Se cumplen tres semanas del asedio a Canadá de un grupo organizado de transportistas que ha puesto en jaque al país. El Convoy de la Libertad –Freedom Convoy en inglés– arrancó el pasado 29 de enero con el despliegue de centenares de camioneros antivacunas, que colapsaron Ottawa y otros puntos clave de la frontera con Estados Unidos; una demostración de fuerza cuyo germen está en el fin de las exenciones a la vacunación para transportistas que traspasan la frontera. Con todo, la vacuna obligatoria no ha sido más que un pretexto para atacar todo el paquete de medidas derivadas de la pandemia de covid-19 en Canadá, dando forma a una protesta de tintes radicales a la que se han ido sumando otros intereses políticos e ideológicos.

Ya en la primera semana de manifestaciones, François Laporte, presidente del sindicato de camioneros Teamsters Canada, manifestó que el 90% de transportistas canadienses estaban vacunados, y que, por tanto, el convoy no representaba a la industria. En un comunicado oficial, señalaba a la derecha y a sus representantes políticos como responsables directos de la situación, lamentando la instrumentalización de los camioneros en detrimento de “las preocupaciones reales” de la mayoría de trabajadores del sector. Sin ir más lejos, uno de los más recientes apoyos políticos de los camioneros es Pierre Poilievre, postulado como próximo líder del Partido Conservador de Canadá, oposición directa a Justin Trudeau y el Partido Liberal.

Poilievre, que anunció su candidatura hace menos de diez días bajo proclamas como “recupera el control de tu vida” o “ayúdame a restaurar la libertad”, ha aprovechado la tesitura para atacar duramente las políticas del primer ministro canadiense. Todo vale en la guerra política, incluso llegó a decir en una entrevista que está “orgulloso de los camioneros” y lanzó acusaciones a Trudeau, a quien culpa de dividir al país. El debate, que apesta a política made in Spain, se avivó después de que Justin Trudeau declarara la Ley de Emergencias entre críticas a ambos lados: quienes creen que llega tarde –las autoridades locales de Ottawa han sido incapaces de gestionar la ocupación– y quienes ven excesivo el uso de un poder que llevaba sin ejercerse, bajo una ley diferente, desde 1970, cuando el padre de Trudeau gobernaba y aún existía el grupo terrorista Frente de Liberación de Quebec.

Con la declaración del estado de emergencia, Trudeau dotó al estado de poderes para actuar en Ottawa y garantizó la salida de los camioneros bajo penas de prisión. En declaraciones a CTXT, Allan Hubley, uno de los concejales de Ottawa que ha seguido la situación de cerca, apunta a que “por primera vez desde el inicio de la ocupación, la población se muestra optimista de cara a los próximos días”. Han sido semanas truculentas, en las que hemos visto contra-protestas de población local e incluso confrontaciones directas con los camioneros. En un vídeo viral, un vecino desesperado por los constantes bocinazos le grita a los manifestantes que lleva “cinco días sin dormir” y que “el puto primer ministro no tiene nada que ver” con las leyes contra las que están protestando.

Han sido semanas truculentas, en las que hemos visto contra-protestas de población local e incluso confrontaciones directas con los camioneros

Según Hubley, existe un sentimiento generalizado de que los residentes de la ciudad no han sido tenidos en cuenta: “Esto era una protesta sobre temas federales y de carácter provincial, mandatos sobre los que la ciudad de Ottawa y sus ciudadanos no tienen potestad”. La elección, claro, no fue fruto del azar: las movilizaciones no solo pusieron el foco en la capital canadiense por una cuestión de ruido. El objetivo del convoy ha sido, desde el inicio, desestabilizar al ejecutivo canadiense. Por el camino deja a Ottawa en una situación crítica: las sospechas de complicidad entre la policía y los manifestantes –que se han cobrado ya dos puestos de responsabilidad: el jefe de Policía y la presidenta de la junta policial– y la ausencia de una cadena de mando más eficaz han desatado una guerra interna en el Ayuntamiento de la ciudad, llevando a varios concejales a pedir la dimisión del alcalde.

Extrema derecha, Dios y paranoia: la misma “libertad” de siempre

En un reportaje para Ottawa Citizen, el periodista Blair Crawford describe el esperpéntico día a día de las protestas en la capital canadiense. El popurrí incluye esvásticas, banderas confederadas, carteles con citas de la Biblia, referencias a Jesucristo o el ya clásico “Fuck Trudeau”. En uno de los puestos informativos improvisados por los manifestantes, los viandantes podían conseguir chapas con la estrella amarilla de la Alemania nazi, en un intento por comparar la situación de los judíos con la de los antivacunas. Entre tanto, los vecinos empezaron a denunciar delitos de odio y ataques a pie de calle perpetrados por algunos de los manifestantes, acciones que hay que sumar a las pérdidas millonarias que ha costado la paralización de la capital canadiense.

