vuelvan a ser los dominantes. 

El espíritu del 45 también sigue vivo en una parte de la población de Reino Unido. En una encuesta de la BBC, realizada para elegir a los cien británicos más importantes de todos los tiempos, Aneurin Bevan obtuvo el puesto número 54. Sin embargo, 30 puestos por delante destacaba otra figura política británica: Margaret Thatcher.