A más de tres mil kilómetros de Ottawa, en Coutts, Alberta, uno de los puntos fronterizos de Canadá con Estados Unidos en los que se manifestaba un grupo de camioneros, la policía incautó el día de San Valentín una docena de armas y arrestó a once personas. Según Global News, los organizadores de la movilización de Coutts tenían vínculos con la extrema derecha cristiana a un lado y otro de la frontera. La dimensión ideológica es idéntica a la del resto del convoy, que se ha financiado en buena parte gracias a una campaña en la plataforma cristiana GiveSendGo: más de 9.5 millones de dólares hasta ahora, la mayoría, tal y como desvela una filtración, de donantes –algunos de ellos destacados, como el multimillonario Thomas Siebel– estadounidenses.

La campaña en GiveSendGo se lanzó tras la paralización de la petición original en la plataforma de crowdfunding GoFundMe, ambos proyectos encabezados por Tamara Lich y Benjamin Dichter. Lich es la exsecretaria del partido separatista Maverick –una iniciativa con sede en Calgary que promueve el “Wexit” canadiense vía independencia de las provincias del oeste de Canadá–, puesto que ha abandonado para dedicarse por completo al movimiento de los camioneros. La Canadian Anti-Hate Network ha revelado que Lich y Dichter son viejos conocidos de la organización por sus comentarios islamófobos y racistas. A ellos se han ido sumando figuras como Pat King, un influencer de la extrema derecha que difunde teorías de la conspiración y que, junto a Lich, participó entre 2018 y 2019 del movimiento canadiense de los chalecos amarillos.

Ya entonces quedaron claros los vínculos de las movilizaciones con la extrema derecha: supremacismo blanco, anti-ecologismo y un evidente desprecio por Trudeau. No es casual que Donald Trump haya apoyado públicamente la cruzada de los camioneros: la ocupación de Ottawa se sirve de la misma narrativa populista que condujo al asalto del Capitolio estadounidense en enero de 2021. Jagmeet Singh, líder de los progresistas canadienses, ha señalado al trumpismo como responsable de la agitación que está viviendo Canadá. “Esto no es una protesta, esto es un intento de derrocar al gobierno, y está siendo financiado desde el extranjero (...), particularmente desde los Estados Unidos”, decía durante una comparecencia.

La población canadiense se rebela contra el #FluTrucksKlan

Con independencia de la valoración que merezca la gestión de Justin Trudeau, el convoy ha puesto de relieve los intereses de las élites neoliberales –la lista de sospechosos habituales incluye a Elon Musk, fundador de Tesla, que se ha unido a la fiesta apoyando a los camioneros y comparando al primer ministro canadiense con Hitler– y de la extrema derecha estadounidense en suelo canadiense. La realidad mayoritaria en Canadá, sin embargo, es otra. Un ejemplo: en la última semana se ha popularizado en Twitter el hashtag #FluTrucksKlan, una referencia al vecino Ku Klux Klan que pone de manifiesto el rechazo generalizado de la población canadiense a los camioneros y lo que representan. 

Un 72% de la población coincide en que ya es hora de que los camioneros abandonen sus protestas y un 68% cree que ha llegado el momento de usar la fuerza para desalojarlos

Según un sondeo de principios de semana del Angus Reid Institute, un 72% de la población coincide en que ya es hora de que los camioneros abandonen sus protestas. Además, un 68% se muestra favorable, llegados a este punto, al uso de la fuerza para desalojarlos. El mismo estudio desvela que la situación ha hecho aumentar el apoyo general a medidas como el uso de mascarillas en interiores o los pasaportes sanitarios. Otras encuestas realizadas en la última semana apuntan hacia la misma tendencia: la mayoría de canadienses perciben las protestas como un movimiento egoísta, minoritario y básicamente antivacunas que no tiene cabida en la realidad social del país.

Una realidad a la que buena parte de la derecha canadiense, con el apoyo fronterizo de Fox News y otros medios conservadores, ha intentado dar la vuelta con la intención de obtener rédito político. En un editorial del Toronto Sun, se retuerce un sondeo para decir que tan solo un 16% de los canadienses volvería a votar a Trudeau tras su gestión de las protestas. En Twitter, su editora de opinión comparte el texto y escribe: “​​No os dejéis engañar por el hecho de que los principales medios os lo estén ocultando: los canadienses apoyan el Convoy de la Libertad”. Las soflamas populistas –lo que se oculta a la mayoría y se revela a unos pocos iluminados– son, para desgracia de todos, internacionales.

El jueves 17 de febrero, el despacho de abogados Champ & Associates anunció una denuncia colectiva –en nombre de los residentes y negocios afectados de Ottawa– contra los organizadores del Freedom Convoy, los camioneros y sus donantes por valor de más de 300 millones de dólares. Al día siguiente, la policía arrestó a Tamara Lich, Pat King y otros responsables de las protestas. Horas antes, en un vídeo, King llamaba “terrorista” a Jagmeet Singh y le decía que “se vuelva a su país”; Singh es de ascendencia punjabi, nacido en Canadá. Los frentes se multiplican. A nivel local, dice Hubley, la población “tiene derecho a saber qué salió bien o mal en la planificación y ejecución de la estrategia policial” que ha derivado en el colapso de Ottawa. Tanto la ciudad como el gobierno de Canadá tienen por delante la misión de reparar un país unido ante la amenaza, pero que ha quedado herido: la extrema derecha ha conseguido la repercusión que andaba buscando. El abismo de la “libertad” continúa acechando. Por hoy, Canadá dice basta.